Perdón y olvido
El indulto determina un perdón para el delincuente político. La amnistía produce un olvido sobre esas faltas sancionables. Con ambos, indulto y amnistía, se borran en la práctica las acciones tipificables como delito político y sus conexos. Es decir, los caracterizables penalmente, como rebelión, sedición y asonada; y al mismo tiempo, los actos punibles que hayan sido cometidos para contribuir a su ejecución; entre ellos, el porte de armas o la creación de asociaciones para tal fin; o también el narcotráfico; solo que la naturaleza de este último, en tanto conexo o autónomo, será fijada en cada caso por los jueces y tribunales especiales, según el contexto concurrente.
Los beneficios del olvido o el perdón para los insurgentes, conceden la gracia de que los delitos perseguidos quedan cobijados bajo el aliento justificador de la rebelión contra el régimen. Por lo tanto, suponen que la subversión tiene un fin político. Con lo cual, consagran no solo la existencia de un conflicto armado, sino el hecho de que éste encierra una naturaleza que sitúa a sus agentes en el universo de la lucha por el poder; una razón esencial para que la solución del conflicto tenga como núcleo la transformación del grupo insurgente en movimiento legal; efecto éste que va en el sentido de ampliar y diversificar la dimensión de lo político, un universo tradicionalmente desgarrado en Colombia, por las lógicas que conducen los actores a disputarse el poder por la vía de fijar en el mundo, la existencia de enemigos; ya sea por motivos ideológicos o por causas sociales.
La transición a partido político
Esta transformación pasa por una transición que ha comenzado con la ley de amnistía, tramitada mediante el mecanismo del Fast Track; una ley que entrará en vigencia para el año nuevo; y que será correspondida con el desarme escalonado, paradójicamente la próxima prueba de “fuego”, en la materialización del Acuerdo.
La constitución del grupo denominado “Las voces de la paz y la reconciliación”, tendrá por el momento el papel de delegar ante el Congreso una especie de microbancada parlamentaria sin derecho al voto; la que sin embargo aclimatará el advenimiento del nuevo partido. Un partido cuyo nacimiento pasará sin duda por el complicado parto de la justicia transicional, ante cuyos tribunales tendrán que comparecer los comandantes del grupo guerrillero; aportando la verdad, a cambio de los beneficios que implica la restricción de la libertad, no la privación; mientras reconstruyen su liderazgo en medio de la legalidad; y mientras forjan un ascendiente ante la opinión pública.
¿Voces para modernizar el discurso?
Funcionalmente, el grupo de transición “Las voces de la paz y la reconciliación”, vigilará con su presencia en el Congreso el cumplimiento del Acuerdo; ese que tendrá lugar a través de la implementación legislativa. En un marco más amplio, tiene en sus manos sin embargo la misión de vertebrar posiciones que, defendiendo el cambio, aterricen en las condiciones reales que ofrecen los horizontes de transformación democrática; entre otras cosas, desenganchando el discurso de ese espíritu de guerrilla comunista y rural que ha caracterizado a las Farc.
En un contexto de desarme en los campamentos y de implementación en el Congreso, emerge una situación en la que se imponen los ejercicios de “sanación”, por parte de los jefes subversivos, apropiándose de los ritos y las prácticas del perdón y el reconocimiento de la culpa; al tiempo que las “Voces” respondan a la articulación de un discurso crítico, ciertamente; pero al mismo tiempo realista y creíble.
Por lo pronto, una de esas voces parece haberse situado en el cruce de caminos entre la crítica y la reconciliación, la de Imelda Daza, quien en su presentación durante la sesión conjunta de las comisiones constitucionales de la Cámara y el Senado, reclamó nuevamente la verdad sobre el genocidio de la Unión Patriótica: “pero –advirtió- no para colgar a los responsables de la atrocidad, sino para saber a quién perdonar”
Ricardo García Duarte
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