El régimen se resiste a las reformas. La profundidad de la crisis de los partidos que encarnan el régimen que en buena medida lo han sostenido después de la Constitución de 1991 es absolutamente evidente. Un signo de la decadencia de esos partidos que en buena medida han encarnado la contrarreforma a la Constitución, la recentralización, la corrupción generalizada en el manejo de los recursos públicos, el clientelismo, todo ello, lo reflejó la Convención del otrora reformista partido Liberal (remember Alfonso López Pumarejo) , obligado por el Consejo Nacional Electoral que amenazó con volverlo a sancionar si no se hacía una Convención toda vez que la última Convención se había realizado en marzo del año 2020. Fue por ello que, obligado el presidente eterno de dicho partido, César Gaviria organizó y manipulo una reunión sin brillo dominada por las maquinarias que él controla, esta reunión por supuesto que no debatió sobre los problemas del país ni fijo posición sobre los mismos. Reunión burocrática para cumplir con el requisito incumplido de tener un Congreso por lo menos cada dos años. La reunión de Cartagena del 31 de octubre y 1 de noviembre de 2024 apenas si logró reunir el quorum decisorio de forma virtual pues fue una reunión hibrida. Sirvió dicha reunión para reelegir a César Gaviria como presidente de dicho partido y para fijar una ruta de oposición a la agenda reformista del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Pero en todas las colectividades tradicionales se vive la misma crisis. No lejos de esa misma realidad que muestra el partido Liberal se presenta también en el partido Conservador que con amenazas y sanciones trata de mantener una disciplina de bancada para ejercer una férrea oposición al gobierno y lo propio se presenta en el partido de la U, en todos ellos hay fragmentación, división, y el parteaguas son las reformas sometidas al Congreso de la República por el gobierno nacional. Las fracciones dirigentes enfrentan la rebelión de sectores importantes de sus bancadas parlamentarias que no obstante tampoco actúan de manera organizada ni de forma uniforme frente a las distintas reformas. Quizás donde mejor se expresan sea en la Cámara de Representantes donde han logrado mayorías amplias para aprobar el conjunto de las reformas sometidas a su consideración. Dos veces han aprobado la reforma a la salud, aprobaron la reforma pensional y la reforma laboral, así como la jurisdicción agraria y la reforma al régimen de participación de las entidades territoriales en los ingresos corrientes de la Nación a la cual también le camino el Senado de la República.
La división y fragmentación se presentó en la, por decirlo menos, confusa y caótica votación en la plenaria del Senado de la Consulta Popular para someter al pueblo 12 preguntas que contenían los contenidos esenciales de la reforma laboral. Sin leer siquiera la proposición que se iba a votar, luego en una votación de menos de 3 minutos y con un voto cambiado después del cierre de la votación lo cual viola flagrantemente la ley 5 reglamentaria del Congreso, el resultado final de 49 por el NO y 47 por el SI que refleja la profunda división de los partidos en temas trascendentales como este. Si el Consejo de Estado que ya admitió una demanda obra en consecuencia y de acuerdo con su jurisprudencia deberá ordenar la repetición de la votación por las innumerables irregularidades que cometió el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda en el trámite de la misma. La presión al Consejo de Estado es fuerte pues los tiempos apremian para esta decisión por los plazos que tiene el Senado para su decisión.
Esta crisis del régimen también se vive en las altas cortes de Justicia. La Corte Constitucional un bastión progresista hasta la llegada del primer gobierno de Izquierda a la presidencia de la República, retrocedió y en sus decisiones se notó un giro a decisiones de tinte conservador. La declaratoria de inconstitucionalidad de la no deducción de las regalías para el pago de los impuestos de las industrias extractivas que significó un recorte de seis billones de pesos al año para las finanzas públicas, la declaratoria de inconstitucionalidad a la emergencia social y ambiental declarada por el gobierno para atender la crisis de las comunidades indígenas de la Guajira, la defensa de las Entidades Promotoras de Salud, EPS, para las cuales en un enrevesado auto ordenó unas mesas técnicas para que se revisara y aumentara la Unidad de Pago por Capacitación o sea el dinero que el gobierno gira por cada colombiano afiliado a las EPS al tiempo que reconocía que la información suministrada por las EPS no era fiable son una muestra de ese giro conservador. El reciente fallo con una amplia mayoría en que ordenó suspender las investigaciones en contra del presidente de la República por parte del Consejo Nacional Electoral, CNE, en la investigación sobre el financiamiento de la campaña presidencial del año 2022 así como la declaratoria de constitucionalidad de la conmoción interior decretada para los 12 municipios de la región del Catatumbo muestran de nuevo un giro hacia lo que ha sido su jurisprudencia progresista. Ello se debe también a la entrada de nuevos magistrados a esa Corporación.
En las otras dos altas Cortes, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, predominan las decisiones de tinte conservador en contra del Gobierno. Cinco parlamentarios del Pacto Histórico despojados de su investidura por una laxa jurisprudencia en materia de doble militancia, el concepto de la Sala de Consulta Civil del Consejo de Estado que el presidente podría ser investigado por el Consejo Nacional Electoral, la decisión de echar abajo un decreto reglamentario del Plan de Desarrollo que permitía la contratación con las Juntas Comunales, son entre otras, decisiones conservadoras contrarias al gobierno nacional. De modo que en las decisiones de los Altos Tribunales se muestra también la resistencia del régimen a las reformas sociales que ha pretendido llevar adelante este gobierno. A ello habría que agregar la lentitud con la que avanzan las investigaciones en la Fiscalía General de la Nación, sobre hechos de corrupción multimillonarios denunciados en la salud por parte de las EPS y en el Fondo Nacional de Regalías. Los cambios en la Fiscalía no se ven con la celeridad que se requiere para hacer frente a la corrupción rampante en el manejo de los recursos públicos.
Vivimos una crisis del viejo régimen la cual se ha profundizado por la agenda reformista que este gobierno impulsa. Lo que el viejo régimen no entiende es que los contenidos de esas reformas los reclaman las mayorías nacionales, ellas se identifican con la necesidad de una redistribución de la tierra hiper concentrada en donde unos 2500 propietarios son dueños del 52% del total de la tierra productiva del país mientras un millón ochocientas mil familias tienen menos de una hectárea de tierra. Que las Entidades Promotoras de Salud, EPS, han manejado de forma opaca y corrupta los recursos públicos y que se requiere una reforma para que los recursos públicos se manejen desde el sector público con mecanismos de control que hoy no existen; que se requiere una reforma laboral que devuelva los derechos conculcados por las reformas neoliberales, que el día laboral termine a las 6 de la tarde, que se paguen horas con recargo nocturno, que los dominicales y festivos se paguen con el 100% y que la norma sea el contrato laboral indefinido con limitaciones a los contratos a término definido y la eliminación de los contratos tercerizados. Esto para no hablar de la necesidad de una reforma política que el país reclama con urgencia, así como una reforma a los servicios públicos domiciliarios. Esas reformas las requiere el país y es a ellas a las que se opone el régimen.
Por tanto, hay que derrotar al viejo régimen enquistado en las altas Cortes de Justicia y sobre todo en el Congreso de la República. La profundización de la democracia pasa por una revocatoria democrática del Congreso en las elecciones del mes de marzo del próximo año. Si se logra ese cambio se podrá pensar también en una profunda reforma a la justicia, pero para ello hay que ganar el Congreso y mantener la presidencia de la República.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: El Heraldo
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