La democracia puede deteriorarse incluso desde sus propias instituciones. Un gobernante elegido puede utilizar mecanismos técnicamente legales, romper normas democráticas y restringir progresivamente derechos y espacios de participación. A esto se suman la desigualdad, el poder económico sobre las decisiones políticas y distintas formas de violencia que ya no se limitan a los conflictos armados, se extienden al tecno fascismo.
Este panorama fue planteado por investigadores de las universidades de Yale y Bedfordshire, y de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, reunidos en el Seminario Internacional “Colombia y el Mundo: Violencia, Democracia y Paz”, organizado por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) entre el 28 y el 30 de septiembre de 2026.
Una de las cifras que dimensiona el problema fue presentada por Elisabeth Wood, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Yale, a partir de datos de 2025 del proyecto Variedades de la Democracia (V-Dem), elaborado por la Universidad de Gotemburgo, en Suecia. Según esta medición, casi tres cuartas partes de la población mundial viven en autocracias y solo el 7 % en democracias liberales.
Los datos muestran además que Estados Unidos perdió por primera vez en 50 años su estatus de democracia liberal y que su deterioro ha sido más rápido que el registrado en Hungría y Turquía.
La profesora Wood explicó que “muchas de las herramientas utilizadas en procesos de erosión democrática pueden ser técnicamente legales y aplicadas por líderes elegidos popularmente, aunque terminen debilitando las normas sobre las que funciona una democracia. En muchos de estos procesos, también se registran actos de violencia contra la oposición política y cívica.
Buena parte de los episodios de la denominada tercera ola de autocratización se han revertido, como ocurrió en Polonia y Brasil (en la transición entre Bolsonaro y Lula). Las desigualdades y la polarización provocan la erosión de la democracia, con la caída de la libertad académica con censura, vigilancia, presión política del Estado, perdida de igualdades y represión en contra de los periodistas y de las voces disidentes como forma de perdida de la libertad de expresión.
Mira la destrucción de Usaid y del Instituto de Paz en EEUU por parte del magnate Musk.
Es preocupante el ensuciamiento de las críticas y la marginalización del Congreso de EEUU, Trump justifica el Estado de Guerra sin el consentimiento del Congreso de EEUU y así Trump provoca las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe, la persecución de ICE en contra de los migrantes como estrategia de normalización de las violencias, favoreciendo los intereses económicos de las elites y así provocan el aumento de las desigualdades en EEUU.
Estamos ante una ola mundial de gobiernos tecnocráticos, del tecno feudalismo y necesitamos de los cambios de enfoque, con la oposición política unificada, con mass-media independientes, con protestas masivas, sostenidas, NO-Violentas, continuadas de la sociedad civil activa (como hemos demostrado a nivel global con la oposición a la guerra en Irak en 2003).
Frente a esta ola mundial de esta preocupante erosión de la democracia a nivel global, debemos pensar como revertir y erosionar el poder, para reconstruir la democracia verdadera, también aquí en Colombia”, concluyo la profesora de Yale University, Elizabeth Wood.
Durante la instalación del día 28 de septiembre de 2026, el rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña destacó al Iepri como una de las contribuciones intelectuales de la Universidad para comprender a Colombia y su relación con el mundo.
“Hoy no celebramos solo cuatro décadas, sino una forma de hacer ciencia social rigurosa, interdisciplinaria y pública. Una ciencia que plantea preguntas complejas a problemas complejos”, afirmó. Según el rector, el Instituto Iepri “nunca separó el rigor académico de la responsabilidad pública”.
La periodista Lariza Pizano, analizó en un artículo del Espectador, del día 04de octubre de 2026 que “El Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional cumple 40 años bien cumplidos. Desde su creación, impulsada por Marco Palacios y Francisco Leal, ha buscado explicaciones profundas sobre la tragedia colombiana. Sus hitos comenzaron en 1987 cuando, liderando la pionera Comisión de Estudios sobre la Violencia, abrió un camino de interlocución entre academia y Estado.
El método cuenta. En los espacios de argumentación semanal, y que Eduardo Pizarro bautizó “Gólgotas”, los investigadores se acostumbraron a sustentar sus textos con evidencias. Desde entonces, los profes, muchos de los cuales fueron llamados violentólogos, pusieron en aprietos a lugares comunes como: la pobreza como explicación de la violencia, la crisis perpetua y la nostalgia de que todo tiempo pasado fue mejor. Francisco Gutiérrez, uno de ellos, columnista de este diario de El Espectador, ha demostrado la necesidad académica de pensar por fuera de la caja. Ejemplo de ello es su cuestionamiento a la idea de “voto de opinión”. En una columna de 2022 señaló que el triunfo de Petro expresó una voz popular, un movimiento con sus propias razones y que no había encontrado representación adecuada en el pasado.
Cinco años antes, una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, publicada por Semana, encontró que el 42 % de los consultados del estrato 6 escogía candidatos por beneficios particulares: el mayor porcentaje de voto “interesado” entre los estratos. Como Gutiérrez, los datos sostienen que clientelismo no es ni patrimonio popular ni tan irracional como se cree. La cercanía al Estado y la conservación de privilegios merecen tanto análisis como los mercados, las tejas y las tradiciones sobrevinientes al racismo, al clasismo o al caudillismo, sabiamente estudiado por Gonzalo Sánchez, también profe del Instituto.
Otro lugar común que ha cuestionado el IEPRI es el de considerar a Colombia una democracia ejemplar. Desde ahí se ha argumentado la coexistencia de una “democracia electoral” y una represión devastadora. Ni democracia plena y feliz, como la presentan políticos y registradores, ni una historia en la que las armas hayan borrado todas las conquistas democráticas”, concluyo Larissa Pisano.
Laura Bonilla: “Los grupos armados se van a preparar para el despliegue militar, incluso con mayor acceso a armas no convencionales, lo que resultará en mayores afectaciones a la población civil”
Al referirse al enfoque del actual Gobierno nacional, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), consideró que la acción militar no elimina la necesidad de construir mecanismos de negociación y una política clara de sometimiento a la justicia. “El gobierno dice: ‘voy a hacer la guerra en todos los tableros y al mismo tiempo’. Esto es inviable: va a generar mayor presión sobre las fuerzas armadas, violaciones a los derechos humanos, presión por capturas y un relajamiento de las normas de la democracia”, afirmó.
Bonilla subrayó que el ciclo de violencia actual difiere del de décadas atrás: es más rápido, con más focos de actores armados y reclutamiento sin formación política. “Los grupos armados no son estáticos; se van a preparar para el despliegue militar, incluso con mayor acceso a armas no convencionales, lo que resultará en mayores afectaciones a la población civil”, señaló.
Laura Bonilla – respondiendo a una pregunta sobre las perspectivas futuras de los próximos dos años – ha agregado que “puede haber una militarización de las ciudades y la agresión a la sociedad civil para enfrentar el “capital armado” de los grupos armados ilegales y el reclutamiento de adolescentes y jóvenes considerados de forma cruel como “desechables”. Hago un llamado al campo democrático: debemos prepararnos porque Colombia necesita de nuevas negociaciones de paz frente a la mano dura de Espriella, debemos priorizar y dar espacio a la sociedad civil organizada a nivel territorial, en tiempos autoritarios”, concluyo Laura Bonilla.
El profesor Gustavo Duncan ha enfatizado que “de la Espriella está en contra del plebiscito sobre los acuerdos de paz de 2016, pero reconozco las buenas intenciones del presidente Petro sobre el perdón social, que ha entendido que los lavadores del capital del narcotráfico, tienen más influencia en la política, como el caso de Papa Pitufo.
Colombia pasó de 40.000 hectáreas a casi 300.000 hectáreas sembradas de coca, y no aumento la violencia. Seguimos matándonos como antes: ¿cómo interpretar el orden civilizatorio hoy vigente en Colombia?”, preguntó Duncan.
Armando Novoa: “¿Porque de la Espriella y los mass-media no cuentan que 30 campesinos cocaleros han sido asesinatos por Drones del Estado, de las Fuerzas armadas, con el uso del Napalm, como fue en Vietnam?”
La intervención de Armando Novoa – jefe negociador del Gobierno con la Segunda Marquetalia y destacado jurista – ha ofrecido varios elementos interpretativos de la política del gobierno del presidente Petro para salvar vidas a través del dialogo, afirmando que “entre 2024 y 2025 logramos una gran disminución de la violencia y reducción del 50% de homicidios en Putumayo y en Nariño.
Logramos un acuerdo de dejación de armas de 100 guerrilleros de Comuneros del Sur, en Nariño. Pero ahora De la Espriella nos tilda de “Cartel de la paz total, de ser auxiliadores del narco terrorismo. Es absurdo.
Hay nuevas características de la nueva ola de violencias en Colombia, hay dificultades conceptuales por el fraccionamiento de grupos contra estatales, relacionados a la economía criminal y el cultivo ilícito de coca.
Con el presidente Petro, hemos trabajado en tres rutas y logramos salvar muchas vidas: trabajamos en el desescalamiento de la violencia. En el desarrollo económico y social de los territorios y trabajamos en el tránsito a la vida civil de los guerrilleros, para enfrentar una gobernanza criminal hibrida, enfocada más en la búsqueda de poder, que en la ideología.
Logramos la destrucción de 15 toneladas de material de guerra entregados por el Comando del Sur.
La Gobernación de Nariño (Luis Alfonso Escobar Jaramillo es el gobernador elegido por el Pacto Histórico 2024-2027) señaló que el año 2025 fue el más pacífico luego de dos décadas”
Logramos reducir los homicidios de la guerra, salvamos muchas vidas en 2025, pero ahora Espriella quiere silenciarnos, dijo que la Paz Total fue un fracaso total. ¿Porque ahora quieren silenciarnos?
Desde el mes de agosto de 2026 (el gobierno Petro terminó el día 6 de agosto), 30 Campesinos cocaleros han sido asesinatos por Drones del Estado, de las Fuerzas armadas, con el uso del Napalm, como fue en Vietnam. Están las fotos de como el napalm destruye los cuerpos, las caras son irreconocibles. ¿Porque los medios de comunicación no lo cuentan?”, concluyo Armando Novoa.
El profesor de derecho de Unal, Mario Aguilera ha preguntado: “para donde va el dinero que recogen en los retenes y en la extorsión y en la economía criminal? La primera razón es para reproducir y sostener al aparato militar. La segunda razón es relacionada con el delito político de organizaciones criminales para cambiar el orden social. Considerando que la disidencia de las farc es política, el dinero es aprovechado por un proyecto político de las organizaciones criminales, por la gobernanza criminal a través de la fuerza y del consenso, a través del miedo y el control, estas estructuras tienen el control territorial y a la gente le toca obedecer. Es el poder del dinero”, concluyo Mario Aguilera.
El profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y presidente Relator del Grupo de Campesinos y otras personas que Trabajan en áreas rurales de los procedimientos especiales de la ONU (https://vertov14.wordpress.com/ ) Carlos Arturo Duarte ha subrayado que “Tierras con desarrollo rural y con justicia son herramientas de formalización y jurisdicción agraria. El nuevo ministro de Agricultura tildó de despectiva la palabra “campesino” para cambiarla por “pequeño empresario”.
¿Qué propone Abelardo de la Espriella para el 2026? Nuestro nuevo estudio académico “Compromisos y propuestas”, coescrito con Alejandra Quintero y Carlos A. Salgado, evidencia un giro discursivo sustancial: se prioriza el control legal, la justicia y el fortalecimiento institucional por encima de la agenda social tradicional de los anteriores mandatos colombianos.
Gustavo Duncan: “el precio de la civilización consiste en que la protección del narcotráfico pasó a manos del Estado”
Gustavo Duncan es profesor titular de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de la Universidad EAFIT e hizo parte del grupo de expertos, académicos e historiadores que integraron la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.
Entre sus publicaciones se encuentran los libros ‘Más que plata o plomo’, ‘Los señores de la guerra’, ‘Democracia feroz’, ‘Operación Sodoma’ y ‘Volver a ser Elda: Una biografía íntima de alias Karina’.
La intervención en el Iepri del profesor Gustavo Duncan ofrece importantes elementos interpretativos sobre el precio de la civilización: una historia del narcotráfico en el conflicto y la política en Colombia, temas que ha profundizado en una conversación de mayo de 2026, con el grupo de Políticas Públicas (https://politicaspublicas.com.co/una-historia-del-narcotrafico/).
El profesor Gustavo Duncan ha analizado que “hay una gran paradoja, contraintuitiva: Los homicidios y la violencia decrecen, pero la producción de cocaína se dispara. La relación entre narcotráfico y violencia no es lineal, es más compleja.
Durante el conflicto armado, el Estado colombiano logró civilizar la violencia a costa de la distorsión de las instituciones democráticas (representación y corrupción): eso es el precio de la civilización.
Para demostrarlo hago uso de una teoría de cómo y cuándo el narcotráfico reconfigura el poder político (estatal y no estatal). Una hipótesis acerca de cómo evolucionó la relación entre narcotráfico y conflicto.
Partamos de una premisa (Marx y Weber) sobre la economía política del narcotráfico: en el capitalismo racional el capitalista asume el grueso de los riesgos. Se apropia de una parte del valor agregado del trabajador.
En el capitalismo del narco ocurre la apropiación del valor agregado producido por un riesgo. El riesgo sobrepasa lo económico, incluye la eliminación física, la expropiación, la prisión, etc.
Las principales fuentes del riesgo del narcotráfico son el Estado y los grupos armados irregulares. Pero, a la vez, son las principales fuentes de protección para mitigar los riesgos.
Una distinción importante es la existencia de poder social: existe poder social si la oferta de protección al narcotráfico influye en las decisiones acerca de quién actúa como autoridad en la sociedad, cómo se gobierna y cómo se define el orden social. El poder social es, en esencia, poder político. Cuanto mayor sea la influencia en la decisión sobre quién, cómo se gobierna y cómo se define el orden social, mayor será el poder social. A mayor poder social mayor poder político.
- La clandestinidad funciona hasta determinados volúmenes y operaciones, después de eso la protección es necesaria.
- La protección de las autoridades estatales proviene de políticos y funcionarios públicos en distintos niveles de gobierno. Tiene tres instancias: el soborno para permitir operaciones, la focalización de la represión contra los competidores, el control del negocio por parte de políticos y autoridades estatales (recuerde a Noriega).
- La protección no estatal proviene de distintos tipos de organizaciones armadas: Mafias y carteles (territoriales, pero también capaces de controlar transacciones a larga distancia), ejércitos privados (señores de la guerra, paramilitares), insurgencias (ejércitos revolucionarios). Recientemente, el crimen organizado en las ciudades no es vinculado al tráfico internacional.
Sin embargo, gobernar sociedades es mucho más complejo que gobernar el narcotráfico. El poder social no se concibe sólo para gobernar el narcotráfico. Las agendas de las organizaciones de poder político (estatal y no estatal) rebasan las necesidades de los
narcotraficantes. Ejemplos: presidentes que recibieron financiación del narcotráfico (1982 y 1994), las Farc (la toma del poder nacional, y la Auc.
¿Cómo han evolucionado los efectos políticos del narcotráfico en Colombia (conflicto y no conflicto)?
A partir de principios de los años ‘80, surgen los carteles (financiación masiva de campañas/dineros calientes), surgen las guerrillas escalan la guerra hacia zonas integradas. La periferia se torna importante como espacio de producción y tráfico de drogas (potencian las guerrillas). Surgen la guerra de Pablo Escobar (cfr. Una lectura política de Pablo Escobar – Co-herencia vol.10 no.19 Medellín July/Dec. 2013 – http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-58872013000200009), contra el Estado. Siempre en los años 80 surgen los paramilitares (guerra entre guerrillas y narcotraficantes).
Durante los 90s hay varios eventos importantes: la Constitución de 1991 (gana Escobar, luego pierde con los Pepes), el final de los carteles citadinos a mediados de los 90s (proceso 8000), el boom de los cultivos ilícitos, las Farc pasan de guerra de guerrillas a guerras de movimientos (proceso de paz del Caguán), y surgen las AUC luego de un complejo proceso (1990 – 1994 – 1997
Finalmente, entre 2001 y 2016: la clase política (la misma de la parapolítica) desmoviliza las AUC. Las Farc son derrotadas estratégicamente. Proceso de paz de La Habana. La gran conclusión es que el narcotráfico y la amenaza insurgente obligaron al estado a expandirse a lo largo del territorio. Si se compara con sus capacidades a mediados de los 70s las diferencias son evidentes: Se civiliza la violencia (en palabras de los propios actores armados)”, señalo el profesor Duncan.
Duncan destacó la paradoja entre el aumento de la producción de cocaína y la disminución de la violencia en el país. Explicó cómo el narcotráfico ha reconfigurado el poder político y cómo, a su juicio, Colombia logró “civilizar” la violencia mediante procesos de paz con diferentes actores armados, aunque a costa de distorsionar las instituciones democráticas y aumentar la corrupción. Agregó que el Estado también logro “civilizar” la violencia por la fuerza neutralizando los actores más violentos.
Las principales fuentes de riesgo para el narcotráfico son el Estado y los grupos armados irregulares, que paradójicamente también se convierten en sus principales proveedores de protección. Explicó que la necesidad de protección estatal para los narcotraficantes surge del soborno, la intimidación y, en algunos casos, del control directo del negocio por parte de políticos. La protección no estatal proviene de organizaciones armadas de diversa naturaleza: mafias y carteles territoriales, ejércitos privados, insurgencias y, más recientemente, estructuras criminales urbanas no vinculadas al tráfico internacional.
Para Duncan, el precio de la civilización consiste en que la protección del narcotráfico pasó a manos del Estado, en particular lo que tiene que ver con el lavado de dinero. Hizo énfasis en que, con el paso del tiempo, se formaron grupos especializados en la reproducción del capital del narcotráfico, especialmente desde el contrabando y la contratación pública, lo que ha significado un deterioro progresivo de la democracia. Su dinero corrompe los resultados de las elecciones y la nominación de los funcionarios públicos. La razón es que solo con políticos corruptos se garantiza la protección de su negocio. No es violento, pero deteriora la calidad y la gestión pública de la democracia colombiana.
Al respecto, el profesor Gustavo Duncan ha evidenciado que, pese a la civilización de la violencia por el narcotráfico: los cultivos crecieron, se mantienen ejércitos privados y el ELN como gobiernos de zonas de cultivos y otras economías criminales (proyectos no nacionales de conflicto), persiste la violencia política contra líderes y movimientos sociales. Se expande una gobernanza criminal en las ciudades no relacionada necesariamente con tráfico internacional (extorsión). El dinero llega a la periferia y con él los mercados.
El precio de la civilización significa que surgieron especialistas en la reproducción del capital del narcotráfico, básicamente lavadores (contratistas del Estado, contrabandistas, etc.) que dependen de la protección estatal (influyen mucho en las elecciones y en el nombramiento de funcionarios y autoridades). Sus aparatos violentos no gobiernan, democracias duraderas de baja calidad y Estado semipatrimonialista (Munck 2024)
Hay implicaciones de la Paz total: se negocia el control coercitivo sobre la población. Las economías criminales van a subsistir, lo que necesitamos es que impliquen en la menos medida posible el gobierno de las comunidades. El Perdón social considera que lo primordial es negociar la suspensión del daño a la democracia (baja calidad y semi-patrimonialismo). Entrega de capital es importante, pero es secundario.
Esta parte está basada en paper de DANIEL BARKER FLORES AND GUSTAVO DUNCAN The Price of Protection: Exploring How Transnational Drug Traffickers Influence Politics”, concluyó el profesor Gustavo Duncan.
Entrevista exclusiva a Isabel Sepúlveda, directora de la Corporación Región, Medellín
En esta entrevista exclusiva realizada durante el seminario internacional por los 40 años del Iepri, la psicóloga social, Isabel Sepúlveda, directora de la Corporación Región – que tiene una trayectoria de trabajo social e investigación de 35 años en Medellín y un importante reconocimiento internacional – evidencia la importancia de reconocer que el conflicto armado también afecta a las ciudades y que allí se requieren estrategias de reconciliación y reparación. “La paz era diferente en Quibdó, Medellín, Barranquilla, las tres ciudades donde se ha construido la paz urbana”, afirmó.
-PREGUNTA: Apreciada directora Isabel Sepúlveda, ¿porque en tu intervención señalaste que “la conversación de la Paz Urbana logro posicionarse en la agenda nacional del país, relacionándola al desarrollo económico territorial y la participación de la sociedad civil activa para enfrentar la economía criminal que pasa por las ciudades y la lucha en contra de la pobreza y las desigualdades a nivel latinoamericano?
-RESPUESTA: La paz no fracasó. Es una tarea pendiente de seguir haciendo. Seguridad y paz no son sinónimos.
En Colombia la paz es un derecho constitucional y un fin de la sociedad; la seguridad es un medio y una obligación del Estado para garantizar derechos. Como sociedad civil no aceptamos el modelo de seguridad militarista de La Espriella. La obligación del mandatario es: ¿cómo garantiza la paz como derecho? No es solo sometimiento de los grupos armados ilegales.
Debemos aprovechar de las fisuras, no es solo cuestión de distanciamiento de Abelardo de la Espriella, hay que hacer incidencia desde la resistencia de la sociedad civil.
Tenemos la oportunidad de las elecciones locales del octubre de 2027, con gobiernos municipales contrarios al gobierno nacional, que sean de contrapeso, construyendo la paz en lo cotidiano.
Es nuestra responsabilidad de rodear los procesos de la sociedad civil, de mujeres, de víctimas del conflicto armado, del movimiento campesino, afro e indígena en la búsqueda de la justicia, de la memoria, para poner freno al modelo militarista que quiere arrasarnos, desde el poder ejecutivo se estigmatiza, se señala como por ejemplo el tema del “partido fusil”, es una narrativa peligrosa en contra de los liderazgos sociales. En esta perspectiva hay que movilizar el movimiento social nacional de la paz en Colombia.
-Estimada Isabel, tú te refiere que el pasado 23 de junio, apenas dos días después de la segunda vuelta presidencial, el vicepresidente del Concejo de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez, conocido como “el Gury”, afirmó durante una sesión de esta corporación que “los próximos ataques y bombardeos deben ser dirigidos hacia esas zonas”. Hacía referencia a los municipios donde el candidato Iván Cepeda obtuvo las mayores votaciones en Antioquia y donde, según su análisis, hubo un incremento anormal de la votación por el Pacto Histórico entre la primera y la segunda vuelta. ¿Qué opina al respecto?
-La gravedad de estas palabras no radica únicamente en su tono sino en lo que revelan sobre una manera de entender la vida política. Cuando un representante elegido por la ciudadanía plantea que los territorios que respaldaron una opción distinta a la suya deben ser objeto de “bombardeos”, deja de reconocer a quienes allí habitan como ciudadanos y ciudadanas con iguales derechos y comienza a tratarlos como enemigos. Ese tránsito, que puede parecer apenas retórico, constituye una de las expresiones más preocupantes de la estigmatización política.
La estigmatización en el campo político es una práctica que deslegitima al contradictor, degrada la conversación pública y erosiona uno de los principios esenciales de cualquier sociedad plural: el reconocimiento de que quienes piensan diferente tienen el mismo derecho a participar en la vida pública, disputar el poder y defender sus ideas dentro del marco constitucional. Cuando el adversario político deja de ser visto como un interlocutor legítimo y comienza a ser nombrado como una amenaza, una plaga o un enemigo que debe ser eliminado, la controversia pierde su carácter democrático y comienza a abrirse paso una lógica de exclusión que pone en riesgo la convivencia y en muchas ocasiones, la vida misma de quienes piensan y opinan distinto.
Durante la campaña presidencial y en las semanas posteriores a la elección se consolidó un conjunto de narrativas que merece una reflexión pública. Expresiones como “destripar la izquierda”, pese al posterior intento por minimizar el alcance de esa idea; la utilización del bate como símbolo de confrontación política; la consigna del “voto fusil”, que se ha tratado de imponer como un concepto incluso con legitimidad analítica; la valla instalada en la autopista Medellín-Bogotá que invitaba a “arrancar de raíz la plaga”; y las reiteradas descalificaciones contra periodistas, firmantes del Acuerdo de Paz y sectores de oposición no pueden analizarse como episodios aislados ni como simples excesos en el debate político. Todas ellas constituyen manifestaciones de un mismo fenómeno: la estigmatización de quienes representan o respaldan una opción política diferente.
Especialmente preocupante resulta la narrativa del llamado “voto fusil”. Si bien no se puede desconocer que los actores armados ilegales han intentado influir históricamente en distintos procesos electorales, reducir el comportamiento electoral de regiones enteras a la coacción armada supone desconocer la complejidad social, económica y política de esos territorios. Más grave aún, esa narrativa termina trasladando la sospecha desde los grupos armados hacia las comunidades que durante décadas han padecido el conflicto, convirtiendo a las propias víctimas en objeto de estigmatización.
Estos discursos tienen efectos particularmente preocupantes sobre las organizaciones sociales y las personas defensoras de derechos humanos que, durante décadas, han trabajado por la paz, la defensa de los territorios, la protección del ambiente, los derechos de las mujeres, de los pueblos étnicos, de las víctimas y de otros sectores históricamente excluidos. Cuando estos liderazgos son presentados de manera indiscriminada como aliados de la delincuencia, cómplices de grupos armados o promotores de intereses contrarios al bien público, se deslegitima su trabajo, se debilitan las causas que representan y se incrementan los riesgos para su integridad y su vida. Esta situación se agrava en las regiones más apartadas del país, donde la presencia de actores armados, las pocas capacidades institucionales y los altos niveles de impunidad, hacen que las garantías de protección disminuyan.
Las palabras de un presidente electo, un gobernador, un alcalde o un concejal tienen una gran capacidad para moldear imaginarios sociales, legitimar comportamientos e influir sobre la conducta de otras personas. Por ello, cuando esos discursos señalan a determinados sectores de la población, aumenta el riesgo de que dichos señalamientos se traduzcan en discriminación, amenazas o distintas formas de violencia. Colombia conoce bien las consecuencias de recorrer ese camino, pues nuestra historia demuestra que ha sido uno de los mecanismos privilegiados para justificar la exclusión, la persecución y la violencia contra quienes representan opciones políticas alternativas.
-En el año 2021, el Tribunal Permanente de los Pueblos convocó su 48ª sesión para juzgar a Colombia por el genocidio político, la impunidad y los crímenes contra la paz cometidos contra sectores sociales, políticos y grupos étnicos en el país. Pese a que cuatro años antes (diciembre de 2016) se había firmado un acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, el genocidio no paró y se contaban por centenares los crímenes contra los líderes y lideresas sociales, además de los firmantes de paz.
Directora Isabel, ¿tu consideras que el Genocidio político, la impunidad y los crímenes contra la paz en Colombia, continúan hasta hoy?
-El caso más dramático es el exterminio de la Unión Patriótica. Más de cuatro mil de sus militantes, dirigentes y simpatizantes fueron asesinados, desaparecidos o perseguidos durante las décadas de 1980 y 1990. Entre las víctimas se cuentan dos candidatos presidenciales, congresistas, alcaldes, concejales, diputados, líderes sindicales y miles de militantes de base. En 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por este exterminio y reconoció que la violencia estuvo precedida y acompañada de procesos sistemáticos de estigmatización que presentaban a los integrantes de ese partido como enemigos internos o colaboradores de la insurgencia. La sentencia constituye un recordatorio de enorme valor para el presente: antes de que aparezcan las agresiones físicas, suele instalarse un lenguaje que despoja a quienes piensan distinto de su legitimidad política y convierte su existencia en una amenaza para la sociedad.
A ese caso emblemático se suman otras formas de estigmatización menos documentadas, pues en la política colombiana ha sido una constante la persecución sobre sindicatos, periodistas, movimientos universitarios y comunidades que se enfrentan a las imposiciones de actores armados o que se han caracterizado por exigir con vehemencia al Estado la garantía de sus derechos.
Las circunstancias actuales no son las mismas de hace cuatro décadas. Colombia ha cambiado, sus instituciones cuentan hoy con mayores capacidades para la protección de los derechos humanos y la sociedad dispone de más herramientas para denunciar y enfrentar estos hechos. Sin embargo, no podemos desconocer una dolorosa historia que nos ha mostrado que la violencia política no comienza con las armas, sino con las palabras que despojan al otro de su humanidad y hacen aceptable su exclusión o su agresión. La memoria debe servirnos para reconocer las señales de alerta y no repetir los errores que tantas vidas nos han costado.
Es necesario también reconocer que la pretendida fortaleza de las instituciones para blindar los pactos sociales que permiten canalizar las diferencias políticas por la vía democrática se enfrentan a un cambio de paradigma: amplios sectores de la sociedad, en Colombia y en otras partes del mundo, ponen en cuestión aquello que hasta hace un tiempo asumíamos como acuerdos generales ampliamente acogidos y en los cuales se enmarca la disputa política. Eso incluye desde la vigencia de un Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, hasta el principio de laicidad del Estado y la Educación.
Los enormes desafíos que enfrentará Colombia durante los próximos años evidenciarán desacuerdos profundos sobre el rumbo económico, social y político, pues se trata de visiones opuestas que tratarán de imponerse. Esa discusión será legítima y necesaria, pero solo podrá desarrollarse dentro de un marco democrático si todas las personas, independientemente de la opción política que representen o apoyan, conservan intacto su derecho a existir políticamente, a expresarse libremente, a organizarse, a participar y a disentir sin temor.
Por ello, desde la Corporación Región hacemos un llamado a quienes ejercen o ejercerán responsabilidades públicas, para que asuman la obligación institucional que les corresponde. Gobernar una sociedad plural exige mucho más que administrar el Estado, exige reconocer la legitimidad de quienes piensan distinto, contribuir a desescalar el lenguaje político, rechazar la estigmatización como práctica de confrontación y garantizar que ninguna persona sea objeto de amenazas, hostigamientos o violencias por sus ideas o por el ejercicio de sus derechos políticos.
La responsabilidad de contener esta deriva también interpela a periodistas, medios de comunicación, influenciadores, creadores de contenido, líderes de opinión y a todas aquellas personas que participan diariamente en la conversación pública. La libertad de expresión constituye uno de los pilares de una sociedad abierta, pero esa libertad lleva consigo una responsabilidad ineludible: informar con rigor, debatir con argumentos y comprender que las palabras producen efectos sobre la vida de las personas.
Este también es un llamado a los distintos sectores de la sociedad que participamos en los asuntos públicos: organizaciones sociales y comunitarias, fundaciones empresariales y familiares, universidades, centros de pensamiento, cajas de compensación, cooperativas, empresas, entidades de cooperación internacional, iglesias, gremios y ciudadanía en general. Nos compete a todos impedir que la estigmatización vuelva a naturalizarse como una forma legítima de hacer política. Como sociedad tenemos la responsabilidad de rechazar con firmeza estos discursos antes de que se traduzcan en nuevas amenazas, persecuciones o pérdidas irreparables de vidas humanas.
-Directora Isabel, ¿cómo interpreta estos dos primeros meses del gobierno de la Patria Milagro?
-En tan solo un par de semanas pasamos por una serie de decisiones que van desde una diplomacia alineada con los intereses de Estados Unidos e Israel, una orden —que luego fue matizada— para perseguir migrantes a los que calificó como ilegales, el borramiento de las NIÑAS en las comunicaciones oficiales del ICBF, hasta un anuncio de la entonces ministra de educación, Viviane Morales, para revisar los currículos escolares y eliminar la “ideología de género”.
Luego vinieron los bombardeos y, tal como ocurrió en los anteriores gobiernos, los asesinatos de menores de edad víctimas de reclutamiento forzado con las armas del Estado; un paseo del presidente entre bolsas de cadáveres, que exhibió como trofeos, para anunciar públicamente el resultado de esas operaciones militares; la orden de suspender la programación de las Emisoras de Paz, creadas a partir del acuerdo de 2016 y operadas por Inravisión en algunos de los municipios más afectados por el conflicto; el nombramiento de un sacerdote, capellán de la Casa de Nariño, como representante de De la Espriella en los consejos superiores de cinco de las universidades públicas más importantes del país; y una directiva presidencial para que los ministerios no respondan preguntas de periodistas o lo hagan solo de forma estratégica y con “medios amigos”.
La lista de estas y otras cosas que han pasado en este primer mes de gobierno no es una sorpresa, pero sí deja muy claro que ni siquiera la tragedia de miles de personas afectadas por el terremoto modificará los propósitos de un gobierno que llegó a librar una “batalla cultural”, según dicen sus propios ideólogos, contra los derechos, las diversidades, las iniciativas de construcción de paz y las instituciones que son el resultado de las conquistas democráticas de las últimas tres décadas.
El deterioro de la democracia que tanto temimos hace unos meses ya no es un riesgo potencial; empieza a materializarse en símbolos y declaraciones que desafían el Estado Social de Derecho. Esto se evidencia en acciones gubernamentales que desconocen la neutralidad religiosa, restringen derechos fundamentales y omiten los lineamientos internacionales de protección a niños y NIÑAS víctimas de la guerra. Asimismo, asistimos a dinámicas que tensionan la separación de poderes, pretenden anular el pluralismo, buscan limitar la libertad de prensa y debilitan los controles institucionales.
El reto que tenemos como ciudadanía tiene dos dimensiones inseparables: por un lado, velar por una reconstrucción integral de las comunidades afectadas, que garantice los derechos y promueva la justicia social y económica. Por el otro, proteger el Estado Social de Derecho frente a las decisiones y actuaciones que ponen en riesgo los principios democráticos que lo sustentan.
Como sociedad civil debemos hacerle control social a la respuesta del Gobierno nacional a la crisis humanitaria que aún enfrentan miles de personas, así como a las estrategias que desde el ejecutivo se emprendan para la reconstrucción, las cuales deberán incorporar criterios de equidad territorial y asegurar condiciones dignas y sostenibles. De manera particular, es necesario hacerle seguimiento al manejo de los recursos públicos, las donaciones de otros países, los aportes de organismos multilaterales y del sector privado que serán destinados a la reconstrucción, vigilando que todos sean administrados bajo lineamientos de transparencia y rendición de cuentas y que, en ningún caso, se conviertan en instrumentos para favorecer intereses particulares o políticos, ni para orientar la contratación pública con criterios distintos a las necesidades y derechos de los territorios afectados.
De igual manera, nos corresponde disputar el relato religioso, conservador y autoritario que amenaza con reducir los márgenes de nuestra democracia, impulsando una visión de sociedad en la que prime la homogeneización y la moral particular sobre las libertades y los derechos de todos, todas y todes. Y, por supuesto, continuar defendiendo la Constitución Política del 91 frente a la declarada “batalla cultural” que avanza desafiante bajo el grito de “¡Viva Cristo Rey!”, el cual permanecerá en la memoria de las y los colombianos como una afrenta del presidente a la justicia y al principio de laicidad del Estado.
-Directora Isabel, en la construcción de la paz urbana, ¿cómo han avanzado en el tema del reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes?
– En los acuerdos de las mesas de negociación socio-jurídica de Buenaventura, Quibdó y Medellín, todas las estructuras ilegales, se comprometieron a dejar de reclutar niños, niñas y jóvenes.
Es una problemática más evidente en Quibdó y en Buenaventura, donde hay una banda que se denomina, “Los Chiquititos”, son niños, ingresan desde muy pequeños. En Quibdó los voceros de las bandas son muy jóvenes.
Estos grupos no hablan de reclutamiento infantil, son grupos que no tienen un estatus político, hablamos de utilización, de invisibilización de niñas y niños, no se los llevan de la casa. El reclutamiento forzado tiene la característica de sacarlos de su entorno. Son niños y niñas y adolescentes que duermen líberamente en su casa, pero son utilizados por los combos, los grupos de pandillas, pero no hemos entrado todavía con contundencia. Los voceros de los combos, de los muchachos dicen: “Nosotros NO reclutamos porque es un crimen grave reclutar niños y niñas. Pero si en Medellín, es una aspiración de los niños y niñas, es un mensaje de niños de barrios populares de tener armas y miran de la Espriella en Santa Marta con armas en la cintura.
Solicitamos la intervención de la comunidad internacional y de la Defensoría del Pueblo de poner ojos de alerta a esta problemática: hay mucha oferta de reclutamiento digital que se dispara en las ciudades, hay mucha oscuridad sobre este trabajo de violencias urbanas y todos debemos buscar alternativas a nivel local en los territorios.
-La investigación “Gobierno criminal en Medellín: panorama general del fenómeno y evidencia empírica sobre cómo enfrentarlo”, realizada desde 2016 por Innovations for Poverty Action (IPA), la Universidad de Chicago y la Universidad EAFIT, ha documentado en mayo de 2025 que aún hoy en la ciudad existen entre 15 y 20 grandes bandas armadas que, a su vez, controlan el accionar delictivo de unos 350 combos y que ese accionar va más allá de actividades como el microtráfico, la extorsión, el hurto y el control de los llamados “pagadiarios” o “gota o gota”. El profesor de EAFIT Gustavo Duncan, del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas –uno los directores de la investigación–, explica que las estructuras criminales de Medellín, como ocurre en muchas ciudades del mundo, generan altos porcentajes de violencia y corrompen diferentes niveles de la política y la administración pública.
Pero lo más grave, advierte el académico, “es que ejercen funciones similares a las de los Estados, como resolver disputas y problemas comunitarios, imponer reglas de comportamiento, prestar seguridad, administrar justicia y cobrar “impuestos”.
A esas actividades se les conoce como “gobierno criminal”. El problema es que, tal cual funciona ese gobierno criminal en Medellín, “no va en contravía del gobierno estatal, sino que, todo lo contrario, a veces lo complementa, se nutre de él o se convierte en el espejo para fortalecer su presencia, en especial en territorios con mayor ausencia de institucionalidad”, afirma Duncan.
La gente demanda servicios de gobierno, resolver su problema con el vecino y, en muchos contextos, se acerca a la solución más rápida, ágil, contundente y efectiva, y cuando el Estado es incapaz de hacerlo, acude a otros actores de la vida social.
En algunos contextos, esos actores son la administración de un edificio o un líder comunitario y, en otros más extremos, los integrantes de los combos armados, agrega el profesor Tobón Zapata, de EAFIT.
La investigación no se queda en la explicación simplista según la cual las grandes bandas criminales son proveedoras mayoristas de droga a combos de menor tamaño para que estos la vendan al detal. O que suelen concentrarse en extorsiones a grandes negocios y rutas de buses, mientras los combos extorsionan a pequeños establecimientos comerciales de barrio y, en ocasiones, a los hogares.
Ahora, unas y otros tienen una diversificada estructura de ingresos que incluye servicios prestados a la industria del narcotráfico, como el sicariato, el cobro de deudas y la protección de rutas de transporte de estupefacientes. Además, imponen multas por mal comportamiento o definen el loteo de predios y el arriendo de bienes para actividades criminales.
La encuesta reflejó que, pese a que el Estado llega a esas comunidades con una batería de asistencia social, en muchos barrios el combo es mucho más activo en relación con la provisión de diferentes servicios de gobierno.
“En otras palabras, aquellos barrios en donde los combos ejercen más funciones de gobierno son también los barrios en donde la gente se siente más satisfecha y confía más en ellos”, es decir, según la investigación, los ciudadanos ven a los combos como un complemento del Estado porque actúan como intermediarios entre la comunidad y el mismo Estado.
“Tal cual funciona el gobierno criminal en Medellín, no va en contravía del gobierno estatal: a veces lo complementa, se nutre de él o se convierte en el espejo para fortalecer su presencia”, concluyó el profesor Gustavo Duncan ( https://www.eafit.edu.co/sistema-ciencia-tecnologia-innovacion/descubre-y-crea/edicion-176/medellin-debe-enfocar-su-politica-contra-grupos-delictivos).
Directora Isabel, frente a esta panorámica que ha explicado esta investigación, ¿Cómo se puede leer un presidente que camina por Santa Marta con una pistola en la cintura?
-Hacer parte de un grupo armado ilegal es la aspiración de chicos y muchachas, no es solo una manera de salir de la pobreza, es un ideal de vida, da poder, es el reconocimiento del poder en la pertenencia a una banda-combo, el poder de lo que genera ser parte de la guerra. Es un deseo instalado en la cultura desde la cultura narco de los años 80-90. Refuerza eso con la imagen simbólica del presidente (de la Republica) armado, hace que conecta con este deseo juvenil de poder ser reconocido con las armas, con asuntos militares y culturales, caminar entre los muertos. El presidente armado produce un símbolo violento, reproduce imágenes violentas.
Al contrario, debemos generar condiciones sociales para involucrar los adolescentes y jóvenes de los combos-pandillas en un contexto que ha cambiado desde los años 90, donde había mucha hambre y exclusión.
-La comunidad internacional observa con preocupación la alianza del alcalde (de derecha) Federico Gutiérrez con el eurodiputado italiano Leoluca Orlando, ex alcalde de Palermo (https://www.elcolombiano.com/medellin/parlamentario-union-europea-rechaza-evento-petro-medellin-jefes-bandas-criminales-IO27835058 ), considerando que Orlando ha criticado al magistrado Giovanni Falcone en el programa Tv Samarcanda-Rai3 en 1990, que después fue asesinado en la masacre de Capaci en 1992, como documentado por varios académicos como Monica Massari, Enzo Ciconte, Nando Dalla Chiesa (vicepresidente de Libera), autor de muchos libros y reconocido como referentes a nivel mundial de la “sociología de la antimafia”.
Directora Isabel, la última pregunta: ¿cómo es la situación socio-política hoy en Medellín?
-La administración de Medellín se ha realizado a través de acuerdos de grupos armados ilegales que se sentaron en el despacho de la alcaldía, donde se han sentados varios alcaldes, desde hace muchos años.
Por ejemplo, el secretario de seguridad del alcalde Fico Gutiérrez, Gustavo Villegas, estuvo en la cárcel para negociar con combos y la gobernanza criminal (https://www.pares.com.co/el-secretario-de-seguridad-de-fico-que-era-colaborador-de-la-oficina-de-envigado/).
Es importante destacar que la institucionalidad, los sectores de la política, el sector productivo permite y posibilita y financia la gobernanza criminal que hoy en Medellín en su 80% es controlada por grupos al margen de la ley, como ha documentado EAFIT”, concluyo la directora de la ONG Región, en esta entrevista y agradezco el apoyo de Valeria, destacada estudiante del Iepri.
Eduardo Pizarro: La tradición civilista frente al riesgo de una fractura nacional
El profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, Eduardo Pizarro, ha expresado que “Colombia tiene una larga tradición civilista: “desde 1958, el país ha tenido 15 presidentes sin caer en gobiernos autoritarios o militares, siendo uno de los pocos países latinoamericanos que escapó de las dictaduras tras la Revolución Cubana”. Asimismo, puso como ejemplo de estabilidad la posesión pacífica de Gustavo Petro en 2022, contrastándola con los incidentes violentos ocurridos en el Capitolio de Estados Unidos en 2021 y en Brasilia en 2023.
El ex embajador elegido por el presidente Álvaro Uribe, Pizarro, ha subrayado que “la tradición civilista de nuestro país que, como mostré en mi libro reciente, Ni golpes civiles, ni golpes militares. La tradición civilista de Colombia (1831-2024) (Random House, 2024), Colombia es la segunda nación del mundo después de Estados Unidos por el número de presidentes electos”.
James Putzel, profesor de Estudios del Desarrollo de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, sostuvo que “las formas democráticas de gobierno son mucho más frágiles de lo que pensaban sus teóricos liberales e institucionales”.
Recordó que las democracias nunca han sido inmunes a la violencia. “Muchas de las democracias más ricas nacieron del despojo de tierras, el genocidio y el saqueo colonial, cuyas cicatrices perduran hasta hoy”.
Uno de los ejes de su intervención fue la tensión entre democracia y capitalismo, expresada en el peso del dinero sobre los resultados electorales, la propiedad privada de los medios de comunicación y la capacidad del capital financiero para restringir decisiones democráticas a través – por ejemplo- de los mercados de bonos, dinámicas que, señaló, también están presentes en Colombia.
“Hoy, tanto en los países ricos como en los pobres, la democracia se encuentra en una situación precaria”, concluyó el profesor Putzel.
Entender las violencias para construir paz
La discusión mundial encontró un punto de conexión directo con Colombia en una investigación realizada hace casi cuatro décadas y que todavía plantea preguntas vigentes.
Jenny Pearce, profesora de la Universidad de Bedfordshire (UK), retomó “Colombia: violencia y democracia”, informe elaborado por la Comisión de Estudios sobre la Violencia del Iepri, un trabajo que contribuyó a ampliar la mirada sobre el fenómeno al mostrar que sus expresiones desbordaban la dimensión estrictamente política y que la violencia no podía atribuirse exclusivamente a los sectores pobres.
“Hay que entender la violencia para entender la no violencia. Si no entendemos la violencia para reducirla, no podemos trabajar las condiciones que la reproducen”, señaló.
Pearce, cuya primera visita a Colombia fue en 1975 y quien conoció el Iepri en 1988, dos años después de su fundación, sostuvo que la democratización también ha estado atravesada históricamente por procesos violentos, pese a que durante décadas se mantuvo la idea de que la democracia liberal reduciría por sí misma las violencias y que estas eran “un problema de pobreza y no de riqueza”.
La investigadora llamó además a ampliar la mirada más allá de las violencias letales para reconocer fenómenos como el secuestro, la desaparición y lo que denomina “violencia crónica”, aquella que se reproduce en espacios cotidianos como la casa, la calle y la escuela, e incluso desde el propio Estado.
Sobre el momento actual afirmó que “la democracia electoral ahora se combina con autoritarismo” y advirtió sobre el papel de las redes sociales en la fragmentación social. Frente a ese escenario, la profesora Jenny Pearce planteó la necesidad de construir “una filosofía alternativa de la paz y una economía para la paz”.
Las posiciones de los profesores Putzel y Pearce, son confirmadas por las conclusiones del Tribunal Permanente de los Pueblos que en 2021 han documentado un “genocidio político hoy vigente en Colombia”, a través de las investigaciones de académicos europeos como Luigi Ferrajoli, Gianni Tognoni, Michael Forst, Mireille Fanon y del defensor de derechos humanos y referente de la teología de la liberación, el jesuita Javier Giraldo, que falecio hace un mes pero su memoria sigue viva con la lucha de la comunidad de paz de San José de Apartado (Cfr. Tribunal Permanente de los Pueblos y Cinep. “Genocidio político, impunidad y crímenes contra la paz en Colombia”. Bogotá, 2021 – Javier Giraldo, “Revisión de episodios del genocidio estructural”, ed. Boll, 2023 -Leonardo luna, Alexandra Valencia molina, Javier Giraldo. “JusticiaParAcolombia, impunidad, acumulación y poder”. Ed oficina andina, Instituto Rosa Luxemburg, 2025).
Conclusiones
La Profesora del Iepri, Jenniffer Vargas Reina, ha preguntado: “¿Es difícil hacer grandes reformas progresistas en democracia, o más bien, no es posible hacerla en Estados neoliberales?”.
En un evento paralelo al seminario del Iepri, en la semana del CES de Unal, los académicos Álvaro Moreno y José Ernesto Ramírez, han presentado el nuevo libro “La revolución simbólica de Gustavo Petro. El gobierno de izquierda en Colombia, 2022-2026.
Edición Infinito, 2026, con el interesante prólogo del profesor Poupeau Franck, Paris, discípulo de Bourdeau.
El ensayo sociológico “La revolución simbólica de Gustavo Petro de Álvaro Moreno y José Ernesto Ramírez”, se inscribe en una perspectiva socio-analítica que entiende la política no como un simple campo de decisiones institucionales, sino como un espacio de producción, circulación y disputa de significados. En este sentido, la obra constituye un aporte decisivo para comprender el viraje histórico que irrumpió Colombia durante el ciclo gubernamental de Gustavo Petro. Lejos de limitarse a describir reformas luchadas, desplazamientos y coyunturas mediáticas, los autores elaboran una lectura estructural del periodo 2022–2026, apoyada en una arquitectura teórica rigurosa que dialoga con Pierre Bourdieu y con las sociologías críticas del poder.
El profesor Gustavo Duncan ha lanzado una alerta final: “Hay el riesgo que el Escudo de las Américas, sin papeles formales y sin el respaldo Congreso de la República, vaya en contra de los campesinos cocaleros, que son el eslabón más débil de la economía y gobernanza criminal.
Por eso es importante la movilización de la sociedad civil para que unamos la voz de los movimientos sociales, en este caso de los cocaleros que no tienen un único sindicato en Colombia (pero si en Bolivia, por ejemplo) porque es un movimiento social fragmentado y también tiene la presión y el control de varios grupos armados ilegales”.
Al respecto, es útil señalar el mensaje del sociólogo Orlando Fals Borda, referente a nivel mundial del IAP y del sentipensar de la izquierda raizal, contenido en la introducción del libro “Movimientos sociales, estado y democracia en Colombia. Mauricio Archila, ed. Unal y Iepri, 2000: “Hay que rodear e imponer un proyecto auténticamente democrático de nación, habría que buscar y proponer formas eficaces para que el descompuesto sistema político dominante no repita los crímenes con que destruyó la ola revolucionaria anterior, esa horrenda tradición magnicida de la clase política tradicional colombiana, de los asesinatos de la dirigencia izquierdista”, pagina 13.
Concluyo este articulo con la intervención del profesor Pizarro Leongómez: “Soy fundador del Iepri en 1986. El ministro del interior, Cepeda, en aquella época creo la comisión de estudio de las violencias, después de los estudios de 1962 de Monseñor Guzmán y Orlando Fals Borda.
El ministro del trabajo de 1986, que fue dirigente gremial de las bananeras de Urabá, dio la orden de desestimar nuestro informe Iepri.
El presidente Virgilio Barco, con su cara de sorpresa, vio cuando le entregamos el primer libro del Iepri, Unal, impreso y corrimos a entregarlo a la prensa frente al intento de acallarnos, porque los resultados del Iepri no eran favorables al gobierno nacional.
Iepri se transformó en impacto en la sociedad como entro de Pensamiento, desde los inicios del primer informe “Violencia, democracia y paz” para influir en la política del Estado y desde el Iepri varios profesores desde la academia, asumieron cargos públicos, y eso no era bien visto.
Cada semana el profesor Buitrago convocaba el grupo Golcota, para discutir con eminencias como Álvaro Meja, Orlando Fals Borda, Gonzalo Sánchez, etc.
En 2005 el presidente Uribe me ha nominado presidente de la Comisión nacional de Reconciliación y fundamos el centro nacional de memoria con Gonzalo Sánchez, frente a muchas críticas de afuera y de adentro.
Desde 1831 en Colombia tuvimos solo tres gobiernos militares, en total 8 años, mientras Stroessner gobernaría 34 años en Paraguay, mientras la dictadura de Pinochet duró 8 años.
¿Como convive la tradición civilista en la persistencia electoral en Colombia?
Estamos ad portas de un nuevo gobierno nacional que pone en riesgo las tradiciones civilistas, con un debilitamiento del régimen democrático. Ahora es inminente un peligro autoritario en Colombia.
De la Espriella vio muchas películas e Mussolini en Italia, mira los gestos similares entre De la Espriella y Mussolini”, concluyó el académico Pizarro.
Cristiano Morsolin, investigador y trabajador social italiano radicado en Latinoamérica desde 2001, autor de 10 libros en 5 idiomas. Analiza las relaciones entre derechos humanos, movimientos sociales, políticas emancipadoras y la geopolítica de Papa Francisco. Fue recibido por el Papa Francisco en audiencia en Vaticano en octubre de 2017. Co-fundador del Observatorio sobre la Región Andina SELVAS (Milán, 2001), del Observatorio sobre las mafias “Liberande” (promovido por la red LIBERA, Roma, 2007). Ha coorganizado el encuentro internacional de los movimientos populares con Papa Francisco, “Arena di Pace” (Verona, mayo de 2024).
Es comentarista invitado por los mass-media internacionales: SIR-Servizio Informazioni Religiose (Vaticano), Religión Digital (Madrid), Cipsi (Roma), Vita (Milán), Corporación Latinoamericana Sur (Bogotá) y Rebelión (Madrid), Alai (Quito).
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