Es urgente abrir el debate sobre los objetivos estratégicos de nuestras fuerzas armadas

Los ataques mortales de la Armada estadounidense contra lanchas de supuestos narcotraficantes es la más inmediata y evidente consecuencia de la declaración de “guerra contra el narcoterrorismo”, formulada por el presidente Donald Trump, mediante una orden ejecutiva firmada en enero de este año. A los dos días de tomar posesión de su cargo. La orden en la que calificó a los carteles dedicados al contrabando de estupefacientes en “Organizaciones terroristas extranjeras”. Pero desgraciadamente está no es la única consecuencia. Con todo y lo grave que son las “ejecuciones extrajudiciales” de los tripulantes de dichas lanchas, resulta de igual o mayor gravedad que las mismas terminen siendo el preámbulo de un ataque militar a Venezuela, justificado con el argumento de que el presidente Nicolás Maduro, encabeza el Tren de Aragua y el Cartel de los soles. O sea, de dos carteles de narcotraficantes que ahora las fuerzas armadas estadounidenses consideran organizaciones terroristas extranjeras, que tienen el derecho y la obligación de aniquilar. Sin que sea necesario que el Congreso de Estados Unidos autorice declarar la guerra a Venezuela, después de un debate en el que el ejecutivo tendría que explicar y argumentar la necesidad imperiosa de tal declaración. O, por lo menos, presentar las evidencias de que Venezuela ha atacado directamente a Estados Unidos, como hizo cuando Japón bombardeó a Pearl Harbor en diciembre de 1941. Los ataques letales a las lanchas son una demostración palmaria de cuán decidido está el presidente Trump a romper las leyes de su propio país y no solo las leyes internacionales.

A estas consecuencias hay que agregar otra de enorme importancia para Colombia. Me refiero al hecho de que nuestras fuerzas armadas tienen definido y aceptado como uno de sus objetivos estratégicos el combate a las “organizaciones criminales transnacionales”. Un objetivo que ha dado lugar a numerosos ejercicios militares conjuntos, tanto con las fuerzas armadas de Estados Unidos, como con las de muchos países latinoamericanos que lo comparten. Yo he mostrado mi desacuerdo con este objetivo en estas mismas páginas, porque supone varios problemas. El primero, que asigna a nuestras fuerzas armadas un objetivo que por su carácter policial no debería ser suyo, sino de la policía nacional.  Ella es la que tendría que ocuparse de él, en coordinación con la Interpol y con la policía de otros países. No con otras fuerzas armadas.  El segundo, consecuencia del anterior, es que ocupa el lugar que deberían ocupar los objetivos propios de una estrategia de defensa nacional que merezca su nombre. Y el tercero, es que de hecho ha contribuido a perpetuar la “guerra contra el narcotráfico”, que ha resultado tan estéril como costosa y sangrienta.

Al cabo de 50 años de su declaración por el presidente Richard Nixon, el narcotráfico no ha cesado de crecer, como ha crecido la demanda de sustancias psicotrópicas en Estados Unidos. Así como las muertes que ha causado, tanto allí como en nuestros países, y los beneficios millonarios obtenidos por quienes se benefician directa e indirectamente de su prohibición. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos calculan en más de cien mil las muertes causadas el año pasado entre sus ciudadanos por el consumo de dichas sustancias. La mayoría por causa del fentanilo, un potentísimo opiáceo sintético, cuyo consumo se disparó entre la población estadounidense debido a las corruptas campañas de promoción de su uso por la farmacéutica Purdue, cuyos dueños obtuvieron multimillonarios beneficios con ella. Y que no han tenido en su país más sanción que la de una fuerte multa, cuando deberían estar en la cárcel en castigo por tantas las muertes causadas por dicha campaña, tan fraudulenta como letal.  No me cansaré de repetirlo: el camino para poner fin al flagelo del narcotráfico pasa por desmilitarizarlo y asumirlo como el derivado de un problema de salud pública que hay que resolver en términos de una medicina capaz de actuar sobre las raíces sociales y culturales del mismo.

Al listado de malignas consecuencias de la “guerra contra las drogas” hay que sumar la transformación de la misma en “guerra contra el narcoterrorismo”. Ya mencioné que las “ejecuciones extrajudiciales” perpetradas en alta mar por la marina de guerra estadounidense y el uso perverso que se está haciendo de la calificación de las mafias del narcotráfico como “organizaciones terroristas extranjeras” para justificar una muy posible arremetida militar contra la hermana república de Venezuela.  Advierto sobre un tercero: que el Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses, exija que nuestras fuerzas armadas se involucren directamente en dicha arremetida, argumentando el compromiso de combatir al crimen transnacional, compartido hasta la fecha por ambas. Para dicho Comando esta exigencia tendría todo el sentido del mundo, dado que su gobierno considera que el presidente Nicolás Maduro es la cabeza no de una sino de dos organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico. A las que además considera terroristas.

Lo dicho: es urgente abrir el debate político sobre cuáles son los objetivos estratégicos de nuestras fuerzas armadas.

Carlos Jiménez

Foto tomada de: CNN en Español