La magnitud del desfalco al tesoro público, solo por este concepto, es gigantesca; los datos divulgados por el presidente Petro en su reciente alocución, indican que las EPS acumularon cuantiosas deudas con la IPS, (hospitales, clínicas, centros médicos, laboratorios, proveedores, etc.) y con médicos, médicas, enfermeras, especialistas y demás trabajadores de la salud, vinculados con contratos basura y salarios precarios. Entre 2017 y 2024, dichas deudas ascendieron a $30.15 billones.
Con la expedición de la Ley 100/1993, el gobierno de Cesar Gaviria impuso el modelo de privatización de la salud, entregada a 157 EPS creadas como intermediarias para “administrar” billones de pesos que el Estado y la clase trabajadora aportaron para prestar el servicio de salud a los pobres de Colombia. Para tener una idea del regalo que el régimen neoliberal les hizo durante más de tres décadas, los informes de los últimos tres años indican que la ADRES giró de manera anticipada $73 billones en 2023, $83 billones en 2024 y $63.4 billones en el primer semestre de 2025, (en diciembre el giro llegará a $100.billones). Solamente por los últimos tres años, el Estado ha girado anticipadamente a las EPS la suma de $256 billones; si se proyectan retrospectivamente, a precios de hoy, lo que les giraron en los 27 años anteriores, el mega fraude seria de miles de billones de pesos pagados a los dueños de las EPS y a sus cómplices, que seguramente fueron a parar en paraísos fiscales, o invertidos en la construcción de clínicas privadas (integración vertical) hoteles Resort, pautas publicitarias, campañas presidenciales y de congresistas, etc.
En su reciente alocución el presidente dio cuenta de que, de las 157 EPS creadas, los gobiernos de sus antecesores, (Uribe, Santos y Duque), liquidaron 128 por causas de corrupción, insolvencia financiera, reservas técnicas no realizadas, miles de tutelas por pésima atención, etc.; sus afiliados, mas no las deudas, fueron trasladados a las 30 que quedaron activas. En opinión del presidente, los gobiernos anteriores no hicieron las liquidaciones para proteger los recursos y el derecho a la salud, sino para “salvar los propietarios de pagar sus deudas, que en 2018 ascendieron a $18.5 billones y en 2021 a $20.7 billones, los dueños salieron del país…”; es decir no asumieron las deudas, ni se sabe quién las pagará. Es evidente que los gobiernos liquidaron las EPS no para proteger el derecho a la salud, sino para encubrir a sus fraudulentos propietarios que seguramente se fueron a disfrutar de fortunas robadas al erario, guardadas en paraísos fiscales o invertidas en ladrillos. Las EPS no liquidadas acumulan deudas que supera los $25 billones y arrastran una crisis que, inexorablemente, las llevará a la quiebra.
El presidente informó al pueblo colombiano sobre el escándalo del robo continuado al erario por la NUEVA EPS, que fue creada en 2028 para reemplazar al liquidado Instituto de Seguros Sociales (ISS) por decisión del gobierno del hoy convicto expresidente Álvaro Uribe Vélez, mediante una sociedad conformada por el Estado que aportó el 49% del capital y la asociación de siete Cajas de Compensación Familiar, que también administran recursos públicos, COLSUBSIDIO, CAFAM, COMPENSAR COMFENALCO Antioquia, COMFANDI y COMFENALCO DEL Valle del Cauca, que aportaron el 51% del capital. Nació con 11 millones de afiliados y afiliadas, la más grande EPS del país. Como dato sobresaliente, la Junta Directiva de la Nueva EPS estuvo, desde su nacimiento (2008) bajo el control de la familia Vargas Lleras, en cabeza de Enrique Vargas Lleras, por mas de diez años y del señor José Fernando Cardona, que fungió como presidente de la Nueva EPS por más de 15 años, hasta 2024, cuando fueron removidos de sus cargos por orden de la Superintendencia de Salud que decidió intervenirla, esta vez, no para salvar a sus propietarios sino para salvaguardar la salud de sus afiliados y afiliadas.
El presidente denunció en la Nueva EPS, cometieron un “Enorme robo” a la salud del pueblo colombiano, que “estafaron al Erario por decenas de billones de pesos que fueron trasladados a un cartel de la contratación que está detrás de la Nueva EPS…” Que, según lo demostrado por la Contraloría, dicha EPS “ha tenido una historia de robo de los dineros de la salud desde su fundación, con destino a los dueños y los políticos corruptos que se quedaron con las coimas, es decir los sobornos”.
Los informes sobre el mega robo dan cuenta de que en 2023 falsearon informes contables en $9 billones y escondieron 12 millones de facturas, equivalentes a $5 billones; tal desfalco, quedó al descubierto porque presentaron dos informes contables correspondientes a 2023 con enormes diferencias, uno presentado a la superintendencia de salud y otro, aparentemente el mismo, a la ADRES, en los que maquillaron $11.7 billones, de los cuales resulta el desfalco de $5 billones que los destinaron, supuestamente para pagar deudas con dineros de la salud de las y los colombianos.
Con el mayor Cinismo, los políticos de extrema derecha neoliberal, Uribistas, de Cambio Radical, de La U y demás, a través de sus altavoces los medios corporativos, han denunciado que el gobierno ha destruido el sistema de salud,, que en opinión de Álvaro Uribe el gobierno es responsable de la crisis porque le ha quitado los recursos a las EPS de iniciativa privada, pero la realidad demuestra que la crisis se debe a que “las EPS son un sistema de corrupción política social” (Gustavo Petro), además administrativa, que fueron creadas para la ganancia y la acumulación salvaje de capital que las llevó a la quiebra, como consecuencia del criminal saqueo continuado durante los mas de 30 años de su creación.
La salud de la clase trabajadora y la población más pobre del país esta en riesgo por el saboteo al proyecto de la reforma a la salud, con drásticos recortes negociados con los saboteadores y testaferros de los dueños de las EPS, archivado una vez y presentado nuevamente, pero engavetado y congelado en la Comisión Séptima del Senado. Por fortuna, en esta oportunidad, la fiscalía General de la Nación imputó cargos a José Fernando Cardona, presidente de la Nueva EPS, a Juan Carlos Isaza Correa vicepresidente administrativo y financiero, a Edgar Pedraza Castellanos, gerente de contabilidad y a Fabián Alberto Peralta Núñez, gerente de Cuentas médicas, por: 1). peculado por apropiación, 2). fraude procesal, 3). falsedad en documentos públicos y privados y 4). Omisión de control en el sector de la salud. Cabe preguntar, ¿Cuándo imputarán a Enrique Vargas Lleras, Noemí Sanín y demás directivos responsables del desfalco?
Se supone que los dueños y directivos de las 27 EPS liquidadas por sus cómplices gobernantes no deben quedar en la impunidad y que los dueños de las otras 8 EPS intervenidas serán objeto de las mismas imputaciones.
El pueblo espera que se haga justicia por los delitos imputados; pero los millones de muertes causadas por las prácticas criminales de los dueños de las EPS (paseos de la muerte, no entrega de medicamentos, negativa de autorizaciones para citas de especialista, hospitalizaciones, procedimientos quirúrgicos, etc.), constituyen un verdadero genocidio que tampoco debe quedar en impunidad. La clase trabajadora debe ser convocada a la movilización para presionar la aprobación de la reforma a la salud en el Congreso de la República controlado por corruptos políticos testaferros y cómplices de los ladrones de la salud. Las y los candidatos del PH, en las elecciones de 2026, deben comprometerse a retomar las reformas democráticas propuestas en la campaña de Petro y frustradas por la extrema derecha neoliberal.
José Arnulfo Bayona, Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de la ANEP.
Foto tomada de: La Silla Vacía
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