Unas alternativas habitualmente debilitadas por la hostilidad del régimen; o incapacitadas de prosperar frente al muro de las hegemonías inerciales; o, incluso, ellas mismas descompuestas en medio de sus desvaríos ideológicos o de sus desatinos guerreristas.
Los compromisos de la paz
Hizo falta un histórico acuerdo de paz con una guerrilla; todo un tratado interno de reconciliación; para que el sector de las élites tradicionales, encabezado por Juan Manuel Santos, se comprometiera con este mandato constitucional; también materia de los acuerdos con las FARC; y que lo hiciera mediante una ley estatutaria; cuyo proyecto ha sido enviado para su trámite por el mecanismo del Fast Track.
El mentado estatuto consagra los derechos de la oposición y establece soportes institucionales para ayudar a su ejercicio libre y eficaz. La suerte de la oposición en Colombia, su vigor y crecimiento, son hechos que no dependen, sin embargo, solo de dichas garantías y ni siquiera de cualquiera ventaja institucional a la manera de una acción afirmativa. Y no lo son porque las limitaciones de la oposición no dependen solo de la orfandad en sus derechos, sino del peso de los pequeños y grandes vicios del sistema, no atacados por el estatuto proyectado.
El Estatuto esperado
En primer término, la ley en mención ratifica explícitamente el derecho a la oposición y su vínculo esencial con otros fundamentos, como el pluralismo o la participación; lo cual conforma un material doctrinario, que sirve como guía para la cultura cívica y para la ideología constitucional de carácter liberal.
En segundo término, establece mecanismos de favorabilidad en materias como la financiación y la utilización de los medios de comunicación. Así, según el artículo 11, los derechos específicos para fortalecer el ejercicio de la oposición son: la financiación adicional en un 5% por encima del promedio general; el acceso a los medios de comunicación del Estado; la réplica; la participación en las mesas directivas de las corporaciones públicas; un día de la oposición; la participación en la Comisión de Relaciones Exteriores; y entre otros más, la consagración de una sesión exclusiva sobre el plan de desarrollo y presupuesto.
Este manojo de instrumentos contribuye a una mayor visibilidad y a una más grande legitimación de la oposición política; lo que significa una mayor audiencia para su voz; un hecho que enriquece las intervenciones en el juego democrático, en las que la fuerza del mensaje para llegar al receptor hace parte sustancial del debate público y argumentado.
Sin embargo, el juego de la competencia política en una “democracia clientelista” tropieza con unas inercias viciosas que atentan contra la oposición; sobre todo, si esta última se plantea como una alternativa de poder, animada por la invocación de un cambio social.
El clientelismo y la representación
Más que los efectos represivos (que son oprobiosos) de la hostilidad del régimen y de los agentes locales de la violencia ilegal, pesa por sus efectos negativos un sistema, a veces difuso a veces preciso, en el que se mezclan las lealtades primarias y la representación clientelar. De estos procesos perniciosos ha vivido en gran parte el régimen político colombiano; y, claro, de la legitimación simbólica emanada de las elecciones, ese ritual de adhesión ciudadana; lo mismo que de la vigencia de una Constitución.
Las lealtades primarias han hecho parte de la historia de 200 años de vida republicana. Aunque han entrado en crisis, se mantienen como un relente de cultura pre moderna y envolvente, que obra como un reflejo en muchos electores con respecto a los partidos que se identifican con el statu quo y además con relación a los liderazgos, tocados con el aura de las herencias dinásticas.
Por otra parte, la representación política –la del nudo entre el elector y el elegido- se construye de abajo hacia arriba, como un edificio que se levanta de lo local a lo nacional, por medio de la lógica de los favores mutuos; una lógica llena de menudas obligaciones reciprocas, de tracto sucesivo; en las que el cacique utiliza al Estado para enganchar al ciudadano, el mismo que de esa manera agrega a su estatuto personal la condición de cliente.
Las lealtades primarias –remanentes pasionales de la identidad política- y la representación clientelista –distorsión de los intereses del ciudadano- son fenómenos que, sumados, desembocan en rasgos intensos de la partidocracia, como sostén del régimen político; sin por otra parte permitir un margen suficiente a la oposición y unas adecuadas compensaciones para su crecimiento.
La partidocracia supone el control del Estado por algunos partidos, el copamiento por estos del espacio político y su captura de las instituciones. Esas lealtades y esa captura clientelista reproducen duraderamente tal partidocracia, que por inercia enrarece el campo para cualquiera alternativa política.
Bueno pero insuficiente
En consecuencia, para refundar un espacio de lo político, que sea propenso a un juego democrático en el que intervenga la estructura binaria gobierno/oposición, es bienvenido el estatuto de oposición; pero así mismo hace falta un esfuerzo colectivo por parte de los movimientos alternativos, aunque también por parte de las élites, para una modernización que elimine el clientelismo.
Ricardo García Duarte Exrector Universidad Distrital de Bogotá
Deja un comentario