Durante los tres años largos del periodo presidencial de Gustavo Petro se registraron, desde sus inicios, acontecimientos económicos, sociales y políticos que marcaron un proceso de polarización social y política cada vez más aguda e irreconciliable entre dos bandos prácticamente definidos; por un lado, la extrema derecha neoliberal comandada por el expresidiario y convicto expresidente Uribe y, por el otro, el Pacto Histórico y sus aliados, integrados en el llamado “Frente amplio” que respalda la gestión y el proyecto del cambio del Señor Presidente.
El Uribismo y sus aliados neoliberales, aunque disminuidos, mantuvieron el control mayoritario del Congreso de la República y conformaron una alianza para boicotear los proyectos de reformas democráticas y sociales presentados por el gobierno e incluso, alimentar y organizar la conspiración golpista para impedirle que culminara los cuatro años de su mandato. Al boicot se sumaron los órganos de control, las altas cortes, los medios de comunicación corporativos, los gremios económicos y los banqueros. Su propósito fue proteger y preservar el poder económico y político, salvaguardar sus intereses y privilegios, mantener el control de las instituciones del Estado liberal, garantizar la continuidad del modelo neoliberal, el despojo del patrimonio público, la privatización de los servicios públicos de salud, educación, energía, agua potable, infraestructura, el lavado de activos e incrementar las ganancias y la acumulación de capital, y asegurarse impunidad. En una palabra, mantener el estatus quo. La estrategia incluyó el boicot a la propuesta de paz total y continuar haciendo trizas el acuerdo de paz pactado con las FARC – EP en 2016.
Los medios corporativos, sus redes sociales, las de Álvaro Uribe y de sus aliados y seguidores cumplieron su rol al pie de la letra, difundieron falsas noticias, promovieron masivas campañas de desprestigio, calumnias y de aniquilamiento moral del presidente, lo acusaron, sin pruebas, de ser drogadicto, lo responsabilizaron de la violencia paramilitar (Clan del Golfo), el ELN y las disidencias de las FARC, de haber destruido el sistema de salud, de patrocinador y cómplice de la corrupción en el condenable escándalo de la UNGRD; en fin, de haber llevado el país al desastre económico, social y político, y, de ser incapaz de gobernar; todo acompañado de campañas de odio contra el presidente, su gobierno y el “Pacto Histórico”; pese a que, según el propio presidente, en su gobierno les ha garantizado las mayores ganancias y la mayor acumulación de capital a los dueños del poder económico.
Los errores, reconocidos por el propio presidente, en la conformación del gabinete ministerial facilitaron que agentes de la oposición golpista, se camuflaran como caballos de troya en ministerios clave, como Hacienda, agricultura, educación, la Cancillería, el DAPRE, entre otros; quienes se dedicaron a sabotear desde adentro el programa del “gobierno del cambio”.
El plan de boicot legislativo, aniquilamiento moral del mandatario, atentar contra su vida y ejecutar un lento proceso de golpe de Estado, fue meticulosamente preparado; pero, no les funcionó del todo bien, porque chocaron con la fortaleza del triunfo electoral del presidente, precedido de un proceso de movilizaciones sindicales, sociales y populares contra el inepto y corrupto gobierno del títere de “El Matarife”, Iván Duque, que tuvo su máxima expresión en el estallido social de 2021; el cual, devino en el apoyo popular mayoritario a Gustavo Petro en junio de 2022; triunfo que despertó una amplia expectativa y respaldo masivo a las reformas sociales, que, sin duda, serían un golpe certero al inhumano modelo neoliberal y los corruptos, autoritarios y centenarios gobiernos anteriores.
Una notoria debilidad radicó en la engañosa adhesión de las bancadas liberales y conservadoras al programa de gobierno del mandatario, aprobaron el “Plan de Desarrollo” con drásticos recortes, y posteriores reducciones presupuestales por parte de la Corte Constitucional; aprobaron, la reforma laboral, pero reducida a la mitad, le suprimieron el capítulo de los derechos colectivos, pero recuperando parte de los derechos laborales; pero, archivaron la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Gustavo Petro, que ha demostrado su capacidad de convocatoria a la movilización a lo largo de su ejercicio presidencial, llenando plazas, calles y veredas, rechazó la arbitrariedad del Senado y convocó la “Consulta Popular por la reforma Laboral” que el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, saboteó, a pesar de que fue ampliamente respaldada por la clase trabajadora y el pueblo colombiano, con masivas movilizaciones que obligaron a recular a la extrema derecha parlamentaria y aprobar en plenaria del Senado dicha reforma; La Corte Constitucional, en manos de la oposición, entró al juego de la oposición y está a punto de declarar la reforma pensional inexequible; la reforma a la salud lleva tres años de trámite, engavetada en la misma comisión séptima del senado. Lo que no sabotearon lo redujeron a su mínima expresión.
El proceso de movilización popular y de masas, la posición del presidente contra el genocidio del pueblo palestino difundida ampliamente en la comunidad internacional, el liderazgo del presidente en la lucha contra el cambio climático y su férrea oposición al despliegue naval sobre el sur del Mar Caribe y el Pacífico oriental, ordenado por el neofascista presidente de los EE.UU., y su denuncia de las masacres en altamar de cerca de 70 indefensos tripulantes sin nombre y sin rostro, de 20 pequeñas embarcaciones, principalmente pescadores, calificándolas de ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad; así como, su radical afirmación de que se trata de una escalada intervencionista que pretende derrocar al presidente de Venezuela y apropiarse de su riqueza petrolera y minera, la realización de importantes eventos internacionales, como la COP 16 y la Cumbre CELAC – Unión Europea, amén de su intervención ante la Asamblea de la ONU condenando el genocidio y denunciando el neo fascismo de Trump y el sanguinario gobernante del régimen sionista de Israel, Benjamín Netanyahu, ha colocado a Petro en un innegable liderazgo internacional y fortalecido una creciente conciencia antimperialista entre los pueblos Latinoamericanos, caribeños y del mundo.
En este contexto, se ha fortalecido el proyecto del Pacto Histórico, que se constituye en el bando que disputará, en alianza con el poco confiable “frente amplio”, la contienda parlamentaria y presidencial con el bando de la extrema derecha en crisis. Los halagüeños resultados electorales de cerca de tres millones de votos obtenidos en la reciente consulta popular que definió la conformación y el
orden de las listas de candidatos y candidatas del PH al Senado y la Cámara de Representantes y, eligió como precandidato presidencial del Pacto Histórico al Senador Iván Cepeda Castro y a la exministra y dirigente social, Carolina Corcho, como cabeza de lista al Senado, han causado desconcierto entre las filas de la entente de la extrema derecha, cuya fauna de candidatos y candidatas, carentes de programas y reducidos a sus campañas de promoción del odio y la difamación del presidente, el aplauso a sus protectores, el presidente Trump, su secretario de Estado, Marcos Rubio, y algunos parlamentarios republicanos, por haber logrado la descertificación del gobierno, la suspensión de la visa del presidente y su familia y el clamor por la intervención militar yanqui, tanto en Venezuela, como en Colombia. Aunque difundieron por los medios corporativos que la consulta del Pacto había fracasado, se reunieron, convocados por el convicto expresidente, los expresidentes Cesar Gaviria y Andrés Pastrana, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, Íngrid Betancur, Mauricio Cárdenas, el destripador Abelardo de la Espriella, entre otros , para acordar la formación de “Un Pacto por el futuro de Colombia”, que no es otra cosa que un frente de la extrema derecha, las derecha y el centro para tratar de impedir la continuidad de la lucha por el cambio democrático iniciado con el gobierno saliente y recuperar la hegemonía en el gobierno.
Resulta paradójico que los otrora enfrentados y declarados enemigos irreconciliables, que se atacaban entre si de ser promotores del paramilitarismo, de ser apoyados por narcos y paramilitares, de apoyar los parapolíticos, de haber entregado el país a las Farc, de ser Castro chavista, de ser manipulador y mentiroso, como vociferaba Gaviria del matarife, se convoquen a un pacto para volver al pasado. Suele suceder que los amos del poder crean artificiosas divisiones, se atacan mutuamente y se disputan el ponqué en amañadas elecciones, sin poner en riesgo sus intereses y privilegios; pero, cuando advierten el peligro de la derrota, olvidan sus querellas, hacen a un lado sus diferencias y hacen pactos de unidad para defender tanto el poder político, como el poder económico de sus financiadores.
Se trata del nuevo pacto de los de arriba, los poderosos gremios económicos y dueños del capital, de los políticos corruptos y las mafias que nos han gobernado por décadas y cientos de años, de los responsables del terrorismo de Estado, las masacres, las desapariciones forzadas, el exilio y los falsos positivos, el asesinato de líderes, lideresas y defensores de los derechos humanos, del saqueo del Erario, de la pobreza, la miseria y la exclusión de millones de colombianos y colombianas, del desempleo y el despojo de los derechos de la clase trabajadora; los creadores de las bandas paramilitares, los narcotraficantes, etc. Ellos serán los integrantes del tal “pacto por el futuro” que le ofrecen al pueblo colombiano para regresarnos al pasado terrorista y violento en el que nos han mantenido durante décadas. Es el “Pacto Prehistórico” con el que enfrentarán el “Pacto Histórico”, el de los plebeyos, los condenados, excluidos y humillados, los que se han comprometido con la esperanza y la lucha por un futuro de democracia, paz, igualdad y ejercicio pleno de los derechos humanos. En el próximo 2026 realmente estará en juego el futuro, la democracia y la lucha por las transformaciones democráticas iniciadas en este gobierno.
José Arnulfo Bayona, Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de la ANEP.
Foto tomada de: Ámbito Jurídico
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