El bloque antirreformas lo han conformado las mayorías de los partidos tradicionales con presencia mayoritaria en el Congreso de la República, pero de manera muy notable en la Comisión Séptima del Senado por donde deben tramitarse las reformas sociales, forman también parte de este bloque los gremios empresariales, una parte de las altas cortes de justicia y por supuesto los principales grupos empresariales del país, así como sus centros de pensamiento y los grandes medios de comunicación. En estas circunstancias la decisión gubernamental de no cesar en su trámite y de acudir a la movilización ciudadana han sido las dos armas claves en esta lucha. Pero también los centros de pensamiento independientes que han nutrido el debate, con estudios serios sobre sus contenidos. Lo novedoso es que esa movilización social sea empujada desde el gobierno cosa bastante rara en nuestro medio y en general en la región latinoamericana. Si como decía Antonio Gramsci las políticas públicas son el resultado de una correlación de fuerzas esto se viene mostrando a diario en Colombia en esta coyuntura. Desde el gobierno y desde la movilización callejera se ha logrado romper el cerco y el bloqueo institucional practicado por el bloque de la oposición donde el lugar privilegiado de esta batalla es el Congreso de la República que es el órgano institucional donde se deben tramitar las leyes en una democracia liberal como la nuestra.
Sin la propuesta de una Consulta Popular el bloqueo institucional habría triunfado y el gobierno quedaría con las manos vacías y con el incumplimiento a los electores que en 2022 votaron por una Agenda Reformista que de manera clara esgrimió el entonces candidato y hoy presidente, que logró un poco más de 11.2 millones de votos. Petro se ha mantenido fiel a las promesas de campaña y ha acudido a la convocatoria al pueblo, a la calle, para respaldar la agenda reformista. Ante el hundimiento de la reforma laboral por parte de ocho senadores de la Comisión Séptima el presidente en una nutrida manifestación ese 18 de marzo, rápidamente respondió con el anuncio de la Convocatoria de una Consulta Popular mecanismo legal y constitucional. Pero esta Consulta debería tramitarse en el Senado de la República y ya sabemos lo que allí ocurrió en medio de irregularidades serias en la votación. Justamente el presidente aduciendo como argumento dichas irregularidades decidió expedir un decreto y enviar dicho decreto a la Corte Constitucional. El resto ya lo sabemos, ante esta estrategia el bloque antirreformas se vio precisado a rescatar la reforma laboral para de esta manera quitar legitimidad a la Consulta Popular y a las 12 preguntas que se habían formulado. Hundida la Consulta rescató el trámite de la reforma laboral y su aprobación. De esta forma se rompió el bloqueo institucional y se logra una victoria para el gobierno y para los sectores populares.
Algo similar ocurrió con la reforma pensional en la Corte Constitucional donde se presentaron más de 100 demandas por parte de la oposición y de diversos grupos de interés ligados a los fondos privados de pensiones. La ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez pedía que se declarara inconstitucional la reforma por vicios de trámite insalvables. Esta ponencia fue derrotada y en cambio la Corte devolvió el proyecto a la Cámara de Representantes para que se realice el cuarto debate pues a su juicio este debate no se habría realizado con las normas legales vigentes. Ahora solo resta que el gobierno convoque sesiones extraordinarias para realizar este debate y una vez subsanado este vicio en el trámite se promulgue de nuevo la ley. Las otras demandas deberán ser resueltas por el Tribunal Constitucional. La ley deberá entrar en vigencia una vez subsanado este vicio de trámite.
Entretanto la reforma a la salud sigue su trámite en el Comisión Séptima del Senado que de forma filibustera no lo agendó en esta legislatura. Los sectores que apoyan la reforma ya radicaron una ponencia favorable a la misma, pero su suerte es incierta pues aún no se sabe si las mayorías que la hundieron el 3 de abril del año 2024 se mantienen en la misma posición. Siempre habrá el recurso si la hunden de apelar a la plenaria del Senado para que se pronuncie como ocurrió con la reforma laboral. El juego de fuerzas tiene como ya indicamos su campo privilegiado de acción en el Congreso de la República y en un primer momento en la Comisión Séptima del Senado. Los dos triunfos en la agenda reformista seguramente repercutirán para que se mantenga la presión desde la movilización ciudadana.
Es en esta perspectiva que hay que examinar la propuesta del presidente de incluir una pregunta a los electores sobre la Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026. No es un mecanismo legal sino una propuesta de movilización política. Buscar que los ciudadanos presionen al Congreso que es el organismo legalmente habilitado para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Y esa presión pasa por una renovación política del Congreso de la República que se ha negado a hacer las reformas de fondo que aún quedan pendientes. Al ciudadano de a pie, al ciudadano del común, le queda claro que si esta de acuerdo con las reformas pendientes debe movilizarse para cambiar la composición política del Congreso y votar por los partidos y movimientos que tienen el compromiso de avanzar en la agenda reformista. El cambio son las reformas.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: Infobae
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