Lo más importante que ha ganado Colombia con la llegada del progresismo a la Presidencia de la República, es haber desenmascarado qué significa la democracia representativa del poder económico, judicial, político, mediático y tecnocrático que nació con los partidos conservador y liberal, y que en los últimos 45 años se fraccionaron y hoy están repartidos en cinco feudos electorales: Centro Democrático, Cambio Radical, Partido de la U, Partido Liberal y Partido Conservador, más una cantidad de partidos menores donde están los Verdes. Mientras tanto los partidos de izquierda están en proceso de unificación en el Pacto Histórico, que es hoy la fuerza política más grande, esperanzadora e importante de Colombia.
Mientras los partidos de la oposición, divididos a su interior y entre ellos, obedecen a un poder superior: la dirigencia de los más poderosos que mueven las fichas según su interés y voluntad de mando para someter al Estado, a la sociedad, a los territorios y a la economía.
Antes de llegar Petro a la presidencia de Colombia, entre ellos arreglaban la repartición del Estado y nombraban a los administradores de la Gran Hacienda Colombia. Fácilmente arreglaban las diferencias, nada ocurría, y si algo sucedía, creaban guerras, entonces, a bala, represión y corrupción ordenaban todo. Caído el escenario, no han podido reaccionar, porque a cada acción un error, y de error en error van desnudando la descomposición interior, y por eso recurren a la alianza escondida entre congresistas y magistrados. Los primeros se encargan de bloquear las reformas sociales en el Congreso de la República, y los segundos de crear pánico y usar la justicia para torcer decisiones y bloquear al Pacto Histórico a través de las Cortes y de cuanto organismo crearon con estatus de magistrados, caso del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La verdad es que la tal independencia de los poderes no existe. La colaboración armónica entre ellos, tampoco. Solo sucede si en el poder ejecutivo está alguien de ultraderecha o de un torcido liberalismo como el neoliberalismo de Gaviria, y si en las Cortes hay muchos más magistrados de derecha que liberales y progresistas.
Desde el comienzo del gobierno del presidente Petro, las Cortes se alinearon y empezaron a oponerse a las reformas sociales: el mal ejemplo lo ha dado la Corte Constitucional (magistrado Ibañez y su compulsiva oposición a la reforma pensional, y cómo en sala plena despedazaron una reforma tributaria para favorecer a multinacionales del carbón y del petróleo), seguido por el Consejo de Estado para apaciguar la palabra y la exposición del presidente a la nación (escudándose en las improvisadas intervenciones del mandatario), afianzado con la Corte Suprema de Justicia (caso de la magistrada Lombana y el Consejo de la Judicatura que la ampara) y las sepultadas investigaciones al señor Uribe Vélez por delitos de lesa humanidad, y la manera como los “magistrados” del CNE y el Registrador obstaculizan la acción electoral y la personería jurídica del Pacto Histórico para impedir su participación en las elecciones de 2026.
Estas son unas pocas referencias de cuantas veces las Cortes se han cruzado al Ejecutivo con el único propósito de obstruir al progresismo. No piensan que le hacen daño a Colombia, porque piensan obsesivamente en perjudicar al presidente y al Pacto Histórico para recuperar la Casa de Nariño. Como toda guerra, es destructiva, y el lawfare es una guerra de las Cortes contra la nación, en alianza con congresistas de la oposición para obstruir el camino de la libre elección y de cambios en democracia.
Llama la atención la cantidad de togados que conforman las Cortes, Tribunales, Consejos y una tal Sala de magistrados que creó Duque y que nadie sabe qué hace, para qué sirve y cuánto cuesta.
Son cientos de magistrados que podrían llenar el Teatro Julio Mario Santodomingo en Bogotá. Tantos, que alcanzarían para ocupar todos los altos cargos del Estado si le piden al CNE que los convierta en partido político y ganan la presidencia de la república. Estas Cortes nada tienen que ver con la jerarquía de las Cortes de los inmolados magistrados en el Palacio de Justicia. Nada. A partir de la Constitución de 1991 se armó esa inmensa y deforme arquitectura de la cúpula del poder judicial, tan parecida a las ruinas del Museo de la Memoria Histórica que nunca abrirá sus puertas, tal vez, significando que la guerra de Colombia será eterna si nos atenemos a las amenazas de la ultraderecha uribista, de “Iván Mordisco” y de Trump.
Petro no debe enorgullecerse de la Constitución de 1991 para legitimar la bandera del M19. El gigantesco sistema de magistrados que hoy se tiene, fue creado a partir de la nueva constitución, prematuramente envejecida por sus contenidos, y por la intención de ampliar las redes del Estado para capturar las arcas públicas a través de la economía de mercado, y así poder contratar a los elegidos de administrar la Gran Hacienda Colombia.
Las buenas y los buenos magistrados son minoría respecto a las malas y los buenos magistrados, porque es la única razón para que en las salas plenas se decida contra el progresismo. Nada comparables los togados superiores con la valentía y jerarquía Jurídica y ética de las Juezas y de la Fiscal del caso contra Uribe Vélez. O cómo se puede comparar la estatura jurídica y ética de Reyes Echandía con los presidentes de las cortes de hoy. Jamás, porque no actúan como juristas, en derecho, actúan como políticos con una ideología de derecha que tienen la orden de obstaculizar y destruir al progresismo.
Sin embargo, mientras la derecha y el centro amenazan ruina, y difunden caos cada vez que abren la boca, el progresismo, a través del Pacto Histórico, muestra jerarquía, coherencia y transparencia a través de quienes lo dirigen, mientras la oposición muestra decadencia sostenida por Uribe, porque Gaviria y Vargas Lleras ya no pueden hablar ni pensar y sus súbditos menos.
De esta manera, las prácticas que está aplicando la oposición son imperfectas, sin contenido ni propósito de acción común y de bienestar para las y los colombianos.
Las decenas de candidatos a la presidencia de la república son un reflejo de una autodestrucción irreparable. Es una acción desesperada cargada de anarquía, odio, ambición y avaricia, porque viven de los 550 billones de pesos del presupuesto anual de la nación, que serán 600, 700 billones en los años inmediatos. Esa es la desesperación de la oposición: volver a manejar la inmensa caja de la nación, porque de eso viven las grandes empresas, los políticos, los magistrados, los tecnócratas y los medios. No es la ideología de Petro, no es el Pacto Histórico, es el botín de la nación el objetivo.
El progresismo del siglo XXI nada tiene que ver con el comunismo y el socialismo del siglo XX. Lean, estudien, contextualicen, no mientan, no inventen, no engañen a Colombia.
El progresismo es una propuesta social para reducir los desequilibrios neoliberales. No es más. La teoría que nutra la ideología de una propuesta revolucionaria de nuevo tipo, está en construcción. Será una nueva fuerza homogénea inmensamente compleja que se irrigará por las redes sociales digitales y la movilización en calles, autopistas y plazas. Surgirá poco a poco en la medida que la crisis de occidente desemboque en algo inédito, para eso faltan unos años, no muchos, porque el gran quiebre ocurrirá en los años 2030 o 2040 mientras los nuevos edificios intelectuales se perfeccionan para nutrir de nuevo pensamiento e ideología a la sociedad.
Por eso el discurso de la ultraderecha y del centro, es tonto, cae en el vacío, porque le apuestan a un enemigo que no existe en las dimensiones que le dan para justificar un nuevo asalto del Estado. Los resultados de las elecciones en Chile, lo muestran. Las ciudadanías de acá, de allá o de más allá, tiene alteradas las neuronas, porque no saben a ciencia cierta qué quieren. En Ecuador, Noboa ganó la presidencia y a los pocos meses es derrotado de manera categórica, lo que permite suponer que hubo un fraude electoral protegido por Trump. En las elecciones por la presidencia, la Provincia de Imbabura fue determinante en el triunfo del presidente bananero, y en la protesta social de hace unas semanas, Imbabura fue el centro de la protesta social en Ecuador. En menos de un año, para bien, resetearon el disco duro. Trump imponen sanciones abusivas e inexistentes a Petro por culpa de apátridas de ultraderecha con casa en Miami y puestos en Washington. Milei supuestamente ganó las recientes elecciones regionales, pero en el reconteo perdió. En Brasil, Trump intentó torcer la decisión judicial a favor de Bolsonaro, y falló. Por esto y más, el lawfare es tanto nacional como internacional aplicando una lógica geopolítica que mira más allá de las fronteras.
El trabajo ideológico de la derecha occidental ha sido perfecto, pero un perfecto aniquilador de conciencia, pensamiento e inteligencia colectiva, que se refleja en la decadencia de quienes dirigen sus destinos, y en lo destructivo que resultó el neoliberalismo como modelo económico y cohesionador de la sociedad y fortalecimiento del Estado.
Jaime Acosta Puertas
Foto tomada de: El País Cali
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