En México se libra una batalla decisiva

Por obra del azar o de una inesperada conjunción de los tempos políticos, este año se han juntado elecciones presidenciales, cuyos resultados decidirá sin duda alguna el futuro inmediato de la política mundial. Ya se realizaron la primera, las de Rusia, con un resultado esperado por tirios y troyanos: la reelección de Vladimir Putin, que asegura la continuidad de la estrategia con la que el país ha asumido la confrontación con la OTAN en los campos de batalla de Ucrania. En abril o mayo están previstas en India las elecciones parlamentarias cuyo resultado decidirá si Modi revalida o no su mandato como primer ministro. Todas las encuestas pronostican que lo hará, garantizando por lo tanto la continuidad de su política de neutralidad o no alineamiento con respecto al conflicto ucraniano.  En Venezuela se espera que un pronto acuerdo entre Maduro y la oposición moderada defina el calendario electoral definitivo de las elecciones presidenciales, que muy probablemente tendrán lugar en noviembre. El mismo mes de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América en las que se enfrentaran Joe Biden y Donald Trump en un duelo muy virulento y de resultados todavía inciertos.

Pero antes, el 2 de junio, están las elecciones generales de México en las que se elegirá al nuevo presidente de la república y al congreso de la nación. Elecciones que para mí tienen una importancia excepcional porque en las mismas esta en juego no solo la composición de los poderes ejecutivo y legislativo e incluso el judicial, sino la suerte del régimen neo liberal. Porque si triunfa la coalición política liderada por Morena (el movimiento político del presidente López Obrador) y cuya candidata a la presidencia es Claudia Sheinbaum, dicho régimen va a sufrir transformaciones muy profundas. López Obrador lo ha venido anunciando públicamente en los últimos meses: si Claudia Sheinbaum gana la presidencia y la coalición que la respalda la mayoría del Congreso, el siguiente paso es proponer una reforma de la Constitución de 10 puntos que apunta a fortalecer la soberanía nacional, reforzar el papel del Estado en la economía y a profundizar la democracia garantizando el respeto a la voluntad popular libremente expresada en las urnas.  Algo equiparable o semejante a lo que tendría que lograr la asamblea nacional constituyente propuesta por el presidente Petro en el caso de que se pudiera convocar.

Todos los diez puntos de la reforma constitucional mencionada tienen enorme importancia, pero creo que la que resulta decisiva, porque desmantela una pieza clave del engranaje institucional montado por el neo liberalismo, es la de la elección popular de jueces y magistrados. “Queremos que los elija el pueblo, como los elegía en tiempos de Benito Juárez” ha declarado López Obrador. Propuesta que resulta absolutamente inaceptable para los ministros y los jueces que encabezan actualmente el Poder judicial, que durante todo el mandato de AMLO se han dedicado a objetar o directamente a negar la legalidad de la mayoría de las decisiones tomadas por él en aplicación de su programa de gobierno. El programa de la Cuarta Transformación votado por la mayoría de los mexicanos. Se han dedicado, como lo ha hecho hasta la fecha la Fiscalía en Colombia, a poner palos en la rueda del Ejecutivo. Con el objetivo, no por encubierto menos actuante, de impedir la acción de un presidente que intenta ejercer el poder en beneficio de las mayorías populares y no de la oligarquía y/o de las multinacionales.  Y aunque es cierto que muchas de esas decisiones judiciales han sido francamente arbitrarias, no lo es menos que todas han contado con el respaldo de una Constitución que blinda al modelo de economía y sociedad neoliberal.

En México la suerte de la reforma de la Constitución, al igual que las posibilidades de acción del próximo presidente, dependen del resultado de las elecciones al Congreso. Que, de creer en las encuestas, puede otorgar una mayoría lo suficientemente amplia como para garantizar tanto la aprobación de dicha reforma como la eficacia del gobierno de Sheinbaum. Pero en política nada se puede dar por descontado de antemano. Y menos si se tiene en cuenta la intensificación de la feroz campaña mediática en contra López Obrador, entre cuyas calumnias sobresale la de que recibió en sus dos campañas presidenciales dinero de los carteles de narcotraficantes. La guerra contra el narcotráfico no sirve para reducir la adicción a las sustancias sicotrópicas ni para evitar el empoderamiento de las mafias, pero sí que le resulta útil a las campañas de difamación emprendidas por los medios hegemónicos contra los presidentes progresistas.

Carlos Jiménez

Foto tomada de: France 24