Duque en su laberinto y la soberbia del Gobierno

Han transcurrido diecinueve meses de su gobierno y el presidente Duque no logra ganarse la confianza de los colombianos ni mejorar sus relaciones con el mundo exterior. Si como lo afirma Julien Freund en su magnífica disertación sobre La esencia de lo político “existe lo arbitrario del mando, por cuanto la orientación de la misma política de una colectividad depende del discernimiento, de la apreciación y las decisiones del individuo que detenta el poder”, y porque a pesar de todas las precauciones constitucionales y reglamentarias, no se puede impedir que en la base del mando exista la voluntad personal, también es cierto que sin la confianza que inspire el que detente el mando la llamada gobernabilidad no aparece en el horizonte. El político, como dice Freund, es quien promulga o abroga las leyes, y en esta tarea no puede estar sometido totalmente a las leyes, pero, como también lo afirma el autor, la voluntad política y sus resultados no se pueden medir por las buenas intenciones, sino por su obra, y lo cierto es que en este campo lo logrado hasta ahora por el presidente y sus colaboradores no satisface a la mayoría a pesar de los esfuerzos desplegados por el gobierno por cerrar la brecha con los gobernados y sus jueces.

Después de largos meses de espera, el presidente renovó en parte su gabinete cambiando a tres de sus ministros, apartándose de su determinación de alejarse de la figura de un gabinete puramente técnico para darle entrada a los partidos políticos en el Gobierno y solucionar el grave problema de gobernabilidad que ha caracterizado su mandato, con el fin de llevar a cabo las grandes reformas que espera el país. La operación, sin embargo, en vez de fortalecer su posición ante el Legislativo, ha generado divisiones tanto en su partido como en otras formaciones políticas. En realidad, aunque el propósito del reajuste ministerial fue lograr una mayoría en el Congreso, la precaria situación del Ejecutivo no ha cambiado mucho y la clase política, ante la fragilidad institucional y los bajos índices de popularidad de Duque, en vez de concentrar sus energías en buscar soluciones aceptables a los grandes problemas que aquejan al país, ha preferido adelantar la pugna por remplazar al primer mandatario en las próximas elecciones presidenciales. Crece la lista de nombres para las elecciones presidenciales de 2022 sin que hasta el momento se presenten opciones viables y muchos siguen preguntándose cuál será la suerte de las eventuales reformas a la justicia y a las pensiones en el Congreso sin el apoyo de los partidos políticos independientes.

Otro tema de vital importancia para el país es el la seguridad y el combate a flagelos como la minería ilegal y el narcotráfico, campo en el cual el Gobierno ha preferido mantener viva la cooperación con los Estados Unidos accediendo a sus presiones que a consolidar la presencia del Estado en todo el territorio estrechando sus lazos con la población. Ciertamente, para calmar la crispación social que vive la población colombiana, el presidente abrió un “diálogo nacional”, pero este no ha rendido frutos y la desconfianza ante las intenciones del gobierno persiste.

Tampoco le ha ido bien al presidente Duque en sus relaciones con el exterior. Su negativa a reconocer lo inocultable y la soberbia que ha caracterizado a los funcionarios de esta administración ha llevado a tensionar la relación del Gobierno con las Naciones Unidas y algunos países vecinos.

Es un hecho que, tal como lo ha confirmado el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la situación humanitaria en Colombia se ha deteriorado. Según lo hizo público en su informe anual, el número de víctimas de minas antipersonas aumentó en un 59% en 2019 con respecto al año anterior para llegar a 352 casos, casi uno diario. También ha persistido el desplazamiento forzado y se ha incrementado la práctica del confinamiento de poblaciones enteras, así como el reclutamiento de menores.

La respuesta del Gobierno al informe que presentó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet sobre la situación de violencia que persiste en Colombia y la recomendación de reformar el escuadrón antidisturbios ha sido la que no se deben desestimar sus esfuerzos por crear un entorno seguro y adecuado para la defensa de los derechos humanos y que el informe es una intromisión a la soberanía del país. Así mismo, y en un acto coordinado, el ministro de Defensa y el encargado del área de Estabilización y Legalidad afirmaron que el documento era “impreciso” y “chambón” y desborda el mandato que el Gobierno ha suscrito con la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.  El expresidente Uribe aseguró que el informe era “injusto” y que “sin proponérselo, estimula la acción de los asesinos”. Por su lado, el expresidente del Senado, Ernesto Macías y el ala más dura del uribismo expresaron que el presidente Duque debería revisar la relación de Colombia con la ONU y cerrar la oficina de la Comisionada de Derechos Humanos,  ”convertida en una guarida politiquera con sesgo ideológico pasional”. Tampoco se quedó atrás la Ministra del Interior quien desató una nueva polémica al afirmar que en Colombia “mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos”.

Ante las exclamaciones de indignación por los juicios emitidos por los funcionarios de Naciones Unidas, considerados injustos e irresponsables, conviene recordar que los hechos reseñados no son el único frente abierto en la disputa con las agencias de la ONU.

El Gobierno del presidente Duque canceló el convenio de asesoría técnica en sustitución de cultivos ilícitos con la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNDOC), lo que de acuerdo con su exdirector devela el desprecio del Gobierno por la decisión de campesinos de participar voluntariamente en la erradicación de la coca.

Este hecho se suma a la derrotada iniciativa encabezada por Colombia en la 49 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), en junio de 2019, junto con Panamá, Jamaica, Perú y Guatemala, para limitar el alcance del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y quitarle dientes al organismo que obliga a los países a su cumplimiento. Este mecanismo ha sido especialmente eficaz para frenar leyes de amnistía e investigar denuncias de tortura, desaparición forzada y censura a la libertad de expresión en las que estén involucrados los Estados.

Rubén Sánchez David, Profesor Universidad del Rosario

Foto tomada de: El País Cali