Tras la ejecución de un genocidio contra la población palestina de la Franja de Gaza, perpetrado a lo largo de meses mediante bombardeos masivos, asesinatos de niños y niñas, asedio total, destrucción deliberada de infraestructuras civiles y privación sistemática de alimentos, agua y atención médica, el orden internacional ha quedado expuesto en una de sus crisis morales y jurídicas más profundas desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Estos hechos, documentados por organismos humanitarios, expertos independientes y reconocidos por instancias judiciales internacionales como constitutivos del crimen de genocidio, se desarrollaron ante los ojos del mundo y bajo la protección política, militar y diplomática del principal aliado de Israel: Estados Unidos.
No fue tras el cese de la violencia ni después de procesos de rendición de cuentas cuando emergió una iniciativa de “paz”, sino en plena devastación y sin reparación alguna, que el entonces presidente Donald Trump anunció la creación de un órgano denominado “Junta de Paz”, presentado como mecanismo para administrar, estabilizar y reconstruir Gaza. La secuencia no es menor: la paz se formula aquí no como superación del genocidio, sino como su administración posterior, desplazando la justicia por la gestión tecnocrática de un territorio arrasado.
Desde esta perspectiva, la Junta no puede analizarse como un simple intento fallido de mediación, sino como una reconfiguración profunda de los marcos políticos, jurídicos y éticos que han estructurado, con todas sus limitaciones, el sistema internacional contemporáneo. Gaza se convierte así en el escenario inaugural de un modelo que amenaza con normalizar la impunidad, mercantilizar la reconstrucción y consolidar un orden global basado en la fuerza, el dinero y la subordinación política.
De la diplomacia multilateral a la gobernanza transaccional
Uno de los rasgos más significativos de la Junta de Paz es su ruptura explícita con los principios fundacionales del multilateralismo. A diferencia de los mecanismos tradicionales de resolución de conflictos, anclados —al menos formalmente— en la igualdad soberana de los Estados y en la centralidad del derecho internacional, la Junta introduce una lógica abiertamente transaccional. La participación y el peso decisorio se vinculan a la capacidad financiera y a la lealtad política hacia su presidencia, redefiniendo la diplomacia como un espacio de inversión y retorno.
Este desplazamiento no es meramente instrumental. Supone una mutación conceptual en la idea misma de paz, ahora concebida como un producto negociable y no como un derecho colectivo derivado de la justicia, la autodeterminación y la reparación. La diplomacia deja de ser un ámbito de deliberación política para convertirse en un consejo de administración global, donde las decisiones se toman en función de intereses económicos y alineamientos estratégicos, no de obligaciones jurídicas.
Para los Estados del Sur global, este modelo implica una exclusión estructural. La imposibilidad material de acceder a los mecanismos de decisión consolida una jerarquía internacional que recuerda formas históricas de tutela colonial, en las que el poder se ejerce sin necesidad de legitimación democrática ni consentimiento de las poblaciones afectadas.
Destrucción del derecho internacional y normalización de la excepción
El impacto de la Junta sobre el derecho internacional es particularmente alarmante. Al operar fuera de la Carta de las Naciones Unidas y omitir referencias explícitas a instrumentos fundamentales del derecho internacional humanitario, el organismo crea una zona de excepción normativa en la que la gestión de territorios ocupados se desvincula de las obligaciones legales vigentes.
La administración de Gaza bajo una autoridad externa, sin reconocimiento de la soberanía palestina ni horizonte de autodeterminación, institucionaliza una forma de gobierno provisional permanente. Esta lógica no solo contradice el principio de autodeterminación de los pueblos, sino que vacía de contenido las normas diseñadas para proteger a la población civil en contextos de ocupación y conflicto armado.
El lenguaje de la estabilización y la reconstrucción funciona aquí como un dispositivo de despolitización. Al presentar la intervención como una respuesta técnica a una crisis humanitaria, se invisibiliza el carácter estructural de la violencia y se desplaza la discusión sobre responsabilidades jurídicas. El genocidio deja de ser un crimen que exige justicia para convertirse en un antecedente incómodo, rápidamente superado por la promesa de inversiones y desarrollo.
Gaza como laboratorio de un nuevo orden neocolonial
La Franja de Gaza aparece, en este esquema, como un laboratorio para la implementación de un modelo de gobernanza neocolonial adaptado al siglo XXI. El territorio no es tratado como parte de una comunidad política con derechos colectivos, sino como un espacio a administrar, securitizar y revalorizar económicamente. La reconstrucción se concibe prioritariamente como una oportunidad de negocio, no como un proceso de restitución de derechos.
La participación palestina se limita a funciones administrativas de bajo nivel, estrictamente controladas y desprovistas de poder político real. Esta exclusión sistemática de la agencia palestina reproduce una lógica colonial clásica: los sujetos colonizados pueden gestionar lo cotidiano, pero no decidir sobre su futuro. La autodeterminación, lejos de ser un objetivo, se presenta como un riesgo para la estabilidad del modelo.
Desde una perspectiva decolonial, este enfoque perpetúa la colonialidad del poder, en la que el Norte global define qué es la paz, cómo debe implementarse y quiénes están autorizados a decidir sobre ella.
El desplazamiento deliberado del sistema de Naciones Unidas
La creación de la Junta de Paz no busca complementar el sistema de Naciones Unidas, sino suplantarlo. Al asumir funciones tradicionalmente desempeñadas por agencias multilaterales, el nuevo organismo contribuye a un vaciamiento progresivo de la arquitectura institucional construida tras 1945. La marginación de agencias humanitarias y su sustitución por contratistas privados elimina mecanismos de supervisión, rendición de cuentas y protección de derechos.
Este desplazamiento tiene implicaciones globales. Si se consolida un precedente en el que la gestión de conflictos se externaliza a estructuras paralelas, financiadas por un reducido grupo de Estados y actores privados, el multilateralismo queda reducido a un rol decorativo. La capacidad colectiva de prevenir abusos de poder y de proteger a las poblaciones civiles se ve gravemente debilitada.
La adhesión de diversos Estados a la Junta refleja una recomposición de alianzas basada en cálculos estratégicos más que en principios compartidos. Para algunos gobiernos, la participación ofrece acceso privilegiado a Washington o la posibilidad de influir en decisiones que afectan a sus propios intereses regionales. Para otros, representa una forma de evitar el aislamiento o de obtener beneficios económicos específicos.
Sin embargo, esta dinámica fragmenta aún más el consenso internacional y profundiza las asimetrías de poder. La ausencia de actores clave del multilateralismo tradicional subraya la fragilidad de la legitimidad de la Junta y anticipa tensiones crecientes entre modelos de gobernanza global incompatibles.
La invisibilización renovada de la cuestión palestina
Mientras Gaza se convierte en el centro de una ambiciosa ingeniería institucional, la cuestión palestina como problema político de fondo corre el riesgo de diluirse. El énfasis en la reconstrucción y la seguridad desplaza debates esenciales sobre ocupación, colonización, derechos de los refugiados y estatus final de los territorios. Palestina reaparece, una vez más, como objeto de gestión internacional y no como sujeto de derecho. Washington y Tel-Aviv quieren desaparecer la pregunta esencial acerca del Estado Palestino.
Esta despolitización tiene consecuencias profundas. Al redefinir el conflicto como un problema técnico susceptible de soluciones empresariales, se deslegitiman las reivindicaciones históricas palestinas y se normaliza la idea de que la paz puede imponerse sin justicia.
Retomar Palestina: una exigencia ética y jurídica
Frente a este escenario, resulta imprescindible recentrar la atención internacional en Palestina como cuestión de derecho, no de administración. Ello implica rechazar soluciones que, bajo el lenguaje de la eficiencia y la innovación, perpetúan la impunidad y la negación de derechos fundamentales. También exige reafirmar la centralidad del derecho internacional y del multilateralismo como marcos indispensables para limitar el poder y proteger a las poblaciones más vulnerables. No se trata únicamente del futuro de Gaza, sino de la vigencia misma de un sistema basado, al menos normativamente, en la prohibición de la conquista, la protección de civiles y la igualdad jurídica de los pueblos.
Recentrar la atención en Palestina no es, por tanto, un gesto simbólico, sino una exigencia ética y jurídica ineludible. Significa rechazar la normalización del genocidio administrado, cuestionar la mercantilización de la paz y afirmar que ningún proyecto de “estabilidad” puede legitimarse sobre la negación de derechos fundamentales. En última instancia, el destino de Palestina no solo interpela a quienes participan directamente en su desposesión, sino a una comunidad internacional que, al tolerar soluciones como la “Junta de Paz”, corre el riesgo de consagrar un nuevo orden global donde la ley es sustituida por el dinero, la justicia por la gestión y la paz por el silencio impuesto.
Jaime Gómez Alcaraz, Analista Internacional
Foto tomada de: El Mundo
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