La reciente sentencia condenatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno y fraude procesal ha marcado un hito en la historia judicial y política de Colombia. No solo por tratarse del primer juicio de esta naturaleza contra una figura de semejante peso político y simbólico, sino por el modo en que se ha desatado una reacción sistemática y virulenta por parte de sectores de derecha, apuntando no tanto al contenido del fallo como a la figura de quien lo emitió: una jueza.
Si bien el juicio se desarrolló conforme a los principios del debido proceso y la jueza Sandra Heredia ofreció una exposición detallada de las pruebas durante más de once horas, las reacciones no se centraron en un debate técnico sobre los argumentos jurídicos. Por el contrario, el foco de sectores políticos de derecha —vinculados históricamente al uribismo— ha estado en desacreditar a la jueza, poner en duda su idoneidad, y sugerir parcialidad o falta de independencia, sin aportar fundamentos jurídicos que desvirtúen los hechos y pruebas procesales.
La reacción no es nueva, pero sí reveladora. En lugar de debatir los hechos probados durante el juicio el ataque se ha dirigido contra su capacidad, su independencia y su legitimidad. El mensaje implícito es claro: para estos sectores, una mujer no debería tener el poder de juzgar a un hombre como Uribe. Este ataque, lejos de ser solamente una estrategia de defensa política, reproduce una lógica profundamente patriarcal en la que el ejercicio del poder judicial por parte de una mujer, especialmente cuando este toca a figuras del poder tradicional, se convierte en una afrenta.
El hecho de que sea una mujer quien dicta una sentencia adversa contra un hombre históricamente considerado “intocable” por su peso político y simbólico, convierte su ejercicio judicial en una forma de transgresión. No se cuestiona solamente el fallo, sino la legitimidad misma de su autoridad. En este sentido, las reacciones contra la jueza deben entenderse como un mecanismo de disciplina simbólica: un mensaje dirigido no solo a ella, sino a todas las mujeres que ocupan espacios de poder en el Estado. El discurso de la derecha no solo busca defender a Uribe: busca mandar un mensaje disciplinador a todas las mujeres que ocupan posiciones de poder que indica que si alguna se atreve a actuar contra el patriarcado político, será deslegitimada públicamente.
Uribe, figura central del uribismo, ha sido por décadas un símbolo de la derecha política y económica del país. El hecho de que el aparato judicial, tras años de bloqueos e interferencias, haya podido avanzar en su caso, y que el fallo provenga de una jueza, representa una amenaza directa al pacto de impunidad que tradicionalmente ha protegido a las élites en Colombia. En este contexto, atacar a la jueza se convierte en un modo de minar la credibilidad del sistema judicial cuando este se emancipa de los intereses políticos.
Estas reacciones, entonces, son parte de una estrategia doble: política y patriarcal. Política, porque busca proteger al líder de una corriente que se considera dueña del país. Patriarcal, porque ataca a la jueza como mujer que encarna una justicia que rompe con el viejo orden. La justicia impartida por una mujer a un hombre poderoso es, en este caso, doblemente subversiva.
No es Colombia el único caso en el que se deslegitima a las mujeres juezas apelando a la validación del rol tradicional de género como la única verdad. En otras latitudes han sucedido casos semejantes. Veamos algunos ejemplos:
Carmen María Argibay[1] quien fue la primera mujer en ascender a la Corte Suprema de Argentina, nombrada durante un gobierno democrático fue cuestionada por su ateísmo, apoyo al aborto legal y por no cumplir con estereotipos tradicionales de la feminidad (“una mujer sin hijos, no representativa”) Recibió por ellos ataques de sectores conservadores y religiosos que pretendían desacreditar su imparcialidad ideológica; 2) Rosemary Barkett[2] Nombrada en la corte de apelaciones del 11º circuito de Estados Unidos por el presidente Clinton, fue duramente criticada por senadores conservadores por supuesta laxitud frente al crimen, en particular por sus posturas contra la pena de muerte quienes usaron su posición sobre justicia criminal para construir una narrativa de incompetencia o parcialidad ideológica; 3) Penny J. White[3] Considerada defensora de la independencia judicial en Tennessee (EE.UU) fue removida de su cargo tras una elección de retención que se produce cuando la mayoría de los votos se emiten en su contra. Según académicos, su fallo en casos sensibles motivó ataques políticos que llevaron a su salida, generando un efecto disuasivo para otras juezas independientes 4) Pratibha Rani[4] Jueza del Tribunal Superior de Delhi, (India) en casos muy mediáticos que generaron controversia. Le criticaron por usar referencias culturales y abordar temas sexuales con un enfoque considerado “exótico” o inapropiado por sectores conservadores, intentando desacreditarla más por su estilo que por su legalidad.
Podríamos abundar en ejemplos de casos en el mundo en los que, como a la juez Heredia de Colombia, se le cuestiona por su supuesta incapacidad con un trasfondo profundamente machista, llegando a afirmar algunos que la citada jueza no pudo haber escrito ese fallo que condenó a su caudillo y patrón.
En muchos países de Latinoamérica, la presencia de mujeres en las altas cortes es menor al 30 %, y cuando asumen posiciones visibles, enfrentan estereotipos que rebajan su autoridad o sugieren falta de preparación técnica propia del rol masculino dominante[5]
2. Silencio de las altas cortes: complicidad institucional o cálculo político
Resulta especialmente problemático que, frente a estas reacciones, los presidentes de las altas cortes colombianas hayan guardado silencio, omitiendo un pronunciamiento firme en defensa de la jueza, de su independencia judicial, y del principio de separación de poderes. En un contexto donde los ataques no son meramente discursivos, sino que buscan erosionar la legitimidad de las decisiones judiciales cuando estas no son funcionales al poder político y, sin duda, ponen en riesgo la vida e integridad de una operadora judicial, el silencio institucional puede leerse como una forma de complicidad tácita o de cálculo estratégico frente a la presión de los sectores hegemónicos.
Adicionalmente, la ausencia de un pronunciamiento explícito erosiona la percepción de neutralidad del sistema judicial colombiano y contribuye a la percepción de que la justicia sigue operando bajo lógicas de poder y no de legalidad.
Esto revela también el modo en que las mujeres pueden ser abandonadas por las estructuras del Estado incluso cuando actúan dentro de sus marcos normativos, especialmente si su ejercicio del poder desafía al orden patriarcal
3. Injerencia internacional: Estados Unidos y la narrativa del lawfare
A este panorama se suma la reacción de algunas autoridades estadounidenses, quienes han señalado que el proceso contra Uribe es de naturaleza “política” y no jurídica. El secretario de estado Marco Rubio y congresistas como Bernie Moreno, Mario Díaz‑Balart, Carlos Giménez y Ashley Moody calificaron el proceso judicial como un montaje político, una “persecución”, un “juicio simulado” o una “cacería de brujas”[6]. Marco Rubio sostuvo que el fallo sienta un “precedente preocupante” al sugerir que la justicia se ha instrumentalizado por “jueces radicales”.
Además de la inadmisible injerencia directa en los asuntos internos de Colombia estas intervenciones constituyen una forma de presión geopolítica que afecta la soberanía judicial del país toda vez que refuerzan una lógica colonial en la que ciertos actores externos, se sienten con la autoridad de validar o invalidar procesos judiciales en el Sur Global, especialmente cuando estos afectan intereses o aliados políticos estratégicos. La narrativa de que el juicio es “político” busca deslegitimar el sistema judicial colombiano cuando actúa de manera autónoma frente a figuras con poder transnacional.
Esta indebida injerencia debilita el Estado de Derecho al insinuar que la justicia solo es válida cuando absuelve a quienes gozan del favor del poder internacional. Además, reproduce patrones coloniales en la que la racionalidad jurídica del Sur es siempre sospechosa, mientras que la del Norte se presenta como neutral, objetiva y legítima.
4. Más allá del fallo, lo que está en disputa es el poder
Lo que está en juego en este proceso no es solamente la situación jurídica de un expresidente. Está en disputa la capacidad del Estado colombiano para aplicar justicia más allá de los límites que históricamente ha impuesto el poder político y económico. Está en disputa el derecho de las mujeres a ocupar espacios de autoridad sin ser deslegitimadas por su género. Y está en disputa la soberanía institucional del país frente a presiones externas que buscan subordinar el derecho a la geopolítica.
En este sentido, defender a la jueza no es simplemente un acto de solidaridad personal o gremial. Es una defensa del principio de igualdad ante la ley, de la independencia judicial, y de la posibilidad de construir un orden institucional donde el género y el poder político no definan la justicia. A más de ello el rechazo a la atrevida injerencia estadounidense es urgente, pues es un ataque a la soberanía nacional y quienes lo promueven desde la derecha colombiana, como el señor Francisco Santos, pueden estar incursos en el delito de traición a la patria[7]
Además, el fallo representa una ruptura simbólica: muestra que el poder político, aunque poderoso, bien conectado y protegido durante años, finalmente puede ser sometido a la justicia. Es un llamado a repensar las formas de impunidad histórica en Colombia y a valorar el avance institucional cuando se aleja del favoritismo político anterior.
La condena emitida contra Álvaro Uribe por parte de la jueza Sandra Heredia simboliza un momento crítico en la historia institucional de Colombia. No solo define un acto jurídico, sino que redefine el equilibrio del poder político frente a la justicia, implicando un cambio de paradigma: por primera vez, un expresidente es juzgado desde la autonomía judicial, y esa sentencia proviene de una mujer cuyo ejercicio profesional ha sido sistemáticamente atacado por una estructura política y simbólica que se resiste a perder su impunidad histórica.
Finalmente, es necesario enfatizar en que el caso excede el plano individual. En su resolución y en la manera como se habla de él, está en juego el derecho de las mujeres a ejercer plenamente la autoridad judicial sin ser deslegitimadas por su género, la capacidad del Estado colombiano de proteger a operadores judiciales valientes, y la posibilidad de construir una democracia donde el género y la preeminencia económica no definan quién puede o no, rendir cuentas ante la ley.
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[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_Mar%C3%ADa_Argibay
[2]https://www.google.com/search?q=Rosemary+Barkett&rlz=1C5CHFA_enCO1089CO1089&oq=Rosemary+Barkett&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyDggAEEUYExg5GOMCGIAEMgkIARAuGBMYgAQyCggCEAAYExgWGB4yCggDEAAYExgWGB4yBwgEEAAY7wUyCggFEAAYgAQYogQyCggGEAAYgAQYogQyBwgHEAAY7wXSAQkxMDM3MGowajSoAgCwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8
[3]https://www.google.com/search?q=Penny+J.+White&rlz=1C5CHFA_enCO1089CO1089&oq=Penny+J.+White&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIICAEQABgWGB4yCAgCEAAYFhgeMggIAxAAGBYYHjIHCAQQABjvBTIHCAUQABjvBTIHCAYQABjvBTIHCAcQABjvBdIBCDk2MDBqMGo5qAIIsAIB8QUeyNL9AZ43KvEFHsjS_QGeNyo&sourceid=chrome&ie=UTF-8
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Pratibha_Rani
[5] https://www.ipsnews.net/2003/08/latin-america-women-scale-the-hierarchies-of-justice/?utm_source=chatgpt.com
[6] https://elpais.com/internacional/2025-07-29/marco-rubio-denuncia-la-instrumentalizacion-de-la-justicia-colombiana-en-el-veredicto-de-culpabilidad-del-expresidente-uribe.html?utm_source=chatgpt.com
[7] Código Penal Art. 111. – Menoscabo de la integridad nacional. El que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de la República, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado Soberano, o a fraccionar la unidad nacional, incurrirá en prisión de veinte a treinta años.
Art. 111. – Menoscabo de la integridad nacional. El que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de la República, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado Soberano, o a fraccionar la unidad nacional, incurrirá en prisión de veinte a treinta años.
María Consuelo del Río Mantilla, Vicepresidenta Corporación Sur, Presidenta Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad LIMPAL.
Foto tomada de: Cambio Colombia
Estimada Dra. María Consuelo del Río Mantilla,
He leído con gran interés su artículo publicado en la Revista Sur, el cual, con el debido permiso de su parte comparto y respaldo. Agradezco el espacio para la reflexión que propone, espacio que, con gusto ocupo.
Desde mi perspectiva de ciudadano común y corriente, y con el debido respeto por su análisis, me permito compartir sus reflexiones que, estoy seguro, son compartidas por los colombianos moral y patrióticamente íntegros.
En Colombia, nuestra Constitución Política es la brújula que orienta la vida institucional y social. Como ciudadanos, depositamos nuestra plena confianza en esta norma fundamental y, por extensión, en la independencia de los tres poderes públicos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Es precisamente esta separación de poderes la que garantiza el equilibrio y la vigencia del Estado de derecho.
Por ello, considero que el fallo reciente o sentencia condenatoria que le correspondió administrar de parte de la Justicia en Colombia por la señora Juez Sandra Heredia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno y fraude procesal, como cualquier otra decisión judicial, DEBE SER ACATADO Y RESPETADO. El Poder Judicial debe tener la autonomía necesaria para impartir justicia sin presiones, sin importar la figura pública de la que se trate.
Sin embargo, mi principal preocupación se centra en las voces de injerencia que provienen del exterior. Si bien valoramos los acuerdos internacionales que buscan salvaguardar los derechos humanos y proteger el medio ambiente, es mi firme convicción que debemos rechazar todo tipo de cuestionamiento o amenaza de origen extranjero que pretenda influir en las decisiones soberanas de nuestras instituciones. La defensa de la soberanía nacional es un deber de todos los colombianos, y nuestras leyes y tribunales deben ser los únicos árbitros en los asuntos internos del país.
Mi esperanza, y la de muchos como yo, es que la justicia colombiana prevalezca, no por el respaldo de unos u otros, sino por el estricto cumplimiento de la ley, el respeto por los principios democráticos y la firme férrea defensa de nuestra soberanía nacional.
Atentamente,
JAIME GUILLERMO HOYOS CELY
Veedor Ciudadano