La perturbación intelectual comienza cuando advertimos lo próximos que están. Aquí no nos importa la estrafalaria biografía de los “Benditos menores”; nos interesa lo que revelan sobre las instituciones que les permiten gobernar. ¿Mediante qué operaciones una capacidad de intimidar se convierte en autoridad? ¿Qué relaciones permiten transformar la riqueza ilícita en influencia pública? Un delincuente puede ser abatido pero las ventajas que produjo su violencia permanecen incorporadas a la distribución de la propiedad o a las decisiones del gobierno. A partir de Galeotti, cabe formular una hipótesis: parte de la eficacia política del crimen consiste en conseguir que sus resultados sobrevivan a la visibilidad de sus procedimientos.
La teoría del Estado queda interpelada entonces por el fenómeno criminal. Hobbes justifica el poder desde el miedo; Rosseau y Locke desde la confianza. Gramsci nos permite comprender cómo el poder se prolonga en la vida cotidiana.
Maquiavelo advirtió que conquistar el poder mediante crímenes no convierte al vencedor en un gobernante digno de reconocimiento. Esa distinción atraviesa el problema que plantea Galeotti: ¿qué ocurre cuando las instituciones conservan los beneficios de la violencia que oficialmente condenan? Locke y Rousseau ofrecen una respuesta fundamental: la fuerza no crea el derecho a gobernar. Marx permite comprender, además, que el despojo puede producir fortunas y desigualdades que perduran durante generaciones. Por eso, para evaluar un orden político no basta con comprobar que tiene leyes, autoridades y elecciones: también hay que preguntar cómo se distribuyó la riqueza, quién puede participar sin miedo y quién quedó excluido por las amenazas o la expulsión de su territorio.
El problema se agrava cuando el Estado promete seguridad, pero sus funcionarios dependen de grupos criminales, los toleran o colaboran con ellos. La burocracia está, pero otros deciden quién recibe protección, qué delitos se investigan y quién permanece impune. La pregunta es, entonces, quién manda realmente y al servicio de qué intereses. Charles Tilly, demostró que la formación de los Estados estuvo ligada a la guerra, el cobro de protección (extorsión o impuestos) y la eliminación de rivales. Esa historia nos obliga a examinar que la diferencia democrática exige derechos efectivos, controles sobre los gobernantes y libertad para disputar el poder sin perder la vida en el intento. Ninguna Constitución garantiza por sí sola esa diferencia: hay que sostenerla en la práctica.
El problema de las bandas que moldean Estados debe plantearse, entonces, como una investigación sobre mecanismos. Una red puede comprar una decisión, condicionar un nombramiento, financiar una candidatura o imponer el control de un territorio. También puede lograr que actores legales dependan de sus recursos y que esa dependencia se vuelva habitual. Son grados distintos de intervención. En el último caso, retirar a un funcionario o capturar a un jefe deja intactas las relaciones que hacen reemplazables a ambos. La pregunta por la corrupción se amplía hacia la organización del poder: cuáles son sus intermediaciones y qué capacidades permiten reproducirlas.
Colombia ofrece una entrada especialmente exigente a este problema. La Comisión de la Verdad describió el paramilitarismo como un entramado de intereses y alianzas asociado a proyectos económicos, políticos y sociales. Documentó articulaciones entre sectores de la fuerza pública, intereses privados y narcotraficantes, con variaciones regionales y temporales. El alcance de esta descripción obliga a mirar más allá de la estructura armada. Un aparato de coerción domina poblaciones, pero su objetivo es modificar las condiciones de la competencia política y de la acumulación económica. Las responsabilidades concretas requieren prueba individual; Pero es el análisis de las relaciones lo que permite comprender el sistema de ventajas dentro del cual se producen.
Gustavo Duncan aporta una explicación similar al estudiar cómo el capital y la coerción provenientes del narcotráfico producen formas de gobierno y relaciones entre autoridades periféricas y centros políticos. Desde esa perspectiva nos aclara que la expresión ausencia del Estado resulta insuficiente cuando se usa para todos los territorios. Conviene averiguar qué instituciones están presentes, a quién protegen y con qué poderes negocian. En determinado lugar hay funcionarios y operativos militares; sin embargo, sus habitantes no tienen garantías para ejercer sus derechos ciudadanos.
En este punto, El libro ¿Quién manda en Colombia? Élites, poder y nación, de Jenny Pearce y Juan David Velasco Montoya, introduce una corrección decisiva a las explicaciones que imaginan un único centro de mando. El documento distingue cinco constelaciones de élites: oligárquicas, tecnocráticas, gremiales, políticas y judiciales. La reseña de Andrei Gómez-Suárez menciona una base de 932 personas y 119 familias. Estas cifras invitan a preguntar cómo llegaron esas familias al poder, cómo lo conservan y cómo lo ejercen, sin dar por sentado que su ascenso haya seguido siempre caminos legítimos. El interés radica en examinar las relaciones entre grupos que compiten, pactan y se reorganizan, así como en esclarecer cuándo su influjo resulta de procedimientos democráticos y cuándo de privilegios heredados, exclusiones o prácticas contrarias a la ley.
La lectura conjunta de estos autores requiere conservar una distinción fundamental: Galeotti estudia las relaciones entre la criminalidad y la organización social, mientras que Pearce y Velasco analizan quiénes integran las élites y cómo actúan. Lo importante aquí es identificar en qué circunstancias una red de actores y relaciones se opone a la coacción, la tolera o se vincula con quienes la ejercen. Si esos clanes o élites conviven o no con la criminalidad.
Las cinco constelaciones permiten ordenar esa indagación. La oligárquica remite a la concentración y reproducción del poder económico y familiar; la tecnocrática, a la autoridad del conocimiento especializado en la conducción pública; la gremial, a la representación organizada de intereses empresariales. Las élites políticas intervienen mediante la competencia por cargos y la intermediación, mientras las judiciales adquieren poder a través de la interpretación y aplicación del derecho. Pearce, en su trabajo académico sobre estas constelaciones, destaca las interacciones que permiten comprender la dominación. La distribución entre grupos importa tanto como los recursos de cada uno.
El propósito fundamental de los conglomerados económicos es la acumulación de riqueza. Ahí no acaba su gestión: Intervienen resueltos en las decisiones públicas. Sus pretensiones se vuelven demandas estas se presentan como necesidades técnicas y las decisiones políticas que los favorecen se respaldan con argumentos jurídicos. Estos mecanismos no son ilegales por sí mismos, pero no son transparentes, ni están abiertos al debate y al cuestionamiento ciudadano.
Cuando esos pocos concentran los recursos y el acceso a los espacios de decisión, defienden ese mismo interés por distintas vías hasta hacerlo parecer la única salida. Así, lo que beneficia a un sector termina presentado como lo que necesita toda la sociedad. Concentrar el poder también significa imponer los límites de la discusión: decidir qué propuestas se consideran posibles y cuáles quedan excluidas antes de ser debatidas.
El poder judicial merece especial atención. Según Velasco, la Constitución de 1991 fortaleció la autonomía y la capacidad de intervención de las altas cortes. Sin embargo, esa independencia no las hace ajenas a las desigualdades sociales ni a los intereses del establecimiento. Hay decisiones judiciales que reflejan sesgos de clase: protegen con mayor rigor los privilegios económicos y las estructuras de poder que los derechos y las necesidades de los sectores menos favorecidos. Cuando esto ocurre, la interpretación del derecho contribuye a mantener la desigualdad, aunque se presente como una aplicación neutral de la ley.
Gramsci nos ayuda a comprender por qué estas relaciones no se sostienen exclusivamente en el dinero o la amenaza. Su concepción ampliada del Estado vincula la sociedad política y la sociedad civil, y examina la relación entre dirección cultural, consentimiento y coerción. Ese proceso no necesita una acción acordada. Puede resultar de recorridos semejantes, intereses reunidos y caminos desiguales a los lugares desde los cuales se estudia la realidad.
Es aquí donde Luis Jorge Garay y Eduardo Salcedo-Albarán permiten tender el puente entre Galeotti y Colombia sin necesidad de pasar por la aduana de las generalidades. Sus investigaciones sobre la reconfiguración cooptada del Estado muestran que ciertas redes legales e ilegales pueden transformar las instituciones para ponerlas al servicio de intereses particulares. El propósito va más allá de un favor: alcanza las reglas y los mecanismos que aseguran ventajas duraderas. En su trabajo sobre la simbiosis entre crimen y corrupción explican, además, una complementariedad decisiva: la corrupción proporciona protección institucional y acceso a recursos públicos; el crimen aporta financiación, coerción y control territorial. Como dijera Nicolás Gómez Dávila: el negocio prospera cuando quien fuerza la puerta encuentra adentro a alguien encargado de quitarle el seguro.
Galeotti ayuda a comprender cómo la criminalidad interviene en la formación histórica del poder, Garay y sus colaboradores ofrecen instrumentos para reconocer cómo ese poder puede reorganizarse desde instituciones que continúan funcionando. Bien lo dijo Alfredo Molano: no hace falta clausurar una alcaldía para ponerla al servicio de una red. Puede resultar más provechoso conservar el despacho, el presupuesto y hasta el retrato del prócer. La formalidad sigue en su sitio; lo que cambia es quién obtiene sus beneficios. El problema colombiano exige entonces averiguar cuándo la violencia consigue convertirse en una ventaja administrativa, patrimonial o electoral que sobrevive al sicario.
Para estos efectos no nos sirve la expresión. Ausencia de Estado. A veces describe un abandono efectivo; otras, deja sin explicar una presencia puesta al servicio de determinados intereses. Una oficina puede ser diligente para reconocer un negocio y eternamente lenta para atender a sus víctimas. La pregunta es quién obtiene esa diligencia y quién debe resignarse a la espera. El maestro Carlos Gaviria sentenciaba: declarar ausente al Estado antes de investigar sus actuaciones equivale a expedirle una constancia de viaje a alguien que quizá nunca salió del despacho.
Por supuesto que en el Estado hay funcionarios provos, sindicatos que defienden la administración pública y el bien común. Jueces, ministros, docentes inmolados por su compromiso con la garantía de la eficacia de los derechos. Las constelaciones de Pearce y Velasco ayudan a situar las relaciones de poder; Garay permite examinar las articulaciones ilícitas. Confundir ambos planos convertiría la denuncia en una acusación indiscriminada y dejaría a los responsables concretos cómodamente perdidos entre todos los demás. Savater insiste en ello: hay que identificar responsabilidades, no repartirlas al por mayor.
Esta interpretación obliga a moderar una de las grandes supersticiones de la política: creer que ganar unas elecciones equivale a recibir poderes sobrenaturales. Las urnas distribuyen competencias institucionales; no disuelven las dependencias económicas, no forman funcionarios por generación espontánea ni convierten las promesas en capacidad administrativa. Por incómodo que resulte para la épica del líder providencial, las reformas necesitan alianzas, conocimiento y organización social. Es decir, trabajo colectivo, esa actividad tan poco milagrosa. Cuando el poder se reproduce mediante tantas relaciones, suponer que una sola voluntad puede transformarlo todo es confundir un programa de gobierno con un acto de fe. Los gobiernos tienen responsabilidades; las sociedades, tareas que ningún salvador puede hacer por ellas. Los mesías no existen.
La cuestión colombiana tampoco puede agotarse en la adaptación de las élites. Una descripción que solo atribuyera iniciativa a los poderosos reproduciría la invisibilidad de quienes los confrontan. La Comisión de la Verdad documentó la capacidad de comunidades, organizaciones sociales y víctimas para sostener la defensa de los derechos en medio de la guerra. En términos democráticos, esas prácticas constituyen poder: producen información, organización y exigencias que las instituciones deben atender. María Teresa Uribe sí que nos lo deja claro: una comunidad que conserva su autonomía frente a los actores armados modifica las condiciones del gobierno tanto como una decisión adoptada en un despacho.
Entonces capturar o matar al jefe no significa nada si la estructura sigue viva. Una legión de subalternos está prestos a tomar el lugar del capo caído. A la cabeza le sobrevive la renta, el entramado, la protección, es decir, el negocio. La estadística de las bajas es impactante pero ineficaz, porque no destruye las redes que soportan el fenómeno criminal. Solo cambia el cartel de los más buscados mientras la empresa sigue ahí, como el gringo.
Una política eficaz debe atender la estrategia que expone José Manuel Naredeo: la taxonomía del lucro, el viejo axioma olvidado, seguir el dinero: qué bien se valoriza con el despojo; el fraude en el contrato y a qué campaña llega la plata. Debe investigar también a quienes venden información, aseguran nombramientos o impiden que los controles funcionen. Cuando se tira del hilo se descubrirá quién se aprovechó del truco. ¡Ah sorpresa! Será alguien con traje italiano, el hilo será una alfombra roja y carné oficial.
Para ser efectivos se requiere una prensa independiente y protegida; análisis de los activos financieros, extinción de dominio, investigadores autónomos. Papel importante desempeñan las comunidades sin tener que pedir permiso a grupo criminal. Los sindicatos, las asociaciones campesinas y las organizaciones de víctimas son parte de esa capacidad democrática: hacen visibles intereses que una red criminal necesita mantener callados. Por ello Locke sentenció: la seguridad se mide también por la libertad de quien puede decir que no y seguir viviendo en su casa.
Esta es la pertinencia de traer a Galeotti a Colombia de la mano de Garay: combatir el crimen obliga a transformar las condiciones que lo vuelven rentable, reproducible y políticamente útil. Las operaciones contra las estructuras armadas tienen una función necesaria, pero su éxito será precario si quedan intactas las relaciones que las financian y amparan. La autoridad democrática debe poder investigar esas relaciones incluso cuando conducen hacia sus propias oficinas. De otro modo, como dijo el viejo Nicolás Gómez Dávila: el Estado perseguirá en la carretera a quienes alguno de sus despachos ayuda a poner en circulación.
Por eso, la eficacia frente a la criminalidad no está en que el presidente salga armado a encabezar operativos o desfile frente a una pila de muertos. “La Presidencia no necesita convertirse en una patrulla con fotógrafo”.
Ahora bien, la pregunta de fondo, que nadie se está haciendo por las promesas de castigo, es otra: ¿cómo construir una sociedad que deje de reproducir las condiciones en las que prospera el crimen? Y, sobre todo, ¿qué Estado necesitamos para hacerlo?
Los trabajos de Richard Wilkinson y Kate Pickett permiten comprender la relación entre desigualdad, deterioro de la confianza social y violencia. Esto no significa que la pobreza convierta a las personas en delincuentes. Significa que una sociedad atravesada por desigualdades profundas debilita sus vínculos, multiplica las humillaciones y distribuye de manera injusta las posibilidades de vivir con dignidad. Las mafias aprovechan esas fracturas y las reproducen: concentran riqueza, someten a los vulnerables y hacen de la necesidad ajena un instrumento de dominación.
Por eso, un Estado que renuncia a combatir la desigualdad sostiene las condiciones que alimentan el crimen que dice perseguir. Restringir los ingresos de quienes viven de su trabajo mientras se conceden privilegios tributarios al capital es caldo de cultivo de la criminalidad. No basta con exigir respeto por las reglas cuando esas mismas reglas protegen la acumulación de unos y perpetúan la desprotección de otros.
Las abuelas decían que la pereza era la madre de todos los vicios. La desigualdad explica en buena medida el origen de muchos de los males de un país. Combatir la desigualdad es, por tanto, una responsabilidad constitutiva del Estado: ninguna promesa de seguridad será suficiente mientras vivir con dignidad siga siendo un privilegio.
Carlos José Guarnizo Rico
Foto tomada de: Dejusticia
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