Colombia y el nuevo ciclo de violencia criminal

A propósito de un artículo de Francisco Gutiérrez Sanín.

En las dos últimas décadas, Colombia ha experimentado un nuevo ciclo de violencia que, aunque en apariencia difiere de los conflictos armados tradicionales del siglo XX, comparte con estos una compleja relación entre política, economía y territorialidad.

Este nuevo ciclo no es únicamente una continuación del conflicto armado interno, sino una mutación del mismo, donde las lógicas de la guerra han sido reconfiguradas por actores emergentes que ya no responden a idearios revolucionarios, sino a intereses económicos criminales y mafiosos. Grupos armados, viejos y nuevos, insurgencias reconfiguradas, estructuras paramilitares recicladas y bandas delincuenciales se disputan el control territorial no para construir hegemonía política en el sentido clásico, sino para capturar rentas ilegales, ejercer control social y organizar la vida comunitaria bajo principios de coerción, vigilancia e intimidación.

1. EMPRESARIOS DE LA VIOLENCIA Y ECONOMÍA CRIMINAL. 

Los nuevos empresarios de la violencia en Colombia operan bajo una racionalidad empresarial con estructuras flexibles, redes sofisticadas y estrategias de gestión territorial. Estos actores se han consolidado como operadores de una economía criminal que tiene su base en actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el contrabando, el tráfico de armas, la trata de personas y el secuestro. La rentabilidad de estas actividades ha reemplazado cualquier motivación ideológica, y ha generado una lógica de acumulación que reproduce un modelo mafioso de dominación, basado en la corrupción, el miedo y la cooptación institucional.

El control de territorios estratégicos —corredores de movilidad, zonas de Frontera, zonas de producción y centros de exportación— se ha convertido en el objetivo prioritario de estos grupos, más allá del enfrentamiento abierto con otros actores. Así, la violencia no se dirige necesariamente a la eliminación del enemigo, sino al establecimiento de un orden que permita garantizar el flujo constante de rentas y la gobernabilidad mafiosa.

La “paz territorial” se vuelve entonces una negociación pragmática entre actores armados para evitar disputas costosas y sostener el negocio criminal.

2. LA TRANSFORMACIÓN DE LAS INSURGENCIAS.

Un aspecto central de esta nueva etapa es la transformación del papel de las antiguas insurgencias. En el caso de las disidencias de las FARC y algunas estructuras del ELN, su permanencia en el conflicto armado ya no está sustentada exclusivamente en la lucha ideológica, sino en su capacidad para gestionar economías ilícitas. El uso de la violencia ha dejado de ser un medio para alcanzar el poder político para convertirse en un activo que genera dividendos, facilita el reclutamiento y mantiene el control sobre las comunidades.

Este cambio implica una reconversión profunda del sentido político de las armas. La insurgencia ya no busca subvertir el orden estatal con un proyecto alternativo de sociedad, sino integrarse de facto en el capitalismo criminal como uno de sus agentes. Se trata de una insurgencia híbrida, que alterna discursos de reivindicación con prácticas típicamente mafiosas, y que muchas veces se comporta como una franquicia armada dispuesta a alquilar sus servicios, proteger cargamentos o cobrar “impuestos” a cambio de dejar funcionar otros negocios ilegales.

3. INSTRUMENTALIZACIÓN CRIMINAL DE LA POLÍTICA 

Uno de los rasgos más inquietantes del nuevo ciclo de violencia es la instrumentalización de la política para legitimar acciones criminales. En algunas regiones del país, líderes comunitarios, autoridades locales, empresarios, contratistas, abogados y funcionarios estatales han sido cooptados por redes del crimen organizado. Esta red no actúa exclusivamente con armas, sino a través de mecanismos de simulación legal, fraude electoral, contratación pública amañada, lavado de activos y servicios de inteligencia, que articulan un complejo aparato de poder que opera tanto en la ilegalidad como en los márgenes de la legalidad.

La violencia, en este contexto, se vuelve una herramienta selectiva, utilizada para castigar la disidencia, regular el comportamiento comunitario, resolver disputas internas o infundir miedo. No es el recurso constante ni el más costoso, sino un elemento más en una caja de herramientas que incluye también el soborno, la amenaza, la cooptación y la propaganda. Las redes de complicidad han penetrado esferas sociales aparentemente alejadas del conflicto armado, como universidades, ONG, medios de comunicación y sectores empresariales, configurando un ecosistema donde lo ilegal y lo formal se entrelazan sin fisuras.

4. PACTO MAFIOSOS Y ALIANZAS PARA LA ESTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD CRIMINAL. 

Lejos de reproducir el modelo clásico de guerra entre bandos rivales, el nuevo ciclo de violencia en Colombia se caracteriza por la negociación entre actores opuestos para evitar enfrentamientos que afecten los negocios. Estos pactos no implican necesariamente una fusión de intereses ideológicos, sino una racionalidad económica común que privilegia la administración ordenada del territorio, la repartición de zonas de influencia y el respeto a los límites del otro. Cuando esto no ocurre, como en el Catatumbo, se recrudece la guerra entre grupos, para el control monopólico del territorio y de la actividad criminal.

En regiones como el Catatumbo, el Bajo Cauca, el Pacífico nariñense y el sur de Córdoba, se han documentado acuerdos tácitos entre estructuras del ELN, disidencias de las FARC, bandas narcoparamilitares y carteles extranjeros para garantizar la producción, transporte y exportación de drogas, así como la explotación minera ilegal. Estos arreglos permiten mantener una fachada de estabilidad en los territorios, a costa de la autonomía de las comunidades, la corrupción institucional y la normalización de la violencia como parte del paisaje cotidiano.

5. COMUNIDADES FUNCIONALES A LA VIOLENCIA CRIMINAL 

En regiones como Arauca, Chocó, Catatumbo y Cauca, existen comunidades que, más allá de ser víctimas pasivas del conflicto armado, han desarrollado relaciones funcionales con los grupos armados ilegales, beneficiándose de su presencia.

Este comportamiento no puede entenderse únicamente como colaboración voluntaria, sino como parte de una dinámica compleja de poder, necesidad y cooptación. En territorios históricamente abandonados por el Estado, donde la oferta institucional es débil o inexistente, los grupos armados suplen funciones de autoridad, justicia, protección y regulación económica.

En Arauca, por ejemplo, comunidades enteras han crecido alrededor de economías ilegales como el contrabando y el narcotráfico, actividades controladas por grupos guerrilleros en conflicto permanente. En el Catatumbo, muchos campesinos cultivan coca porque es su única fuente de ingresos, y dependen de la “seguridad” que ofrecen los grupos armados para sostener su economía. En el Cauca y el Chocó, algunas poblaciones afro e indígenas han sido instrumentalizadas como base logística, intermediarios o informantes, y reciben pagos o beneficios a cambio de su lealtad o silencio.

Estas formas de subordinación activa no implican necesariamente afinidad ideológica, sino adaptación pragmática a un orden violento que les garantiza estabilidad o ingreso económico. Este fenómeno complejiza el análisis del conflicto y desafía las narrativas que reducen a las comunidades a víctimas sin agencia, al tiempo que revela las múltiples formas en que la violencia se integra en la vida cotidiana.

6. PEDAGOGÍA DE LA NUEVA VIOLENCIA.  Comprender para transformar

La nueva violencia en Colombia exige una caracterización pedagógica que permita entenderla no como una anomalía o una disfunción del sistema, sino como una manifestación del capitalismo criminal contemporáneo. Esta violencia se aprende, se internaliza y se reproduce en prácticas sociales y políticas cotidianas: el joven que aspira a ser “gatillero” porque ve en ello una posibilidad de estatus y consumo; la madre que acepta que su hijo “trabaje en la vuelta” porque le da de comer; el político que hace pactos con estructuras armadas para asegurar votos; el empresario que lava dinero a través de obras públicas.

Por tanto, la pedagogía de la transformación debe ser crítica, territorial, participativa y profundamente ética. No basta con denunciar el crimen organizado, es necesario desmontar los imaginarios sociales que lo legitiman, ofrecer alternativas reales de vida digna, reconstruir el tejido comunitario y promover una cultura política democrática que desnaturalice la violencia y restituya la centralidad del bien común.

7. ALGUNAS RUTAS PARA TRATAR DE DETENER LA VIOLENCIA MAFIOSA 

Detener este nuevo ciclo de violencia exige un abordaje multiescalar y multidimensional. Algunas rutas posibles incluyen:

1. Reforma estructural del Estado: El Estado colombiano debe recuperar su legitimidad en los territorios a través de una presencia integral, no solo militar, sino también educativa, sanitaria, judicial y cultural. La justicia debe actuar con independencia y valentía para desarticular las redes de corrupción y sancionar a los aliados del crimen dentro de las instituciones.

 

2. Desmonte progresivo de las economías ilícitas: Esto no puede hacerse únicamente por la vía represiva. Se requiere una transición gradual hacia economías legales, acompañadas de inversión social, desarrollo rural integral, restitución de tierras y alternativas productivas sostenibles. La legalización controlada de algunos cultivos podría ser parte de esta estrategia.

 

3. Fortalecimiento de la sociedad civil: Las organizaciones sociales, las juntas de acción comunal, las radios comunitarias, las escuelas y los procesos de cultura popular deben ser reconocidos como actores clave en la reconstrucción del tejido social. Es fundamental blindarlos frente a la violencia y dotarlos de recursos para ejercer ciudadanía activa.

 

4. Educación para la paz y la legalidad: Desde las aulas, los medios y las expresiones culturales, debe impulsarse una pedagogía que cuestione los valores mafiosos, dignifique la legalidad y promueva el respeto a los derechos humanos. La memoria histórica del conflicto debe ser parte del currículo escolar.

 

5. Diplomacia regional e internacional: La lucha contra el crimen organizado requiere cooperación transnacional. Es indispensable fortalecer los mecanismos de control financiero, trazabilidad de bienes, judicialización de redes internacionales y protección de víctimas y testigos.

Todo esto puede parecer ingenuo y seguramente lo es si no se cuenta con la voluntad política, institucional,  para generar las transformaciones necesarias que requieren los territorios para encontrarse con el bienestar, la paz, la tranquilidad y una auténtica democracia.

IDEAS FUERZA A MANERA DE CIERRE

La violencia que hoy sacude a Colombia ya no es la del conflicto armado ideológico del siglo pasado, sino una violencia funcional al capitalismo criminal, basada en la extracción de rentas, el control territorial y la producción social del miedo.

Esta violencia no solo mata, sino que también regula, impone normas, reemplaza al Estado y seduce a comunidades enteras con promesas de protección o movilidad social. Comprenderla en su complejidad y transformarla desde la raíz exige un esfuerzo colectivo que combine acción estatal decidida, pedagogía crítica, construcción comunitaria y una ética del cuidado por la vida. Solo así podrá imaginarse un país donde la violencia deje de ser un destino y se convierta en una página superada de nuestra historia.

Carlos Medina Gallego, Historiador- Analista Político

Foto tomada de: DW