En el corazón del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de Colombia yace un problema técnico que amenaza su sostenibilidad: la falta de resguardo adecuado de las provisiones contables para autorizaciones médicas por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Este “vicio inaceptable”, como lo he denominado en discusiones previas, no solo viola el principio de devengo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), sino que genera déficits patrimoniales inmediatos y desvía recursos prospectivos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para cubrir obligaciones pasadas. Peor aún, las firmas auditoras externas, incluyendo gigantes como las Big Four, parecen haber omitido observaciones críticas en las notas de los estados financieros, infiriendo una irregularidad constante que perpetúa esta crisis. Es hora de poner este tema sobre la mesa pública para demandar transparencia y reformas urgentes.
2. El Problema Técnico: Un Atentado al Principio de Devengo
El principio de devengo (accrual basis) en las NIIF exige reconocer obligaciones financieras en el momento en que se generan, independientemente del pago efectivo. Para las reservas técnicas conocidas liquidadas —aquellas donde el servicio ya se prestó—, esto se cumple al causar el costo. Sin embargo, el verdadero escándalo radica en las reservas conocidas no liquidadas, como las autorizaciones médicas. Estas actúan como “órdenes de compra sujetas a cumplimiento”: la EPS provisiona el pasivo contablemente, reduciendo su patrimonio, pero si no resguarda el valor en inversiones líquidas (como CDT o títulos de deuda pública), viola el devengo al no materializar la obligación en activos que garanticen el pago futuro.
Imaginemos una autorización por una cirugía de $10 millones: se registra la provisión, pero los fondos quedan en caja general y se desvían a gastos administrativos o deudas pasadas. Cuando el servicio se causa (meses después), la EPS podría carecer de liquidez, acumulando un déficit patrimonial inmediato. Esto no es un error aislado; es un patrón sistémico que distorsiona la prospectividad de la UPC —recursos públicos destinados a riesgos futuros— y perpetúa un ciclo vicioso de insuficiencia.
La Contraloría General de la República (CGR) ha identificado déficits de hasta $18,7 billones en reservas técnicas no respaldadas entre 2020 y 2023, confirmando que este vicio agrava la crisis del sistema.
3. La Complicidad Auditorial: Omisiones que Infieren Irregularidad
Lo más alarmante es la aparente complicidad de los revisores fiscales. Según las Normas Internacionales de Auditoría (NIA 540, 315 y 501), los auditores deben evaluar la razonabilidad de estimaciones, identificar riesgos de liquidez y emitir salvedades si hay omisiones materiales. Sin embargo, en estados financieros de EPS como Nueva EPS o Sanitas, las notas a menudo omiten revelaciones sobre el no resguardo de provisiones, validando una solvencia ficticia.
Esta omisión constante genera una inferencia de irregularidad: ¿por qué auditores de renombre no cuestionan precios absurdos o déficits en reservas? La falta de salvedades en notas —obligatorias bajo NIC 1 para una presentación fiel— sugiere negligencia o presiones comerciales, permitiendo que EPS desvíen fondos sin consecuencias inmediatas. En un sistema con $32,9 billones en deudas acumuladas (CGR, 2025), estas omisiones no son errores; son un fallo estructural que pone en riesgo la vida de millones de afiliados.
4. Consecuencias y Llamado a la Acción
Las implicaciones son devastadoras: desvío de UPC prospectiva para pasivos no resguardados, colapso de la confianza en el SGSSS y un “rezago” que la Corte Constitucional ha calificado de incumplimiento general en la suficiencia de la UPC (Auto 007/2025). Pacientes enfrentan demoras en tratamientos, prestadores quiebran por impagos, y el erario se ve socavado.
Es imperativo abrir un debate público: demandemos auditorías forenses independientes, reformas regulatorias que exijan segregación estricta de fondos para provisiones, y sanciones a auditores negligentes. Las mesas técnicas ordenadas por la Corte son un inicio, pero necesitamos transparencia total. Como sociedad, no podemos permitir que un vicio técnico amenace nuestro derecho a la salud. Es hora de actuar.
Vicente Calvo
Foto tomada de: El Tiempo
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