La ciudad elegida no es casual. Minneapolis no concentra los mayores flujos de migración irregular del país. No es frontera. No es corredor del narcotráfico. No es enclave de redes criminales transnacionales. Minnesota alberga alrededor de cien mil personas indocumentadas, una cifra modesta si se compara con Texas o Florida. Sin embargo, Minneapolis y Saint Paul registran una densidad de agentes migratorios desproporcionada, superior incluso a la de fuerzas policiales locales. Esa anomalía revela la clave: no se trata de controlar un fenómeno, sino de disciplinar un territorio.
El despliegue federal fue presentado oficialmente como una operación contra estafadores, violadores, asesinos y pandilleros. Ese lenguaje no es nuevo. Es el vocabulario habitual de la criminalización masiva, diseñado para deshumanizar y justificar el uso expansivo de la fuerza. La realidad observada, sin embargo, muestra otra cosa: detenciones indiscriminadas, redadas violentas, irrupciones en espacios civiles, protestas reprimidas y muertes que no encajan en ningún estándar de proporcionalidad. El mensaje no fue quirúrgico. Fue ejemplarizante.
¿Por qué Minneapolis? Porque Minneapolis encarna todo lo que el trumpismo detesta.
Es una ciudad gobernada por demócratas. Un bastión progresista en un estado que Trump perdió sistemáticamente en todas las elecciones presidenciales en las que compitió. Es el hogar de la mayor comunidad somalí del país, negra, musulmana, organizada y visible. Es el distrito político de una de sus enemigas más declaradas, Ilhan Omar, figura que condensa, en su sola existencia, aquello que el nacionalismo blanco percibe como amenaza: mujer, refugiada, musulmana, de izquierda y electa democráticamente.
Pero Minneapolis es también otra cosa: es memoria. Fue allí donde el asesinato policial de George Floyd detonó una revuelta global contra el racismo estructural y la violencia estatal. Fue allí donde el movimiento Black Lives Matter tomó cuerpo, cruzó fronteras y llegó hasta las puertas de la Casa Blanca. Para Trump, Minneapolis no es solo una ciudad adversa. Es una herida abierta en su imaginario de autoridad. Y las heridas, en su lógica, se castigan.
El castigo adopta la forma del aparato migratorio federal. El ICE, concebido originalmente como agencia administrativa, es transformado en fuerza de ocupación interna. No para proteger, sino para intimidar. No para aplicar la ley de manera neutral, sino para enviar una señal política: desobedecer tiene costo. Ser distinto tiene costo. Resistir tiene costo.
Ese uso del poder no es solo moralmente cuestionable. Es jurídicamente problemático.
En el plano constitucional, las redadas masivas y selectivas tensionan de forma directa la Cuarta Enmienda, que protege contra detenciones arbitrarias y exige causa probable individualizada. El estatus migratorio no suspende la Constitución. Tampoco habilita detenciones colectivas basadas en perfiles raciales o territoriales. La Quinta Enmienda, que garantiza el debido proceso, se ve erosionada cuando la privación de libertad se ejecuta como espectáculo punitivo y no como procedimiento administrativo individual. La Decimocuarta Enmienda, por su parte, prohíbe la discriminación y exige igual protección ante la ley. Cuando la fuerza federal se concentra sistemáticamente en comunidades negras, musulmanas y opositoras, la intención discriminatoria deja de ser una sospecha y pasa a ser una hipótesis jurídicamente defendible.
La legislación migratoria federal, en particular la Immigration and Nationality Act, no autoriza redadas diseñadas como castigo político ni despliegues destinados a socavar gobiernos locales adversos. La discrecionalidad administrativa tiene límites. La desproporción, la selectividad y la desviación de finalidad configuran abuso de poder.
En el plano internacional, las obligaciones son aún más claras. Estados Unidos es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe la detención arbitraria, garantiza el debido proceso y exige igualdad ante la ley sin discriminación. También es parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que obliga a los Estados a erradicar prácticas que, por su objeto o efecto, produzcan discriminación racial. El derecho internacional de los derechos humanos no distingue entre ciudadanos y no ciudadanos en lo esencial: la dignidad no es condicional.
Desde ese marco, las redadas en Minneapolis no pueden analizarse como una política migratoria dura pero legítima. Son, más bien, una forma de violencia estructural ejercida desde el Estado contra un territorio simbólicamente enemigo. Un uso del miedo como tecnología de gobierno. Una pedagogía autoritaria dirigida tanto a los migrantes como a la ciudadanía en general.
Frente a ello, la respuesta social de Minneapolis adquiere un valor particular. Vecinos que alertan con silbatos, que reparten comida, que graban operativos, que se interponen, que se organizan. Esa reacción explica, paradójicamente, la elección del castigo. No se castiga al que se somete. Se castiga al que responde.
La tesis, entonces, es clara: Minneapolis no es el escenario de una política migratoria. Es el escenario de una represalia. El castigo de un presidente que no gobierna desde la ley, sino desde el resentimiento; no desde la institucionalidad, sino desde la animadversión; no desde la seguridad, sino desde el odio.
Cuando el Estado se utiliza para vengar derrotas políticas, disciplinar identidades y borrar memorias incómodas, el problema deja de ser local. Se convierte en un síntoma de regresión democrática. Y cuando la ley se transforma en arma contra quienes encarnan la diversidad, lo que está en juego no es solo el destino de los migrantes, sino la salud moral y jurídica de toda la sociedad.
Minneapolis, hoy, no es una excepción. Es una advertencia.
Claudia Aranda, periodista chilena, especializada en Semiología y Análisis Político. Analista internacional dedicada al análisis prospectivo de los procesos sociales. Residente en Montreal, Québec, cubre para Pressenza los frentes noticiosos de la agencia y temas de discusión filosófica contemporánea en el marco de los análisis de hechos coyunturales variados, con énfasis en derechos humanos, geopolítica, conflictos armados, medioambiente y desarrollo tecnológico. Humanista y activista de causas justas.
Fuente: https://www.other-news.info/noticias/el-castigo-de-un-trump-que-odia-minneapolis-como-laboratorio-punitivo-del-poder/
Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia
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