El crecimiento de la deuda pública, tanto en Colombia como a nivel internacional, ha llegado a niveles sin precedentes.
En las economías avanzadas, el saldo de la deuda con respecto al PIB pasó de 40% en 1970 a 108% en el 2023. Y de acuerdo con las proyecciones, en el 2050, en el escenario más optimista, el porcentaje llegaría a 140%. Y en la versión pesimista, la relación sería de 251%.
Estos volúmenes de la deuda no tienen precedentes. Entre las consecuencias perversas de la mayor deuda, el Banco de Pagos Internacionales (BPI-BIS) destaca la vulnerabilidad y la fragilidad del sistema financiero internacional. Las deudas públicas generan burbujas financieras que afectan todo el mercado de capitales. El efecto Ponzi, mediante el cual se financian deudas viejas con deudas nuevas, genera bolas de nieve, que fragilizan el conjunto del sistema financiero.
En las economías emergentes las tendencias son tan preocupantes como en las economías avanzadas, aunque los niveles son inferiores. El incremento del saldo de la deuda pública con respecto al PIB es significativo. Pasó de 25% en 1970 a 52% en el 2022. Y las proyecciones para el 2050 también son alarmantes. En el escenario optimista sería de 80%, y en el pesimista 210%.
En Colombia, en el 2012, el porcentaje del saldo de la deuda pública (del Gobierno Nacional Central) con respecto al PIB era 33,2%. En el 2024 será de 57,1%.
2. Deuda y pandemia fiscal
Las dificultades fiscales se han acentuado, y la financiación de la pandemia acentuó los desequilibrios. Se podría afirmar que el país todavía está inmerso en la pandemia fiscal. La situación más difícil se presentará en el 2025, cuando el servicio de la deuda será de $128,7 billones. Este año la inversión apenas sería de $74 billones. La diferencia entre la inversión y el servicio será de –$54,7 billones. Esta brecha no tiene antecedentes.
El estrés de las finanzas públicas se explica por diversas razones. Se han presentado, por lo menos, cuatro hechos que vale la pena tener presente.
Primero, los créditos de corto plazo que contrató el gobierno de Duque se tienen que pagar en el 2025. Este mayor valor de la deuda oscila alrededor de $20 billones.
Segundo, la financiación del déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Fepc) ha reducido la disponibilidad de recursos en $20 billones.
Tercero, la llamada “opción tarifaria”, que se refiere al desbalance causado por la congelación de los precios de las tarifas de los servicios públicos durante la pandemia. Ahora es necesario reconocerle a las empresas el faltante, que puede estar alrededor de $6 billones.
Cuarto, en varias concesiones viales el Estado se comprometió a cubrir los faltantes que se presentan cuando el número de vehículos que pasan por el peaje es inferior al estimado. Durante la pandemia los viajes disminuyeron, y el déficit causado puede ser de $6 billones.
El total de estos desequilibrios es de $52 billones.
La estructura fiscal del 2025 será un obstáculo para el crecimiento de la economía, y este desbalance es insostenible, es necesario buscar alternativas. Una de ellas es la ampliación de los plazos de la deuda de corto plazo (rollover). Ya comenzó este proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Además, en las circunstancias actuales sería tan legítimo, como se hizo en el 2020 y en el 2021, la suspensión de la regla fiscal o, por lo menos, su flexibilización. En el 2026, una vez se corrija el desequilibrio del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Fepc), el panorama será menos dramático.
Es conveniente reiterar la discusión sobre la regla fiscal verde. La parte de la inversión pública destinada a la conservación ambiental podría excluirse de las estimaciones del déficit fiscal. Este gasto verde abre un espacio presupuestal, que se justificaría porque los recursos destinados a la conservación y recuperación de los activos ambientales son cualitativamente diferentes a los otros gastos. En las contabilidades fiscales se supone que todos los gastos son iguales. Ello no es así. Por su misma naturaleza es muy diferente el gasto destinado a la conservación ambiental, que el asignado a los salarios de los funcionarios. La diferencia sustantiva entre las modalidades de gasto, justifica la ampliación de la regla fiscal verde.
Jorge Iván González
Foto tomada de: El Español
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