También, insta al gobierno de los Estados Unidos a llevar a cabo una evaluación de las políticas y programas relacionados con drogas y seguridad en Colombia, con el fin de cerciorarse que ayudan a resolver las causas subyacentes de los asesinatos de defensores de derechos humanos, si refuerzan la presencia integral de instituciones estatales —no solo de la fuerza pública— en regiones remotas y llama a explorar vías para reducir el poder y la influencia corrupta de los grupos armados.
El contenido de 136 páginas del Informe se basa en entrevistas realizadas por HRW a más de 130 personas (autoridades fiscales, funcionarios de gobierno, de derechos humanos, trabajadores humanitarios, defensores de DH y policías) en 20 departamentos para identificar dinámicas detrás de los asesinatos y llevar a los responsables ante la justicia.
En su planteamiento central, el Informe resalta que mientras los grupos armados asesinan a defensores de derechos humanos, el gobierno reacciona lenta y deficientemente en políticas de prevención, así como en la persecución y judicialización de los determinadores, o autores intelectuales de los crímenes.
Afirma que el aumento de los asesinatos de líderes sociales ubica a Colombia, “de lejos”, en la primera posición en Latinoamérica con respecto a estos crímenes y, según declaraciones de José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, el país se disputa junto a Irak y Filipinas el primer lugar como país más inseguro para los defensores, puesto que desde 2016, año en que se firmó el Acuerdo de Paz Gobierno-FARC han sido asesinados 421 líderes sociales, según datos de la ONU y, según datos de la Defensoría del Pueblo, la cifra de asesinatos es de 710 con incrementos que se producen cada año.
Según los datos de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), los defensores de los derechos humanos registrados en sus estadísticas como víctimas de grupos armados, desde 2016, incluyen los siguientes tipos de líderes sociales: 130 líderes comunales, 67 comunitarios, 69 indígenas, 33 campesinos, 18 afro-colombianos, 12 sindicalistas y 10 defensores de víctimas. Entre estas personas asesinadas se incluyen, al menos, 49 mujeres.
El documento recalca que el gobierno del Presidente Duque condena frecuentemente los homicidios; no obstante, la mayoría de los programas gubernamentales para prevenirlos apenas funcionan o tienen graves deficiencias.
Entre las zonas de mayor afectación se destacan el Norte del departamento del Cauca, el Pacífico Sur en Nariño, el Bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo en Norte de Santander, el Pie de Monte en Arauca y el Bajo y Alto Caguán en el Caquetá. En dichas regiones la presencia del Estado es precaria. La paz en ellas fue efímera, luego de la firma de los Acuerdos de Paz. Hay grupos armados que se declararon en disidencia o surgieron nuevos grupos para incursionar en las economías ilegales, tales como el negocio del narcotráfico para cuidar cultivos, rutas o laboratorios. En contraste, mientras que en julio de 2019 el gobierno anunció un nuevo plan para fortalecer la seguridad de las personas participantes en los planes de sustitución de cultivos de coca, con la finalidad de coordinar esfuerzos entre distintos organismos públicos y disminuir los riesgos de las comunidades, a diciembre de 2020, la Consejería Presidencial para la Estabilización indicó que dicho plan estaba en la fase final de formulación. En sus diseños se pasó por la realización de 12 talleres; no obstante, la queja de los campesinos es que de allí no sale nada concreto y se sigue sin garantías y sin respuesta del Estado.
Dada la ausencia del Estado, las personas defensoras de los derechos humanos velan por la defensa de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de sus comunidades, para que sean reconocidos y respetados. Pero, el simple hecho de defender los derechos humanos de una comunidad lleva a ser declarado objetivo militar, según declaran los líderes sociales. Los líderes están en las regiones donde el Estado no va. Donde el Estado no hace presencia las organizaciones sociales cumplen tareas que normalmente competen a las entidades del gobierno. Esto aumenta la visibilidad de los líderes y los expone a mayores riesgos con el consiguiente aumento de los atropellos, violación de los derechos humanos, incluyendo la violencia sexual contra las mujeres. Los grupos armados ilegales buscan que las organizaciones sociales se subordinen a sus dictámenes.
Aunque el gobierno ha diseñado mecanismos de prevención y protección de los derechos humanos, su implementación es sumamente pobre. Al respecto, la Unidad Nacional de Protección, que depende del Ministerio del Interior, ha hecho grandes esfuerzos para brindar mecanismos de protección individual. Pero, como afirma Vivanco, la mayoría de los defensores asesinados no estaban en el radar de dicha Unidad. Se choca con limitaciones presupuestales y con las restricciones propias de los esquemas que reducen la seguridad a tener un carro, un guarda espaldas, un chaleco y un celular. El 90% de las peticiones de protección son rechazados y los plazos para responder solicitudes estipulados en 30 días, se extienden hasta 130 días.
Para los defensores de derechos humanos, estas son medidas a medias. Reclaman el diseño e implementación de programas de protección colectiva que servirían para liberar los territorios de la presencia de actores armados, para que las autoridades tradicionales puedan ejercer su rol y tener acceso a los servicios del Estado, a fin de poder contar con el goce efectivo de derechos sociales, económicos, políticos y culturales en la perspectiva de condiciones de vida dignas.
El Informe y las declaraciones de los líderes subrayan que el esfuerzo para judicializar a los responsables de los asesinatos de defensores de derechos humanos no ha avanzado con respecto a los determinadores, quienes los ordenan y tampoco hay avances con respecto al desmantelamiento de los grupos criminales. Se dan capturas de algunos jefes de grupos o de bandas armadas; pero, no se avanza en el desmantelamiento. El gobierno Duque anuncia nuevos planes; pero, no aborda la implementación de lo existente. Las políticas se quedan en meras formulaciones.
El Informe reitera que es necesario hacer mayores esfuerzos en reforma rural integral, política de drogas y desmantelamiento de organizaciones criminales.
Con respecto al contenido del Informe de HRW con relación a los crímenes contra defensores de derechos humanos en Colombia, la publicación semanal inglesa The Economist, resalta que el activismo social ha sido durante mucho tiempo, una vocación peligrosa en Colombia. Se pensaba que el Acuerdo de Paz traería seguridad a los líderes sociales. Pero, de hecho, hay más peligro. Además de referir las citadas cifras de asesinatos reportadas por la ACNUDH y la defensoría del Pueblo, señala que en lo que va de 2021, ya se reportan 19 personas defensoras de derechos humanos asesinadas o desaparecidas, según reportes de Indepaz.
The Economist, con base en el Informe de HRW subraya que el Acuerdo de Paz animó campañas sociales ensombrecidas por la guerra, tales como los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos, la reforma agraria, la protección del medio ambiente y por un gobierno libre de corrupción. Sin embargo, concluye que Duque, cuyo mandato finaliza en 2022 se está quedando sin tiempo para implementar medidas de protección a los líderes sociales y para judicializar a los responsables de los asesinatos.
De otra parte, HRW reitera que la respuesta militar por parte del gobierno no es suficiente. Insiste en que el énfasis en la lucha militar contra el narcotráfico y otras bandas armadas constituye un déficit, dado que la prioridad se convierte en el combate a los grupos, pero esto no lleva a la protección de la población.
Con relación a los altos niveles de impunidad el Informe de HRW señala que la Fiscalía reporta 57 condenas y 200 órdenes de captura, lo que constituye un avance, pero, también con defectos. La mayoría de las condenas está enfocada en los sicarios, autores materiales de los crímenes y solamente diez condenas han sido proferidas contra quienes dieron la orden de asesinar.
El Informe insiste en la importancia de poner mayor atención en la investigación judicial, para condenar a los cabecillas. Aunque en 2019 el gobierno anunció la creación de juzgados especiales, estos no se han concretado, todavía. Según se plantea, el consejo Nacional de la Judicatura autorizó a partir de los próximos meses la puesta en marcha de 11 juzgados en todo el país, de los cuales seis se dedicarán a atender los crímenes en contra de los defensores de derechos humanos.
El Informe de HRW insiste en que el gobierno debe llevar a cabo esfuerzos genuinos para financiar y concretar políticas efectivas encaminadas a prevenir los asesinatos, y tener en cuenta el origen étnico, el género, la raza y otras características sociales que pueden incidir en los riesgos y las necesidades de los defensores de derechos humanos.
Así mismo, llama la atención para que el gobierno convoque de manera periódica la Comisión Nacional de Garantías de seguridad, instancia que se ocupa de las políticas de desmantelamiento de los grupos criminales, creada con base en el Acuerdo de Paz, dado que hasta ahora no hay resultados concretos.
En lo que se refiere a reacciones internacionales relacionadas con el Informe de HRW, son de resaltar los pronunciamientos desde el Congreso y el gobierno de Estados Unidos. Al respecto, el Representante Jim McGovern, quien ya a mediados de 2020 había expresado su preocupación y encabezado un pronunciamiento desde la Cámara de representantes, en dicho sentido, agradeció el Informe y señaló que se puede prevenir y proteger de ataques contra líderes sociales. “Lo único que falta es la voluntad política para hacerlo”. Así mismo, criticó la pretensión del gobierno Duque de centralizar las cifras sobre asesinatos de líderes sociales en una sola entidad, como se encamina a hacerlo en cabeza de la Fiscalía, en manos de un aliado del gobierno y con las más bajas estadísticas de asesinatos. Por su parte, el Presidente del Senado de Estados Unidos, Patrick Leahy insistió en que, si el gobierno Duque no hace lo que es necesario, hay pocas posibilidades de que el Acuerdo de Paz sea exitoso. En un comunicado calificó como “espantosas” las cifras de asesinatos de defensores de derechos humanos en el país e insistió en que es “lamentable” que el gobierno nacional no implemente las medidas necesarias para disminuir la violencia contra los líderes sociales. Es de anotar la incidencia que tienen estos portavoces del Congreso de Estados Unidos en materia de ayuda económica para la implementación del proceso de paz en Colombia.
En lo que respecta al Departamento de Estado de EEUU, su vocero Ned Price, expresó la preocupación del Gobierno Biden por la continua violencia contra los defensores de derechos humanos, valorando el papel que juegan en la construcción de una paz justa y duradera en Colombia. Es notable que el tema de derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz entra a formar parte importante de la agenda de relaciones entre USA y Colombia con el gobierno Biden.
El Informe de HRW fue también objeto de análisis por parte de los Embajadores europeos, quienes escucharon atentamente y con gran preocupación la situación de seguridad de los defensores de derechos humanos en Colombia y las recomendaciones de HRW para el fortalecimiento de los programas de prevención y protección. En la sesión en línea con José Miguel Vivanco participaron Patricia Llombart, Embajadora de la UE y los Embajadores de España, Bélgica, Suecia, Alemania, Francia, Irlanda, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Austria.
Finalmente, el Informe de HRW en su Apartado V, sobre derecho Internacional, recuerda que Colombia es un Estado parte de los principales tratados internacionales de derechos humanos que protegen los derechos a la vida, la integridad física y la libertad. Esto implica la obligación gubernamental de proteger efectivamente estos derechos y de desmantelar los grupos armados irregulares responsables de privaciones de la vida. Así mismo, compete a los gobiernos asegurar recursos efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos e investigar “de manera efectiva, oportuna, exhaustiva e imparcial las violaciones de derechos humanos”, así como asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia y garantizar el acceso de las víctimas a la justicia y a su reparación. Destaca el impacto desproporcionado de los homicidios de defensores de derechos humanos en la población indígena y la discriminación de facto.
Así mismo, subraya que las hostilidades entre fuerzas gubernamentales y algunos grupos armados no estatales, como el ELN, El EPL, las AGC y el antiguo Bloque Oriental de las FARC alcanzan un umbral que permite considerar la existencia de un conflicto armado no internacional en Colombia. En tales casos, aplica el derecho internacional de los derechos humanos incluyendo el artículo 3 de la Convención de Ginebra, así como las normas y tratados sobre derecho internacional humanitario, los cuales aplican para los grupos armados no estatales como para las fuerzas armadas nacionales.
En ese orden de ideas, llama la atención con respecto a que, en ocasiones, el gobierno Duque ha negado la existencia de un conflicto armado en Colombia, particularmente, con el fin de excluir al ELN de la existencia de dicho tipo de conflicto por su “captura de rentas ilegales” y la calificación de esta acción como “no política”. Sin embargo, el Informe subraya que esta motivación no resulta pertinente para decidir si una situación constituye conflicto armado. Al tiempo, insiste en la obligación de las partes contendientes que están obligadas por el derecho internacional humanitario y sus infracciones constituyen crímenes de guerra y los Estados están obligados a investigar, juzgar y castigar dichos crímenes, conforme al derecho internacional. En tal sentido, el derecho internacional humanitario prohíbe el homicidio intencional, así como los ataques deliberados e indiscriminados contra civiles.
Fuentes:
H U M A N R I G H T S W A T C H. Colombia: Graves deficiencias en la protección de líderes sociales. Febrero 10, 2021
H U M A N R I G H T S W A T C H. LÍDERES DESPROTEGIDOS Y COMUNIDADES INDEFENSAS Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia. ISBN: 978-1-62313-891-2. FEBRERO 10, 2021
Ver: https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/02/colombia0221sp_web.pdf
Por qué están siendo asesinados los líderes sociales de Colombia. The Economist. 13 de febrero de 2021.
Ver: https://www.economist.com/the-americas/2021/02/13/why-colombias-social-leaders-are-being-murdered
Albeiro Caro Fernández, Coordinador Programa Territorio, Paz y Desarrollo, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: https://www.latercera.com/
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