El mecanismo de la vía rápida que las Farc impusieron como condición para firmar la paz dio vía libre a la reducción a la mitad de los debates relacionados con las reformas constitucionales que implica el desarrollo de los acuerdos, en el entendido de que solo el Gobierno tiene la iniciativa legislativa y de que el Congreso no puede hacerles modificaciones a los proyectos de reforma salvo que el Ejecutivo los acepte.
El proyecto presentado por el ministro contempla la eliminación de la vicepresidencia y el regreso a la figura del designado presidencial; la ampliación del período presidencial, de alcaldes y gobernadores a cinco años así como el periodo para los órganos de control; listas cerradas para Congreso con el fin de controlar la financiación de las campañas y reducir la corrupción por dos períodos; financiación estrictamente estatal de campañas durante dos períodos; voto obligatorio por dos períodos; voto a partir de los 16 años y modificación de la circunscripción nacional para elegir senadores. Como complemento a su propuesta, el Gobierno lanzó la plataforma RedForma Política con la que busca que los ciudadanos aporten propuestas relacionadas con la reforma política, basado en la idea de que las grandes discusiones políticas no se están llevando en los auditorios ni en la plaza pública sino en las redes sociales.
Ciertamente, el país político reclama una reforma política que permita resolver los graves problemas que aquejan nuestra democracia pero el Gobierno ha optado por ofrecer un proyecto acudiendo al mecanismo menos democrático posible. En efecto, la democracia no es solamente un régimen político ni una forma de vida ideal. Es también un conjunto de procedimientos de decisión que requiere instituciones concretas concebidas para favorecer acuerdos y crear condiciones para que los ciudadanos acepten como válidas las decisiones que se toman en virtud de dichos acuerdos.
En este orden de ideas unos sondeos por internet no son una opción comparable al debate parlamentario ni a lo que cabría denominar juicio político “razonable”. La política está asociada al ejercicio del poder y a la toma de decisiones en pos de determinados objetivos. Por ello, es de suponer que en el origen de una reforma política se halla un proyecto definido y claro que toma en cuenta los objetivos que se pretende alcanzar llevándola a cabo y las razones por las que es necesario acometerla, máxime cuando esta afecta el orden constitucional. Siendo así, llama la atención que tanto la financiación de campañas como el voto obligatorio se planteen por dos períodos como si se estuviera en un juego de ensayo y error o si en vez de pensar en términos estratégicos se tuviera en mente un panorama electoral.
Una Constitución es la ley fundamental del Estado y en un Estado moderno de derecho la misma adquiere una destacada importancia, de modo que en una democracia constitucional como la nuestra la legitimidad política no se basa en las urnas o la regla de la mayoría sino en el debate que da razones de las decisiones públicas que se toman en el marco de reglas pactadas con anterioridad y de todos conocidas.
En la política, desde luego, hay que cumplir lo que se promete. Por ello lo que se pactó en el Acuerdo de Paz de La Habana no debe quedar en el papel y se debe abrir un escenario político a quienes estuvieron alzados en armas. En palabras del ministro del Interior, “Ha llegado el momento de hacer la revolución pacífica en la política colombiana. No es suficiente desarmar a las Farc con un acuerdo de paz. Hay que aprovechar este momento histórico para hacer las reformas que no hemos hecho en los últimos 26 años”. Hasta aquí sería insensato no estar de acuerdo. Pero estar de acuerdo con el procedimiento es harina de otro costal.
La vía rápida, por ser un mecanismo “especial, excepcional y transitorio” como lo precisó la Corte Constitucional y que abrevia los términos de la aprobación de reformas legales y constitucionales, a la vez que reduce las competencias del Congreso, debe estar reservada exclusivamente a implementar el acuerdo de paz.
Convertir la excepción en la regla profundiza la desconfianza hacia nuestras débiles instituciones y contribuye a agravar la polarización social alrededor de lo acordado en La Habana. No se pierda de vista que el Centro Democrático ha expresado ya que busca modificar lo pactado en los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc para lo cual procederá a recolectar firmas.
La propuesta del Gobierno toca temas sensibles y de suma importancia que requieren debates serios y complejos que llevan su tiempo. Máxime cuando hay argumentos no deleznables que se pueden oponer a lo proyectado por el Gobierno. Unos cuantos ejemplos los tipifican:
- ¿Para qué bajar la edad de votación a los 16 años cuando todos los estudios muestran que los menores de 25 años son más abstencionistas que el promedio de electores?
- El voto obligatorio puede contribuir a disminuir la abstención pero no es fácil sancionar al infractor o las sanciones que se pueden imponer no afectan directamente a la mayaría de votantes potenciales.
- En ausencia de partidos democráticos y organizados las listas cerradas permiten volver al mecanismo del “bolígrafo” el cual puede subsistir en paralelo a las “empresas electorales” que funcionan como franquicias repartidoras de avales.
- Eliminar la circunscripción nacional reduce el costo de las elecciones, pero debilita a los partidos de base regional dispersa.
- La financiación estatal de las campañas no evita necesariamente el ingreso de dineros de dudosa procedencia que no serán declarados.
La solución a los innegables problemas de nuestro sistema político y electoral no puede surgir de reformas apresuradas motivadas por intereses coyunturales al margen del sentir de la ciudadanía. Más allá de objetivos de corto plazo las reformas estructurales no pueden perder de vista la legitimidad de las instituciones. En vez de lanzar globos al aire para distraer la atención de la sociedad agobiada por los altos niveles de corrupción que se han conocido, el Gobierno debe centrar su atención en llevar a cabo sin delación la implementación de los acuerdos de la Habana. De ello depende que la anhelada reconciliación y la democratización de nuestras costumbres no sea letra muerta.
Rubén Sánchez David: Profesor Universidad del Rosario
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