Dicho proyecto, propone, entre otras, las siguientes medidas:
A) Crear un registro público en el que se incluyen organizaciones y personas consideradas vinculadas al terrorismo, la lista será adoptada por el Consejo Nacional de Seguridad Nacional, a propuesta de expedientes preparados por un organismo técnico. A quienes sean incluidos, les congelarán fondos, cuentas y activos, no podrán contratar con el Estado, ni recibir subsidios, ni acceder a recursos públicos; las entidades financieras y otros sectores quedarán obligadas a consultar dicho registro.
Los afectados no tendrán derecho a defenderse y solo podrán acudir al Consejo de Estado para solicitar la exclusión del registro, cuando la petición sea negada. Se acabarán las garantías procesales; no habrá derecho a interponer recursos, ni a asesorarse de abogados. El registro público es calco y copia de la lista Clinton o la lista OFAC, que reduce a quienes sean incluidos en la lista a la condición de parias sin derechos civiles, políticos, financieros y comerciales, despojados de su dignidad.
El pretexto del espurio gobierno, es actualizar los instrumentos jurídicos para, supuestamente, combatir, organizaciones armadas y redes criminales involucradas en el narcotráfico, la minería ilegal, los ataques informáticos, el uso de drones y los atentados contra infraestructuras estratégicas. El propósito real es criminalizar la protesta social, reprimir la movilización, apresar manifestantes, líderes y lideresa, acusarlos de terrorismo, condenarlos penalmente, sin derecho a la defensa y al debido proceso, incluirlos en la lista del terror.
B) Adoptar una nueva definición de terrorismo, que incluye conductas individuales, grupales o colectivas que produzcan miedo, pánico o zozobra y generen riesgos, amenazas y violencia. Echan en el mismo saco y criminalizan los actos terroristas, atentados, ataques a guarniciones militares, bloqueos de vías públicas, protestas sociales, huelgas, plantones, disturbios, manifestaciones políticas, mítines, marchas y demás expresiones de la inconformidad de los explotados y los pobres de Colombia. A quien le vendrían como anillo al dedo dichas definiciones de terrorismo es a Abelardo, que sembró pánico, en su campaña y desató el terrorismo de Estado en sus dos meses de ejercicio presidencial ilegítimo. Ha amenazado al estudiantado universitario de invadir militarmente las Universidades públicas, a las poblaciones indígenas, campesinas y afro descendientes, ha causado pánico con su show de Pasarella de bolsas blancas cargadas de cadáveres, incluidos niños, para intimidar, causar miedo y pánico, anunció que destripará la izquierda y la oposición. El primer incluido en el registro de terroristas es Abelardo de la Espriella.
C) Creación de una Alto Comisionado contra el terrorismo, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, (DAPRE) designado por el presidente por un periodo de cinco años; y, además, pide otorgar facultades extraordinarias, por seis meses, al presidente, para que reglamente el esperpento estatutario.
D) Propone, modificaciones penales relacionadas con acciones terroristas propiamente dichas, minería ilegal, narcotráfico, ataques informáticos, secuestro, trata de personas, etc., y, las hace extensivas a las asonadas, mítines, motines, ataques y delitos electorales y, plantea un incremento de penas para los incluidos en el registro, sin garantía del derecho a controvertir, ni a la defensa. Si se aprueba el proyecto, el gobierno tendrá vía libre para realizar operaciones contra organizaciones, personas y grupos “calificados de terroristas”, sin considerar la protección a la población civil, ni distinguir entre objetivos militares y civiles, ni la proporcionalidad de las operaciones, ni garantía de control judicial.
Los líderes de organizaciones, estructuras ilegales u organizaciones sociales, sindicales, políticas, culturales, de derechos humanos, etc., que sean incluidas en el registro serán despojados de sus elementales derechos y recluidos en establecimientos o pabellones exclusivos, en situación de aislamiento, sin visitas ni comunicaciones —con excepción de las necesarias para la defensa— y sin acceso a telecomunicaciones.
e) Propone que el Consejo de Estado conozca en primera instancia las tutelas contra el presidente y las fuerzas militares y policiales, relacionadas con operaciones de seguridad nacional. Se pretende otorgar patente de corso al presidente y a las FF. AA, para violar los derechos humanos suprimiendo la acción legal y el derecho al recurso ordinario y la Acción de Tutela.
f) También contempla facultades extraordinarias al presidente para solicitar la aplicación de normas penales de los EE. UU. a delitos cometidos en Colombia; para ello, el proyecto fue enviado a revisión del Departamento de Justicia gringo, haciendo caso omiso al examen de compatibilidad con la Constitución y las competencias de los jueces nacionales; es una violación solicitada de la soberanía nacional. Incluye además el chantaje de la reducción de penas, hasta del 60%, a los incluidos en el registro de terroristas, si se comprometen a declarar contra las organizaciones y las personas incluidas en la lista, lo que las autoridades quieren escuchar.
El estatuto del terror es una herramienta para atemorizar, sembrar pánico y reprimir violentamente la protesta de la clase trabajadora y sus organizaciones, el campesinado, los pueblos indígenas y afrodescendientes, la comunidad estudiantil y universitaria, los movimientos feministas y LGBTIQ+, los estudiantes del SENA, etc.; y, eliminar el derecho a la protesta, con el pretexto de “controlar” el orden público. “Esta norma revela el carácter del régimen que Abelardo está instaurando; no se trata solamente de medidas represivas que violan los derechos humanos, ni de la eliminación de las libertades públicas, es la eliminación del Estado Social de derecho y su sustitución por un estado dictatorial, totalitario y autoritario” (Iván Cepeda – Revista Raya).
Con la aprobación del estatuto, eliminarán el poder judicial; los jueces no tomarán decisiones, será el presidente autoritario, cargado de superpoderes y acompañado del Alto Comisionado, quien las tomará contra las personas y organizaciones señaladas de terroristas, pasándose por la faja el debido proceso y la presunción de inocencia; a los incluidos en el registro antiterroristas se les presume culpables y los incluyen en el listado de la ignominia; ellos tendrán que demostrar que no lo son; pero, después de que se ha enlodado la vida a las personas, los grupos o las organizaciones, se les ha violado el derecho al buen nombre, y destruido sus vidas personales y colectivas y se les pone en camino hacia la lista Clinton y la extradición. (Iván Cepeda – Revista Raya)
Se crea una instancia técnica del Consejo Nacional de Seguridad, un grupo de funcionarios nombrados por el gobierno, que serán encargados de poner en la lista de terroristas a las personas y las organizaciones; no habrá juez, ni derecho a la defensa, no habrá acusados, ni investigados, sino culpables, y el ministro o el alto consejero tomará la decisión de incluirlos, sin posibilidad de ejercer su derecho a defenderse.
Abelardo le está haciendo la tarea al régimen neofascista de Trump, cumple con el mandato, los intereses geoestratégicos, políticos y económicos del presidente supremacista gringo, las cortes callan, los medios corporativos y los gremios económicos guardan silencio cómplice. El ilegítimo, con el apoyo de los amos, criollos y yanquis, del poder, hace tránsito a la instauración de una dictadura.
El 14 de octubre, las multitudes, pese a las amenazas y el decreto 1525/ 13/26, que pretende amordazar la protesta social, del aprendiz de dictador, acudieron a la portentosa jornada nacional de movilizaciones en plazas, calles y veredas, convocadas por el Pacto Histórico, el Comando Nacional Unitario, los movimientos sociales, las poblaciones de la diversidad sexual, las juventudes estudiantiles y el Paro Nacional de FECODE.
En masivas y pacíficas movilizaciones, multicolores y combativas, expresaron su repudio y oposición al Estatuto del terror estatal, al fraude y los dos millones de votos ficticios (bots – robots) que lo eligieron; así como, la defensa de las conquistas democráticas logradas en el gobierno de Gustavo Petro, del agua y contra el fracking y la entrega de nuestros recursos al imperialismo gringo, por la vida, la democracia, las libertades y los DD.HH. La jornada fue el preámbulo del paro nacional anunciado para finales de noviembre. La organización, la movilización y la huelga de masas, son el camino para derrotar el régimen dictatorial en la cuna.
La respuesta del dictadorzuelo fue violenta y represiva en varias ciudades del país; pero la fuerza popular no solo resistió, sino que advirtió al régimen que sus crímenes no pasarán impunes. La desobediencia y la resistencia civil será efectiva en las calles.
José Arnulfo Bayona, Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de la ANEP.
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