La reciente emisión de órdenes de arresto por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su ministro de defensa y un líder de Hamás ha reavivado las tensiones entre Estados Unidos y este tribunal internacional. Las acusaciones se fundamentan en la comisión de crímenes de lesa humanidad con ocasión del genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino y que ha cobrado la vida de más de 44.000 palestinos. Esta decisión ha desencadenado una fuerte reacción por parte de Washington, que ha implementado sanciones contra funcionarios de la CPI, poniendo en entredicho la viabilidad del multilateralismo judicial.
Competencia y Limitaciones de la CPI
La CPI es un tribunal internacional creado para juzgar a individuos responsables de crímenes graves contra la humanidad, como genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. A diferencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que resuelve disputas entre Estados, la CPI persigue la responsabilidad penal individual. Su jurisdicción se extiende a los 123 Estados que han ratificado el Estatuto de Roma, aunque también puede procesar a personas que hayan cometido delitos en un Estado Parte, como es el caso de Netanyahu, dado que Palestina es signataria del Estatuto desde 2015.
Sin embargo, la CPI carece de una fuerza policial propia y depende de la cooperación de los Estados para hacer efectivas sus órdenes de arresto. Esto genera un desafío en la aplicación de justicia, especialmente cuando se trata de figuras con notoriedad internacional, como Netanyahu o incluso Vladímir Putin, quien también tiene una orden de arresto pendiente sin que haya afectado su permanencia en el poder.
La Respuesta de Estados Unidos
Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, ya que, aunque firmó el tratado en el año 2000 bajo la administración de Bill Clinton, en 2002 el gobierno de George W. Bush retiró la firma y adoptó medidas para evitar cualquier jurisdicción de la CPI sobre sus ciudadanos. Una de estas medidas fue la Ley de Protección de Miembros del Servicio Americano, que incluso autoriza el uso de la fuerza para liberar a cualquier ciudadano estadounidense detenido por la CPI.
En respuesta a la orden de arresto contra Netanyahu, el gobierno de Donald Trump emitió una orden ejecutiva en febrero de 2025, imponiendo sanciones de “consecuencias tangibles y significativas” [1] a los responsables de las “transgresiones” de la CPI, imponiendo sanciones a funcionarios de la CPI, lo que incluyó el bloqueo de bienes y la prohibición de ingreso a territorio estadounidense. Este tipo de medidas ya habían sido utilizadas entre 2018 y 2020, cuando la administración Trump sancionó a la fiscal Fatou Bensouda por investigar crímenes de guerra cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán.
Esta orden ejecutiva causó el rechazo inmediato de organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y más de 140 Organizaciones No Gubernamentales y coaliciones mundiales que la integran quienes emitieron, el 14 de enero del presente año, una declaración conjunta en la que se oponían a los intentos de Estados Unidos de imponer sanciones relacionadas con la CPI e instaban a los Estados miembros a defender la Corte, a sus funcionarios y a quienes cooperan con ella frente a medidas encaminadas a menoscabar su indispensable mandato de hacer justicia[2].
Implicaciones Políticas y Judiciales
La postura de Estados Unidos plantea serios interrogantes sobre su compromiso con la justicia internacional. Al tiempo que se erige como defensor global de los derechos humanos, mantiene la pena de muerte en su sistema penal y ha promovido guerras sin fundamento jurídico. Esta doble moral debilita su credibilidad en el escenario internacional y genera tensiones con aliados europeos como Francia y Alemania, quienes han condenado las sanciones impuestas a la CPI.
A nivel global, estas acciones también establecen un precedente preocupante. Si una potencia como Estados Unidos puede sancionar a un tribunal internacional para evitar investigaciones, países como Rusia, China, India o Turquía podrían replicar esta estrategia para protegerse de futuras acusaciones. Esto podría debilitar la autoridad del tribunal y erosionar el sistema de justicia penal internacional, que depende en gran medida de la cooperación estatal.
El Futuro del Multilateralismo Judicial
Aunque una futura administración estadounidense podría revertir estas sanciones, el daño a la confianza global en Estados Unidos como garante del Estado de derecho ya está hecho. La CPI, sin poder coercitivo propio, difícilmente podrá responder con represalias directas, pero podrían surgir consecuencias indirectas. Otros países, observando este precedente, podrían optar por ignorar o confrontar a la CPI, consolidando un orden donde el poder político, militar o económico prevalece sobre el derecho.
Conclusiones
El enfrentamiento entre Estados Unidos y la CPI expone una crisis en el sistema de justicia penal internacional, donde el poder de las grandes potencias desafía la aplicación imparcial del derecho. La negativa de Washington y Tel Aviv a someterse a la jurisdicción de la CPI y su disposición a sancionar a sus funcionarios refleja una tendencia preocupante hacia la impunidad de los actores más influyentes en el orden global.
El debilitamiento de la CPI no solo afecta la persecución de crímenes internacionales, sino que también envía un mensaje peligroso a otros Estados que podrían seguir el mismo camino de deslegitimación de los mecanismos de justicia internacional. La falta de cooperación de las potencias mundiales erosiona el principio de que ningún individuo está por encima de la ley.
Para preservar la eficacia del multilateralismo judicial, es fundamental que los Estados miembros de la CPI refuercen su compromiso con el tribunal, garantizando su independencia y protegiéndolo de presiones externas. Si la justicia internacional se convierte en un instrumento político más que en un mecanismo de rendición de cuentas, el ideal de un orden global basado en el derecho perderá su credibilidad y legitimidad.
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[1] https://www.vozdeamerica.com/a/trump-ordena-sanciones-corte-penal-internacional-por-investigar-a-israel-el-tribunal-lo-rechaza/7966380.html
[2] https://www.amnesty.org/es/latest/news/2025/02/usa-sanctions-against-international-criminal-court-betray-international-justice-system/
Jaime Gómez Alcaraz, Analista de política internacional
María Consuelo del Río Mantilla, Vicepresidenta de la Corporación Sur
Foto tomada de: EFE
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