La modernidad como orden inspirado en el derecho, y la modernidad como ley económica capitalista impulsada por su propia lógica de acción, ¿no constituyen de manera contradictoria el espíritu de nuestra época? ¿Pueden conciliarse el capitalismo y los grandes ideales de la Ilustración? ¿Son ambos aspectos de una misma relación histórica o responden, por el contrario, a proyectos distintos y enfrentados? ¿El derecho y el proyecto político republicano se ven obstaculizados por la realidad capitalista, o no son más que la apariencia normativa de una estructura económica que les subyace?
Algunos sostienen, a mi parecer ingenuamente, que el derecho, el capital y el mercado son tres realidades separadas que se han encontrado y articulado para dar lugar a la modernidad. Hasta ahora, la paz mediante el derecho y el ideal político republicano no han dejado de ser un desiderátum. El derecho internacional ilustrado nunca ha sido realizable bajo el capitalismo y su fracaso parece ser estructural, no contingente. Así pues, si derecho y capitalismo son dos aspectos de un mismo proyecto, es claro que no puede lucharse contra uno sin oponerse al mismo tiempo al otro.
En el segundo artículo preliminar de Hacia la paz perpetua, Kant escribe que “el Estado es una sociedad de hombres sobre la que nadie más que ella misma tiene que mandar y disponer” (2016, p. 73). El Estado es para Kant lo mismo que era para Rousseau: una persona moral y un sujeto de derechos, libre, y por ello inalienable, pues de otro modo se convertiría en una cosa. En el artículo quinto de la misma obra, Kant afirma además que ningún Estado debe inmiscuirse violentamente en la constitución y el gobierno de otro. Por ello sostiene que “la injerencia externa de potencias extranjeras sería una violación de los derechos de un pueblo […] y haría insegura la autonomía de todos los Estados” (2016, p. 77)
Pero cuando una potencia extranjera se constituye en imperio, actúa como un poder que se arroga un derecho ilimitado. Se erige a sí misma en Dios; Se constituye en Dios, y como Dios no es otra cosa que su mismo poder considerado absolutamente libre (así escribe Spinoza), se sigue que ese imperio tiene naturalmente tanto derecho como poder y fuerza para existir y actuar. Su poder se transforma, así, en el derecho y el deber de intervenir. Es un poder paternal omnipotente que se atribuye la responsabilidad de proteger.
El liberalismo no se encuentra del todo en desacuerdo con esta lógica, pues existe una complicidad estructural con el capitalismo que “impide su proyecto”. Algunos comentaristas y profesores liberales las rechazan de palabra, pero soterradamente escriben en favor de las llamadas “intervenciones humanitarias”. Mientras la acción humanitaria es esencialmente neutral, desprovista de fines políticos y guiada por la benevolencia; la intervención no solo es una acción provocadora, sino en sí misma un acto de guerra encubierto. En su libro A punta de pistola: sueños democráticos e intervenciones armadas (2007), David Rieff afirma con claridad que intervenir por razones humanitarias significa, lisa y llanamente, ir a la guerra.
Estados Unidos ha desconocido reiteradamente el orden internacional y ha actuado en numerosas ocasiones sin el consentimiento, no ya del Consejo de Seguridad, sino incluso de su propio Congreso. Ha justificado guerras de agresión presentándolas como guerras preventivas contra el terrorismo o como recursos necesarios para proteger los derechos humanos. Danilo Zolo, en La justicia de los vencedores (2007), muestra la profunda parcialidad del orden internacional y revela cómo las grandes potencias políticas y militares gozan de completa impunidad por sus crímenes de guerra y sus guerras de agresión, mientras que los pueblos pobres, derrotados y oprimidos quedan sometidos a una condena segura dictada por la “justicia de los poderosos que han vencido”.
En su formulación esencial, es decir, según su concepto, Kant afirma que “la idea del derecho internacional presupone la existencia separada de muchos Estados vecinos, independientes unos de otros” (2016, p. 113). Esto implica que el orden internacional debe entenderse como una confederación de Estados que se asocian voluntariamente, y no como un Estado superior que se impone sobre los demás y los subsume. Un Estado que gobierne a todos los pueblos se convertiría en un poder supremo que reduce a la humanidad a un solo cuerpo político. Pero de lo que se trata, insiste Kant, es de “los pueblos en sus relaciones mutuas, en tanto que esos pueblos constituyen Estados distintos y no deben fundirse en un solo Estado” (p. 91).
En el proyecto jurídico-político del mundo moderno, Kant no es un adorno moral, sino un criterio normativo traicionado por la realidad histórica. El bombardeo a Venezuela y el quebrantamiento del orden internacional por parte del gobierno estadounidense presidido por Donald Trump fueron presentados como un hecho atípico, producto del exceso de un individuo arrebatado y megalómano que actuó como un intruso perturbando el buen funcionamiento de las cosas. La responsabilidad se descargó casi exclusivamente sobre la figura del presidente y del fanático ultraderechista Marco Rubio, a quienes se les acusó de estar desquiciando el “orden racional” que rige las relaciones entre Estados. Sin embargo, esta intervención, como último recurso, solo fue un acto político desesperado de Estados Unidos por actualizar su condición de potencia imperial mediante el uso de la fuerza militar en su vieja zona de influencia.
Es la política de intervención imperial la que hoy se impone a las naciones que no aceptan alinearse. Trump no actuó de manera gratuita: sabía que la ejecución de su plan dependía del clima de opinión que logró construir la propaganda internacional, repetida localmente por quienes aún se autodenominan demócratas y liberales. Incluso sectores progresistas y de izquierda reprodujeron torpemente el libreto según el cual el gobierno venezolano era insostenible y había que actuar con urgencia. El relato de Maduro que lo convertía en criminal y narcotraficante, y de Venezuela como dictadura, tiranía y régimen despótico, había calado suficientemente en la opinión pública. La destrucción moral y política, sumada a los bloqueos económicos, mediante la repetición sistemática de consignas propagandísticas, termina por minar las bases de cualquier gobierno.
En Colombia se intentó algo similar con Gustavo Petro: se buscó imponer el relato de que era un drogadicto, un narcotraficante, un inmoral y un indolente asociado con grupos criminales. Pero su gobierno es aún joven y está fortalecido, de modo que las tentativas por deslegitimarlo, derrocarlo o incluso eliminarlo fracasaron de manera evidente. Claro está: Colombia no posee los recursos petroleros de Venezuela, y el gobierno de Petro no es producto de una revolución, aunque esta se encuentre en curso. Venezuela es otra cosa.
Por su parte, María Corina Machado no mancilló su premio al entregarle la medalla del Nobel a Donald Trump: que le hubiera sido concedido a ella era, de por sí, una deshonra. El Comité Noruego del Nobel humilló a América Latina al convertir su reconocimiento en un acto político que validó y estimuló las invocaciones de Machado para que Estados Unidos amenazara a la región e invadiera a Venezuela. Trump actuó en consecuencia, convencido de que contaba con la autorización de instituciones internacionales de prestigio y con la opinión pública global para intervenir militarmente en el país vecino. Más allá de los gestos de vasallaje y postración de la impresentable Machado, ese “reconocimiento” no constituye un signo de distinción para ella, sino un motivo de descrédito para un premio que hoy se ha arrodillado ante el fascismo. Machado lo comprendió perfectamente, y por eso entregó la medalla a su verdadero destinatario.
La intervención se realizó como si con ella se enfrentara un peligro inminente que ya no admitía tentativas, experimentos, tanteos, dudas ni deliberaciones. Todo estaba dispuesto y aparentemente bien justificado para intervenir. ¿Y qué ocurrió? No hubo golpe de Estado. Estados Unidos no buscó derrocar al gobierno chavista para instalar en su lugar a la supuesta ganadora de las pasadas elecciones. Resulta llamativo que quien afirma haber sido despojada del triunfo electoral no cuente, según palabras de Trump, con el apoyo ni el respeto del país que pretende gobernar.
Trump usa a María Corina Machado mientras el imperio utiliza a Trump para cumplir sus fines. Estados Unidos recurre aquí a una vieja práctica política, magistralmente descrita por Maquiavelo en El príncipe. Allí relata cómo el cruel y astuto César Borgia, tras conquistar la Romaña, encomendó a un hombre expeditivo y violento —Ramiro de Orco— la tarea de “pacificar el territorio y reducirlo a la unidad”. El éxito de su misión le otorgó reputación a Borgia, quien pronto comprendió que los métodos excesivos de su servidor habían resultado odiosos. Para apaciguar los ánimos y recuperar el favor del pueblo, decidió mostrar que, si alguna crueldad se había cometido, no provenía de él, sino de la naturaleza feroz de su ministro. Acto seguido, lo ejecutó y expuso su cadáver en la plaza pública.
Trump es un caso instrumental, no una anomalía. Puede que no corra con una suerte similar a la de Orco, pero Estados Unidos utiliza su figura (la de un jefe de Estado atrabiliario, algo ignorante e “imprudente”) porque le sirve de fachada para satisfacer sus intereses. Como instrumento desechable del poder real, es probable que una vez cumpla su función, Trump sea juzgado, destituido o incluso eliminado, y entonces el imperio podrá restaurar el orden que él mismo interrumpió, presentándose ante el mundo como el defensor que salvó a la humanidad de un loco peligroso que puso en riesgo el orden democrático internacional.
David Rico Palacio
Foto tomada de: France 24
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