En efecto, el crecimiento más significativo del PIB empieza en ese año, con diversas bonanzas especialmente en 1970 y 1979, lo que generó en la economía la famosa enfermedad holandesa, con el consecuente debilitamiento del sector productivo, el paradójico incremento del endeudamiento, aparte del desangre producido por la relocalización de los excedentes de la economía de renta depositados en el exterior, especialmente en Estados Unidos y en Europa occidental. En términos de interpretación, éste fenómeno ha sido entendido como fuga de capitales o para la elite venezolana como actividades de inversión en el exterior.
A la bonanza de precios del petróleo se agregó la bonanza del endeudamiento que convirtió a Venezuela en el país más endeudado de América Latina en relación con su PIB en los años 80. Pero lo más sorprendente es que por cada dólar de endeudamiento había 2 dólares de los beneficiarios del sector privado localizados en el exterior, en desarrollo de un esquema de alta concentración en la apropiación privada de la renta petrolera, facilitado por el usufructo de la tasa múltiple de cambios de los gobiernos del punto fijismo. Este fenómeno no logra ser controlado durante el gobierno del presidente Chávez con la aplicación del control de cambios y las tasas diferenciales, como puede observarse en el cuadro No 1.
Cuadro 1: Fuga de capitales de Venezuela 1999-2018.
En desarrollo de estas bonanzas, con endeudamiento creciente y fuga de capitales, la economía Venezuela lideró junto a Irak, Irán, Kuwait y Arabia Saudita la creación de la OPEP (organización de los países exportadores de petróleo) en 1960 y posteriormente con el presidente Carlos Andrés Pérez se produce la nacionalización del petróleo en 1976, sin hacer ajustes significativos a la apropiación privada de la renta petrolera.
En los cuadros 2 y 3 podemos observar la alta correlación entre precios del petróleo, el comportamiento del PIB y los procesos de transformación de la Economía rural en Economía petrolera con Estado Nacional con importante proceso de urbanización.
Cuadro 2: PIB percápita : Venezuela 1830-2012
Fuente: Asdrúbal Baptista. 2019 en presentación ante la Académica Colombiana de Ciencias Económicas.
Cuadro 3: PIB por habitante 1830 a 2018
Fuente: Asdrúbal Baptista, 2019.En presentación ante la Academia Colombiana de Ciencias Económicas
A este escenario de dependencia de la economía venezolana con importantes recursos de la renta petrolera, debe agregarse la débil cultura tributaria, así como la subvaluación de los precios de los derivados del petróleo, especialmente de la gasolina, lo que ha fragilizado los recursos estructurales para sostener las políticas públicas, especialmente relacionadas con política social. Estos dos aspectos deben ser revisados en la búsqueda de la recuperación de la economía venezolana, que clama por escenarios unitarios en política para que la recuperación tenga estabilidad duradera.
En 1999, después de una larga controversia por la recuperación de la economía venezolana que giró alrededor del “aperturismo” petrolero, se sustentó en teorías generalizadas en el continente americano. Esta ruta que se esperaba fortalecer el Bolívar y recuperar la economía se produce en medio de un vacío de liderazgo en los partidos tradicionales del punto fijismo.
Este vacío de liderazgo es cubierto con la elección de Hugo Chávez Frías como presidente de Venezuela, con una amplia aceptación, incluidos dirigentes empresariales como Gustavo Cisneros, porque se trataba de superar la crisis derivada y acentuada con el Caracazo producto del rechazo a las medidas de ajuste sugeridas por el FMI.
La triada conformada por economías de renta, productiva y economía de crédito se desarrolla en beneficio del capital financiero local y extranjero en un escenario de alta concentración y de boato consumista de la gran clase dirigente tradicional y de la trampa de precios internacionales por la disponibilidad de divisas que condujo a importar bienes de consumo necesarios que sustituyó la producción nacional; pero la importación también incluyó bienes suntuarios para satisfacer el espíritu “globalizador” de la clase media y clase alta del país. Los bienes de capital importados se centraron en la industria petrolera. El sector productivo se debilitó de manera significativa.
Con el advenimiento del gobierno del presidente Hugo Chávez, se presentó un cambio en la política económica de Venezuela, mediante la promulgación de 49 leyes habilitantes con la aplicación de la nueva Constitución, por primera vez ratificada por referendo. Dos leyes despertaron especial rechazo de la dirigencia empresarial y sindical: la ley de acuicultura y pesca que prohibió la pesca de arrastre entre otras medidas y la nueva política de hidrocarburos.
La ley del petróleo elaborada por las grandes empresas petroleras estadounidenses en 1922, fue ajustada de manera significativa en 2001. Se fortalece la nacionalización efectiva de la renta petrolera, mediante mecanismos de estatización para financiar buena parte de los gastos del Estado, especialmente las “misiones” creadas para implementar parte de la política pública social, que incluyó a Venezuela “libre de analfabetismo”. La nacionalización del petróleo del presidente Carlos Andrés Pérez permitió la apropiación privada de la renta petrolera, que incluyó corrupción cambiaria de los grandes empresarios importadores, derivada del manejo no controlado de la tasa de cambios múltiple.
Este cambio en la política petrolera provocó la ira de Fedecámaras y de la dirigencia de la CTV (Central de Trabajadores de Venezuela), lo que se tradujo en un primer intento de golpe de Estado en 2002 que contó con el apoyo de militares sediciosos y una parte de la jerarquía de la iglesia; pero solo duró 3 días. Más tarde los trabajadores petroleros opuestos al gobierno declararon la huelga insurreccional petrolera durante 63 días, lo que significó la destrucción parcial de PDVSA y provocó la reacción del gobierno con la sustitución de los dirigentes de PDVSA, la salida de 18.000 funcionarios y el fuerte impacto negativo en la tasa de crecimiento de la economía.
En 2018, con la segunda elección del presidente Maduro la oposición se abstiene de participar en ese proceso electoral y entroniza la consigna de “la salida” como mecanismo reduccionista para hacer oposición, sin utilizar el recurso de las urnas como instrumento de controversia política.
En febrero de 2019 Juan Guaidó, un joven reclutado del movimiento estudiantil opositor al Chavismo en 2007 y formado en el laboratorio para cambios de gobierno de Estados Unidos, se autoproclama presidente con el aval de Estados Unidos, parte de la Unión Europea y el recién constituido Grupo de Lima conformado para el mismo objetivo de sacar al presidente Maduro. En abril de 2019 se intenta un nuevo golpe de Estado con algunas escaramuzas frente a la base de La Carlota, de nuevo sin éxito.
En 2020 se crea un escenario de diálogo entre las fuerzas políticas con una nueva oposición que rechaza la intervención militar como una opción para enfrentar la crisis económica y se aprueba el ajuste del tribunal electoral para las elecciones de la nueva Asamblea Nacional, que tomará posesión el 5 de enero del 2021.
En esta confrontación de percepciones sobre la conducción institucional de Venezuela y gracias al bloqueo mal administrado por Estados Unidos, la Unión Europea y el debilitado Grupo de Lima, se genera la oportunidad para una acción antibloqueo, compatible con los intereses estratégicos de Rusia, China y una parte importante de países de América Latina y el Caribe, especialmente del Alba.
Rusia y China se han venido transformando en países necesarios para la búsqueda de una solución política a la grave crisis de la economía Venezolana, que ha derivado en crisis institucional, no solo por su apoyo al gobierno Venezolano, sino por su creciente importancia en la economía internacional.
La importancia del petróleo en la economía venezolana ha sido fragilizada de manera inducida por el bloqueo externo, pero también por los errores en política económica del gobierno y la incertidumbre en el mercado petrolero agudizado con la pandemia. Esta situación de incertidumbre ha ampliado las dificultades en el aprovisionamiento de alimentos y medicamentos para atender esta situación sobreviniente.
En efecto, la cotización en bolsa del petróleo para el año 2020 llegó a una cifra estrambótica de -37us$ debido a la contracción de la demanda en la economía mundial (ver cuadro Precios del petróleo WTI:1960-2020). Esta crisis se agudiza con la sobreproducción derivada entre otras razones por el inusitado crecimiento de la producción de petróleo de Estados Unidos con el fracking que lo catapultó como el primer productor mundial de petróleo y facilitó un acuerdo impensable antes. La OPEP plus, con la venia de Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita y Venezuela acordaron disminuir la producción en 9.7 millones de barriles por día para procurar incrementar el precio del petróleo alrededor de 40 dólares, cifra mínima aceptable en términos de los costos de producción en fracking de 40 dólares.
Las dificultades del mercado petrolero, la fuga de capitales que no se logró contener en el gobierno del presidente Chávez — porque el control de cambios no logra contener el gran poder empresarial privado importador que resultó beneficiándose del manejo de la tasa diferencial— paradójicamente se transformó en una especie de subsidio para los importadores, pero también para una parte de funcionarios. El instrumento se tradujo en ámbitos indeseables de corrupción, tanto de los importadores como de algunos funcionarios.
A pesar de este ambiente de dificultades que enlodaron la economía, el coeficiente de Gini en Venezuela ha logrado descender como expresión de una política distributiva apropiada pero vulnerable (ver cuadros 5 y 6), porque su principal fuente histórica de ingresos ha entrado en crisis e inestabilidad en el mercado mundial petrolero, agudizada por las sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y el hostigamiento persistente de los gobiernos de sus vecinos de frontera Colombia y Brasil.
Cuadro 5. coeficientes de Gini Venezuela
Cuadro 6: coeficientes de Gini Colombia
En 2018 el coeficiente de Gini de Colombia supera el 51 %, mientras el de Venezuela bordea el 37.7%. En Colombia a pesar del conflicto armado, la concentración de ingresos sigue sin modificarse en los últimos 36 años, mientras que en Venezuela ha bajado significativamente en los últimos 21 años, proceso erosionado por la crisis económica.
A las dificultades en el flujo comercial entre Colombia y Venezuela como producto de la ruptura de las relaciones entre los dos países, es importante exigir tregua humanitaria de hostilidades porque la cooperación binacional es necesaria para gestionar la pandemia en los dos países.
Para hacer una aproximación diagnóstica a las posibles rutas de cooperación binacional es importante revisar los resultados del covid-19 en los dos países. Los resultados comparados de la pandemia Colombia-Venezuela al 29 de enero de 2021 han sido: en casos 2.067.575 vs 126.323 en términos absolutos y 40.759 vs 4.450 por millón de habitantes, decesos 53.650 vs 1.183 en términos absolutos y 1.048 vs 42 por millón de habitantes y la tasa de recuperación 92 % vs 94 % respectivamente. Los resultados constituyen cifras claramente favorables a Venezuela.
Compartir información de experiencias exitosas en los dos países con apoyo en la OMS puede contribuir al mejoramiento de la salud de la población en particular en producción de vacunas. La hostilidad entre dos gobiernos no puede seguir limitando esta opción que debería ser lo normal en un estado de emergencia, y como un reconocimiento a la memoria histórica, porque la historia cuenta.
El cuadro 7, que correlaciona comercio binacional Colombia-Venezuela y los presidentes en ejercicio de cada país, señala momentos de auge y momentos de descenso. El efecto empleo del comercio entre estos dos países ha sido superior al efecto empleo de esas relaciones con Estados Unidos. En los gobiernos de dos presidentes de frontera Virgilio Barco y Carlos Andrés Pérez se reafirmó la conciencia del carácter complementario de las dos macroeconomías, compatible con la percepción dominante de la época caracterizada por el aperturismo y el slogan “exportar o morir”.
Cuadro 7: Comercio Colombia – Venezuela 1998-2020
Fuente: Pavel Rondón y elaboración propia derivada de cifras del DANE, adaptada por el autor.
Con el gobierno del presidente Chávez las relaciones comerciales se fortalecieron de manera significativa hasta 2009, cuando el gobierno Uribe decide romper relaciones. Al mismo tiempo se firma el acuerdo cooperación con Estados Unidos que complementa el viejo acuerdo de 1846 que trazó la ruta para la separación de Panamá y se consolida con 7 bases militares de Estados Unidos en nombre de la supuesta lucha contra el narcotráfico (ver mapa “Acuerdo de cooperación Estados Unidos-Colombia”). Curiosamente las bases dispondrán de aeronaves con autonomía de vuelo hasta el sur del continente americano o hasta la parte occidental del África, especialmente desde la base de Palanquero, que ha contado con asesoría de Israel. Este despliegue tecnológico hace increíble que se trate de luchar contra el narcotráfico.
En el gobierno del presidente Santos se continúan las negociaciones para el acuerdo de paz en Colombia con la cooperación y apoyo decisivo del gobierno del presidente Chávez; pero mantiene la ruptura de las relaciones. En el período revisado, la ruptura se inicia con el presidente Uribe y agudiza con el presidente Duque que de manera inexplicable no ha permitido cooperación en la gestión fronteriza de la pandemia. Sorprende, porque incluso en países en estado de guerra, la cooperación en la gestión de la pandemia, por tratarse de un fenómeno de vida se han armonizado. En el caso Colombo-Venezolano esta aproximación ha sido impedida por factores externos internalizados.
Mapa “Acuerdo de cooperación Estados Unidos-Colombia”
En relación con las migraciones transfronterizas entre Colombia y Venezuela es importante tener en cuenta la secuencia. Primero se produjo la migración colombiana de cerca de 5.5 millones de ciudadanos producto del conflicto interno colombiano y de las posibilidades de empleo que generaba la economía venezolana, especialmente en los sectores agrícola, de construcción y profesionales del petróleo. La migración venezolana fue selectiva especialmente en educación secundaria fronteriza, así como profesionales que adelantaron estudios de posgrado en Bogotá. Luego se produce la migración venezolana, derivada de condiciones económicas de austeridad, escasez y por las expectativas de ofertas de bienestar en Colombia.
En 2021 hay 1.7 millones de migrantes venezolanos legales (45%) e ilegales (55%). Es la primera vez en la historia de las migraciones transfronterizas que se produce una migración venezolana tan elevada y de población expulsada por la crisis económica, aunque una parte de venezolanos con recurso económicos también han migrado en actividades de inversión en industria petrolera o economía de servicios. Mientras tanto la migración colombiana hacia la frontera ha significado una modalidad de colonización programada conocida en otras latitudes, que han adquirido fincas y comparten territorio con la población originaria de frontera. A estas condiciones desestabilizadoras se agrega un problema que debe corregirse: La política fronteriza no puede seguir definiéndose en Bogotá y Caracas. Se requiere participación protagónica de la población de frontera originaria. La frontera no debe ser un límite, sino un lugar de encuentro para la cooperación y la solidaridad.
En estas condiciones se hace evidente que la crisis de la economía venezolana es muy difícil y requiere de un replanteamiento hacia adentro con la eliminación de las sanciones externas, la devolución de los activos al gobierno venezolano, la repatriación de capitales fugados; pero también el sinceramiento de la política fiscal necesaria para romper con la dependencia de la economía de renta del petróleo, del gas, del oro o del coltán y disponer de los recursos necesario para fortalecer la economía productiva y ejercer un real control de las actividades del capital financiero. Si se utiliza el control de cambios es necesario hacer efectivo el control, porque en términos de la tasa de cambio, la diferencia entre tasa oficial de cambios y la tasa del mercado paralelo debe tender a cero. De lo contrario es un saludo a la bandera y en el caso venezolano ha sido un factor de fractura y debilitamiento del papel del Estado en el control de la tasa de cambio con un efecto en la hiperinflación que ha afectado sustancialmente el poder adquisitivo del salario. Es suficiente sumar las divisas de la fuga de capitales, endeudamiento legítimo y descongelamiento de activos para calcular la disponibilidad de divisas y el impacto en tasa de cambios e inflación. Este ejercicio es necesario.
Con la tasa diferencial de cambios de la época de Carlos Andrés Pérez se presentaron actividades de corrupción de importadores y de funcionarios; pero también ocurrió con ese instrumento diferencial en la época del presidente Chávez. El Estado no solo debe ser plenipotenciario, también debe hacer cumplir los propósitos fiscales y económicos de las medidas que se tomen. Y en período de crisis, con sanciones externas y desestabilización provocada, el Estado debe ser más sólido y asertivo, tomando medidas internas de bio protección.
Recapitulando, Venezuela ha sido sometida a cerco financiero, cerco militar y la vulnerabilidad fronteriza con Colombia, Brasil, además de la agudización del contencioso de la Guayana Esequibo, con el propósito de sacar del poder al presidente Maduro. El “programa” de gobierno del presidente implantado es la salida del presidente Maduro, que coincide con la agenda bipartidista del gobierno de Estados Unidos, a su vez en grave crisis interna derivada de las recientes elecciones en dicho país. La vieja tesis de la amenaza externa derivada de la doctrina Monroe de 1823, fortalecida en la carta de Chapultepec con la creación de la OEA y el instrumento militar del TIAR, se ha transformado en amenaza interna en 2021 con el supremacismo blanco.
Los hechos del 6 de enero del 2021 en Estados Unidos, la descomposición de una buena parte del grupo de Lima, así como la Unión Europea debilitada por el brexit, configura un imperio del caos que debería dar espacio a una nueva política de defensa y seguridad de Estados Unidos para protegerse del enemigo interno y la necesaria construcción de una verdadera política de seguridad y defensa de la Unión Europea que hasta ahora ha sido USAdependiente.
El expresidente Trump con su slogan “America first” al decretar la congelación de activos de Venezuela y prohibir la venta de activos de PDVSA complementó las sanciones a personalidades del gobierno venezolano iniciada por el presidente Obama con su slogan “compre USA”. Con estas medidas se ha creado un cerrojo que impide al gobierno venezolano acceder a créditos de organismos internacionales.
En efecto, en 2018 el secretario del tesoro de Estados Unidos propone al FMI reunido en Indonesia la desactivación de Citgo, lo que debilita aún más la disponibilidad de recursos al gobierno venezolano y se complementa con las limitaciones a Rusia para que pudiera adquirir petróleo venezolano y compensar de alguna forma el bloqueo a las ventas de petróleo establecidas por las sanciones de Estados Unidos. Las sanciones se han adoptado como el instrumento unilateral más utilizado por Estados Unidos en los últimos años para estructurar su política exterior como geopolítica.
Aparentemente el recurso al presidente implantado corresponde a la intervención de nuevo tipo, mediante un mecanismo de nacionalización de las intervenciones en países que, aunque siempre contaron con agentes internos; nunca se había aplicado la implantación del paralelismo ilegítimo sobre gobiernos que no respondían a los intereses del Estados Unidos y Europa.
Las medidas aplicadas para salir del gobierno del presidente Maduro no han sido eficaces, porque la oposición guiada por Washington se ha centrado en la salida y no en la construcción estructurada de una propuesta de gobierno alternativo a la agenda del gobierno en funciones. Ha desarrollado una agenda de economía de guerra.
El hostigamiento contra Venezuela en nombre de la “responsabilidad de proteger” se ha transformado en injerencia plagada de errores, como los de apelar a mercenarios que se han unido a grupos armados irregulares, degradando la acción política, lo que se ha traducido en el fortalecimiento del gobierno.
El efecto sobre la población venezolana ha sido demoledor porque coincidió con el debilitamiento regional de gobiernos progresistas, que fundamentaban sus propuestas políticas en el multilateralismo en términos generales y la integración regional como forma de generar condiciones de cooperación y solidaridad para soportar la crisis económica derivada de la caída de los precios de las materias primas que sirvieron para financiar la política social de sus países. Se desactivaron tres grandes mecanismos de cooperación regional: Unasur, Mercosur y la Celac y renació el espíritu del panamericanismo, lo que ha impedido actuar en bloque por ejemplo para mejorar capacidad de negociación en la producción y adquisición de las vacunas.
La crisis de los gobiernos progresistas de la región también derivó de errores como el abandono del movimiento social que se tomó en cuenta en términos electorales, pero no en términos de formación de ciudadanía con participación directa en la definición de la política social y económica.
Aunque se lograron avances en número de consumidores por el incremento de la capacidad adquisitiva y el ascenso de los pobres a la condición de clase media, se soslayó la importancia estratégica en formación y organización. Los beneficiarios de la política pública actuaron como consumidores en ascenso; pero con la caída de los recursos estatales, se debilitó la política pública y se desviaron en las elecciones regionales y se produjo un retroceso político, aprovechado electoralmente por los opositores de la política social desarrollada por dichos gobiernos.
En Venezuela entre 1983 y 1999 la clase media y los pobres no fueron beneficiarios de los excedentes de la renta petrolera. El presidente Chávez logra dar pasos significativos en esa dirección, mientras los precios del petróleo se lo permitieron, especialmente cuando propició el fortalecimiento de la OPEP mediante la reducción de la producción mundial de petróleo, lo que se tradujo en un significativo incremento de los precios al pasar de 9.5 dólares a 30 dólares en menos de un año.
Con este efecto precio se incrementó la renta petrolera y la disponibilidad de recursos para redireccionar su apropiación pública, aunque no logra controlar fuga de capitales ni “sembrar el petróleo” como era parte de su discurso, afectando de manera importante la política productiva. Porque es insuficiente hablar de política social dependiendo de una economía de renta vulnerable, sin fortalecer la política productiva. No se puede desarrollar política social sin política productiva.
La clave estaba en transformar la economía de renta en economía productiva con regulación del mercado de capitales como factor de apoyo a la economía real, para evitar la especulación financiera que encarece la actividad productiva. Se trata de aprovechar bonanzas de corto plazo y dar lugar a condiciones de bienestar de largo plazo.
PDVSA era un Estado dentro del Estado, sin que fortaleciera al Estado, antes y después del presidente Chávez. Por esta razón, antes del gobierno del presidente Chávez se hicieron compras de refinerías obsoletas para ampliarles la obsolescencia tecnológica y el ciclo de vida por determinación de las grandes empresas petroleras. Lo que no era recomendable hacer en su propio país, sí lo hicieron en Venezuela.
El presidente Chávez, a su vez, recargó muchas responsabilidades a PDVSA transformada, lo que la hizo muy vulnerable ante el bloqueo implacable que impediría que en el gobierno del presidente Maduro pudiera exportar petróleo e importar insumos para refinar petróleo. Se configura la gran paradoja que el país con una de mayores reservas de petróleo del mundo no disponga de petróleo para exportar ni de gasolina para el consumo interno de acuerdo con sus reales capacidades de producción y de consumo.
En sentido estricto, hoy ni el gobierno del presidente Maduro ni el presidente impuesto controlan en términos reales la empresa venezolana CITGO que funciona en los Estados Unidos con más de 8000 estaciones de servicio, porque ha sido tomada unilateralmente por las autoridades de Estados Unidos.
En este contexto Venezuela se ha transformado en una zona de disputa no solo de Estados Unidos y la Unión Europea, sino de las fortalecidas economías de China y Rusia. Hoy los únicos países que siguen teniendo como principal socio comercial a Estados Unidos son Ecuador y Colombia. Los demás países de América latina lo tienen con China.
Esta aproximación pragmática se ha acentuado con la gestión exitosa de la pandemia por parte de China en términos de control del virus con esquemas de fuerte organización y disciplina; pero también en términos del acumulado de investigación científica que permitirá producción a gran escala de vacunas (1000 millones/año) y un esquema apropiado de distribución con precios accesibles. De otra parte, Rusia como socio significativo en la producción y comercialización de la vacuna ha tenido éxito, lo que en términos de pragmatismo comercial han ampliado su influencia internacional, incluida América latina y el caribe.
En relación con la administración de las ventas de vacunas se ha mostrado una dimensión de alta concentración en las compras por parte de los países industrializados, lo que ha afectado cruelmente la disponibilidad de vacunas para los países no industrializados. La rapiña por los respiradores en el primer pico de la pandemia en el 2020, se ha complementado de manera inhumana con el acaparamiento de las vacunas-10 países han acaparado el 70% de las vacunas! -. La gestión de la pandemia se agudiza en nuestra región por la debilidad de algunos gobiernos que no estaban preparados para gestionar la emergencia e hicieron parte de los presidentes negacionistas han tenido los resultados más negativos en el continente americano.
Las vacunas deben ser un bien público. En consecuencia, si se patentan las vacunas, debe existir la licencia obligatoria, pues la pandemia es un problema de salud pública. Este proceso debe ser una oportunidad para realizar inversiones en desarrollo científico técnico, porque la mutación del virus y aparición de nuevos virus amerita que los países preparen las condiciones para atender esos riesgos con un soporte científico técnico apropiado en términos de producción industrial y comercialización.
La cooperación y la solidaridad entre Colombia y Venezuela deben orientar la acción contra el coronavirus.
Finalmente es importante advertir que el cerco mediático sobre Venezuela debe cesar para facilitar comunicaciones transparentes que clamen por el apoyo al diálogo entre los venezolanos con la cooperación y solidaridad de la comunidad internacional. Es un tema de interés internacional, sin que Venezuela se lo haya propuesto.
Carlos Julio Martínez Becerra
Foto tomada de: Política Exterior
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