Veamos entonces tres aspectos: uno, elementos del contenido del Proyecto de ley; dos la oportunidad de esta presentación; tres, el resultado probable del mismo en el Congreso.
Uno, el contenido: se trata de un Proyecto que pretende subsanar un vacío muy grande de la llamada ‘Paz Total’, la inexistencia de ningún marco jurídico claro; al inicio se confundió la prórroga de la 418 que viene desde el gobierno Samper y que todos los gobiernos la han prorrogado cada cuatro años y que en realidad solo autoriza al Presidente a conducir y dirigir contactos y/o conversaciones con estos grupos u organizaciones ilegales y las disposiciones necesarias para ello, pero en lo demás, como lo hemos mencionado lo que ha existido es incertidumbre acerca del punto de llegada y de las salidas jurídica. Por eso el proyecto se ocupa de dos grandes temas, las conversaciones y/o acuerdos con los denominados Grupos Armados Organizados -diferenciando los (GAO) de los (GAOML) y de las Estructuras Armadas Organizadas y Economías Ilícitas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI)-, “propone una hoja de ruta para enfrentar el conflicto armado y el crimen organizado desde la justicia, la verdad y la reparación”. La iniciativa legislativa plantea figuras procesales que han hecho parte del sistema de justicia transicional de la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, como los requisitos de elegibilidad; pena alternativa; enfoque de justicia restaurativa, contribución a la verdad y garantía de participación de las víctimas. Diferenciando los grupos a los que se les da un reconocimiento de carácter político y a las que denominan bandas criminales, aunque posteriormente esta distinción pareciera diluirse. Y agrega que no hay impunidad porque siempre habrá un mínimo de pena privativa de libertad. Y señala el ministerio de Justicia que el proyecto de ley fue avalado por el Consejo Superior de Política Criminal.
Sin embargo, los medios dieron a conocer desde el domingo anterior las objeciones que tiene el consejero comisionado de Paz -quien señaló que a esta iniciativa le falta más dialogo al interior de la rama judicial-, lo cual refleja, al parecer, que a dicho proyecto le falta consenso interno al interior del gobierno y del Estado; esto es un síntoma de lo que seguramente va a ser el debate en el Congreso. En igual sentido, de plantear objeciones frente a la iniciativa se manifestó una magistrada de la Corte Suprema, quien fue designada para tener la vocería frente a esa iniciativa. Considero que intentar mezclar en una misma iniciativa legislativa lo relacionado con las organizaciones insurgentes y las derivadas de los antiguos grupos paramilitares y del crimen organizado, no parece ser una buena idea.
Si bien es especulativo ocuparse de una temática que apenas va a ser objeto de debate en el Congreso -no sabemos finalmente cómo quede, si es que es aprobado- tiene tres temas problemáticos, uno, la posibilidad de que los miembros de estos grupos puedan quedarse hasta con el 12% de los recursos – pero se ha señalado en casos parecidos del pasado, que podría llegar a ser un incentivo para que durante el tiempo de suscripción de los acuerdos y trámites legislativos correspondientes, se amplifique el espectro criminal para dar mayor recaudo a ese porcentaje producto de la actividad criminal-; dos, la obligatoriedad de una pena privativa de libertad -en lo cual se asemeja a la Ley de Justicia y Paz-; tres, involucra una opción para quienes habiendo sido firmantes del Acuerdo de La Habana lo incumplieron y puedan volver a obtener beneficios penales.
Adicionalmente se ocupa el Proyecto de los condenados o juzgados por haber sido parte de la Primera Línea o de formas de protesta social. Al respecto, considero que este tema de las llamadas Primeras Líneas que terminaron involucrados en prácticas u ocasiones violatorios de la ley o en los casos del ejercicio del derecho a la protesta social que igualmente pueda derivar en ese sentido, debería elaborarse un Proyecto de Ley autónomo, por cuanto la temática lo amerita y porque a futuro pueden volverse a presentar situaciones conflictivas similares en las cuales debería estar más claro el ámbito regulatorio. Entiendo la premura del gobierno de tratar de dar respuestas positivas a personas que están condenadas o enjuiciadas por el llamado ‘estallido social’, pero me parece que no es lo adecuado que este tema se coloque como apéndice de esta problemática de búsqueda de desmovilización de grupos armados ilegales.
Dos, la oportunidad de la presentación del Proyecto de Ley, podríamos decir con un adagio popular, ‘más vale tarde que nunca’, porque es evidente que hasta el momento los funcionarios del gobierno encargados de las diferentes mesas de conversaciones, tuvieron que andar sin una brújula clara y sin ningún derrotero jurídico; bueno, todavía no lo hay, porque si el Proyecto no llegara a ser aprobado por el Congreso, no sabríamos cuál sería el resultado final, desde la perspectiva jurídica, de las distintas mesa con las que se está conversando o haciendo aproximaciones. En el caso de los grupos con los cuales los acercamientos están en su fase inicial la posibilidad de que la norma legislativa fuera un incentivo para un acercamiento o ‘negociación’, no va a funcionar en ese sentido; al parecer es lo que sucede con el grupo de crimen organizado más importante por el número de sus miembros y de mayor complejidad, por cuanto recoge herencias de miembros de las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL) y de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), el llamado inicialmente el Clan del Golfo y ahora autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y algo parecido parece ser el caso de las llamadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
Entonces, debemos decir que si bien hay que reconocer el deseo de subsanar un vacío con el que ha transitado este gobierno, en una de sus políticas emblemáticas, la de la ‘Paz Total’, hay que señalar que como implica un debate y aprobación en el Congreso, cuando se está empezando la campaña electoral y los congresistas están con esa prioridad en sus preocupaciones y el gobierno ya está con el sol a sus espaldas y tratando de que le saquen adelante iniciativas como el Presupuesto del 2026, la reforma a la salud y otras, no es fácil que ésta vaya a ser prioritaria para los congresistas.
Tercero, lo anterior nos diría que lo más probable, con lo que acabamos de mencionar, es que esta iniciativa no tenga un buen resultado en esta legislatura -podía ser considerada quizá en la primera parte del 2026- y por consiguiente, siendo optimistas, allí podría ser aprobada -sin saber con qué tipo de modificaciones que le puedan introducir los congresistas-, con lo cual podríamos decir que la incertidumbre va a acompañar esta temática hasta el final del mandato.
Alejo Vargas Velásquez, Investigador en temas de Paz, Seguridad y Defensa, Profesor Titular Universidad Nacional – Investigador Emérito de Min Ciencias.
Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia
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