Muy difícil lo que viven los enfermos con el sistema de salud, e igualmente con leyes que privilegian los derechos para un solo lado de la sociedad: los trabajadores, desconociendo el tratamiento especial que deben tener personas afectados por algún severo evento en su salud.
Si en la reglamentación de la ley laboral no se amparan los derechos a una vida digna con una doble protección de la que habla la Constitución para personas con complejas patologías y además mayores de edad, es puro cuento, y se puede interpretar que las leyes en Colombia son para burlar los derechos de la gente que más lo necesita, pues algo tremendo hay en los genes de esta sociedad de la inequidad extrema, del abuso, la mala índole, con deberes y derechos parcelados por sectores que no conjugan unos con otros y que se traducen en atropellos desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo, por eso es una sociedad con precarias reglas que impide construir instituciones fuertes (léase reglas de juego que determinan la cohesión y los propósitos de una nación para articularse y conducir un proyecto colectivo de una sociedad avanzada, sostenible y justa) que amparadas por la ley pueden volverse enemigos de quienes abren las puertas y extienden la mano a quienes les prestan servicios.
No todas las personas, no todas las familias de Colombia pueden afrontar situaciones y asumir los “derechos” que amparan las leyes que miran a un solo lado, los derechos de unos, y la soledad, el abandono y el castigo para otros, sin importar si son personas afectadas por complejas patologías y su condición económica tiene un techo limitado. Dicen “es la ley” y como así es la ley, cumpla, porque la ley es la ley, y si no aténgase a la ley.
De tal manera, la reforma laboral progresista en su reglamentación debe incluir excepciones para que exista flexibilidad y equidad en la contratación de personal cuando el paciente no tienen condiciones suficientes, pero si necesidades inaplazables de asistencia, caso de personas con complejas patologías y recursos limitados.
No cabe ninguna teoría o interpretación que no ampare primero al paciente que se convierte en víctima. Si así están escritas las leyes, esas leyes son imperfectas, inflexibles e injustas, porque desconocen la situación de muchos que son miles y de pronto millones. Es otro fracaso de las leyes garantistas. Amparan a unos desprotegen a otros. El caso de un señor Uribe lleva trece años y no termina, por culpa del garantismo que hace sentir victimarios a las víctimas y a los victimarios los convierte en víctimas.
En un proyecto progresista la inflexibilidad no cabe. Debe haber en sus leyes contenidos para que cobije a todos y no excluya a algunos que son muchos. Por tanto, una sociedad progresista en construcción, debe ser flexible en sus leyes sobre todo cuando se trata de seres humanos a los que en vez de proteger se los pone en condiciones de vulnerabilidad e incertidumbre por culpa de las inflexibilidades jurídicas de una sociedad neoliberal de la inequidad y la injusticia.
Es un asunto de profunda discusión desde la filosofía política aplicada a las leyes y a los acuerdos institucionales incluyentes, los cuales definen alcances, avances o imperfecciones de un proyecto de cambio que se supone piensa en todos. Por lo tanto, en esa diversidad debe haber flexibilidad y equilibrio en la contratación de lo contrario se cometen injusticias porque cierra la puerta a grandes núcleos sociales que requieren que su singular situación sea atendida en lo jurídico y por el sistema de salud, según veremos a continuación.
La evidencia
Un paciente requiere servicio de auxiliar de enfermería las 24 horas. Por tutela, los turnos de día los cubre la Nueva EPS, y la paciente los turnos de la noche. Durante mucho tiempo vinculó personal con contratos a término indefinido. Sin embargo, la prima de fin de año la gastaba en pagar prestaciones sociales, porque también tenía que tener, por días, una persona para prestar los servicios de la casa.
Ante esta situación de estrechez, optó por contratar a las auxiliares de la noche bajo la modalidad de orden de prestación de servicios, conocidos como OPS, pagando honorarios muy por encima del salario mínimo, con el fin de diferir en el año el costo de las prestaciones sociales. La paciente explicó a las auxiliares la razón de este esquema, ellas aceptaron, y firmaron un contrato como OPS. Explico ahora lo ocurrido.
En el año 2022 el salario mínimo fue de $1.000.000 de pesos, y la paciente pagaba honorarios por un monto de $1.500.000, con lo cual difería las prestaciones en el año. Y el mismo esquema de pago lo usó en 2023 y 2024. En enero de 2025 una auxiliar dejó de prestar el servicio, y a los pocos días llegó con una citación a la inspección de trabajo reclamando la liquidación de las prestaciones sociales. Es decir, haber distribuido a lo largo del año las prestaciones sociales adaptada a una modalidad de OPS, fue un fracaso, porque la palabra, la lealtad y la gratitud volaron en mil pedazos y de esa manera se llevó el doble del valor de las prestaciones. La ley permite estos abusos, porque la ley es la ley y por encima de ella nada existe. Todo terminó en una audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo. Indignante por el garantismo aplicado en contra de una persona enferma de la tercera edad.
Así las cosas, en la práctica, en la realidad, esa auxiliar recibió el doble de prestaciones sociales. Mes a mes a lo largo de tres años, y al final otra liquidación por la ley laboral, ley de leyes. Un abuso que me atrevo a señalar como un robo premeditado dado que asaltó la buena fe de una persona en inferioridad de condiciones, lo cual no debería permitir la ley. Si la ley laboral de Uribe lo permitía, la ley laboral de Petro no puede permitirlo, de lo contrario el discurso de equidad, equilibrio, derechos y beneficios para todos, se convierte en mentira, porque en la práctica la justicia no se distribuye por igual para todos. El trabajador per sé no puede estar por encima de la persona enferma. Debe haber normas donde la flexibilidad ampara a unos y otros. Es lo que quiso hacer esta paciente con una retorcida e insensible auxiliar.
Si la reforma laboral no corrige en su reglamentación el derecho y las garantías para los pacientes sin afectar al trabajador, lo debe hacer la reforma a la salud, donde no solo se debe tener en cuenta las condiciones laborales del personal técnico y profesional, sino también de los pacientes, porque el mismo paciente que ilumina este artículo, también afronta el atropello del sistema de salud.
En 2024 la Nueva EPS, a través de la IPS Medicuc, dejó de prestar de manera continua el servicio de auxiliar en horario diurno, alegando que el gobierno no les gira, cuando está demostrado que les ha girado todo como lo acaba de decir la Corte Constitucional. Puesta en evidencia la desaparición de 33 billones de pesos por parte de las EPS (65 billones desde 2009 y una cifra en torno a los 100 billones desde 1994), el paciente de este caso también ha tenido que pagar la auxiliar con sus recursos que por tutela le corresponde cubrir a la EPS a través de la IPS. Las cuentas de cobro que ha presentado la paciente en lo que va de 2025, la EPS aún no las ha reembolsado.
La paciente hizo todo el trámite jurídico burocrático de poner queja y llegar al desacato para recuperar sus derechos constitucionales y legales. De nada sirvió por una pírrica sanción que puso la juez a la EPS. El 2 de febrero de 2025 salió el desacato a su favor, recién a mediados de abril la Nueva Eps y la IPS enviaron una auxiliar, y el 1 de julio volvieron a retirar el servicio. Entonces, está poniendo una acción de cumplimiento, que parece no sirve, porque puesto el desacato y al no acatarse, el paciente tiene que volver a poner queja (PQR) y nuevamente otro desacato. Preguntando a familiares de otras personas enfermas, me dijeron que se la pasan poniendo desacatos y más desacatos, y así se van los días, los meses, los años y la vida. Otra trampa de la salud negocio.
De esta manera, hay pacientes que por la ley laboral o por la ley de salud, están acorralados. No hay tal Constitución Nacional de los derechos y las garantías que sirva si en la práctica hay espacios sociales olvidados, marginados y atropellados. No le queda bien al presidente seguir enarbolando la bandera de coautoría de la constitución del 91 si en la vida real existen grandes núcleos sociales, reivindicados en su oratoria, que son atropellados por sustractores impunes de los recursos públicos, y por legisladores equivocados en sus visiones e ideología.
La reglamentación de la ley laboral debe incluir acuerdos laborales flexibles entre paciente y auxiliares, y si el gobierno no lo hace por la vía del ministerio de trabajo y de justicia, lo debe hacer la reforma de la salud, de lo contrario serán reformas injustas y parciales. Por supuesto que estos atropellos producto de vacíos legales, no le pasa por la cabeza a la derecha, porque son autores y protectores de la desigualdad y el atropello que trae el garantismo. Viven en otra sociedad, en otra economía, en otra idea de Estado, que no tiene al bienestar, a la ética, al conocimiento, a la justicia social, y a la equidad en el frente de sus posiciones políticas e ideológicas.
El caso que motivó este artículo raya en la maldad, tanto por la sujeta del daño emocional y económico como por los vacíos en las leyes que no amparan al paciente. Lo más sobrecogedor del caso es, que la paciente lucha todos los días por salir adelante con largas sesiones de fisioterapia, y una actitud de optimismo y esperanza que sobrecoge, se respeta y admira. Es un ejemplo de superación y vida. Le sugerí explorar acciones adicionales y buscar la manera de hacer llegar a la Corte Constitucional este caso que es de muchos ciudadanos y ciudadanas.
El Pacto Histórico debe estudiar esta realidad y ponerlo en la agenda de la reforma a la salud y en la reglamentación de la ley laboral. Hay unas mujeres maravillosas y hombres como Iván Cepeda y otros, que pueden y deben hacer la tarea, porque la paciente que motivó este texto es igualmente maravillosa, pero asaltada por una persona indeseable y afectada por unas leyes que no hacen justicia.
P.D. En Colombia todo el mundo debe tener abogado porque a veces no sirve el sentido común, la lógica y la ética.
Jaime Acosta Puertas
Foto tomada de: Infobae
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