No obstante ser un régimen sanitario y prestacional especial organizado desde 1989 con la Ley 91 de aquel año, en que el gobierno del presidente Virgilio Barco dio via libre a los acuerdos alcanzados con la Federación Colombiana de Educadores FECODE, y de contar con adecuados recursos financieros aportados por los docentes y por el Estado, en calidad de patrono, la corrupción, el clientelismo y el despilfarro tanto en el FOMAG como en la Previsora, han hecho un grave daño al bienestar de los profesores y sus familias. Unas redes oscuras de Operadores o empresas de salud de papel (con clínicas garajes y camarotes improvisados) se adueñaron desde hace más de 30 años, en condiciones muy sospechosas, de los contratos de la salud del magisterio, en los departamentos y más recientemente en las 5 regiones organizadas para el efecto.
Tales Operadores tejieron unas mallas de influyentes agentes –especialmente entre líderes sindicales, senadores, funcionarios y abogados laboralistas-, cuya función ha consistido garantizar los millonarios contratos de la salud de los maestros, incluidas clínicas y entrega de medicamentos durante 360 meses.
Con el triunfo presidencial de Gustavo Petro, el nuevo gobierno se propuso, desde el 2022, resolver los graves problemas sanitarios de los docentes, específicamente en el funcionamiento del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG y en la Previsora, la Fiduciaria encargada de administrar los billonarios recursos presupuestales de la atención médica y prestacional de los maestros.
Así, se expidió conjuntamente con Fecode el Acuerdo 003 del año 2024, que reunió los elementos esenciales del modelo de salud del magisterio y su implementación a partir del 1 de mayo del 2024, el cual encontró muchas dificultades y problemas en su transición, pues su gestión se encargó a Mauricio Marin, una ficha del partido de la U, involucrado en escándalos de corrupción en el manejo de otras entidades, que trasladó a la Previsora y al Fomag en la formalización de los nuevos contratos regionales de salud que, quedaron, nuevamente, en las antiguas empresas enchufadas (ahora con maquillaje para la ocasión) por el sistema de prebendas y sobornos desde los años 90 del siglo XX con la colaboración de reconocidos directivo de Fecode. Marin y otros funcionarios simularon, en la Previsora y en el Fomag, un “cambio” que propició un gigantesco caos para los educadores, que aún se mantiene. Marin, según denuncias de la W (emisora), se cayó de su cargo tras las denuncias de Fecode, pero presuntamente se llevó miles de millones de pesos de la Previsora que se invirtieron en lujosas fincas y otros bienes en la ciudad de Armenia, quedando todo en la más completa impunidad porque es poco lo actuado por la Fiscalía y los jueces al respecto.
Hoy, el nuevo modelo de la salud de los maestros no logra estabilizarse y el presidente Petro intenta, con Aldo Cadena, el vicepresidente del FOMAG, superar el atasco en que esta la salud de miles de maestros.
Esos problemas se reflejan en los siguientes hechos:
Primero. La falta de contratación del servicio de salud en todas las regiones que debe estar lista para el 1 de agosto y bajo la veeduría y vigilancia del Consejo Directivo del FOMAG.
Dos. En la necesidad de aprobar un Manual tarifario de acuerdo con las características demográficas y epidemiológicas de la población magisterial, que detenga los sobrecostos y posibles abusos en la ejecución de los contratos, sobre todo, en el pago por evento.
Tercero. En la urgencia de la organización inmediata de la Red nacional de prestadores de servicios de salud del magisterio, porque los actuales contratos se vencen el 31 de julio. Hay necesidad de garantizar el servicio de salud de manera estable a los maestros y sus familias.
Cuarto. Resolver de manera inmediata la proveeduría de medicamentos que demanda el magisterio y sus familias, garantizando oportunamente los requerimientos para el tratamiento de la enfermedad en los diversos niveles y grados de afectación.
Quinto. Dar respuestas inmediatas a las investigaciones sobre las irregularidades y hallazgos encontrados por la Contraloría General de la Republica en Auditoria adelantada al FOMAG en meses recientes, que dan cuenta de graves casos de corrupción y apropiación criminal de los dineros de la salud magisterial.
En ese sentido, es clave que los educadores y sus organizaciones sindicales exijan la instalación de la Auditoria forense en el FOMAG y en la Previsora tal como lo dispone el decreto 1600 del 27 de diciembre del 2024 que reglamentó la Estrategia anticorrupción del gobierno del Pacto Histórico.
La Auditoria forense es una herramienta preventiva de la corrupción que requiere el apoyo de los educadores y sus organizaciones sindicales para superar todas las dificultades que presenta el nuevo modelo de la salud de los docentes.
Cito los alcances del decreto 1600 de diciembre del 2024 para que los educadores, sus familias y las comunidades educativas utilicen estos recursos en la lucha contra la corrupción en el Fondo de Prestaciones Sociales y en la Previsora:
“Artículo 2.1.4.3.1.3. Definiciones. Para los fines de este decreto, se entenderá por:
- Auditoria Forense: rama de la auditoría que se enfoca en la prevención y detección de riesgos de corrupción y riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), a partir de una revisión rigurosa de procesos, hechos y evidencias para documentar la existencia de un presunto acto irregular, usando conocimientos interdisciplinarios que incluyen técnicas de investigación criminalística, contabilidad, conocimientos jurídico-procesales y habilidades en áreas financieras; el resultado de un proceso de auditoria forense permite la identificación y recolección de evidencia para ser presentada ante las autoridades competentes de llevar a cabo el debido proceso de investigación, acusación y juzgamiento.
- Corrupción: todo acto que implique desviación de la gestión administrativa o de los recursos públicos y privados para obtener un beneficio propio o para un tercero. Igualmente, constituyen actos de corrupción las conductas punibles descritas en la Ley 599 de 2000, o en cualquier ley que la modifique, sustituya o adicione, así como lo previsto en la Ley 1474 de 2011; las faltas disciplinarias; y las conductas generadoras de responsabilidad fiscal relacionadas con los actos de corrupción y cualquier comportamiento contemplado en las convenciones o tratados contra la corrupción que Colombia haya suscrito y ratificado. Esas conductas incluyen: (i) El uso del poder para obtener beneficios personales, (ii) Pérdida o disminución del patrimonio público, (iii) El perjuicio social significativo, y (iv) La corrupción electoral.
- Estándar de debida diligencia en la investigación y sanción de presuntos actos de corrupción: herramienta de estandarización de criterios comunes para generar procesos y procedimientos eficientes, eficaces y efectivos en la detección, investigación y sanción de presuntos hechos de corrupción. Además, debe entenderse como la adopción de mecanismos y herramientas reforzadas, con el fin de generar una precaución adicional en la salvaguarda de recursos públicos a cargo de las entidades.
- RADAR: Indicador elaborado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, diseñado para evaluar la afectación que la corrupción tiene en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Para garantizar su fiabilidad, las herramientas empleadas en esta medición deben cumplir con los estándares técnicos establecidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el marco de la Política de Gobierno Digital” ( Ver https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=171757 ).
Con la Asociacion Distrital de Educadores hemos radicado varios derechos de petición ante el Fomag y la previsora para que se establezca lo más pronto posible este conjunto de instrumentos y definiciones en la acción administrativa cotidiana.
Horacio Duque Giraldo
Foto tomada de: El País
Deja un comentario