Fue un paro armado que afectó principalmente municipios en los departamentos Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar y Chocó, territorios en los que el conflicto armado, el narcotráfico y la delincuencia del crimen organizada nacional y trasnacional han mantenido en complicidad con la fuerza pública una situación de miedo e incertidumbre en la población y propiciado un modelo de administración paraestatal del territorio con una profunda injerencia en el comportamiento colectivo, unas veces de complicidad directa con estas organizaciones, otras por sumisión forzada.
Sobre los alcances del Paro
Los territorios del norte del Choco, la región del Urabá y bajo Cauca llevan al menos casi dos décadas bajo el terror de bandas criminales, alegremente denominadas “herederos del paramilitarismo”, surgidas en el post-acuerdo con los paramilitares en la administración de Álvaro Uribe Vélez y su particular incumplimiento con los derechos de las víctimas y la extradición de los comandantes cuando comenzaron a hablar sobre sus perversas relaciones con las instituciones, los empresarios regionales, sectores políticos y de su connivencia criminal con la fuerza pública, situación está que pone en evidencia una política “publica” agenciada por el gobierno y dirigida en lo esencial a mantener el país en una atmosfera de miedo, criminalidad e impunidad estructural.
Como consecuencia del paro armado, Apartadó, el principal pueblo de Urabá, amaneció desolado, con el comercio cerrado. situaciones similares se vieron en otras poblaciones como Turbo y Carepa. Aunque el comercio estuvo cerrado en su mayoría, algunos supermercados de cadena, tributarias del paramilitarismo, abrieron sus puertas para que la gente se abasteciera. Estos lugares estuvieron custodiados por miembros del Ejército y la Policía. En Tarazá, Nechí, Cáceres y otros municipios y caseríos del Bajo Cauca, controlados por los grupos ilegales y el miedo que se quedó instalado en el territorio desde la época de las AUC, sufrieron el constreñimiento absoluto de las posibilidades de abastecimiento y movilidad básicas, la situación de hambre es evidente frente a poblaciones que viven del rebusque en distintas actividades, no pocas veces en tareas de vigilancia al servicio de los grupos ilegales, que les proporciona los recursos de una subsistencia altamente precarizada y que llegan a ser los mayores generadores de “empleo” en territorios sin oportunidades.
El paro armado del Clan del Golfo se ha manifestado como una estrategia comunicativa de terror y de fuerza a través de pintas, quemas de vehículos (176) generación de miedo y pánico entre la población, autoaislamiento, cierre del comercio, paro forzado de actividad económica, cierre de los establecimientos educativos, entre otras actividades de la vida económica, social e institucional lo que genera una situación de temor, hambre y zozobra entre los pobladores de los municipios y territorios más afectados.
El paro en lo esencial lo sintió el sector del transporte de carga y de pasajeros que tuvo 187 eventos de inmovilidad y quema de vehículos, se señala que hubo 10 muertos entre civiles y personal de la fuerza pública. El miedo y el terror se apoderó de las vías de Antioquia en el Norte, el Nordeste y el Urabá antioqueños y en general en todas las vías que van hacia la costa caribe en los departamentos afectados por las acciones criminales del paro armado. Las vías quedaron bloqueadas por la Policía en supuestas acciones preventivas y por la delincuencia coordinada por el Clan del Golfo.
En nada contribuyen las medidas institucionales para detener las acciones de la delincuencia criminal del Neo-paramilitarismo en la regiones afectadas por el paro; ni los consejos de seguridad con la presencia del desprestigiado Ministro de defensa Diego Molano y del Interior Daniel Palacios, ni los patrullajes conjuntos del ejército y la policía que no constituyen una oferta de seguridad para los ciudadanos paralizados, no solo por el miedo que les generan los grupos armados ilegales, sino, por el control reconocido colectivamente que estas organizaciones tienen sobre el territorio, al interior de una estrategia de seguridad del gobierno de la administración Duque, en el que son funcionales a la política represiva del Estado en territorios administrados por múltiples gobernanzas.
En los últimos cuatro años la violencia ilegal ha vuelto a posesionarse en los territorios a través de distintos actores, soportada por una sofisticada política de “seguridad” a la cual le sirve. La presencia de distintos grupos armados articulados por redes rizomáticas y fractales en la que en lo esencial funciona un particular modelo de mercenarismo criminal, que se ocupa de labores especificas determinadas por un nodo de poder con suficiente recursos para poner a mover una maquinaria de criminalidad en torno a la practica de la delincuencia del crimen organizado nacional y transnacional, hacen la situación de una complejidad mayor en la medida en la que en ella operan prácticas de connivencia criminal, en la que conviven la legalidad y la ilegalidad en un modelo de administración criminal del territorio que se nutre de economías ilegales, practicas del despojo y el desarrollo de un modelo de acumulación de capitalismo criminal del que todos los sectores que constituyen las llamadas fuerzas vivas se nutren en procesos de acumulación perversos que involucran practicas económicas convencionales con economías ilegales.
Sobre el Clan del Golfo
El denominado “Clan del Golfo”, nació como consecuencia del proceso de desmovilización de las AUC (2006). Inicialmente se llamó Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), pero luego fue conocido como los Urabeños, por su presencia localizada en Urabá Antioqueño y chocoano y también como el clan Úsuga por el origen familiar de gran parte de sus integrantes. Fue el gobierno y los medios de comunicación los que terminaron denominándolo Clan del Golfo.
Este grupo paramilitar es una mezcla siniestra de viejos militantes de la guerrilla del EPL, de militantes del paramilitarismo del Uraba Antioqueño y chocoano y de los empresarios y operadores del negocio del narcotráfico que han logrado posesionar un modelo de relacionamiento con la institucionalidad social, política y económica soportada sobre el interés económico y el miedo.
Contrario a lo que se cree y se da a conocer, por algunos académico e instituciones del Estado, el Clan del Golfo no está formado por bloques a la manera de las viejas estructuras paramilitares de las AUC, sino, por nodos organizativos, con liderazgos relativamente reconocidos, que logran articular una compleja red de grupos criminales y delincuenciales que actúan a su nombre en distintas regiones del territorio y que se desempeñan como “operadores” del portafolio criminal del grupo que no se reduce al narcotráfico, sino que compromete la minería ilegal, todo tipo de tráfico y de actividad ilegal y legal.
El denominado Clan del Golfo funciona como una red compleja de interconexiones entre varios “dispositivos delincuenciales” que están conectados a través de diferentes enlaces que se asumen como organización y fuerza según sean las actividades que se deban realizar. En general estos grupos delincuenciales funcionan en una zona determinada que es de su conocimiento en un particular modelo de mercenarismo criminal que opera en red.
Para su funcionamiento y coordinación existe un grupo central que se constituye a manera de nodo de red con fluidos canales de comunicación que se utilizan para crear, transmitir, recibir y operar ordenes según los propósitos del mando central en las distintas rutas de criminalidad en las que se mueve la organización en los respetivos territorios. Cada grupo de la red criminal constituye una unidad operativa que funciona según el alcance de su capacidad de acción, que se enlaza con la capacidad operativa y el desarrollo de roles de otros grupos criminales, de ahí el carácter fractal y rizomático de la organización.
Los medios de comunicación y las instituciones del Estado se han encargado de redimensionar la capacidad del Clan del Golfo señalando que son factor de alteración en Antioquia, Chocó, Bolívar, Sucre, Nariño, Córdoba, Atlántico, Cauca y Norte de Santander, donde su presencia tiene unas características particulares en términos de control territorial que son mucho menos de lo que se les atribuye de manera intencionada, para agrandar el enemigo de la acción institucional y justificar la política de seguridad, los apoyos de la lucha contra el narcotráfico y la cooperación norteamericana. Se señala que puede estar haciendo presencia en aproximadamente 250 municipios, lo que de ser “cierto” equivaldría a tener entre 6 y 12 bandidos en cada municipio.
El potencial del Clan del Golfo no lo constituye el numero de delincuentes que agrupa, sino, la utilización política y criminal que se hace de la razón social y los activos de miedo y terror que la acompañan, juntamente con las perversas relaciones que utilizan con los organismos inteligencia y la fuerza pública cuando operan en connivencia y con sectores de la sociedad y la economía que están bajo su control. Actividades como el narcotráfico, narcomenudeo, la explotación minera, contrabando de combustibles y mercancías, despojo de tierras, en control de la administración pública intimidada y cómplice, de la contratación pública y su inserción en los proceso productivos convencionales como practica de lavado de activos con empresarios locales que fungen de testaferros, les permiten ser empleadores a gran escalas en un mercado de informalidad inmenso en los que se van construyendo relaciones de reconocimiento de autoridad y lealtad.
Un fenómeno difícil de erradicar
Este modelo de paramilitarismo “empresarial” constituye un fenómeno de difícil erradicación por el volumen de recurso- dinero que produce y la manera como irriga ese capital los sectores empresariales y desprotegidos en los territorios que controlan.
No es la captura y extradición de sus mandos lo que va a terminar con el fenómeno, nuevos mandos reemplazaran, a quienes como consecuencia de su captura o exterminio vayan saliendo. Mandos que han ido creciendo al interior del fenómeno, que conocen las dinámicas del negocio y que están dispuestos a hacer lo que sea para rentarlo.
Total, el discurso del sometimiento a la justicia con garantías jurídicas resulta pertinente pero insuficiente, cuando el gobierno los considera un mal necesario. Resulta pertinente para la comprensión y el tratamiento del fenómeno de lo que se ha dado en llamar paramilitarismo de quinta generación profundizar en el estudio de su forma de organización, de la calidad de sus mandos, cada vez más precarizadas y de los alcances que tiene el fenómeno más allá del uso de la violencia y la utilización productiva de los activos del miedo y el terror heredados.
Pero, igualmente, es necesario liberar a las comunidades y las instituciones locales del nivel de injerencia que tienen estas organizaciones sobre el territorio haciendo autentica presencia estatal con una oferta de derechos y oportunidades que rescate a la población desocupada de ese modelo de existencia mercenaria de supervivencia e ilegalidad, así como, romper de manera definitiva las relaciones de connivencia cómplice de empresarios y de algunos miembros de la fuerza pública con estas organizaciones en los territorios, lo que constituye una tarea difícil, pero urgente, en el camino de construir convivencia ciudadana, bienestar y desarrollo en esos territorios habitados por el miedo, la violencia, el hambre y el desempleo.
Carlos Medina Gallego, Docente-Investigador Universidad Nacional de Colombia
Foto tomada de: Semana.com
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