Proveniente de tierras cordobesas y pariente de la esposa del Gobernador de Boyacá, nadie puede dudar que su relación con la alta burocracia ha sido efectiva.
El pasado miércoles 3 de septiembre de 2025 la plenaria del Senado de la República eligió al señor Carlos Camargo, nuevo magistrado de la Corte Constitucional, de la terna enviada por la Corte Suprema de Justicia. Omitió la plenaria el estudio de hojas de vida brillantes, como la del Phd Mauricio Albarracín, que fue mi discípulo en la UIS y estudió posgrados en Inglaterra.
Es claro que varios juristas y ciudadanos habían presentado ante la jurisdicción contenciosa acciones de distinta índole (Ver acciones de Dora Lucy Arias, Ludwig Iguavita y Germán Guevara, entre otras), advirtiendo que la nominación del señor Camargo Assis estaba repleta de vicios, como haberle entregado puestos a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no respetar la Ley de equidad de género y además haber entregado contratos multimillonarios a varios congresistas. Sin embargo, para vergüenza del Senado, el señor Camargo obtuvo la mayoría de los votos de la Corporación, existiendo un fallo –precedente vinculante- en el caso del exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado (en su segundo período) que decretó la nulidad de su elección por haber entregado puestos a sus nominadores. Este precedente es vinculante para el caso Camargo.
El artículo 126 de la Carta Política prohíbe al funcionario público designar, postular, nombrar o elegir a quien con anterioridad o posterioridad hizo o pueda hacer lo mismo con relación a él o a sus parientes. Esta norma se hizo para evitar el clientelismo y que los favorecedores llegaran a cargos bajo la figura del do ut des. 10 de los 22 integrantes de la Sala Plena de la Corte Suprema manifestaron su impedimento, pero no les fue aceptado. La Sala de Gobierno hizo mutis por el Foro. Los magistrados Gerson Chaverra, Omar Mejía, Myriam Avila, Diego Corredor, Luis Herrera, Víctor Usme, Jorge Díaz, Fernando León y Octavio Tejeiro confesaron haber recibido cargos en cabeza de familiares o recomendados suyos de Carlos Camargo cuando éste fue Defensor del Pueblo. Aquí es clara la violación a la moralidad administrativa. Esto nos hizo recordar el malhadado “cartel de la toga”.
La Ley 2424 estableció equidad de género en 50% como mínimo de participación femenina en altos cargos decisorios. En la sentencia C-134 de 2023 de la Corte Constitucional se estableció la orden para que se fuera atendiendo la paridad de género en la composición de las altas cortes, y lo cierto es que al elegir a un hombre se desconoció este imperativo, pues sólo hay un 30% de mujeres en la Corte. Se violó el principio de progresividad, pues se disminuyó la cuota femenina de 4 a 3 magistradas. También se violó la Ley 581 de 2000.
Otro aspecto grave fue que a varios senadores que le votaron les dio contratos y puestos, como a Esperanza Andrade, senadora, a la cual le dio $200 millones en contratos entre 2022 y 2024. Siete senadores adicionalmente recibieron beneficios de Camargo y no se declararon impedidos, por lo cual cabe la pérdida de su investidura.
Desgraciadamente el voto fue secreto y el cuestionado presidente del Senado Lidio García (Liberal a quien le investigan unas tierras despojadas) ordenó sacar del recinto a todos los que no votaran.
Las bancadas de Gobierno quedaron llenas de sospechosos, pues las cuentas del Presidente Petro, que se la jugó por la jueza Balanta, no cuadraron. Ello desató el señalamiento contra varios senadores/as que supuestamente no cumplieron a cabalidad el compromiso de oponerse a Camargo y lo apoyaron.
Hubo entonces crisis política y Petro pidió renuncia en tres ministerios por el fracaso de la elección de Balanta.
Ahora viene lo más complejo, cual es que la Corte Constitucional es factible que incline la balanza hacia la derecha con la presencia de Camargo, votando en contra las reformas del Gobierno progresista. Tanto Meneses, como Lina Escobar y el Presidente de la Corporación Ibáñez son claramente conservadores y ahora se une Camargo que los acompañará en sus posturas. Hay quienes dicen que no fallan en derecho sino políticamente.
Nos queda como lección que el actual sistema se presta para manejos oscuros y clientelistas, por lo cual debe ser modificado. Una propuesta sería elegir por concurso de méritos a los magistrados de las Altas Cortes, pues actualmente el manoseo en el Senado deja muy mal sabor de boca.
El equipo del Grupo de Investigación Justicia Social Primo Levi ya presentó cinco demandas ante el Consejo de Estado y confiemos que avancen pronto, con base en la caída de Alejandro Ordóñez en su momento.
Coletilla: el concurso para Notarios también se suspendió por denuncias del propio Petro de que estaban comprando preguntas hasta por mil millones de pesos. ¡El concurso de jueces y magistrados de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otras lleva 6 años y aún no termina, ahora denunciado por presuntas irregularidades!
Luis Bernardo Díaz. Director de Maestría en DDHH UPTC
Foto tomada de: Cambio Colombia
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