El Consejo Nacional Electoral no ha actuado como árbitro imparcial, sino como instrumento de un régimen que se resiste a perder el control del poder político. La maniobra contra Iván Cepeda forma parte de una estrategia más amplia: debilitar al Pacto Histórico, fragmentar a la izquierda y vaciar de contenido la voluntad popular antes de que esta pueda expresarse plenamente en las urnas.
La decisión de excluir a Cepeda beneficia de manera directa a Roy Barreras. No se trata aquí de una insinuación ligera ni de una acusación irresponsable. El propio Barreras reconoció públicamente que mantenía comunicación directa y reciente con el magistrado Álvaro Echeverry sobre el trámite que cursaba en el CNE. Este hecho constituye otro indicio que refuerza la sospecha de una posible interferencia política en un proceso administrativo que debía regirse por la imparcialidad.
A esto se suma un elemento aún más preocupante: la designación de conjueces con vínculos comprobados con actores políticos interesados en el resultado del proceso. El CNE no solo decidió sobre Cepeda; armó el tribunal a su conveniencia. Su decisión confirma la urgencia de una reforma política y electoral en el país. Este tipo de decisiones no gozan de credibilidad ni legitimidad entre los ciudadanos. Cada magistrado del Consejo Electoral representa intereses partidistas y falla políticamente. Usan su poder de leguleyos para favorecer la agenda que les dicta su partido. El mensaje es claro: cuando el proyecto popular amenaza con consolidarse, el régimen no compite: interviene. Utiliza todo su poder jurídico, financiero, administrativo, burocrático y criminal para tumbar, inhabilitar, impedir, destituir o eliminar.
Pero el golpe no termina ahí. Mientras se excluye a Cepeda de la consulta, el mismo aparato institucional endurece la ofensiva y tumba la lista del Pacto Histórico a la Cámara en el Valle del Cauca —y mantiene bajo amenaza la lista de Bogotá. Así las cosas, el CNE pone en riesgo una parte sustancial de las 27 curules que hoy ostenta el progresismo en la Cámara de Representantes. Veintiuna (21) de ellas provienen justamente de los departamentos donde ahora se pretende revocar las listas. Otras doce listas en el país podrían correr la misma suerte. Esto ya no es una disputa electoral: es una operación de recorte de la representación política de millones de ciudadanos.
Conviene decirlo sin rodeos: la derecha ya no busca ganar votos. Busca impedir que nuestros votos se conviertan en poder real. Un proyecto popular sin Congreso es un proyecto amordazado. Sin bancada fuerte no hay reformas, no hay transformación, no hay disputa efectiva de poder. El CNE no está regulando la democracia; está rediseñando el mapa político para garantizar la continuidad del régimen.
La exclusión de Cepeda, el golpe a las listas del Pacto y la judicialización selectiva de la política obedecen a una misma lógica: la del uribismo y sus administradores locales que no toleran proyectos autónomos ni mayorías populares organizadas.
El 8 de marzo, entonces, no puede leerse como un simple episodio electoral. Es una fecha de definición política. La consulta presidencial ha sido vaciada de legitimidad al excluir de manera arbitraria al candidato que encarna, con mayor coherencia, la historia de lucha contra el paramilitarismo, la corrupción y la captura del Estado. Participar acríticamente en esa consulta sería convalidar la maniobra.
El comunicado de Roy Barreras —un texto cuidadosamente calculado — es un ejercicio clásico de oportunismo político envuelto en retórica de unidad, diseñado para capitalizar una exclusión que lo beneficia directamente, mientras simula no haberla buscado. Abre el texto con una narrativa de trayectoria compartida” (hemos caminado juntos”, “fuimos fundadores”, en un intento por blindarse moralmente antes de que el lector se pregunte a quién beneficia realmente la expulsión de Iván cepeda.
Roy Barreras habla como heredero legítimo del proyecto y con eso trata de desactivar la sospecha que recae sobre él. Pero consigue exactamente lo contrario. Califica la decisión como “inaceptable” e “insólita”, habla de “circunstancias reprochables”, pero no propone una sola acción concreta para revertir la decisión contra de Cepeda: no exige suspensión de la consulta, no propone recursos jurídicos efectivos, no habla de apelaciones, ni tutelas, ni convoca a la movilización. Acepta el hecho consumado y reorganiza el escenario a su favor.
Cuando Roy Barreras afirma que “es un error dejarle la cancha vacía a la derecha”, lo que en realidad está diciendo es: participemos en la consulta sin Cepeda para que yo quede como único referente competitivo del progresismo institucional. La “unidad” que invoca no es programática, sino procedimental: aceptar las reglas del juego aún cuando estas han sido torcidas contra el propio bloque. Roy, en vez de poner puentes le hace justicia a su apellido.
Habla de incluir nuevos nombres, de sumar dirigentes de “otras vertientes”, y se ofrece como articulador del nuevo escenario. Traducción política: Cepeda estorba; sin Cepeda la consulta se “fortalece”. Barreras consuma su acto de legitimación pasiva de esta maniobra institucional cuando dice: “derrotamos la consulta uribista del 8 de marzo y el 9 hacemos un acuerdo de unidad”. Es decir, compitamos hoy sin Cepeda, y mañana, con los resultados en la mano, negociamos. Lo cual, además, es una mentira, porque quien gane la consulta debe presentarse como candidato único en primera vuelta. El candidato que gane la consulta no puede unirse a otro candidato. Solo se pueden hacer alianzas dentro de la consulta. Barreras no busca la unidad: busca competir sin Cepeda para ser elegido por el establecimiento y lavar su nombre con la izquierda.
Sin embargo, el país observa expectante el devenir político, y este nuevo golpe contra el proyecto progresista puede transformarse en una especie de plebiscito popular que impulse una masiva votación en favor de Iván Cepeda y le dé la presidencia en la primera vuelta. Por eso nuestra posición debe ser clara y contundente: votar en blanco en la consulta presidencial del 8 de marzo es la decisión correcta. En vez de la abstención pasiva o la indiferencia negligente, el voto en blanco es el gesto organizado de rechazo a la maniobra; la deslegitimación consciente de un proceso que ha sido viciado. Es decirle al régimen que no aceptamos elecciones recortadas ni candidatos impuestos desde los escritorios del poder.
Pero al mismo tiempo —y esto es decisivo—, el 8 de marzo hay que votar masivamente por las listas del Pacto Histórico al Senado y a la Cámara. Defender esas listas es defender la posibilidad de que el proyecto del cambio tenga fuerza legislativa y no quede reducido a un discurso sin capacidad de transformación material.
El régimen apuesta al desánimo, la confusión y la desmovilización del bloque progresista. Quiere una izquierda dividida, sin candidato fuerte y sin Congreso. Nuestra respuesta debe ser exactamente la contraria: organización, conciencia y voto popular.
Iván Cepeda ha sido claro: si lo excluyen de la consulta, irá directamente a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Ese debe ser el horizonte estratégico de la izquierda y del movimiento popular. Apoyar masivamente a Cepeda en primera vuelta no es un gesto personalista: es la defensa de una línea política coherente, digna y radicalmente democrática frente a un régimen que solo cree en la ley cuando le sirve.
Nos quieren sin candidato y sin Congreso. Respondemos con voto consciente, con movilización popular y con decisión política. Lo que hoy quieren negar con trucos de rábulas que fungen de juristas, mañana lo afirmará el pueblo como poder constituyente.
David Rico Palacio
Foto tomada de: Valora Analitik
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