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¿De nuevo el síndrome de la procuraduría?

26 agosto, 2019 By German Ayala Leave a Comment

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En el contexto de un conflicto armado que ya daba muestras de degradación en la forma en la que operaban y actuaban sus actores armados (legales e ilegales), el llamado “Síndrome de la Procuraduría”, entre los años 80 y principios de los 90, asustaba a los miembros del Ejército, fuerza que en mayor medida afrontaba los desafíos políticos y militares de las guerrillas.

Oficiales y suboficiales de la época se quejaban de la vigilancia de la Procuraduría General de la Nación, lo que no solo derivó en la consigna que da vida al título de esta columna, sino en un malestar generalizado en el Ejército cuando sus hombres debían enfrentar a las guerrillas. Quizás ese monitoreo del órgano de control terminó legitimando para muchos militares la connivencia que se generó desde los mismos años 80 y que se consolidaría años después con los grupos paramilitares o las AUC.

De esta manera recuerda el asunto el profesor López de la Roche: “Durante los años 80 y parte de los 90, siempre escuchamos la alusión por parte de los militares y sus voceros a lo que ellos denominaban por entonces “el síndrome de la Procuraduría”, la queja de que en virtud de los controles de esa institución sobre los militares, ellos tenían las manos maniatadas y no podían dar los resultados esperados en la lucha contra la insurgencia. En varias coyunturas críticas, siempre los hemos visto pedir “manos libres” y levantamiento de los controles institucionales básicos del Estado de Derecho”[1].

No me interesa en esta columna entrar a discernir sobre si aquellos miedos al “síndrome de la Procuraduría” alentaron a muchos militares a dejar que el “trabajo sucio” lo adelantaran las fuerzas paramilitares. Pero me pregunto si los pliegos de cargos que según la revista Semana alista el jefe del Ministerio Público contra generales del Ejército podrían dar pie para pensar que estamos ante el resurgimiento de un “síndrome de la Procuraduría” de nuevo cuño, esta vez circunscrito a investigar la contratación y los actos de corrupción al interior de la fuerza; y a examinar directrices operativas que a pesar de estar situadas en la disminución de la intensidad de los enfrentamientos militares que produjo el desarme de las Farc-Ep, parecen pensadas y diseñadas para desconocer esa realidad político-militar y por esa vía retrasar el cambio misional que se espera hagan las fuerzas militares, en particular el Ejército, en consonancia con la paz que el Estado logró firmar con la guerrilla de las Farc, la más grande del país.

La situación que narra la revista Semana[2] da cuenta de una “cacería de brujas” al interior del Ejército, liderada por altos oficiales, de grado general, que al parecer seguían órdenes del comandante de la fuerza, Nicacio[3] de Jesús Martínez Espinel. La persecución interna buscaba develar los nombres de los oficiales que filtraron a la prensa las polémicas directrices emanadas por el general Martínez y que sirvieron para que tanto la revista Semana, el New York Times en su momento y recientemente el diario El País[4] de España, publicaran informes periodísticos que ponían al descubierto una línea comportamental éticamente cuestionable dentro de las filas castrenses.

Ahora bien, lo que se escuchó decir de un alto oficial y que registra Semana en su reciente informe no solo daría para el regreso del señalado síndrome, sino para el establecimiento de una vigilancia cercana por parte de la ONU, de HRW y de ONG nacionales defensoras de los derechos humanos. De extrema gravedad resulta escuchar de un alto oficial lo siguiente: “El Ejército de hablar inglés, de los protocolos, de los derechos humanos se acabó. Acá lo que toca es dar bajas. Y si nos toca aliarnos con los Pelusos nos vamos a aliar, ya hablamos con ellos, para darle al ELN. Si toca sicariar, sicariamos, y si el problema es de plata, pues plata hay para eso”. De acuerdo con los militares, presuntamente el comandante de la fuerza de tarea Vulcano, general Diego Villegas”[5].

Si bien es importante saber el nombre del oficial que pronunció semejante discurso, resulta de mayor trascendencia develar si lo expresado por el militar es compartido por el general Martínez Espinel, por el comandante de las fuerzas militares, el ministro de la Defensa y el presidente Duque en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Una cosa es tener el convencimiento de la tarea de someter militarmente al ELN y a las disidencias de las Farc y otra muy distinta es aliarse con grupos al margen de la ley para golpear al Ejército de Liberación Nacional, grupo al que el propio Ejército le quitó el nombre de guerrilla, para llamarlo Grupo Armado Organizado (GAO) o terrorista.

Lo cierto es que lo expresado por el oficial deja en claro la profunda división que generó al interior de la fuerza el proceso de paz con las Farc. Y lo más preocupante es que con el regreso del uribismo al poder y con la línea tropera que lidera Nicacio Martínez muchos militares siguen luchando contra un “viejo enemigo interno” que a pesar de haber disminuido sus fuerzas por cuenta de la desmovilización de las Farc-Ep, para estos oficiales sigue siendo la mayor motivación para continuar dentro del Ejército, así haya que mantener la perversa orientación de extender ese principio que da vida al enemigo interno, a todos aquellos ciudadanos incómodos y críticos del Gobierno y en general del régimen de poder.

Si el presidente Duque no asume el control jurisdiccional del Ejército, esas luchas intestinas podrían derivar en acciones temerarias no solo en el campo militar, sino en el campo político. Se avecinan dos escenarios que bien podrían resultar afectados por aquellos militares que, dispuestos a todo, incluso a “sicariar”, terminen comprometidos en actos de sabotaje y autoatentados.

El primero, es el llamado a indagatoria al expresidente Uribe, quizás el más fuerte inspirador de esa línea tropera que hoy está de regreso. Un resultado judicialmente adverso a ese sector castrense que admira a Uribe podría prestarse para acciones temerarias que afectarían a la población civil y la relativa tranquilidad que se respira en el país, especialmente en las ciudades principales; y el segundo escenario es la contienda electoral para elegir concejales, diputados, alcaldes y gobernadores. Aquellos candidatos que insistan en jugársela por la paz y apoyen la implementación del Acuerdo Final II, podrían ser asumidos como “terroristas vestidos de civil o amigos de los terroristas”. Si hay riesgo de que el país regrese a los señalamientos que aupó la seguridad democrática, entonces démosle la bienvenida al “Síndrome de la Procuraduría”.

________________________________________________________________

[1] Tomado de: http://d-scholarship.pitt.edu/7572/1/FALOPEZ58.pdf

[2] Véase: https://www.semana.com/nacion/articulo/investigacion-sobre-la-caceria-en-el-ejercito-involucra-al-general-nicacio-martinez/629193

[3] Véase:  https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2019/06/el-general-nicacio-martinez.html

[4] Véase: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2019/08/la-version-del-general-nicacio-martinez.html

[5] Tomado de https://www.semana.com/nacion/articulo/investigacion-sobre-la-caceria-en-el-ejercito-involucra-al-general-nicacio-martinez/629193

Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo.

Foto tomada de: El Espectador

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Filed Under: Revista Sur, RS Desde el sur

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