En este artículo y el siguiente, síntesis de un Taller de Economía Crítica impartido por el economista valenciano Antonio Marco1, se expone muy sintetizado nuestro sistema fiscal y con qué situación se encontrará dicho gobierno.
Por «ingresos públicos» entendemos aquella cantidad de dinero público percibida por el Estado y demás entes públicos. Su objetivo esencial es financiar el gasto público. Dichos ingresos proceden de cuatro fuentes fundamentales: Ingresos Patrimoniales, Ingresos de Monopolio, Deuda Pública y Tributos.
En la actualidad, España es el país de la Unión Europea que menos empresas públicas tiene. Hemos pasado de 130 en 1985 a 16 en la actualidad. El motivo que se adujo para su privatización fue que uno de los requisitos, para poder formar parte de la Unión monetaria era tener un déficit público inferior al 3% del PIB, condición que el gobierno de Felipe González utilizó como excusa perfecta para vender algunas de nuestras «joyas de la corona». De ese modo, entre 1988 y 1996, se vendieron participaciones importantes de las siguientes grandes empresas públicas: Endesa, Repsol, Argentaria —hoy forma parte del BBVA—, Ence y Telefónica. Gracias a dicha venta, llenaron las arcas con 16.809 millones de euros. En 1996, el gobierno de Aznar diseñó un programa de privatizaciones de tal calibre que se dispararon aún más y que aportaron a las arcas 53.908 millones de euros. Las empresas más afectadas fueron: Gas Natural, Aldeasa, Aceralia, Tabacalera, Indra, Red Eléctrica, Iberia y AENA. Como detalle anecdótico apuntaré que, tanto Felipe González como José María Aznar, forman parte hoy de consejos de administración de algunas de dichas empresas públicas privatizadas.
En cuanto a nuestro sistema fiscal, se rige por un conjunto de normas que regulan la forma de obtener ingresos públicos, fundamentalmente a través de impuestos. De esa forma se recaudan los recursos necesarios para financiar las funciones y necesidades que debe atender el Estado, además de constituir un instrumento fundamental en la redistribución de la renta.
La vía para obtener ingresos públicos debe someterse a unos Principios Constitucionales del Derecho Tributario: de carácter general —«Hacienda somos todos»—, de igualdad —no solo ante la Ley sino también en su aplicación—, de capacidad económica —progresividad— i de Reserva Legal.
El análisis de la estructura por la que se rigen los ingresos nos permite concluir que el sistema fiscal de nuestro país es cada vez más regresivo.
Una primera causa se debe a que el 74% de la recaudación tributaria corresponde a la suma del IRPF (Impuesto a la Renta de las Personas Físicas) y del IVA (impuesto al consumo). El resto de la recaudación —un 26%— le corresponde en un 12% al impuesto de sociedades y en otro 10% a los impuestos especiales. El resto son impuestos de carácter menor por lo que respecta al peso que manifiestan.
Una segunda causa es que los impuestos indirectos en España —añadiendo los especiales (tabaco, alcohol, carburantes…)— han aumentado 9 puntos de 2007 a 2015 y han pasado del 36% al 45%. Recordemos que el IVA es un impuesto indirecto que no toma en consideración quién lo paga —renta alta, renta media o renta baja—, sino que solo se fija en la capacidad de compra. Es, por tanto, un impuesto muy regresivo, ya que las rentas altas pueden ahorrar y las medias y bajas se ven obligadas a gastar en consumo necesario.
Una tercera causa es que el IVA contrasta con otros impuestos. Así y a título de ejemplo, está el impuesto de patrimonio o el de sucesiones y donaciones, con una recaudación muy baja pero un carácter progresivo muy elevado, ya que afecta solo a la población más acomodada. En 2008 se eliminó el impuesto de patrimonio, aunque se recuperó parcialmente en 2011 con distintas aplicaciones en cada territorio. En Cataluña supuso una caída del 72% en recaudación —se perdió un 80%— y en Madrid la exención fue total. En 2010 se eliminó el impuesto de sucesiones y donaciones, aunque se restableció parcialmente en 2014.
En cuarto lugar, el Impuesto de Sociedades ha bajado en 10 años del 35% al 25%, independientemente del tamaño de la empresa. La primera rebaja la hizo el PSOE, la segunda el PP. Esta reducción ha significado que del 21% del total de recaudación en 2007 se ha pasado al 11,8 en 2018. En cuanto a la burbuja inmobiliaria, supuso recaudar solo el 2,1% del total. Todo ello nos sitúa a la cola de Europa.
En quinto lugar, a partir de 2006 en España empezó a tratarse de manera diferenciada la tributación de las rentas del capital —rendimiento económico generado por el ahorro— de las rentas del trabajo —ingresos por sueldo. Las primeras se gravan con un 21% y las segundas con un 45%, lo cual tiende a deslocalizar el capital y penalizar en un grado muy elevado a aquellas rentas del trabajo que no se pueden deslocalizar.
Finalmente, los beneficios fiscales son un mecanismo legal que permite disminuir la carga tributaria del contribuyente mediante exenciones y bonificaciones, lo cual convierte al sistema fiscal en un queso lleno de agujeros.
Por lo que respecta a la carrera fiscal, como va a la baja, aumenta la competencia fiscal entre países, ya que cada uno propone un marco fiscal más atractivo que el de sus países competidores para atraer inversiones de capital y talento. Se acaba así en tipos impositivos nulos y, por tanto, en la desaparición de la recaudación por parte de las Haciendas públicas. El único beneficiado por este sistema es el capital.
Por otro lado, en dicha carrera fiscal destacan el de sociedades —grava los beneficios empresariales— y el impuesto a las rentas del capital —grava las ganancias generadas por las inversiones de personas físicas. En el caso del primero, hemos visto disminuir en 10 años el tipo impositivo nominal del 35% al 25%, aunque dentro de la Unión Europea (UE) destaca Irlanda, cuyo impuesto de sociedades es solo del 12,5%. Es el motivo por el cual operan allí todas las multinacionales.
Casi todos los estudios llegan a la conclusión de que una bajada de 10 puntos en el impuesto de sociedades genera un aumento de las inversiones en el país que puede llegar al 33%. Se entra así en una lógica de rebajas fiscales que provocan la disminución de la recaudación de forma seria.
Un ejemplo cercano es lo que ocurrió cuando el Reino Unido abandonó la UE. Durante unas semanas varios ministros de economía de la UE ofrecieron rebajas fiscales a entidades financieras con sede en Londres. Esa actitud de «subasta financiera» es difícil de explicar a la ciudadanía ante la subida general de impuestos a los europeos y el grave recorte de gasto social en los países que ofrecen dicha subasta.
Si nos centramos ahora en la Presión Fiscal, se trata de la suma de impuestos directos e indirectos más las cotizaciones a la Seguridad Social que se recaudan en un país y que se expresan en % del PIB.
La presión fiscal en España fue en 2016 del 34,1%: 7,2 puntos inferior a la media de países de la zona euro (41,3%) lo cual significa que, a igualdad de porcentaje, España hubiera recaudado 75.000 millones más; es decir, ha caído más del doble.
En el próximo artículo me centraré en el fraude fiscal, la evasión y elusión fiscal, el impuesto sobre el patrimonio, el ITF (Impuesto a las Transacciones Financieras), la SICAV, las empresas patrimoniales, los paraísos fiscales, las empresas IBEX35, los mecanismos de planificación fiscal, la deslocalización de empresas (doble irlandés y sándwich holandés) y algunas propuestas para una fiscalidad más justa.
____________________________________________________
1 Antonio Marco es Licenciado en Economía y ADE, Diplomado en Relaciones Laborales, Técnico de Gestión de la Administración del Estado; en excedencia.
Pepa Úbeda
Es el atículo más lúcido que he lido sobre nuestro sistem fiscal