En el marco de una coyuntura internacional cargada de amenazas, cobra especial importancia el encuentro de Gustavo Petro y de Delcy Rodríguez. El solo hecho de que se realice, “desarma los espíritus” y devalúa radicalmente las virulentas campañas políticas y mediáticas de la derecha colombiana contra el país hermano. Campañas destinadas a sembrar el odio y darle entre nosotros un barniz de legitimidad a operaciones desestabilizadoras de todo tipo, incluidas las terroristas, en contra de su legítimo gobierno, emprendidas desde nuestro territorio.
Hay que reconocer sin embargo su eficacia. Todavía una parte muy importante de nuestra opinión pública mantiene una actitud hostil o de desconfianza hacia el gobierno venezolano. Y el propio presidente Petro no ha sido del todo inmune a ellas. Por orden suya, el canciller Luis Gilberto Murillo, se sumó al reclamo de la oposición sediciosa y exigió públicamente al gobierno de Venezuela “la entrega de las actas”, a las pocas horas de cerradas las mesas de votación. Y cuando enfrentó a la pérfida campaña en contra suya, desencadenada por la “descertificación” de la lucha contra el narcotráfico emitida por Washington, Petro argumentó en busca de clemencia que él seguía sin reconocer al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
No espero que se arrepienta de lo que dijo y menos que se disculpe por haberlo dicho. Lo dicho, dicho está. Sólo espero que aborde su reunión con la presidenta (e) Delcy Rodríguez con la plena conciencia de que el mismo Trump que durante su primer mandato inició la campaña de acoso y derribo del gobierno de Nicolas Maduro, es el que ahora ha decidido reconocer a su sucesora legítima como interlocutora válida.
Trump lo ha hecho porque un día recapacitó y se dio cuenta de que estaba equivocado. Lo hizo por puro y duro realismo político.
Porque él, o mejor los estrategas del Pentágono, son conscientes de que “la decapitación del régimen” – es decir, el secuestro del presidente Maduro, no bastaba en realidad para conseguir el igualmente deseado, “cambio de régimen”. Porque el chavismo es algo mucho más que unas mayorías electorales que aumentan o disminuyen en función de las cambiantes coyunturas. Es el partido político que ha forjado y actualmente gobierna un Estado, con su Constitución, su régimen de partidos, sus poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, sus comunas y sus fuerzas armadas. Que si son bolivarianas es porque han hecho suya la precoz advertencia de Simón Bolívar: “Los Estados Unidos de América parecen destinados por la Providencia a sembrar la miseria en nuestro continente en nombre de la libertad”. Es este el “régimen” que sigue en pie, a pesar del duro golpe que representó la exitosa operación de comandos que permitió el secuestro del presidente Maduro y de Celia Flores.
Demolerlo, o por lo menos intentar seriamente demolerlo, implicaría una guerra a gran escala: bloqueo marítimo completo, bombardeos aéreos masivos, desembarco de marines, numerosas batallas, etcétera. En resumen: una versión en nuestro vecindario de las guerras de Afganistán, de Irak y de la que ahora se ha desencadenado contra Irán. Es posible afirmar que Washington podría haberla ganado, pero al costo de un largo período de combates, guerra civil e inestabilidad social y política que habrían aplazado por años la puesta en marcha efectiva de las inversiones de las multinacionales petroleras norteamericanas para reconstruir una infraestructura de la industria de hidrocarburos seriamente dañada por los largos años del bloqueo impuesto por Estados Unidos. Si faltaron pocos meses de drásticas sanciones para reducir la producción de petróleo de Venezuela de 3 millones de barriles diarios a solo 200.000, faltarán años de inversiones en su infraestructura para recuperar esas cifras. Destruir es más fácil que construir.
Estas son las razones de fondo que llevaron a la administración de Trump a rediseñar su estrategia de acoso y derribo del “régimen” venezolano que utiliza aplaza sine die la invasión a gran escala y, en cambio, utiliza la fuerza solo en la medida en la que consigue intimidar a su adversario hasta el punto de obligarlo a acceder a sus exigencias. La primera etapa de la puesta en marcha de esta estrategia fue la campaña Lanza del sur, que, so pretexto de la “lucha contra el narcoterrorismo”, impuso un bloqueo naval, que impidió el ingreso y la salida de Venezuela de petroleros que no estuvieran previamente autorizados por Washington y que generó condiciones favorables al éxito del sangriento operativo que permitió el secuestro del presidente Maduro y de la diputada Cilia Flores, su esposa. Con estas ventajas de chantajista en la mano, el director de la CIA viajó a Caracas, se reunió con Delcy Rodríguez y le propuso abrir un diálogo político sobre la base del Plan para Venezuela que Marco Rubio, el secretario de Estado de Trump, presentó al Senado de Estados Unidos el 28 de febrero de este año. Ella aceptó la apertura del diálogo y cedió en parte a las exigencias de Trump, consciente de que Venezuela no tenía, en esa coyuntura, la posibilidad de rechazarlas. Trump no podía invadir a Venezuela, pero Venezuela en cambio no podía exportar su petróleo, porque el bloqueo naval impedía que los petroleros chinos, rusos e iraníes entrar y salir de los puertos venezolanos.
La nueva Ley de Hidrocarburos y la Ley de Amnistía general – aprobadas por la Asamblea nacional, con el voto unánime de todos los partidos, incluidos los de la oposición – son el resultado de las concesiones hechas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Que a pesar de su evidente importancia, no satisfacen completamente los objetivos estratégicos de Estados Unidos, definidos en el plan de Marco Rubio, que incluyen la “democratización” de Venezuela. Que es otra manera de llamar lo que en realidad sería “cambio de régimen”. El desmantelamiento de la república bolivariana, defensora de los intereses nacionales y populares del país, y su reemplazo por una república neoliberal, cuya Constitución y cuyos poderes públicos estarían diseñados ex profeso para garantizar, legal e institucionalmente, los intereses del capital multinacional.
Por estas razones es necesario que el presidente Petro deje de apoyar, como lo ha hecho hasta ahora, la “transición democrática” promovida por Marco Rubio. Y que, por el contrario, se declare defensor de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional que defienden la libertad, la independencia y soberanía nacionales y rechazan tanto el uso de la fuerza y la intimidación en las relaciones entre los países, como la injerencia en los asuntos internos de los mismos. El hecho de que Trump haya dado por muerto el imperio de la Ley no quiere decir que quienes la defendemos debamos renunciar a luchar por ella. Por el contrario: nos convoca a persistir en su defensa. Creo que lo mejor que puede hacer el presidente Petro para favorecer el diálogo, el entendimiento y la cooperación con el pueblo y el gobierno de Venezuela es condenar públicamente el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores y exigir su inmediata liberación. Sería el mejor preámbulo para su reunión con Delcy Rodríguez.
Carlos Jiménez
Foto tomada de: RTVE.es
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