En ese sentido quiero recordar lo que escribí hace cuatro años largos para el libro “Agenda de Transición Democrática: otra Colombia es Posible” [1], a solicitud del Director de esta Revista Sur, “Las políticas de seguridad deben orientarse contra todos los factores de inseguridad de la sociedad, los que amenazan al Estado en sí, como los que afectan de manera directa al ciudadano: guerrillas, paramilitares, delincuencia organizada y común y otros violadores de derechos humanos; incluso el Estado acude a mecanismo de excepción, como los establecidos en las Constituciones para estos casos, pero lo excepcional debe ser temporal. Estas políticas deben apuntar a prevenir y neutralizar de manera cuidadosa estos factores de riesgo y amenaza; no pueden ser indiscriminadas o simplemente reactivas y sin olvidar en ningún momento que la democracia se fundamenta en el respeto de los Derechos Humanos y por lo tanto las estrategias de seguridad deben estar basadas en el marco constitucional y el Estado de Derecho. Igualmente, no se puede olvidar que en sociedades como la nuestra, pobreza, desempleo, marginación, se convierten en ‘amenazas’ para el orden democrático al estimular, en algunas circunstancias, modalidades de violencia social.
“Es necesario, por lo tanto, superar esa falsa disyuntiva de sí la seguridad es un tema de la derecha o de la izquierda y entender que, democráticamente concebida, la seguridad es una necesidad para todos los miembros de la sociedad.
“Por todo lo anterior es importante, desde los sectores democráticos, entender que la seguridad como tal no es el problema, sino la manera como se entienda ésta y que no se puede dejar el tema de la seguridad en manos exclusivas de los sectores más autoritarios de la sociedad, lo que clásicamente se ha considerado la ‘derecha’ política. Las opciones políticas democráticas deben proponerle a sus sociedades alternativas acerca de cómo van a manejar el tema de la seguridad, tanto la ciudadana, como la pública y la nacional. Es decir, no hay una manera única de entender la seguridad, sino que la misma puede tener modalidades diferentes.
“De hecho el principal desafío con que cuentan los proyectos políticos de izquierda es poder formular una política de seguridad y defensa no autoritarias y que al tiempo que le ofrezca garantías de seguridad a la sociedad lo hagan en el marco de lo reglado por la Constitución Política y las leyes.”
Inicialmente en este Gobierno se nombró en el Ministerio de Defensa un jurista muy reconocido en su lucha contra la corrupción y por la defensa de los Derechos Humanos, pero al parecer con desconocimiento de los temas de Seguridad y Defensa; no se tuvo en cuenta que la prioridad del Presidente para su designación, era la de trabajar con énfasis en los problemas de corrupción y el posicionamiento dentro de la doctrina de formación militar del respeto a los derechos humanos; en ese sentido el Ministro nombrado cumplió en buena medida la tarea.
Ahora bien, es verdad que en la mayoría de los países democráticos se ha privilegiado la idea de que la dirección política de las Fuerzas Militares esté a cargo de un civil, no solo porque se trata del delegatario del Presidente en la conducción de las Fuerzas sino porque debe transmitir el mensaje de civilidad propio de la democracia, y porque ese Ministro debe ser el representante político ante el país y ante el Congreso de las Fuerzas Militares -asistir y responder a debates de control político-. Por ello la tradición derivada de la Constitución de 1991 es la de contar con un civil en el Ministerio de Defensa; no porque exista prohibición constitucional para que un militar en servicio activo pueda ejercerlo, sino por las consideraciones señaladas.
La designación del Mayor General de la Fuerza Aeroespacial Pedro Sánchez, como Ministro de Defensa generó un debate en los espacios de opinión; el General Pedro Sánchez es un oficial de carrera -con treinta y cinco años de servicio- que si bien el país lo conoció por haber conducido la denominada “Operación Esperanza” que rescató a los niños indígenas después del accidente de aviación y que la sociedad así se lo reconoce; pero el General Sánchez como oficial de carrera de la Fuerza Aeroespacial es un conocedor de la dinámica de las operaciones militares, incluidas las operaciones conjuntas -lideró el Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares y varios Comandos Aéreos de Combate-, esto para destacar que es un oficial con suficiente conocimiento para ejercer como Ministro de Defensa. Algunos mencionan el obstáculo de la antigüedad, algo propio de la tradición militar, pero ya el nuevo Ministro designado tomó la decisión de renunciar a su condición de activo, zanjando así la discusión y renunciando a su futura carrera militar –evitando de esa manera la discusión acerca de cuántos oficiales superiores deberían solicitar su pase a retiro-, aunque habría que señalarse que este es un tema por revisar y actualizar al interior de la estructura de las Fuerzas –pero esa es otra discusión-.
Ahora vamos a contar con un Ministro conocedor a fondo de las problemáticas que atiende su Despacho, que es los que muchos estaban solicitando y por consiguiente lo esperable es que el Alto Mando Militar actúe de común acuerdo y coordinadamente con el Ministro, apoyándolo y asesorándolo para que sus tareas tengan los resultados positivos esperados por el país.
Porque no olvidemos que esta designación del General® Pedro Sánchez en Mindefensa se realiza posterior a la declaratoria del estado de excepción de la región del Catatumbo, del área metropolitana de Cúcuta y dos municipios del departamento de Cesar, posterior a las intensificación de las confrontaciones armadas entre el ELN y el frente 33 de la disidencia de las FARC en ese territorio con los resultados en número de muertos, desplazados, confinados que el país ha conocido. Pero si bien el decreto de estado de excepción tuvo como elemento de referencia y justificación el caso de esta región, la verdad es que hay otra serie de regiones donde igualmente existen situaciones de violencia y enfrentamientos con condiciones graves como son los casos de Chocó y la Costa Pacífica del sur, el departamento del Cauca y el cañón del Micay, los departamentos del Valle del Cauca, de Nariño, de Putumayo, de Caquetá, de Arauca, de Guaviare, el Nordeste y el bajo Cauca antioqueño, y Sur de Bolívar, que claro no es que exista una violencia generalizada en todo el país, pero sí lo que el propio Presidente ha denominado ‘focos regionales de violencia’, que por supuesto requieren una respuesta de parte del Estado.
Ahora bien, cada uno de estos ‘focos regionales de violencia’ tienen sus especificidades y por consiguiente requieren respuestas del Estado particulares. Por ello tiene razón el designado Mindefensa Pedro Sánchez cuando señala que la prioridad debe estar en la inteligencia, porque sólo conociendo las especificidades de cada región se pueden diseñar e implementar las estrategias adecuadas. Porque es claro que el conflicto armado ha cambiado –en realidad todo el tiempo lo ha hecho y lo hará, si queremos ser dialécticos, como dirían algunos-, pero justamente se trata de estudiar y conocer esos cambios en la especificidad de los territorios y esa es una de las tareas de una buena inteligencia, para poder diseñar las estrategias para neutralizar la violencia.
Por ejemplo, todos los que analicen la realidad de nuestro conflicto armado sabrán que en realidad nunca ninguno de las tantas organizaciones insurgentes, grupos y subgrupos han sido una amenaza real para el Estado, como decían en el pasado para ‘tomarse el poder’ –unos han tenido más que otros capacidad de hacer daño, pero que fueran una amenaza real no-, pero ellos han ido mutando y se trata de entender cuál es la naturaleza actual de cada uno de los actores armados ilegales, cuál su discurso, estructura y solidez organizativa, sus formas de actuar y de operar y cómo disputan o eventualmente comparten los territorios con otros actores ilegales. Hoy es casi improbable que existan los ‘cuerpos de ejército’ que intentó construir las FARC-EP en la época del Caguán, o el llamado Batallón América que denominó el M-19 en su momento, por lo tanto la respuesta de la Fuerza Pública debe adecuarse a esas realidades; en esa época los ‘bombardeos de precisión’ muy útiles para la política de objetivos de alto valor estratégico contra las FARC-EP ya hoy día no parece ser lo adecuado. En fin, es sólo para señalar que las respuestas de la Fuerza Pública deben ser adecuadas a las condiciones del momento y eso es lo que esperamos que el Ministro Pedro Sánchez lidere en los distintos territorios.
Por supuesto, siempre acompañado de una acción simultánea del Estado civil, lo que se ha denominado la acción simultanea de ‘zanahoria y garrote’, pero ambos actuando efectivamente. Porque todos los que analizamos con seriedad el conflicto armado nuestro sabemos que esto no se va a resolver solamente con las balas, ni solamente con muestras de buena voluntad o la firma de ‘acuerdos’ que es probable que sean solamente expresiones transitorias de entusiasmo o en el mejor de los casos de buena voluntad, que sólo se vuelven elementos importantes si están acompañados de una presencia y una acción seria de la Fuerza Pública, es decir de la política de seguridad. No se debe caer en ilusiones de creer que si hablamos ‘bonito o bien argumentado’ en la Mesa de Conversaciones, eso producirá los efectos de cambio en la contraparte.
En fin, por ahora debemos decir, que hay una expectativa grande sobre el actuar del nuevo Ministro de Defensa, pero no podemos caer en la ingenuidad que con el sólo relevo en el Ministerio todo va a cambiar; se requiere un actuar coordinado de la Fuerza Pública –quizá acompañado de una reingeniería de la misma- y un esfuerzo adicional de los equipos negociadores del Gobierno, con líderes como la jefa de la Delegación para las conversaciones con el ELN, Vera Grabe, con lucidez, serenidad, fortaleza y respeto por la contraparte, para tratar de intentar un nuevo retomar las conversaciones, al tiempo que se adelanta la estrategia de la Fuerza Pública en los territorios.
Ojalá tengamos una posibilidad de volver a tener una esperanza con base en la realidad de avanzar hacia la superación de este añejo y cambiante conflicto armado interno.
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[1] VARGAS VELASQUEZ Alejo, “Seguridad Nacional, seguridad ciudadana, fuerza pública y convivencia ciudadana”, en Corporación Latinoamericana Sur y Fundación Heinrich Boll, “Agenda de Transición Democrática: otra Colombia es Posible”, Varios Autores, Bogotá, 2022
Alejo Vargas Velásquez, Profesor Titular Universidad Nacional, Fundador y miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, Investigador Emérito de Min Ciencias
Foto tomada de: El País
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