Dicho recurso político encaja en el actual proceso de transición política apalancado por las potentes movilizaciones sociales de los años recientes que suman el acceso de la izquierda popular al gobierno en tanto el eje principal del Estado colombiano.
Así, tenemos la manifestación expresa del presidente Gustavo Petro de afirmar una voluntad de poder en el sentido de que es una decisión tomada por el Bloque popular que debe mostrarse en toda su esencia revolucionaria para transformar el desgastado poder oligárquico hegemónico por muchas décadas.
En ese sentido, se han agotado pasos muy importantes para llegar a la Consulta, como la apertura de canales de interacción con la ciudadanía, desde la página web del Ministerio del Interior, para escuchar distintas y múltiples opiniones sobre el cuestionario que se llevará al Senado y debe ser puesto a consideración de la ciudadanía para su votación en la fecha que se fije para el efecto.
El pasado 22 de abril se dio a conocer un borrador provisional del cuestionario con las preguntas que se formularan en la Consulta popular. Todas estas cuestiones se han centrado en el tema de la reforma laboral, que fue negada por un cartel de parlamentarios del Senado de la Republica y de la Comisión 7 de dicha corporación asociados con los intereses de los poderosos clanes empresariales, de las multinacionales, los bancos y la casta latifundista.
El cuestionario provisional difundido nos está indicando que el tema del trabajo y el de los derechos salariales y prestacionales de millones de obreros adquirió una relevante centralidad en la agenda pública nacional, desplazando, sin eliminarlos, claro está- otros fenómenos de especial arraigo como los de la tierra, la violencia, la corrupción y la salud. Lo que es explicable, pues los ingresos salariales son, después de todo, la base de la vida social de las comunidades.
Citemos acá el cuestionario que ya debate masivamente la gente.
- ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?
- ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100 % el trabajo en día de descanso dominical o festivo?
- ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?
- ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes?
- ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?
- ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?
- ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?
- ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?
- ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?
- ¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?
- ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?
- ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?
Una vez conocida esta propuesta, se escucharán nuevas ideas, hasta llegar al 1 de mayo, día escogido por el presidente para radicar la propuesta de Consulta en la Secretaría del Senado de la Republica con el acompañamiento de cientos de miles de personas que están convocadas para manifestarse el día de la celebración de la fecha histórica del proletariado.
Con tales hechos, el metabolismo socio político sobrevenido ha perfilado los actores de la Consulta. Obviamente está, en primer lugar, el presidente Petro como líder de la iniciativa, está el gobierno y sus instituciones; al tiempo, los adversarios de la ultraderecha y la derecha han sentado su posición en la voz de los gremios empresariales y comerciales, en la de la prensa corporativa y en las facciones políticas de la retícula política oligárquica.
Desde luego, en este coro político resalta la voz de los ministros del Interior, Armando Benedetti y del Trabajo, Antonio Sanguino.
En el mundo opositor las reacciones han sido automáticas para descalificar y demonizar la Consulta.
Así, el partido fascista Centro Democrático del uribismo ha reaccionado por boca de sus líderes con los siguientes argumentos:
El senador y candidato presidencial, Miguel Uribe, denunció que la consulta popular promovida por el presidente Gustavo Petro no representan un avance para los trabajadores colombianos, sino un retroceso peligroso, mal redactado y profundamente engañoso.
“Esta consulta no transforma, no protege y no resuelve. Es torpe, populista y completamente desconectada de los verdaderos problemas laborales del país”.
Muchas de las preguntas propuestas por el Gobierno, según el senador, ya están consagradas en la legislación actual o no tienen relación directa con los derechos laborales. Por ejemplo, la jornada laboral de 8 horas ya está establecida por ley, pero la consulta plantea una modificación que puede generar efectos adversos en el empleo.
Además, la propuesta de limitar la jornada diurna de 6 a.m. a 6 p.m. generaría sobrecostos estimados en 2,7 billones de pesos para las empresas, especialmente las micro y pequeñas, lo que pone en riesgo miles de empleos. “En lugar de proteger a los trabajadores, esta consulta podría quebrar a cientos de miles de pequeños empresarios”, advirtió Uribe.
Por su parte la senadora y también aspirante a la presidencia Paola Holguín afirmó que las preguntas son un dulce envenenado: Más sobrecostos generan más desempleo y más informalidad; por ejemplo, recargo nocturno desde las 6 p.m. (hoy es a partir de las 9 p.m.); recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo (hoy es del 75%).
“Que un aprendiz cueste lo mismo que un trabajador experimentado, lleva a que se prefiera al segundo y se aleje la posibilidad de aprender trabajando, de adquirir experiencia. Eliminar la posibilidad del contrato sindical pone en riesgo más de 400.000 empleos y una forma democrática y moderna de relación entre trabajadores y empleadores”.
“Seguir equiparando subsidios con pensiones es inconstitucional e inconveniente”, dice.
El senador Honorio Henríquez sostuvo “Hablémosle claro a los colombianos, ¿qué pasa con un pequeño negocio que tiene dos empleados con la reforma laboral? Tendrá dos opciones, subir los precios de lo que vende a su consumidor final o despedirá trabajadores. Esto es menos empleo.
El exministro del Interior y ficha de Ivan Duque, Daniel Palacios, aseguró que la consulta popular presentada por el presidente Gustavo Petro es una estrategia populista para adelantar la campaña de las elecciones de 2026.
“Esto no es un proceso democrático para convocar al pueblo. Esto es el inicio formal y descarado de la campaña por la reelección del pobrecismo. No nos dejemos engañar de esta trama populista”, advirtió Palacios.
Los gremios empresariales.
Los gremios empresariales piden en sus posiciones que el Gobierno debe replantear las preguntas publicadas.
Para líderes gremiales y del sector privado, las principales preocupaciones radican en el impacto de la iniciativa en la formalización laboral y en los contratos
Esos voceros capitalistas dicen que es necesario que se replanteen algunas preguntas, incluso, señalaron que muchas de ellas ya están en la ley. Algunos actores del sector privado manifestaron su escepticismo en que una ley sobre el papel impacte de manera real sobre el desempleo y la informalidad, aunque también hubo consenso con algunos puntos.
El presidente de la Asociación Colombiana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Acopi, Rodolfo Correa, expresó que está de acuerdo con que la jornada laboral dure ocho horas y con el pago de 100% de dominicales, pero dijo que las Mipymes ya cuentan con una legislación que establece tasas preferenciales e incentivos para proyectos productivos, señalando que algunas preguntas tienen un “tinte populista y que no son convenientes”.
“Si las preguntas son loables y necesarias porque son con base en convenios internacionales firmados y fallos de la Corte Constitucional, ¿por qué el Congreso diría que no?, se preguntan los medianos empresarios.
Estos empresarios consideran que “Colombia tiene diferentes estructuras empresariales. Es gracias a ello que pensar que una regla le debe aplicar a todas se convierte en uno de los problemas de esta conversación en lo laboral”.
Frente a medidas como la formalización con un contrato laboral de los aprendices del Sena, Correa expresó que esta medida “desnaturaliza” la relación con los aprendices, y el argumento es que convierte una etapa de aprendizaje en una laboral productiva, lo que para él tiene como consecuencia el “daño a la estabilidad financiera de las empresas”.
“El recargo de 100% en dominicales y festivos genera sobrecostos a las empresas, y esto se deriva en afectación al empleo y la formalización. Lo que hacen las compañías es que, al tener un sobrecosto, lo que finalmente va a incrementar son los precios del producto, lo anterior significa que, en última instancia, los asume el consumidor final”, afirmó Daniel Mitchell, presidente de la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas, Acoplásticos.
Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, GEB, expresó que las jornadas laborales y sobrecostos por dominicales que desean establecerse no son un problema para las empresas grandes y solventes, pero sí se convierten en un reto para las empresas pequeñas y medianas, que son la mayoría en el mercado laboral.
“Colombia tiene diferentes estructuras empresariales y pensar que una regla le debe aplicar a todas probablemente es el problema de la conversación”, expresó. Respecto a otros puntos que abordan la creación de un contrato laboral, Ortega señaló que, si los costos para un empleador aumentan, la vinculación de los empleadores baja.
“Las empresas no tenemos la capacidad de hacer cosas de forma ilimitada. Estoy de acuerdo en que las personas que trabajan en plataformas de reparto tengan seguridad social, pero la gran pregunta es que tenemos 12 millones de informales, casi 2,5 millones de desempleados y siete u ocho millones de empleos formales, la pregunta es: ¿esto (la consulta) aumenta la informalidad? Hay riesgos de que ese sea el caso”, concluyó.
Para el presidente de Fenalco (comerciantes), Jaime Alberto Cabal, las preguntas son una “fiel copia” de la reforma laboral, y ninguna de ellas solucionaría el desempleo, que según él está en tres millones de personas. Luego dijo que si cada vez que el Gobierno pierda una iniciativa va a llamar a consulta, “el Congreso pierde su razón de ser”.
Lo que dicen los empresarios de las 12 preguntas.
¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo ocho horas y sea entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.?
La primera pregunta de la consulta plantea un escenario que se aplicaba antes de 2002, y que ha sido una propuesta controvertida por los costos laborales. No obstante, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, dijo que esto era un derecho adquirido, y que no va a impactar a las Mipyme. Daniel Mitchel, presidente de Acoplásticos, aseguró que esto no impactará en industrias cuya operación es de 24 horas, ya que en la mayoría de casos se hacen acuerdos con los trabajadores para la remuneración extra.
¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo de 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo?
Esta pregunta supone un costo adicional para las compañías, y tiene consecuencias directas en varios sectores como el comercio y la industria, lo que podría generar impactos en la formalidad en caso de ser aprobada. “Lo que hacen las empresas es que como eso genera un sobrecosto, pues terminan aumentando el precio de los productos, entonces lo pagan los consumidores”, explicó el presidente de Acoplásticos
No obstante, hay otros sectores que señalan que se deben evaluar situaciones particulares: “el efecto en el aumento de costos que afectaría con más fuerza a las micro, pequeñas y medianas empresas y emprendimientos, que puede alcanzar hasta 30% de sobrecostos, según el tamaño de la empresa”, dice Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.
¿Está de acuerdo con que las Mipyme, preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?
En esta pregunta si hay un mayor consenso, sobre todo porque los analistas coinciden que ese es el segmento empresarial que dinamiza la economía, y que tiene el mayor peso en el país. De hecho, estos incentivos permitirían que las Mipyme puedan pagar las prestaciones que exigiría esta consulta popular. “Ellos tendrían que pagar, pero reciben un subsidio, por otra parte, de tal manera que en la suma y en las restas pueden quedar en una posición positiva y considerar atendidos sus reclamos”, dijo el presidente de la CUT.
En contraste, Daniel Mitchell dijo que esto podría frenar el crecimiento de esas compañías. “Considero que el tamaño de la empresa no debe ser un indicativo de que tengan mejores o peores subsidios”.
¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes?
Esta es una de las preguntas que piden que se replantee, pues en teoría actualmente las empresas otorgan los permisos para que los trabajadores asistan a sus tratamientos, pero desde la perspectiva sindical ven necesario que esto quede plasmado en la ley.
No obstante, la delimitación por el tema menstrual supone un reto, sobre todo para que las incapacidades sean “transparentes” y no una excusa para no cumplir con las labores: “debe existir más rigor y una rendición de cuentas, en el caso de quienes despiden por esos permisos. Ojalá eso no se vuelva un negocio donde la gente pueda pagar para conseguir un certificado que diga que está incapacitado”, sentenció Ortega.
¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos dos personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?
Según Fabio Arias (CUT), esta es una medida que no impacta a las Mipyme, por el tamaño de la empresa, lo que las excluye y “protege”, no obstante, esto podría desincentivar la empleabilidad de estas personas, y para las empresas se convertiría en un sobrecosto: “acaba siendo es una contratación obligatoria, de una persona que no puede cumplir con la función que requiere la empresa, o acaba siendo un sobrecosto y eso afecta la competitividad así como los resultados de la empresa y por ende influye en la economía”, dijo Mitchell.
Los empresarios insisten que se debe promover la inserción de estas personas al mercado laboral, pero no obligando a las empresas, lo que también incentivaría la informalidad.
¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del Sena y de instituciones similares tengan un contrato laboral?
Según Juan Ricardo Ortega, esto es un factor que sí incidiría directamente en las grandes empresas, y que por costos, haría que menos aprendices sean vinculados a las compañías. “Si el costo aumenta al doble, pues vamos a vincular la mitad. Las empresas no tenemos la capacidad de poder hacer cosas de forma ilimitada. La pregunta que se debería hacer es ¿cuál es el beneficio de un aprendiz en cuanto a una oportunidad de crecer y de ganar experiencia?”, sentenció.
Según Acopi, la iniciativa le quitaría la misionalidad al contrato de aprendizaje, dejando que esta sea una etapa realmente formativa, y pase a ser una vinculación laboral sin preparación. “Una medida como esta lo único que hará es daño a la estabilidad financiera de las pequeñas empresas”, dijo el presidente de la agremiación, Rodolfo Correa.
¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice la seguridad social?
Esta pregunta supone una de las discusiones principales de la hundida reforma laboral, y que divide en dos a los analistas, pues unos defienden el modelo mercerizado, y otros dicen que debe garantizarse y formalizarse el vínculo laboral con esos trabajadores. “Imponer modalidades contractuales a este tipo de empresas lo único que hará es perjudicar la innovación y retrasar el desarrollo digital y económico del país”, dijo Correa.
En ese sentido, Juan Ricardo Ortega considera que se debe respaldar la propuesta, pero “si se aprueba habrá menos personas vinculadas a ese mecanismo, pero eso puede que aumente la informalidad. Es un riesgo que este sea el caso, por lo que es un tema que debe analizarse en detalle”.
¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?
Desde la CUT aseguran que por las condiciones laborales del campo se aceptó en la discusión de la reforma que algunas prestaciones sociales no se pagarán al 100%, no obstante, algunos consideran que esto sería una ley que se quedaría en el papel, toda vez que plantea otro régimen a un sector que le hace falta reformas de otro tipo.
“Por ejemplo en el Cauca la gente tiene que aceptar lo que le paguen, porque el poder de quienes controlan las oportunidades de empleo es tan grande que, aunque lo pongan en una consulta, no cambia nada en la realidad, agregó el presidente del GEB.
¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?
Los sindicatos aseguran que no deben quitar el papel de la negociación directa con estas entidades, aunque consideran que el modelo de tercerización debe erradicarse, tal como lo propone otra pregunta. No obstante, las empresas consideran que las discusiones deben hacerse entre el empleador y el empleado, por lo que poner esa “intermediación” sí debe suprimirse.
“Nosotros creemos que se debe sancionar el abuso, pero eliminar de tajo la tercerización legal afectaría a la contratación especializada. Muchas Mipymes dependen de esquemas flexibles para sobrevivir. Lo clave es regular, no prohibir”, detalló Correa. Particularmente sobre esta preguntan piden que sea redactada de nuevo, ya que no es muy clara.
¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?
Desde la Central Unitaria de Trabajadores aseguran que esta pregunta debería estar integrada con la número siete, pues todos los derechos deberían tener garantizado el acceso a la seguridad social. No obstante, otros sectores aseguran que estos trabajadores ya están vinculados a la seguridad social, pero dependiendo la modalidad o el contrato, se les debe garantizar y verificar el cumplimiento de los pagos de salud y pensión, para que esta población no se quede por fuera del mercado laboral formal.
¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?
Uno de los puntos que se abordó en la reforma laboral fue el fortalecimiento del contrato a término indefinido. Tanto para el Ministerio de Trabajo como del Interior, este sería un paso a la formalización y mejoramiento de las condiciones laborales.
Pero Correa expresó que la imposición a los empresarios y empleadores de una modalidad de vinculación laboral “atenta contra los derechos de la libertad de empresa y la libertad económica”. A lo que añadió que este punto pone en “peligro” el desarrollo y la estabilidad del sector privado desde el punto de vista financiero. “Una medida como esta, lo único que va a hacer es aumentar y agravar las cargas económicas para la operación de las pequeñas empresas”, detalló.
¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?
El ministro de Trabajo aseguró que 2025 será el lapso en el cual comenzará a regir el nuevo modelo pensional. Para los analistas, esta pregunta está fuera del contexto de las pretensiones del Gobierno con relación a lo que impacta directamente el mercado laboral.
“Esto se sale de la legislación laboral, ya existe un fondo de solidaridad dentro de los aportes pensionales, y la reforma pensional ya pasó y que esto quedó en el proyecto”, dijo Mitchell. Desde Acopi agregaron que esta es una propuesta valiosa desde el punto de vista social, pero que debe tener cuentas claras de financiación, afirmando que el sector empresarial no puede tener esta carga porque “ya está gravado”.
Con estos elementos iniciales del debate conviene señalar que su impacto en el campo político y sus actores será contundente. La Consulta va a resignificar profundamente el campo político colombiano que al decir de Bourdieu “es un espacio social donde los actores políticos, tanto individuos como instituciones, compiten por el poder y el dominio, utilizando diferentes tipos de capital para influir en las decisiones y las normas que regulan la vida social. Este campo está caracterizado por la lucha por la definición del mundo social y la imposición de una visión particular de la realidad, lo que se traduce en una lucha por el monopolio del derecho a hablar en nombre de otros.
Bourdieu conceptualiza el campo político como un espacio social específico, donde los actores interactúan y se enfrentan en una lucha por el poder que es lo que ya estamos registrando para en la definición de cada fase de la Consulta popular, que tendrá en las posiciones del Senado y en las votaciones sus momentos cruciales.
Horacio Duque Giraldo
Foto tomada de: RFI
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