El pasado 8 de octubre, con la presencia de cerca de seis mil líderes indígenas, afros, campesinos y comunitarios, procedentes de diversas regiones del país, en medio de desacuerdos entre las partes, inconformidad social e incertidumbre, se evidenció la importancia de cesar las hostilidades que afectan a la población.
El reto prevaleciente fue el de la capacidad de asumir un enfoque de protección de los derechos humanos, de respeto al derecho internacional humanitario y de contar con las voces de las comunidades; de responder a sus clamores y demandas, como pasos previos y de contexto para el desescalamiento de la confrontación armada que adelanta esta organización cuya pretensión es la de continuar con el proyecto insurgente de las FARC EP; aunque su dinámica se evidencia, todavía, mientras se articula nacionalmente, como lo plantea un análisis de la Fundación Ideas para la Paz – FIP [1], en una perspectiva regionalizada, en procura de ejercer poderes locales y, en contexto, controlar las economías de las zonas de operación.
Es notable que, en medio del proceso, esta amalgama de frentes tiende a expandirse y a crecer; de paso, va configurando un discurso político, poco evidente durante su proceso de estructuración y centralización del mando. Esta característica puede ser interesante en el sentido de aprovechar dicha restricción inicial como potencial para impulsar una agenda de transformaciones territoriales que tiene mucho más clara el Gobierno Nacional, en el sentido de liberar a los territorios y a las comunidades del yugo de las economías ilegales y de la degradación del conflicto, para pasar a nuevos escenarios de construcción territorial en un ambiente de paz, dignificación y resignificación del sentido del sujeto político, concertación social, protección de la naturaleza y adaptación al cambio climático.
De la intención inicial de un cese al fuego con un año de plazo para iniciar negociaciones, en medio del forcejeo y de la presión presidencial, se ha optado por un cese al fuego bilateral, de carácter nacional, con monitoreo y verificación, con una duración inicial de tres meses contados a partir del 17 de octubre de 2023, hasta el 15 de enero de 2024, prorrogable con base en evaluación por parte del Gobierno Nacional.
El decreto 1684 de 16 de octubre de 2023 [2], ordena la suspensión de acciones militares ofensivas y operaciones especiales de la Policía Nacional, en contra de integrantes del Estado Mayor Central de las Farc-Ep.
Entre los objetivos relevantes del acuerdo entre las partes, para el inicio de los diálogos y negociaciones de paz, son de destacar:
- El respeto por la vida en todas sus formas, los derechos y libertades de la población civil, los grupos de especial protección constitucional, lo que incluye a los firmantes del Acuerdo de Paz, quienes venían siendo afectados por el EMC en diversos territorios.
- La prevención de afectaciones a la población civil y a sus bienes protegidos.
- La promoción de la pedagogía y participación de la población, comunidades y organizaciones en plena libertad.
- Cese al fuego y suspensión de acciones militares ofensivas entre las partes.
- Disposición para el funcionamiento de la mesa de diálogo.
- Creación de condiciones para el cumplimiento de los acuerdos y
- Libre desarrollo de las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre y respeto por los resultados.
El decreto establece que la fuerza Pública no suspenderá ninguna de las acciones que desarrolla en contra de las economías ilegales y continuará cumpliendo su misión legal y constitucional para preservar la integridad del territorio, garantizar el orden y proteger los derechos y libertades públicas.
Paralelamente, se crea un mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación del cese al fuego, al tiempo que se realiza una campaña nacional de difusión, socialización y pedagogía sobre el cese al fuego.
Un elemento medular de la validez del cese al fuego bilateral de alcance nacional, está relacionado con la disminución del daño y victimización e iniciar el camino sin el ruido de las armas, con lo cual se rompe con la vieja costumbre de presionar el diálogo y la negociación desde el campo militar. Esto, configura un claro contraste con experiencias de diálogos y negociaciones anteriores cuyas prácticas escalaron los conflictos y las posturas militaristas, en detrimento de los enfoques y lenguajes propios de los derechos humanos, de la política y de la incidencia de las comunidades y de sus organizaciones en los diálogos y agendas de paz desde los territorios. Esto es coherente con la tarea histórica de sacar las armas de la política, así como “de las luchas por el poder y la riqueza”, como bien lo plantea Camilo González Posso, Jefe de la Delegación de Paz del Gobierno.
En este marco, se concretan cuatro acuerdos y dos protocolos, como lo sintetiza Carmona [3]:
1). Lograr el objetivo del cese al fuego, lo que tiene como premisa el respeto por la vida, la participación de las víctimas, los pueblos étnicos, campesinos, mujeres, juventudes y grupos de especial protección en la construcción de la paz y el respeto por el Derecho Internacional Humanitario. Esto implica que no se puede generar desplazamiento forzado ni confinamiento de la población civil. A la par, se deben respetar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, lo que incluye su no reclutamiento y utilización en el conflicto armado.
2). El acompañamiento internacional del proceso por parte de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la ONU y de la OEA (MAPP/OEA). Así mismo, por el Representante Especial del Secretario General de la ONU, la Conferencia Episcopal y el Consejo Mundial de Iglesias. También, se invita como países garantes a Irlanda, Noruega, Suiza y Venezuela.
3). Se establecen lineamientos para la agenda de diálogo enfatizando en la territorialización del proceso, de manera descentralizada, en temas como: Tierras, territorio, ambiente, seguridad, educación, despojo, desarrollo sostenible, poder local, medios de gobernanza, víctimas del conflicto, economías ilícitas, territorialidades étnicas y campesinas y garantías para las partes, durante y después del acuerdo.
4). Lineamientos para la superación de las dependencias de las economías consideradas ilícitas. Al respecto, la Mesa de Diálogo identifica la necesidad de abordar un plan de transformación territorial en el Cañón del Micay en el departamento del Cauca, con efectos replicables en otras regiones del país. En tal sentido, se acuerda crear un grupo de trabajo con la misión de diseñar el plan de acción con las comunidades, de elaborar los cronogramas, definir los responsables, los tiempos, presupuestos, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación.
En materia de protocolos se estipulan:
1). Reglas y compromisos del cese al fuego entre el gobierno Nacional y el EMC cuyo núcleo radica en el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación. Las normas se enmarcan en el respeto por la vida en todas sus formas, en derechos y libertades de la población civil, en particular, de las comunidades étnico-territoriales, campesinas y grupos de especial protección constitucional.
Entre los principales compromisos relacionados, la Fuerza Pública garantizará la movilidad de las tropas del EMC, en espacios geográficos delimitados y acordados entre las partes, mediante un protocolo a definir sobre las áreas de presencia del EMC y los movimientos para promover las transformaciones territoriales y las tareas del Mecanismo de Veeduría Monitoreo y Verificación (MVMV).
2). Establecer el mandato del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación en el marco del respeto a la población civil, lo que implica contar con la veeduría social de la población. Se busca analizar, de manera imparcial, los hechos que se consideren incidentes o incumplimientos, en el marco del cese al fuego entre el Gobierno Nacional y el EMC. El mecanismo definirá criterios de ponderación y calificación de incidentes o incumplimientos, para su tratamiento. Así mismo, asumirá la resolución y prevención de los incidentes que puedan presentarse entre las partes.
Como lo plantea González Posso [4], los protocolos serán siete que incluirán, además de los dos enumerados: protocolos de áreas de presencia del EMC, de comunicaciones, de participación, de pedagogía, y de funcionamiento de la Mesa.
En este contexto, se tiene prevista la instalación de cinco instancias regionales donde tiene presencia el EMC, en el término de un mes y todo el mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación puede requerir de un tiempo prudencial de dos meses, mientras se levantan órdenes de captura de quienes sean delegados por parte del grupo armado y mientras se despliegan las entidades internacionales acompañantes.
Las regiones consideradas para estas instancias regionales, probablemente, serán: Cauca, Nariño, Caquetá, Guaviare y Bucaramanga o Cúcuta.
En cuanto a la Misión de Verificación de la ONU, aún no se cuenta con el Mandato del Consejo de Seguridad para verificar el cese al fuego, aunque se contará con su presencia provisional. Cabe anotar que, en reciente reunión del Consejo de Seguridad de la ONU por unanimidad, los quince miembros expresaron su apoyo pleno al proceso de paz de Colombia, a la implementación del Acuerdo de Paz suscrito con las Farc Ep, a la implementación de los Acuerdos con el ELN y a los anuncios sobre el EMC y manifestaron plena disposición a considerar nuevas tareas para la Misión de Verificación, a medida que se vaya avanzando en el cese al fuego con protocolos apropiados de verificación.
Fuentes:
[1] Preciado Andrés y Otros. El proyecto “Estado Mayor Central”: un intento de unificación disidente. Fundación Ideas para la Paz – FIP. Informes 38. Octubre de 2023. Bogotá.https://storage.ideaspaz.org/documents/fip_infome_emc_finalv02.pdf
[2] Prensa Presidencia. Gobierno y el EMC acuerdan cese el fuego bilateral por tres meses y se comprometen a avanzar en los diálogos de paz. Presidencia de la República. Octubre 16 de 2023. [3] Carmona Carolina. Acuerdos y protocolos del Cese al Fuego entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central. Radio Nacional de Colombia. Octubre 17 de 2023. [4] Redacción Colombia+20. Mecanismo que verifica cese debe estar instalado en dos meses: jefe negociador de Gobierno. Colombia +20. El Espectador. Octubre 17 de 2023.
Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo, Corporación Nuevo Arco iris.
Foto tomada de: Periódico del Meta
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