A la comunidad nacional e internacional sorprende la cantidad de líos judiciales que día tras día inundan los medios de comunicación en Colombia, sin antes darse resoluciones procesales de fondo en los casos hechos públicos, ejemplos: el caso del expresidente Uribe que, de denunciante pasó a denunciado en el proceso que, por supuesta manipulación de testigos acusó al Senador de izquierda Iván Cepeda, del Polo Democrático y en las investigaciones se evidenció la supuesta manipulación de los testigos por el mismo denunciante, expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Partido Centro Democrático, de derecha.
Además, a pocas horas de la divulgación de la decisión adoptada dentro del proceso donde resulta que el denunciante expresidente Uribe sale investigado y la opinión publica no había asimilado en su totalidad dicha determinación cuando nos topamos con el caso de los allanamientos que, por testaferrato a favor de las FARC la Fiscalía General adelantó en contra de los administradores y/o propietarios de varios establecimientos de comercio en Bogotá, Girardot, Funza, Melgar, Faca, y Tibacuy y otros municipios de Tolima y de la costa.
Los operativos llevados a cabo en conjunto con la Fiscalía y el Ejercito fueron adelantados con el fin de lograr la extinción del dominio a distintas sucursales de los “Supermercados Cundinamarca”, identificados como “Supercundi”; en dichas diligencias judiciales de allanamiento fueron capturados los propietarios de los establecimientos comerciales Supercundi, Merkandrea y Mercafusa, supuestamente por nexos con las FARC. De igual manera, se adelantaron los procesos de extinción de dominio a bienes por cerca de 650 mil millones de pesos incluidos los establecimientos comerciales.
Estos operativos fueron ordenados por el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, luego que asegurara que se darían a conocer los nombres de diversas empresas y personas naturales que se encontraban apoyando el lavado de dinero a favor de la extinta FARC, guerrilla recientemente desmovilizada por los Acuerdos de Paz logrados en La Habana.
Lo que llama la atención es que nos encontramos a pocos días de las elecciones parlamentarias a realizarse el 11 de marzo de 2018, en todo el territorio nacional, en las que se reelegirán algunos y se elegirán nuevos congresistas (Senadores-Cámara alta y Representantes-Cámara baja) para las que se encuentran lanzados algunos candidatos del Partido de las FARC, movimiento político en el que se convirtió la extinta guerrilla; incluidas dos consultas para escoger candidatos presidenciales, una por la derecha, del Centro Democrático con tres precandidatos, Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordoñez Maldonado, y la otra por la izquierda, Gustavo Petro Urrego, del Movimiento Progresistas y por Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo Omar.
¿Son los sujetos procesales, denunciantes o denunciados o sus apoderados, los que se interesan en tales prácticas de armar escándalos mediáticos, o son los medios de comunicación que en sus agendas incluyen dichos rollos judiciales para ganar lectores, oyentes y/o televidentes dependiendo de si son periódicos o revistas, o noticieros de radio o de televisión, ya virtuales o reales?
A todas luces, también se presenta una pregunta adicional: ¿Será que algunos funcionarios judiciales, de los despachos donde se tramitan procesos que tienen ribetes especiales, tienen algún interés en hacer publico lo que en principio deben mantener bajo sigilo, más aún, en estricta reserva del sumario? Y una más: ¿Hasta cuando presenciaremos tales desmanes con las piezas procesales que debieran tratarse con bastante sigilo, mucho cuidado y bastante reserva?
Otro de los procesos que recientemente han ventilado los medios de comunicación es el del incidente en el que la joven María Andrea Cabrera, hija del general (r) Fabricio Cabrera, luego de festejar con sus amistades resultó muerta por la combinación de licor con éxtasis (droga psicoactiva sintética que posee propiedades estimulantes y alucinógenas); el morbo del público se enciende con las sindicaciones del apoderado de la familia de la víctima que amenaza con denunciar por asesinato a quienes acompañaron a la joven María Andrea, y por el otro lado, uno de los exnovios y sus amistades aseguran que la joven hija del general (r) Cabrera consumía voluntariamente esa droga.
Así las cosas, compete única y exclusivamente a la Fiscalía, en primera instancia el acusar a los implicados con las pruebas que se recauden, más no con el mero dicho de unos u otros, y es quien debe llevar ante el Juez de conocimiento el caso con las acusaciones o las absoluciones respectivas; y es el Juez de conocimiento quien, al estudiar concienzudamente las pruebas allegadas por la Fiscalía, mediante sentencia resuelva el caso, ya sea condenando o exonerando a los procesados.
Ambos casos mencionados, el del expresidente y Senador Álvaro Uribe Vélez, denunciante, en principio, en el proceso por supuesta manipulación de testigos en el que fue absuelto el también Senador Iván Cepeda, que se le volteó a quien lo incoara o iniciara, el expresidente Álvaro Uribe, como el de la hija del general (r) Fabricio Cabrera tienen mucha resonancia pública, máxime que en el primero se presenta un enfrentamiento entre dos actores de peso en la política colombiana, representantes de la derecha, Uribe Vélez y de la izquierda, Iván Cepeda, y en el segundo el enfrentamiento está dado entre la familia del general en retiro y su apoderado contra la de un poderoso dueño del juego de chance, de apellido Eparza, y otros más.
Esperamos que la justicia colombiana se concentre en investigar y juzgar en los estrados judiciales en debida forma, sin ventilar ante los medios de comunicación cada una de sus decisiones judiciales y menos con tintes políticos, en procura de lograr la pronta y cumplida justicia como debe ser, sin interés alguno en conseguir adeptos o dádivas en la divulgación constante de muchas piezas procesales que cuentan, o al menos así debiera serlo, con la reserva judicial.
FABIO MONROY MARTÍNEZ: Abogado/periodista, Coordinador en Colombia del Servicio Paz y Justicia en América Latina, SERPAJ-AL.
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