Según reza en el Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno y las Farc para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, la ampliación democrática y el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario político es inseparable de la construcción y la consolidación de la paz. Ello implica fortalecer el pluralismo, ampliar la representación de los diferentes intereses de la sociedad y asegurar las debidas garantías para la participación y la inclusión política. No es, sin embargo, la primera vez que se plantea el tema. Es una preocupación que acompañó la construcción de la Constitución de 1991 y varias han sido las iniciativas – todas relativamente inocuas – orientadas a mejorar el régimen electoral y brindar garantías a la oposición. Recuérdese, por ejemplo, la comisión para la reforma política de 1995 en la que la oposición fue objeto de análisis especial, o el proyecto de reforma de 2002 que buscó hacer viable el esquema gobierno-oposición; la reforma constitucional que estableció el umbral en el año 2003; la reforma política de 2011 que modificó varios artículos referidos a los partidos políticos, las campañas y los actos electorales a la vez que incluyó una cuota de género para promover la participación política de las mujeres y reguló las candidaturas en las circunscripciones electorales; o la reforma electoral de 2014 que favoreció a los partidos grandes. ¿Qué esperar entonces de la comisión electoral recientemente conformada en un país que no ha logrado contar con un estatuto de oposición?
Según lo pactado, “Para consolidar la paz es necesario garantizar el pluralismo facilitando la constitución de nuevos partidos y movimientos políticos que contribuyan al debate y al proceso democrático, y tengan suficientes garantías para el ejercicio de la oposición y ser verdaderas alternativas de poder. La democracia requiere, en un escenario de fin del conflicto, un fortalecimiento de las garantías de participación política”.
Lo expuesto en el acuerdo es de suma importancia por cuanto la democracia no es solamente un régimen político ni una forma de vida ideal sino que es también un conjunto de procedimientos de decisión que requiere instituciones concretas concebidas para crear condiciones suficientes para que los ciudadanos acepten como válidas las decisiones que se toman en virtud de lo pactado.
La comisión que ha sido convocada tiene como misión definir el tema de la arquitectura electoral del país e incluye temas como el de la Autoridad Electoral, el financiamiento de las campañas políticas, los requisitos de reconocimiento de las personerías jurídicas, normas sobre las campañas políticas y las listas electorales que junto a otra comisión que trabaja sobre el estatuto de la oposición constituyen a la luz de los acuerdos de La Habana los principales instrumentos de transformación de las actividades políticas para ampliar y profundizar la democracia. La Comisión está abierta a propuestas de agrupaciones políticas que deseen participar en el proyecto y al final de sus deliberaciones debe presentar un proyecto de ley que deberá tramitarse en el Congreso máximo dentro de los tres meses siguientes a la entrega de sus recomendaciones.
El Gobierno, por su lado, debe establecer un nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política cuya misión es servir de garantía efectiva de los derechos y libertades de quienes ejercen la política en el marco de la democracia garantizando el funcionamiento de los mecanismos de interlocución entre los partidos y movimientos políticos y fortaleciendo las capacidades investigativas y de judicialización para procesar a quienes atenten contra quienes ejercen la actividad política.
Es imposible emitir juicio alguno sobre el trabajo de la comisión de expertos que ha sido convocada antes de que termine su labor pero, con base en experiencias pasadas y la realidad que se vive en el país es fácil afirmar que la modificación de las estructuras normativas no es suficiente para garantizar lo plasmado en el acuerdo. Son muchos los factores que han envilecido el ejercicio de la política en el país como el encarecimiento de las campañas electorales y su financiación, la compra de votos, los fraudes en el conteo y la impunidad de los delitos electorales.
Sin embargo, tampoco pueden subestimarse los aspectos normativos que encuadran la democracia. Lo jurídico afecta la propia fundamentación de la democracia cuando esta se ve sometida a la norma de derecho y las normas electorales inciden directamente tanto en la inclusión como en la exclusión de actores con derecho a voto y como garantía de la democracia en la medida en que busca asegurar la mejor representación del electorado de acuerdo con reglas acordadas antes de los comicios, siempre y cuando el juego sea limpio.
Rubén Sánchez David: Profesor Universidad del Rosario
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