El diagnóstico gubernamental no capta los problemas de fondo y, por tanto, no está diseñando estrategias que permitan corregir males estructurales. No se quiere reconocer que antes del Covid-19 las bases de la economía ya eran frágiles. Y la principal debilidad es la dependencia del petróleo y de los minerales. Las urgencias derivadas de la pandemia no justifican el aplazamiento de decisiones que lleven a modificar la matriz energética. La economía verde debería estar en primer lugar. Las acciones tienen que conjugar medidas inmediatas, con las transformaciones complejas que toman más tiempo.
En las decisiones de corto plazo se deben estimular iniciativas como el proyecto de acuerdo presentado por el Partido Verde al Concejo de Bogotá, definiendo las primeras medidas que pueden ir llevando a la consolidación de una “infraestructura verde” urbana. Y en el frente rural es necesario frenar la deforestación y reducir las tierras dedicadas a la ganadería extensiva.
Y en el mediano plazo la economía verde implica: ordenamiento del territorio, modificación de la estructura productiva, y reducción de la desigualdad en el ingreso y la riqueza.
El catastro multipropósito es un elemento central del ordenamiento territorial. En Colombia el problema agrario sigue sin resolverse. Y el asesinato de líderes sociales es la expresión más dramática de la incapacidad que ha tenido el Estado para solucionar el conflicto por la tierra. El cumplimiento del punto uno del Acuerdo de La Habana debería ser una prioridad. El ordenamiento del territorio tiene que ver, además, con la minería ilegal y el narcotráfico. Las políticas prohibicionistas han fracasado. Se tiene que abrir la discusión sobre los pasos que se deben dar para avanzar hacia modalidades de legalización de la producción y distribución de la droga.
En cuanto a la matriz energética, el país tiene que seguir el camino propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Basta con implementar algunas de las medidas que han tomado los países más avanzados de Europa, buscando reducir las emisiones de carbono. Puesto que el cambio no se logra de un momento a otro, a partir del 2021 se deben tomar medidas que, por ejemplo, comprometan en este proceso a Ecopetrol. Además, es indispensable que el Banco de la República y, en general, el sistema financiero contribuya a la producción limpia.
La economía verde es compatible con dinámicas que favorecen el crecimiento y el empleo. Es posible proteger el ambiente y mantener niveles altos de inversión y empleo. Como lo ha mostrado la OCDE, actividades como el petróleo y el carbón son poco intensivas en empleo.
Y en el 2021 se deberían dar pasos significativos en la lucha contra el “virus de la desigualdad”. Este fue el mensaje reciente de Oxfam en la reunión de Davos. Los lineamientos de la reforma tributaria que ha mencionado el Ministerio de Hacienda no contribuyen a reducir la desigualdad. Por el contrario, una ampliación del IVA es regresiva. Una reforma tributaria progresiva (impuestos al patrimonio, a los dividendos, mayores tarifas de renta en los rangos superiores, eliminación de exenciones) debería cumplir tres objetivos: i) mejorar el recaudo, ii) disminuir la brecha entre ricos y pobres y iii) financiar un mayor gasto público dirigido a programas sociales y a la inversión pública en obras de infraestructura.
La preocupación por la desigualdad no es solamente de Oxfam. Es interesante observar que el FMI está cambiando su posición, y comenzó a pedirle a los países que traten de contrarrestar el significativo aumento de la desigualdad. Aunque estos grandes lineamientos de política son claros, el gobierno va por otro lado, y no pretende modificar el actual estado de cosas. Mientras tanto, vale la pena impulsar iniciativas parlamentarias como la renta básica de emergencia.
Jorge Iván González
Foto tomada de: https://www.opinioncaribe.com/
Es bastante sensato este planteamiento, pero va en contravía de los intereses de los más ricos de l país y el actual gobierno (tanto presidente como ministro) no van a tocar estos grupos de poder. El no aceptar el estado desastroso de la economía les permite maniobrar como si no pasara nada y mantener el stato quo.