La primera que no se leyó como debe hacerse según la ley quinta reglamentaria del funcionamiento del Congreso la proposición que se iba a votar. Esta omisión es grave y no es menor como pretenden algunos opositores del gobierno. Alegan que el punto estaba en el orden del día de la sesión y que al abrir la votación se anunció que se votaría la solicitud presentada por el gobierno para la convocatoria de la Consulta Popular. Pero la omisión es grave toda vez que la proposición contempla las razones y las preguntas que se someterían a la consideración de los ciudadanos. Esto no ocurrió. Un segundo problema también grave fue que una vez cerrada la votación se cambió el voto de un senador que en la votación había votado SI y así quedo registrado y luego de cerrada la votación el voto se cambio por el NO y con ello se obtuvo el resultado de 49 votos por el NO y 47 votos por el SI. De mantenerse la votación original habría habido un empate y la votación hubiese tenido que ser repetida. Un tercer problema es que había en el recinto más senadores que se habían registrado de los votos que al final se contabilizaron. Es de recordar que los senadores presentes están obligados a votar los proyectos que se están votando. Finalmente, el filibustero presidente del Senado, Efraín Cepeda, se negó a considerar la proposición hecha en la sesión por los senadores del Pacto Histórico que frente a las maniobras e irregularidades presentadas en la votación pidieron que se repitiera la votación.
Estas son básicamente las irregularidades que se presentaron en dicha sesión y las cuales alega Petro y su equipo de asesores jurídicos para afirmar que el Senado no respondió a su solicitud de la convocatoria de la Consulta Popular. Al no hacerlo en los 20 días hábiles que tenía el Senado se daría por agotado este trámite y el presidente convocaría la Consulta Popular mediante la expedición de un decreto. Armando Benedetti, ministro del Interior, en declaraciones posteriores ha señalado que el decreto sería enviado a la Corte Constitucional para su revisión “Si la Corte Constitucional decide que el decreto no procede, lo acataremos sin reparos”. Pero este camino no es el único puesto que la sección quinta del Consejo de Estado ha admitido una demanda contra la certificación de la votación del Senado de la República por las irregularidades que se cometieron en su trámite. Bien podría el Consejo de Estado en ordenar al Senado de la República la repetición de la votación con todas las garantías para que sea votado el proyecto de Consulta nuevamente.
La oposición filibustera y obstruccionista se rasga ahora las vestiduras señalando que la controvertida ruta asumida por el presidente Petro es antidemocrática y dictatorial, que con esta decisión se resquebraja el Estado de derecho y aún llegan a afirmar que es un quiebre institucional. Demasiado ruido y pocos argumentos. Petro sería un dictador muy sui generis. Quebraría el Estado de Derecho para permitir que democráticamente los ciudadanos decidan sobre los contenidos de una reforma laboral mínima que lo único que pretende es que mediante este mecanismo los trabajadores reconquisten derechos que le fueron arrebatados por el voraz sistema neoliberal mediante la ley 789 de 2002 en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En esa consulta los opositores podrán oponerse a la misma llamando a votar por el NO o llamando a la abstención para que no logre los 13.6 millones de votos que requiere para su aprobación. Pero además si se aprobara los proyectos deberán ser presentados al Congreso de la República para su aprobación. Eso sí, si no lo hacen en los seis meses siguientes de aprobada la Consulta Popular, el presidente puede expedir esas normas mediante decretos leyes.
Pero esa oposición filibustera da todos los días argumentos al gobierno para que sea el mecanismo de la Consulta Popular la vía para recuperar esos derechos de los que gozaron los trabajadores durante más de cuarenta años. La ponencia aprobada en la Comisión Cuarta del Senado sobre la reforma laboral es un verdadero galimatías. Al tiempo que reconoce el pago de horas extras no desde las seis de la tarde sino desde las siete de la noche y el pago del cien por ciento de los dominicales y establece que para los festivos solo se reconozca como ahora el 75%; establece el sistema de trabajo por días y por horas, es decir, estos genios de la Comisión cuarta pretenden precarizar aún más las condiciones laborales, pero además son tramposos y creen en su ingenuidad perversa que los y las colombianas tragan entero. Establecen la jornada de cuatro días a la semana extendiendo la jornada diaria más allá de las ocho horas con lo cual burlarían el pago de las horas extras que aprueban en otro artículo del proyecto a partir de las siete de la noche, flexibilizan aún más los contratos sindicales y restringen los permisos por licencia para las mujeres en su período menstrual. Es decir, es una pequeñita reforma laboral del tamaño de la mezquindad de los grandes capitalistas de este país.
Así que los politiqueros senadores seguirán gozando del respaldo de los grandes conglomerados económicos y financieros para el financiamiento de sus campañas mientras los trabajadores seguirán entendiendo cada vez mejor quienes son los partidos y movimientos políticos que realmente defienden sus intereses. La suerte de la Consulta Popular es incierta. El pulso político quedará en manos de la Corte Constitucional si finalmente el presidente Gustavo Petro decide expedir el decreto que convoca la Consulta Popular. Será un pulso fuerte donde se medirá la actual correlación de fuerzas en el más alto tribunal de Justicia en el país.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: Infobae
Con cara gana el gobierno y con sello también.