El golpe más reciente ocurrió en el corazón de la arquitectura electoral. La decisión del CNE de excluir la candidatura de Iván Cepeda de la consulta de la izquierda no es un hecho aislado ni meramente administrativo. Al negarle la posibilidad de participar en el mecanismo de unidad del “Frente por la Vida”, el organismo ha forzado una fragmentación que solo beneficia a los sectores tradicionales. El argumento de que había participado en una consulta previa y que por ello no podía volver a competir en otra, a pesar de que la primera era intrapartidista y la segunda, interpartidista, fue válido para Cepeda, pero no para Daniel Quintero a quien el CNE habilitó para la consulta del 8 de marzo.
La decisión de excluir a Iván Cepeda, tomada con una votación estrecha de 6 contra 4 y con el voto decisivo de conjueces vinculados a partidos de oposición y uno de ellos amigo personal del candidato De La Espriella y con funciones públicas suspendidas por efectos de una sanción, envía un mensaje claro: la unidad de los sectores progresistas será combatida con tecnicismos.
Dos de estos miembros del CNE, por los menos, los señores Hernán Prada y el conjuez Hollman Ibañez, debieron declararse impedidos por existir entre ellos y Cepeda un evidente conflicto de interés. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la participación de magistrados impedidos no es una falta menor; es una causal de nulidad absoluta de la actuación administrativa por las siguientes razones:
- Violación al Principio de Imparcialidad: El artículo 209 de la Constitución Política exige que la función administrativa se desarrolle bajo principios de igualdad e imparcialidad. Si quien decide tiene un interés en el resultado, la decisión no es un acto de justicia, sino un acto de persecución.
- Vicio en la Formación de la Voluntad: Al ser una votación estrecha, donde cada voto cuenta, la presencia de dos votos viciados por el conflicto de interés altera la voluntad real del organismo. Sin esos votos, o con la participación de conjueces imparciales, el resultado habría sido diametralmente opuesto.
- Causal de Nulidad: El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala que los actos administrativos están viciados de nulidad cuando se dictan con infinitud de competencias o mediante fraude a la ley, como lo es ocultar un impedimento para favorecer a un sector político.
El hecho de que estos magistrados no se declararan impedidos convierte la resolución del CNE en un acto “nulo de toda nulidad”, razón por la cual a más de la denuncia por prevaricato cabe la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Eso no significa que por el tiempo en el que se tomaron esas decisiones puedan resolverse oportunamente, pero son acciones que por respeto institucional al imperio de la ley en un Estado Social de Derecho, deberían intentarse.
El CNE no solo ha afectado derechos políticos, sino que interviene activamente en el diseño de la oferta electoral, debilitando la cohesión que el progresismo había logrado. Con la exclusión de Cepeda, quien lidera las encuestas de intención de voto para marzo de 2026, el progresismo se ve obligado a competir entre sí. Esto dinamita la estrategia de unificar fuerzas en una sola tarjeta, permitiendo que candidatos como Roy Barreras o Daniel Quintero dividan el electorado, mientras la derecha observa desde la barrera, cómo el aparato administrativo hace el trabajo sucio que ellos no logran en el debate público.
Es una intervención grosera en la que el CNE está actuando como un filtro ideológico que decide quién es “apto” para competir y quién no.
Mientras el CNE fragmenta la política, la Corte Constitucional ha decidido cercar la capacidad de ejecución al Ejecutivo. La reciente suspensión provisional del Decreto de Emergencia Económica (Decreto 1390 de 2025) representa un hecho inédito en la historia reciente. Si bien el control de constitucionalidad es vital en una democracia, la celeridad y el alcance de esta suspensión —que dejó sin efecto medidas tributarias urgentes—constituyen un evidente bloqueo que, como lo afirmamos en columna anterior, va mucho más allá de las competencias del tribunal constitucional y pueden tipificar varias conductas contempladas en las normas penales.
Al “congelar” la emergencia, la Corte no solo detiene un decreto; detiene la posibilidad de respuesta del Estado ante crisis sociales que no dan espera. Este “activismo judicial”, que prioriza una aparente ortodoxia procedimental sobre la urgencia de la justicia social, termina convirtiéndose en un veto de facto a la agenda de cambio del gobierno nacional, privando al Ejecutivo de su herramienta más potente para cerrar brechas de desigualdad.
Anular los impuestos de emergencia abre un hueco fiscal, que obliga al gobierno a recortar programas de salud y educación. Es, en esencia, una forma de obligar al progresismo a gobernar bajo las reglas del neoliberalismo que el pueblo votó por cambiar.
Para completar el cuadro, el Consejo de Estado ha jugado su papel en la reducción del espectro político. El retiro de la personería jurídica al Partido del Trabajo de Colombia (PTC) y a otras colectividades menores de izquierda, como ocurrió previamente con movimientos como “Soy Porque Somos”,[1] es una forma de “limpieza” burocrática del pluralismo.
En un país que, supuestamente, transitó hacia la apertura democrática con el Acuerdo de Paz, ver cómo se cierran las puertas legales a partidos históricos de base popular es un retroceso alarmante. Sin personería jurídica, estos movimientos pierden acceso a financiación, a espacios en medios y a la capacidad de avalar candidatos, lo que en la práctica equivale a su aniquilación política. Es una condena a la marginalidad política para los sectores tradicionalmente excluidos.
Esta exclusión de partidos pequeños fragmenta aún más el espectro político, forzando a los líderes de base a someterse a las estructuras de partidos más grandes y tradicionales, lo que diluye las agendas de transformación.
La suma de estos factores —la exclusión de liderazgos, la suspensión de facultades ejecutivas y la eliminación de partidos— no es una coincidencia. Es la aplicación de un manual de lawfare donde la derecha, tras perder el favor popular en 2022, ha encontrado en las Cortes su última línea de defensa.
Si la justicia se percibe como una herramienta para inclinar la balanza electoral, la legitimidad del sistema entero entra en cuidados intensivos. La democracia no consiste solo en votar cada cuatro años; consiste en permitir que quienes ganan puedan gobernar y que todas las voces tengan un lugar en el tarjetero. Hoy, en Colombia, ese lugar está bajo asedio. Las Cortes, en teoría imparciales, parecen estar operando bajo una lógica de “democracia condicionada”, donde las reglas se interpretan con un rigorismo que solo parece aplicarse cuando el cambio social está en juego. El Estado de Derecho está siendo utilizado como una trinchera para proteger el statu quo. Si las Cortes siguen interviniendo de manera tan directa en el diseño y la ejecución de la política, la democracia seguirá siendo de fachada porque el pueblo puede votar, pero la justicia decide qué se puede hacer con ese voto.
Para enfrentar el asedio del CNE, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, el gobierno requiere de un Ministerio de Justicia que no solo entienda el derecho, sino que comprenda la urgencia del momento histórico. En este contexto, el posible nombramiento de Jorge Iván Cuervo se perfila como un error estratégico que podría desmantelar el proyecto desde adentro.
Jorge Iván Cuervo ha sido una voz recurrente en los medios, pero sus posiciones recientes lo sitúan en las antípodas de la agenda de cambio. Acá algunos ejemplos:
Sobre la Emergencia Económica declaró que es “inconstitucional y abuso de poder “Al presidente le aclaré mis opiniones sobre la emergencia económica”. Sostiene que estas medidas son una extralimitación del Ejecutivo[2].¿Cómo puede el Ministerio de Justicia defender un decreto ante la Corte si el propio Ministro considera que dicho decreto es ilegal?
En sus columnas de opinión ha manifestado que el Gobierno fracasó en cumplir las expectativas de sus votantes debido a su enfoque ideológico. “Corre el riesgo de defraudar las expectativas e ilusiones y de desgastarse y perder apoyo entre las clases trabajadoras, como le ocurre al gobierno del Pacto Histórico”.[3]
Cuervo ha denostado de las personas que el presidente eligió para operar políticamente, cuestionando la catadura moral y técnica del entorno presidencial como en el caso de Armando Benedetti, al que calificó como un “desastre” y un síntoma de un “proyecto político en manos de un politiquero hablantinoso“.[4]
Así mismo, Cuervo se alinea con la crítica de que el Gobierno ha purgado a los técnicos para reemplazarlos por militantes, lo que ha lastrado la ejecución de las reformas. “No ha sido una administración de grandes transformaciones institucionales” y (el Gobierno) ha preferido “al activista sobre el técnico“.[5]
A diferencia de la línea oficial del Gobierno, Cuervo ve la Constituyente como un proyecto inviable en el tiempo que queda de mandato. “Ya no es posible a 6 meses” (refiriéndose a impulsar una Constituyente al cierre del gobierno en 2026).[6]
Todo lo anterior confirma que el designado Ministro de Justicia tiene una visión de “jurista liberal” del Externado, que choca con la visión transformadora y de urgencia que el progresismo busca imprimirle a la justicia y a la economía del país.
Nombrar a alguien que comparte la visión de las Altas Cortes genera, por lo menos, tres efectos devastadores:
- El Ministerio de Justicia es el encargado de coordinar la defensa judicial de las políticas de Estado. Con un perfil como el de Cuervo, la defensa de los decretos de emergencia y de las personerías jurídicas de los partidos de izquierda sería, en el mejor de los casos, tibia, y en el peor, una entrega deliberada.
- Mientras la derecha utiliza el aparato judicial para atacar, el gobierno respondería nombrando a un “árbitro” que ya está en su contra. Esto desmoraliza a las bases sociales que esperan una defensa férrea de los instrumentos de poder popular.
- El pueblo no votó por una gestión técnica de la crisis, sino por una transformación de las estructuras. Un ministro que prioriza las formas leguleyas sobre la justicia social termina siendo un aliado funcional del lawfare.
La democracia colombiana atraviesa una crisis de representatividad donde el “voto” está siendo anulado por el “fallo”. Si el CNE fragmenta la unidad política, la Corte Constitucional despoja al gobierno de sus herramientas económicas y el Consejo de Estado borra del mapa a los partidos de base, solo para mencionar los últimos hechos de un bloqueo que ha sido una constante a lo largo de todo el gobierno, entonces el Ejecutivo no puede permitirse el lujo de entregar la cartera de Justicia a alguien que valida esas mismas tesis. La defensa de la democracia en 2026 exige un gabinete de combate jurídico, capaz de denunciar el uso político de la ley y de proteger, con rigor pero con compromiso, la voluntad de las mayorías.
Jorge Iván Cuervo sería el Caballo de Troya de las postrimerías del gobierno. Eso no debe suceder.
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[1] La sección quinta del Consejo de Estado, en marzo de 2025, en una muy debatible decisión, anuló la personería de Soy porque Somos, obtenida en 2023 por considerar que no cumplía requisitos legales al no haber inscrito candidatos para las elecciones legislativas
[2] “Al presidente aclaré mis opiniones sobre emergencia económica”: Jorge Cuervo, nuevo minjusticia – El Espectador (YouTube)
[3] Columna: Los límites del progresismo – El Espectador (Referenciada en Revista SUR)
[4] Revelan fuertes críticas del nuevo ministro de Justicia contra el Gobierno Petro – Infobae
[5] Críticas de Jorge Iván Cuervo a la gestión institucional – Infobae / El Espectador
[6] Entrevista sobre agenda de justicia y Constituyente – El Espectador
María Consuelo del Río Mantilla, Vicepresidenta Corporación Sur
Foto tomada de: Registraduría Nacional del Estado Civil
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