El gobierno ha cuestionado las cifras del informe citado que da cuenta de “117 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Así mismo, la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular registra que hubo más de 350 amenazas individuales o colectivas, 46 atentados cometidos con armas de fuego de largo y corto alcance y/o artefactos explosivos y 5 casos de desaparición forzada en contra de dirigentes locales y regionales”. Para el gobierno “de acuerdo con las estadísticas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Derechos Humanos, fueron 64 los líderes que, lamentablemente, fueron asesinados durante el año 2016, siendo los departamentos de Cauca, Antioquia y Norte de Santander los más afectados”[2].
En todo caso, este incremento de la violencia contra personas vinculadas a movimientos sociales y de oposición política, en medio del proceso de paz entre el gobierno y las FARC, parece revelar una acción sistemática con propósitos políticos.
Los observadores independientes no pueden eludir la comparación con el exterminio de la Unión Patriótica iniciado en los años 80 del siglo pasado o con el también extermino del movimiento gaitanista y de su principal líder en los años 40 de ese siglo en Colombia.
Por ello sorprenden las declaraciones del Fiscal General[3], quien manifestó, ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes: “hay una multicausalidad en el origen de las amenazas, de los asesinatos y de las afectaciones a la integridad de estos líderes sociales”, y concluyó “por lo que no es posible hablar de un factor único que las motive”. Esta niega la sistematicidad de los crímenes a priori, no obstante los elementos anotados.
Estas declaraciones del Fiscal son cuando menos apresuradas, pues la mayoría de las investigaciones están en curso y, aunque algunas hayan logrado avances significativos, todavía no es posible, seriamente, descartar la relación entre los ataques.
Por un lado, los ataques se dirigen contra sectores sociales y políticos que tienen intereses y actividades comunes. Por otro lado, aunque no todas las víctimas hayan sido dirigentes o figuras representativas, es necesario relievar que este tipo de violencias no solo va dirigido contra las personas, sino que propende por debilitar los movimientos y sus acciones sociales y políticas.
Siguiendo a Naciones Unidas[4], “Los crímenes del sistema, como la mayor parte de la delincuencia organizada, se caracterizan en general por una división del trabajo entre planificadores y ejecutores, así como por unos esquemas en materia de estructura y ejecución que tienden a dificultar la determinación de relaciones entre esos dos niveles. Todo ello se complica por el hecho de que a menudo, aunque no siempre, los crímenes del sistema son cometidos por entidades oficiales y frecuentemente con la participación de personas que eran, o pueden seguir siendo, poderosas desde el punto de vista político. Los crímenes suelen afectar a gran número de víctimas, con lo que estos aspectos de escala y contexto hacen que las investigaciones sean más difíciles desde el punto de vista logístico”.
En este sentido las investigaciones de los crímenes de sistema no deben equipararse, como en los crímenes ordinarios, a la del director de una película que busca los roles de cada participante “y cuyo principal interés es describir la comisión de un acto criminal concreto”; “exige un enfoque más cercano al de un ingeniero” para dilucidar “el funcionamiento de los elementos de la maquinaria”.
Solo asumiendo la tarea con esta perspectiva se logrará salir del laberinto, y evitar que el Minotauro de la impunidad continúe devorando la confianza y credibilidad en el aparato judicial.
Carlos Rodríguez Mejía: Profesor de la Maestría en defensa de los derechos humanos del Facultad de Derecho de la Universidad santo Tomás Bogotá.
NOTAS
El presente artículo no compromete a la Universidad y solo es responsabilidad de su autor.
[1] Ver Informe de Indepaz http://www.indepaz.org.co/informe-anual-sobre-lideres-de-organizaciones-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-el-2016/ y numerosas informaciones de prensa escrita http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/siguen-ataques-a-lideres-sociales-EF5733776
[2] Por su parte el Programa Somos Defensores, dirigida por la Asociación para la promoción Social Alternativa MINGA, ha documentado 81 personas dirigentes sociales y comunitarios muertos durante el pasado año (cifras suministradas por el Programa pero aún no publicadas en su informe anual previsto para el mes de marzo).
[3] http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/destacada/no-hay-una-sistematicidad-hasta-el-momento-en-las-afectaciones-a-la-integridad-de-los-lideres-sociales-fiscal-general-de-la-nacion-2/
[4] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Instrumentos del Estado de derecho para sociedades que han salido de un conflicto. Iniciativas de enjuiciamiento, Nueva York y Ginebra, 2006, pág. 13.
Deja un comentario