Producto del abandono del Estado, de megaproyectos como: hidroeléctricas, la autopista Medellín-Bogotá, y el aeropuerto internacional José María Córdova y de su manejo excluyente, emerge un movimiento de resistencia civil que se llamó Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño (MCOA). Movilización que abarcó la totalidad de municipios de esa región, donde al fragor de la lucha emergió una nueva dirigencia social y política que fue reprimida a sangre y fuego por la élite política y económica antioqueña. Posteriormente fue azotada por grupos armados que a nombre de ideologías extremas de izquierda y de derecha, quisieron someter a la población.
La región empieza a tener importancia desde los sesenta, con la construcción de las hidroeléctricas de San Carlos, Guatapé, Jaguas, Calderas, Tafetanes y Playas. Hoy, el oriente antioqueño genera el 33% de la energía del país.
Con la construcción de los embalses y la autopista Medellín-Bogotá, ocurrieron los primeros desplazamientos de la población. El casco urbano del Peñol fue trasladado en su totalidad y se dieron inundaciones en otras zonas del mismo. La comunidad se enfrentó a la reubicación en nuevas tierras y a cambios bruscos, tanto sociales como laborales. Llegaron a la localidad maquinaria pesada, numerosos foráneos, se especuló con la tierra y allí ocurrió el primer asesinato contra los que se oponían a los designios del desarrollo y el progreso. Cuenta Humberto León Rivera Galeano en su libro “El Ave Fenix”, donde relata lo acaecido en el Peñol que, “cuando se anunció que se iba a embalsar el pueblo, don Demetrio que era uno de los mayores propietarios de vegas aledañas al río Nare, dijo que no le interesaba vender sus tierras. Esto le valió que el día 19 de octubre de 1965 sobre las cinco de la tarde, presumiblemente un carabinero que estaba de servicio en la mayoría de Guatapé, lugar en donde estaban las oficinas de EPM, lo matara a tiros en la entrada de su casa. Con este acto se garantizaba que el patrimonio de don Demetrio “se volvería harinas” y los herederos negociarían más fácilmente sus derechos sucesorios con las EPM”.
Los gobernantes antioqueños crearon por esos días la Electrificadora de Antioquia S.A, que se dedicó a la comercialización de energía. Le compraba en bloque a EPM para luego revenderla a otros municipios distintos al Área Metropolitana. El mal servicio, acrecentó el malestar de los pobladores de la región. En noviembre de 1981, la empresa notificó el alza gradual de las tarifas en un 35%, lo que provocó el rechazo generalizado. Se convocaron asambleas en distintos municipios del oriente, donde definieron el no pago de las facturas y se constituyeron juntas cívicas en representación de los usuarios.
Puede decirse que este fue el detonante y motor a la vez de la protesta. La empresa de energía respondió con el corte de energía ante el no pago y la gente reaccionó impidiendo el corte del servicio. Mientras que la empresa emprende intensa propaganda contra el movimiento, el 26 de junio de 1982 se realiza una asamblea en Marinilla, donde se constituye la Coordinadora Regional de Juntas Cívicas Pro defensa de los Usuarios de la Energía, cuya tarea era pugnar por la liquidación de la electrificadora, presionar una negociación y fortalecer el movimiento.
El primer paro cívico se convoca para el 9 de septiembre de 1982, con una duración de 48 horas. Rionegro, Marinilla, La Unión, El Retiro, El Santuario, San Vicente, Guarne, La Ceja, El Carmen de Viboral, El Peñol, Cocorná, Granada y San Carlos, fueron los municipios que se vincularon a la protesta. Se planteaba entre otros: prestación del servicio de energía por parte de las Empresas Públicas de Medellín, sin intermediarios. Tarifas preferenciales, en razón de ser una región productora de energía y en compensación por la afectación acarreada con las hidroeléctricas, así como la congelación de las tarifas. También se demandó la eliminación de las multas por el no pago de las facturas y un plazo de doce meses para su cancelación.
El paro fue calificado de subversivo por parte del gobernador y fueron detenidos más de quinientos manifestantes. El incumplimiento de los acuerdos por parte de las autoridades departamentales conllevó a dos paros más, el último de los cuales se realizó en febrero de 1984, con una duración de una semana, al cabo del cual se iniciaron graves amenazas a sus dirigentes más connotados quienes fueron señalados por la prensa de extremistas, subversivos y agitadores profesionales. El MCOA se enfrentaba nada más y nada menos que a Álvaro Villegas Moreno, gobernador de esa época, el hoy dueño de la constructora que en su codicia llevó al derrumbamiento del edificio Space en octubre de 2013 y al archiconocido Álvaro Uribe Vélez -temporalmente alcalde de Medellín- quien se oponía radicalmente a que se aceptaran las peticiones del movimiento. La protesta y la intervención de la fuerza pública produjeron varios muertos y heridos.
Ante la fuerte y organizada resistencia civil de la gente, se respondió con la represión y el asesinato sistemático de los dirigentes del movimiento ciudadano. Estos empezaron a ser asesinados el 23 de octubre de 1983, cuando un sicario acribilló al médico Julián Conrado David en San Carlos. Proseguirá una ola de persecución y asesinato sistemático de los líderes a manos de sicarios provenientes, principalmente, del Magdalena Medio.
Pero el MCOA no se quedó solo en la protesta, pasó a la propuesta de convertirse en una fuerza política alternativa y en varios municipios presentaron listas al concejo y aspirantes a las alcaldías en forma exitosa. Fue un grito de independencia frente la caduca dirigencia política de liberales y conservadores. De “la protesta a la propuesta” fue una consigna que encarnaba, no solo la renovación democrática por fuera de los partidos tradicionales, sino que representaba un profundo sentimiento de rebeldía de los habitantes en contra del abandono oficial. La idea fue de Ramón Emilio Arcila, reconocido dirigente cívico de Marinilla, inmolado el 30 de diciembre de 1989 siendo candidato a la alcaldía de ese municipio. Según cifras del Cinep, de enero de 1988 a octubre de 1991, en el Oriente antioqueño fueron asesinados 66 miembros de movimientos sociales.
La oleada de crímenes contra los dirigentes del MCOA se entrecruzó con el exterminio de la Unión Patriótica, cuyo diputado por Antioquia, Gabriel Jaime Santamaría, caía asesinado el 27 de octubre de 1989. A los que no alcanzaron las balas, tuvieron que salir de la región e incluso del país.
Pero la tragedia no paró aquí, la danza macabra de la muerte prosiguió su paso por la región con el enfrentamiento de fuerza pública, guerrilla y paramilitares. De la sarracina de los armados, se cuentan por miles las víctimas. Desplazamiento forzado, desaparición forzada, tortura, violaciones, secuestro, extorsión, falsos positivos, masacres, homicidio, toma de pueblos, campos minados, sabotaje a la infraestructura… acciones todas demenciales de las que los grupos armados echaron mano para conseguir una victoria y que afectaron profundamente el tejido social de la región.
No se sabe a ciencia cierta el número de víctimas que dejó la violencia en esta región. Se calcula que solo en 2002, uno de los peores años, los grupos armados dejaron 30 mil víctimas civiles entre desaparecidos, mutilados por la minas, desplazados, secuestrados y muertos.
En los años más duros, el municipio del que más salieron desplazados fue Cocorná, con 16 mil personas entre 1995 y 2003, le siguen San Carlos con 13 mil y San Luis con 9 mil. Entre 1997 y 2010, del oriente de Antioquia, salieron más 175.000 desplazados por el conflicto armado.
A pesar del dolor, la gente trata de recuperarse del huracán violento que les rompió el alma y la convivencia. El acuerdo de paz logrado con las Farc, trae nuevas esperanzas a los habitantes del oriente del antioqueño.
La resistencia civil perdura y revive en diversas y numerosas formas organizativas de las víctimas del conflicto social y armado. Una de tantas, el Movimiento Cívico Ramón Emilio Arcila, en cabeza de Carlos Ruiz, sobreviviente de esa época, lidera por estos días un reencuentro de líderes y amigos en Marinilla, para elaborar, conjuntamente, con otras organizaciones de jóvenes y mujeres del Oriente, una memoria histórica de los hechos e iniciar una nueva lucha en favor de las víctimas. También para desarrollar una agenda territorial de cultura política, derechos humanos, y paz territorial, con el objetivo de restablecer una condiciones mínimas de democracia participativa, justicia social, desarrollo sostenible, y una sana convivencia. Sobre todo entienden que tienen que trabajar y desarrollar una cultura de paz que empieza por la reconciliación y el perdón.
La gente y sobre todo las víctimas, están ávidas de verdad, que los actores armados cuenten las motivaciones de su cruel accionar, la verdad que los llevó a esa vorágine de violencia que destruyó tanta gente y tantos sueños.
JAIME VARGAS RAMÍREZ
Julio 25 de 2017
( Fotografía: notiagen)