Es de recordar que Jesús María Valle Jaramillo, presidente del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia, el 20 de noviembre de 1996 se comunicó con Álvaro Uribe Vélez Gobernador de Antioquia y con la Defensoría del Pueblo de Medellín con el fin de solicitar protección para la población de Ituango.
Posteriormente denunció al Gobernador y a su Secretario de Gobierno, haciéndolos responsables de la falta de respuesta efectiva y de actitud omisiva a las denuncias y solicitudes de protección para la población civil, y señaló a Alfonso Manosalva Flórez y Carlos Alberto Ospina Ovalle, Comandantes de La Cuarta Brigada del Ejército Nacional, e indirectamente a Carlos Emilio Gañán Sánchez, Comandante de La Policía en Ituango quien evadió explicar la presencia y actuaciones de los paramilitares en la región de la cual era su jurisdicción, todos como responsables desde sus altos mandos militares de acción u omisión, que acordaron, permitieron o facilitaron las actuación de grupos paramilitares en la región de Ituango.
Por ello el 27 de Febrero de 1998, fue asesinado en su despacho en el Edificio Colón, Calle 49#51-43 Oficina 405, de la ciudad de Medellín; los autores Materiales, Álvaro Gómez Meza y Jorge Eliecer Rodríguez Guzman[2], luego de someter al abogado Jesús María Valle Jaramillo, su secretaria y hermana, María Nelly Valle Jaramillo y a su amigo, Carlos Fernando Jaramillo Correa, procedieron a colocarlo en total indefección bocabajo, y, con una pistola dotada con silenciador, le dispararon dos tiros en la cabeza, causándole la muerte, afirmaron que se había metido mucho con el Ejército, que era importante para la Brigada.
De los testimonios obrantes en el proceso y que contribuyeron a su esclarecimiento se encuentran: Gustavo Alonso Marulanda García, Carlos Fernando Jaramillo Torres, Francisco Enrique Villaba Hernández, Marco Fidel Torreglosa Salcedo y John Dario Echeverri Cárdenas.
En allanamiento a la residencia de Jaime Alberto de Jesús Angulo Osorio, se encontraron asientos contables de entregas de dineros a Isaías Montes Hernández “Junior” jefe militar del “Bloque Minero” para realizar las acciones conducentes al asesinato de Jesús María Valle Jaramillo.
Omar Tobón Echeverri, “Rosco”; afirmo que la orden de matar a José María Valle Jaramillo fue dada en Las Cruces jurisdicción del Municipio de San José de Las Montañas, por Carlos Castaño Gíl, “El Comandante” y de Francisco Antonio Angulo Osorio y Jaime Alberto de Jesús Angulo Osorio, reunión en la que participaron Fidel Antonio Castaño Gil y Salvatore Mancuso Gómez.
Como material probatorio, las declaraciones de: Sabas de Jesús “El Gato”, Arias Álvarez “E Gato”; Cesar Callejas Ramírez; Eucario Macías Mazo; Isaías Montes Hernández “Junior”; Gilberto Antonio Tamayo Rengifo; Higinio Arroyo Ojeda; Salvatore Mancuso Gómez “El Mono” “Santander Lozada” “Triple Cero”; Diego Fernando Murillo Bejarano “Don Berna” “Adolfo Paz”; Ramiro Vanoy Murillo “Cuco Vanoy”; Wilson J Uribe; Diego de Jesús Montoya; donde se concluye la participación de los Jaime Alberto de Jesús Angulo Osorio y Francisco Antonio Angulo Osorio en la conformación , dirección, financiación y coordinación del Grupo de Autodefensas de Ituango, estos solicitaron a Carlos Castaño Gíl “El Comandante” la presencia de los paramilitares para combatir la guerrilla que había asesinado a Francisco Luís Angulo Zuluaga el padre de los Angulo Osorio.
Autores intelectuales, Jaime Alberto Angulo González, Francisco Antonio Angulo González y Carlos Castaño Gil.
La orden de asesinarlo fue dada por Carlos Castaño Gíl, con la participación como coautores de los Hermanos Jaime Alberto de Jesús Angulo Osorio y Francisco Antonio Angulo Osorio Alias Pacho o “El Piloto, en diciembre de 1997, en el sector de las Cruces jurisdicción de San José de La Montaña; haciéndose así responsables penalmente de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravados, por ser miembros de esa organización y beneficiarse directamente de los resultados, siendo condenados a treinta (30) años de prisión.
“Frente a la materialidad del homicidio esta no admite discusión, el asesinato del doctor VALLE JARAMILLO está plenamente demostrado, la razón del mismo es clara las denuncias hechas por él de la coparticipación en las masacres de la GRANJA y El ARO por parte de grupos paramilitares, el Ejercito, la Policía y la misma Gobernación de Antioquia de ese entonces. Visperas de ese hecho se había agudizado el enfrentamiento del abogado y defensor de derechos humanos con estas personas y autoridades que lo consideraron objetivo militar, es indiscutible ahora la correlación que existe entre el grupo paramilitar y quienes ejercían las funciones de fuerzas armadas y de Policía tanto en el municipio de ITUANGO, como en la Gobernación de Antioquia y las masacres realizadas en esa localidad , lo mismo que las denuncias sobre el contubernio entre esos grupos ilegales y las entidades institucionales encargadas de la preservación del orden público en el departamento de Antioquia.”
Por ello se compulsaron copias para continuar la investigación por los demás imputados no vinculados al sumario, “en el entendido que existen fuertes elementos de juicio que comprometen la responsabilidad de varias personas como”:
Álvaro Uribe Vélez, Gobernador de Antioquia[3]; Carlos Alberto Ospina Ovalle, Brigadier General y comandante de La Cuarta Brigada del Ejército; German Morales Hernández, Teniente Coronel y Comandante del Batallón Girardot del Ejercito Nacional; Emiro José Barrios Jiménez, Mayor del Ejército Nacional y Responsable de la región de Ituango; Cristian Arias, Teniente del Ejército Nacional; Everardo Bolaños Galindo, Teniente del Ejército Nacional; Carlos Emilio Gañán Sánchez, Comandante de La Policía en Ituango; Carlos Alberto Ospina Ovalle, Brigadier General y Comandante de La Cuarta Brigada del Ejército Nacional; la Sala compulsa copias a la Fiscalía General de La Nación para que obre en las investigaciones de las masacres del Aro y La Granja, para que se adelante las investigaciones penales en contra de los citados y demás responsables por el homicidio del Doctor Jesús María Valle Jaramillo.
Pedro Juan Moreno Villa, secretario de Gobierno del Departamento de Antioquia, según testimonios y versiones de desmovilizados es señalado de ser el enlace entre la Gobernación y las Autodefensas, una verdadera connivencia, teniendo un papel protagónico, pues conoció, participo en las reuniones donde se tomaron decisiones sobre incursiones y donde solicito acciones violentas a los grupos paramilitares y el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo.
A Pedro Juan Moreno Villa y Alfonso Manosalva Flórez, Comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional; fallecidos, no son incluidos en la compulsa de copias. La sentencia se señaló: “Se debe evitar la falacia, muy recurrida en estos casos, de culpar a los muertos, en este caso al general Manosalva y a Pedro Juan Moreno, ellos tienen parte de la culpa, pero son integrantes de una organización, lo que se busca es juzgar a los que aún están vivos y que participaron en ella.”
Las Autodefensas tienen por patrón de sus masacres … “la alianza con las fuerzas militares es indiscutible, son los mismos lideres de la organización Paramilitar quienes lo confirman,… sin ese apoyo hubiera sido imposible cometer los homicidios selectivos, hacer incursiones armadas y masacres, el solo hecho de que las fuerzas militares permitieran su funcionamiento, de no combatirlos como era su deber legal y constitucional, y, por su puesto con los actos y conductas punibles cometidas, igual ocurre con la Gobernación de Antioquia y sus funcionarios del más alto rango, ellos patrocinaron la CONVIVIR que fue el apoyo de los particulares a las AUTODEFENSAS, es decir, ayudaron, con sus actuaciones positivas o negativas, permitieron y patrocinaron el desarrollo de tales organizaciones y de los delitos que ellos cometieron. Ello se tiene que investigar y Juzgar.”
“Frente al homicidio del Dr. Valle, fueron los funcionarios de la Gobernación quienes más influyeron en la decisión de CARLOS CASTAÑO de dar la orden de muerte, ello para evitar que se descubriera la alianza que existía. Los funcionarios de este ente territorial operaban en forma armónica, no era la actividad aislada de un funcionario particular, sino, repetimos, como parte de su lema de acción política, que incluso obtuvo un éxito nacional indiscutible. Las cartas, las actas de reuniones, los oficios enviados, las comunicaciones de todo orden muestran una idea de indiferencia de lo denunciado y de conocimiento de lo que realmente estaban haciendo las Fuerzas Militares con las Autodefensas.
Es de indiscutible importancia investigar la responsabilidad de altos mandos militares, funcionarios departamentales, como la cadena de mando militar o el engranaje administrativo que, por acción u omisión, planearon, acordaron y ejecutaron acciones, facilitaron o apoyaron soterrada o abiertamente a los paramilitares, para cometer masacres y homicidios selectivos, verdaderos crímenes de lesa humanidad en pobladores indefensos o defensores de derechos humanos en Ituango.
Absolutamente inadmisible que la Comisión de Acusaciones de La Cámara de Representantes, halla planteado un conflicto de competencias positivo, para arrebatar de la Fiscalía General de La Nación el proceso adelantado contra Álvaro Uribe Vélez, como responsable de las Masacres de La Granja, el Aro y el asesinato del Defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo.
La Corte Constitucional encargada de dirimir dicho conflicto deberá dar estricto cumplimiento a la Jurisprudencia Constitucional, a través del Magistrado Jorge Enrique Ibañez Najar; al momento a la magistratura no se ha presentado actuación formal: cuaderno, folio, oficio, soportes o anexos, que sustenten los fundamentos fácticos y jurídicos de la reclamación de competencia por la Comisión de Acusaciones.
¡¡ Es entendible que los acuerdos políticos no son de recibo como soporte válido para sustentar tan vergonzante solicitud!!
¡¡Lo que hay que ver!!
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[1] Magistrados Leonardo Efraín Cerón Eraso, Oscar Bustamante Hernández, Ricardo De La Pava Marulanda
[2] Miembros de La Banda La Terraza.
[3] Responsable de la política de seguridad, participe en la creación y respaldo a las Convivir y de la omisión ante las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Legal Visiones
Foto tomada de: Blu Radio
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