Con promedios de los últimos 32 años, se tiene una inflación del 9.99% y el incremento salarial ha tenido un aumento promedio del 10.72%. El crecimiento real del salario mínimo en este período ha sido del 0.76% promedio anual. Los aumentos reales del salario siempre han sido mínimos, excepto en los últimos tres años (período Duque) cuando con una inflación del promedio año del 2.86%, el incremento del salario mínimo ha sido en del 5.17% promedio anual.
Esto último es relevante. En estos años el incremento salarial ha sido de 1.8 veces la inflación y esta no es la razón que se pueda objetar para la disminución del empleo o la inflación. Esto mismo ha sido ya demostrado incluso por el premio Nobel de este año David Card (junto a Alan Krueger) y en nuestro medio diferentes autores (sean de literatura especializada pero también reflejadas en las columnas de Beethoven Herrera en Portafolio o de Diego Guevara y Mario Valencia en el Espectador, entre otros) han insistido en lo inapropiado de esta idea que desde los hacedores de política (que sustancialmente responden a la economía dominante en las últimas décadas) se ha tomado como una verdad absoluta. Los casos de EEUU, Ecuador, Uruguay, Bolivia y México, entre otros, son evidencia empírica de que un aumento por encima de la inflación no afecta necesariamente a los mercados laborales. Por el contrario, se mejoraron las condiciones de ingreso y por ende de demanda de la población.
El otro mito técnico ha sido la pretendida remuneración a la productividad, la cual se considera baja en Colombia de acuerdo con las comparaciones internacionales. Acá hay que diferenciar las circunstancias que motivan esta afirmación. La productividad laboral no solo depende del trabajador en sí, es decir de sus condiciones naturales, esta obedece a elementos de formación, de tecnología de apropiación de conocimiento y de diferentes circunstancias de ambientes laborales, de seguridad, de salud, la informalidad e incluso de escala productiva, entre otras. Lo cierto es que mídase como se haga, de lo cual no ha faltado el debate, el aporte del trabajo a la economía colombiana es relativo, también depende del tipo de sectores, en donde en nuestro medio es claro que los sectores de mayor productividad son aquellos que han tenido procesos de modernización y cambio tecnológico de mayor consideración, que a su vez emplean menos trabajadores, pero a la vez pueden tener los mayores niveles salariales, y en general no dependen del salario mínimo.
Ante producciones precarias y de bajo componente tecnológico es la mano de obra, los trabajadores, son quienes soportan la productividad, y que en el conjunto de la economía termina considerándose como bajo, en un país donde, de acuerdo con Acopi, el 96% de las empresas son micro, pequeñas y mediana, aportan el 40% del PIB, el 80% del empleo y el 9.8% de las exportaciones.
No representa entonces la productividad una medida apropiada para una remuneración salarial al promedio o mejor al total de la economía. Si que sería válida esta medida si se tomara a nivel de firma o de empresa como incentivo a mejoras continuas, tal y como se hace en las economías más desarrolladas. Pero ante la poca cultura de negociaciones colectivas tampoco se contribuye a que esto sea posible.
Otro elemento que se tiene como argumentación para mantener los salarios bajos es el de la competitividad. Obviamente ante la baja productividad de la mayoría de sectores e incluso de regiones, es de esperar que las condiciones de competitividad no sean las apropiadas. Pero estás no se pueden dar a partir de los salarios bajos, o mejor, sí que se puede hacer como una estrategia competitiva definida, pero también se ha demostrado que buscar estos caminos ha conducido a errores graves que se están intentando revertir, entre ellos la deslocalización productiva y con ella a la desindustrialización, la cual para el caso colombiano está suficientemente comprobada. Hablar de competitividad y productividad para poder ajustar los salarios mínimos en un país altamente concentrado en su economía es seguir marginando a las regiones, a los sectores económicos y por ende a las personas. Por esto pensar en un salario mínimo por regiones es condenar a la mayoría de ellas a la pobreza.
La discusión del salario mínimo pasa también por el tema de los pagos a la seguridad social, y en general por ser un tope, que igual termina rompiéndose a través de la informalidad, de las ordenes de servicio o de formas de contratación precarias e inestables. También se convierte en un precio límite en el mercado, es decir, de su incremento dependen los ajustes a la canasta de bienes y en general a la mayoría de precios, se trata así de una espiral inflacionaria difícil de controlar. Desligar los precios de bienes y servicios del salario mínimo, así como universalizar la seguridad social (tal y como ya se ha ido avanzando) podrían ser caminos apropiados para posibilitar no solo una mayor formalización sino una mejor en la flexibilización a los mercados de trabajo.
En este contexto es claro tener en cuenta que, de acuerdo con el DANE, el 51.1% de la población trabajadora gana hasta un salario mínimo; con el agravante de que el 36.6% de los ocupados ganan hasta medio salario mínimo. El 27.7% ganan entre 1 y 1.5 salarios y en adelante hasta 4 salarios el 15.4% y el 5.7% tienen ingresos superiores a 4 salarios mínimos. Esto lleva a plantear que el 42.5% de la población es considerada pobre; el 30.4% vulnerable; así el 72.9% de la población colombiana tiene ingresos, por persona, menores a 653.781 mensuales. El 25.4% clase media (entre $653.781 y $3.520.360 al mes) y el 1.7% es considerado rico. Si es en la ruralidad estas cifras son del 90.9% para pobres y vulnerables; un 8.8% de clase media y los ricos son el 0.3%. En otras palabras, somos un país de pobres y con una desigualdad significativa, con unas brechas rural urbanas considerables. En estas condiciones es difícil pensar en productividades, mayor demanda y crecimiento económico.
La discusión del salario adquiere así las dinámicas que realmente son: primero tiene un componente inflacionario y segundo, un elemento político en tanto concepción de distribución, o mejor de lo que se considera como justicia redistributiva. Ya es hora que se abandone la disculpa de la productividad para mantener la idea de salarios e incrementos bajos y el país asuma la responsabilidad ética y moral de trabajar por la disminución de la pobreza, la desigualdad y mejorar la calidad de vida, especialmente de quienes ganan menos. Y esto trasciende necesariamente las decisiones individuales, sectoriales o de firma, requiere de acuerdos, de pactos como sociedad en la búsqueda de un proyecto colectivo y de un ideal de país.
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Director Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR), Universidad de La Salle
Foto tomada de: Revista Semana
Muy pertinente el tema y considero necesario el abandonar mitos en torno a la productividad, desempleo y crecimiento económoco como argumentos para incrementos salariales bajos.