Para su desgracia y nuestra fortuna no ha sido así. La imagen estereotipada del dictador despiadado que gobierna en solitario, rodeado solo de áulicos y cortesanos, la ha destrozado el hecho incontrovertible de que quien efectivamente gobierna en Venezuela es un partido político y no un caudillo que, aparente o realmente, no obedece a nadie y no responde ante nadie. Es el Partido Socialista Unificado de Venezuela quién hoy gobierna al país, gracias al respaldo mayoritario del pueblo venezolano expresado en más de 20 elecciones generales y parciales realizadas desde que Hugo Chávez fue elegido por primera vez presidente en 1999. Partido político muy bien organizado y con un profundo arraigo en la sociedad venezolana, que, consciente de la diferencia crucial entre el partido y el gobierno que respalda, no limita su actividad a las elecciones y la vida parlamentaria, sino que actúa cotidianamente como eficaz organizador de las mayorías populares, en el campo y en la ciudad, con especial énfasis las comunas. La espina dorsal del poder popular en Venezuela. La fecha que apunta al futuro socialista del país.
Es la existencia y la actividad incesante del partido, muchos de cuyos militantes han sido víctimas de las bandas paramilitares de extrema derecha, las que explican en definitiva que la República bolivariana de Venezuela haya sobrevivido hasta la fecha al brutal asedio al que el Imperio Americano la ha sometido desde el primer mandato del presidente Trump. Un asedio apoyado económica, política y diplomáticamente por el Occidente colectivo, sus omnipotentes medios y desde luego por los gobiernos de Juan Manuel Santos y de Iván Duque y de la mayoría de los gobiernos del continente. Ha sido la infatigable, la tenaz actividad del partido de los socialistas venezolanos la que ha permitido a la república bolivariana sobrevivir a tan duras pruebas. Lo ha hecho sin recurrir al terror jacobino y sin suprimir a los partidos políticos de oposición, tanto moderada como extremista, a diferencia de lo que han hecho otras revoluciones en esta y en otras latitudes, donde los han ilegalizado. Los socialistas venezolanos, fieles en este punto crucial al legado de Hugo Chávez, han mantenido contra viento y marea su compromiso con la democracia parlamentaria y el respeto a los movimientos y partidos de la oposición. Este hecho, esta experiencia excepcional, ofrece una lección perdurable a los socialistas del resto del mundo: se puede y se debe mantener el régimen de democracia parlamentaria, con inclusión de los partidos de la oposición, aún en las situaciones políticas más adversas para el proyecto revolucionario. Su flexibilidad compensa con creces su aparente o real debilidad.
Es contando con este legado y este respaldo que ejerce hoy el poder en Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, cuya respuesta política a la virulenta ofensiva militar y política desencadenada por Trump es verdaderamente ejemplar. En primer lugar, insiste en que ella es la presidenta encargada porque el ciudadano Nicolas Maduro Moro es el presidente de pleno derecho, que no ha sido “extraído” o “capturado” sino simple y llanamente secuestrado. Por lo que sigue siendo el presidente, aunque ahora mismo lo tengan preso en una cárcel de Nueva York. Esta decisión suya legítima y potencia la exigencia de libertad inmediata de Nicolas Maduro planteada tanto por ella como por el pueblo movilizado en las calles de Caracas. En segundo lugar, está la nueva Ley de Hidrocarburos, cuya reciente aprobación por unanimidad y en primer debate por la Asamblea nacional, es una demostración de que el secuestro de Nicolás Maduro y de su esposa, en vez de “debilitar al régimen”, como esperaba Trump y su cúpula militar, lo ha fortalecido grandemente. La inmensa mayoría de los venezolanos, incluidos los lideres y los parlamentarios de la oposición, se han unido en rechazo a criminal agresión militar de Donald Trump contra su país.
Alguien podría decir que la nueva Ley de Hidrocarburos representa un retroceso con respecto a la ley que permitió al presidente Hugo Chavez nacionalizar la industria petrolera y recuperar el pleno control estatal de sus ingentes reservas de petróleo, las mayores del mundo. Pero esta crítica pasa por alto los efectos devastadores en la industria petrolera del bloqueo al que la misma ha estado sometida desde entonces por los gobiernos de Washington. El otro día, el presidente Petro, comparó las sanciones con la inclusión en la Lista Clinton (de la que espero lo saque pronto Donald Trump, porque él ha cumplido y no merece ese castigo). No le faltaba razón: las sanciones, como la Lista Clinton, supone que la congelación de activos y de cuentas corrientes, por lo que no se puede comprar ni vender nada en el ecosistema del dólar. La primera consecuencia: Venezuela no podía vender su petróleo porque nadie, ningún país con bancos vinculados al SWIFT, podía pagarlo, por mucho que quisiera. La segunda consecuencia: Venezuela no podía comprar los insumos necesarios para el procesamiento de su petróleo pesado ni herramientas ni equipos indispensables para el mantenimiento y la renovación de sus instalaciones petrolíferas. El resultado fue el desplome de la producción de petróleo y la generación de gasolina y el grave deterioro de las instalaciones existentes.
La dirigencia venezolana no se quedó sin embargo de brazos cruzados. Decidió aprovecharse de la formación de un importante bloque de países independientes de los dictados de Washington y de la hegemonía del dólar, para relanzar su producción de petróleo y reparar su averiada infraestructura petrolera. Estableció acuerdos comerciales con China, Rusia e Irán, países igualmente bloqueados, pero con capacidad de comprar a Venezuela, vender insumos indispensables, hacer inversiones productivas y ofrecer créditos pagaderos en petróleo. En este marco se produjo también el acuerdo con la administración Biden que le permitió a la multinacional Chevron reanudar sus operaciones en el país hermano y exportar 200.000 barriles diarios de petróleo. Gracias a dichos acuerdos, la industria del petróleo comenzó a recuperarse, así como la agricultura y el resto de la industria, demostrando al pueblo venezolano que se podía vivir, trabajar y prosperar sin estar sometido a los dictados de Washington. Que la independencia política es mejor que la callada subordinación.
El problema es que Trump, presa de su delirio de Hacer Grande América, cuando han desaparecido las condiciones que hicieron posible su grandeza, decidió patear la mesa de juego. Si Venezuela podía eludir con éxito las sanciones había que evitar que lo hiciera mediante la fuerza bruta. Ordenó el despliegue de una flota de guerra en el mar Caribe con el fin de bloquear las exportaciones de petróleo venezolano, bloqueo que trajo consigo la incautación de 6 buques petroleros y que todavía sigue. Que no se olvide. Obligando a la dirigencia socialista del país a preguntarse nuevamente ¿Qué hacer? Para adoptar la decisión probablemente tomaron en cuenta el hecho de que tanto Rusia como China no estaban dispuestos o no podían realizar operaciones militares destinadas a garantizar el libre tránsito de los buques cisternas con crudo venezolano por aguas del Caribe. De hecho, la marina de guerra estadounidense confiscó un petrolero con crudo chino comprado por una empresa china, sin que el gobierno chino hiciera algo para evitarlo. Y corrió una suerte semejante un petrolero que navegaba con bandera rusa en aguas del Atlántico norte. Por su parte, la marina de guerra venezolana carece de los medios y la potencia de fuego necesaria para desafiar, con una mínima posibilidad de éxito, la flota de guerra estadounidense que bloquea sus costas e impide hasta la fecha las exportaciones de petróleo venezolano.
La nueva Ley de Hidrocarburos responde a estos hechos contundentes, porque abre la posibilidad de que los gigantes de la industria petrolera vuelvan a invertir en Venezuela, porque plantea tres modalidades de extracción y procesamiento de hidrocarburos: la de propiedad de publica, la mixta publica privada y la privada. Unas normas impositivas claras y seguridad jurídica para las inversiones. Conserva el carácter público de las ingentes reservas petrolíferas del país y crea dos fondos de destino de los impuestos y las regalías: el primero para financiar el gasto social y el segundo para financiar el desarrollo agro industrial del país. Los días en los que una oligarquía parasitaria, representada por María Corina Machado, repartía a su antojo la renta petrolera han terminado para siempre.
Todavía falta por saber cuál va a ser la respuesta de las empresas petroleras estadounidense a la nueva ley de hidrocarburos. Aunque es probable que la acepten, dado el hecho de que en la reunión que tuvieron hace unas semanas con Trump, se mostraron contrarias a una solución “a lo Libia” del conflicto con Venezuela. Una intervención militar a gran escala, seguida de una desintegración del país y una guerra civil interminable, conforma un panorama poco propicio para las inversiones necesarias para que el petróleo venezolano recupere siquiera los niveles que alcanzó antes de que Trump bloqueara su producción y sus exportaciones. Es igualmente una incógnita la respuesta del propio Trump a la ley de Hidrocarburos que, además de permitir el acceso de las petroleras estadounidenses, permitirá a China y a Rusia realizar tanto las inversiones ya pactadas como nuevas inversiones. Es bien conocida la voluntad del actual inquilino de la Casa Blanca, de expulsar a ambos países de nuestro continente.
Carlos Jiménez
Foto tomada de: BBC
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