“Déjenme dedicar este premio a todos los supervivientes de crímenes internacionales”, dijo la jurista de 85 años desde el histórico tribunal de Nuremberg donde fueron juzgados los dirigentes nazis tras la Segunda Guerra Mundial.
“Quizá estaba destinado que yo me encontrara en esta histórica sala de audiencias (…) cuando se hizo el anuncio y se me informó del premio”, dijo Pillay.
Se refiere a la histórica Sala 600 del Palacio de Justicia de Núremberg, sede de los Juicios de Núremberg de 1945-1946 contra los líderes de la Alemania nazi derrotada, en Núremberg, al sur de Alemania, donde asistía a la conferencia Foro de Núremberg 2026 de la Academia Internacional de los Principios de Núremberg.
La jurista, que ha dedicado su carrera a defender el derecho internacional, también denunció los ataques contra las instituciones jurídicas internacionales. “Vivimos en una época donde el derecho internacional y los derechos humanos son blanco de ataques políticos”. “Esta degradación es particularmente visible en los ataques contra la Corte Penal Internacional”, puntualizó.
El mes pasado, el presidente estadounidense Donald Trump pidió que todos los países que forman parte de la Corte Penal Internacional (CPI) abandonen la institución a la que acusó de estar “fuera de control”. “Estados Unidos se opone igualmente a esta institución fuera de control que es la Corte Penal Internacional”, declaró Trump desde la tribuna de la ONU. “Exhorto a todos los países miembros de la CPI a retirarse oficial e inmediatamente”, añadió.
En este sentido, Pillay afirmó este viernes: “Mi mensaje a los líderes, a los dirigentes políticos, es que (…) tienen la obligación legal de proteger los derechos humanos y abstenerse de hacer la guerra”.
Su carrera la ha llevado desde los tribunales sudafricanos, donde defendió a activistas contra el apartheid como Nelson Mandela y consiguió derechos fundamentales para los presos políticos, hasta el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, pasando por la Corte Penal Internacional.
«El Premio Nobel de la Paz para la jurista Navi Pillay es un mensaje dirigido a Israel y a Donald Trump», se felicita uno de sus antiguos colaboradores en la ONU, según ha relatado Georges Malbrunot, periodista de Le fígaro. «Los israelíes, por supuesto, no van a estar contentos, añade. Es también una forma de alentar el multilateralismo en un momento en que este está siendo cuestionado».
Según este antiguo colaborador, «la Sra. Pillay había dimitido oficialmente por razón de su edad en julio de 2025 de su cargo de presidenta de la Comisión de Investigación Internacional Independiente de las Naciones Unidas sobre el territorio palestino ocupado e Israel, pero en realidad lo hizo bajo presión», añade esta fuente, que la conoce bien.
Entre 2021 y 2025, la jurista sudafricana había presidido una comisión de investigación de tres miembros, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para examinar las causas profundas del conflicto entre Israel y los palestinos. Esta comisión de investigación, había establecido que Israel estaba cometiendo un genocidio Gaza.
Navi Pillay, Nobel de Paz 2026: la jueza anti-apartheid que cuestionó a Uribe y a Santos en Colombia
Como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, entre 2008 y 2014, Pillay visitó a Colombia en dos momentos críticos y cuestionó de frente a los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
Su primera visita oficial fue en octubre de 2008, apenas un mes después de asumir su puesto como Alta Comisionada. El viaje coincidió con el estallido del escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como los “falsos positivos”, que involucró el asesinato de al menos 6.402 personas por parte de la fuerza pública entre 2002 y 2008.
Durante seis días, Pillay se reunió con el expresidente Álvaro Uribe, ministros, la rama judicial y la sociedad civil, en Bogotá y Arauca, y celebró la decisión del mandatario de destituir a tres generales y 24 oficiales por las ejecuciones extrajudiciales. También calificó esas salidas como “una señal esperanzadora de que tales atrocidades no serán toleradas”.
“Esto es un indicio esperanzador de que tales atrocidades no serán toleradas y de que el ejército está dejando de lado el ‘conteo de cadáveres’ como criterio de éxito en sus operaciones”, afirmó.
La Alta Comisionada ONU, Pillay subrayó que “las mujeres siguen siendo las más afectadas por el desplazamiento interno, violencia, inequidad y discriminación, a pesar de los importantes programas gubernamentales para promover equidad en el sistema educativo, así como otras oportunidades”.
Haciendo referencia al sufrimiento de la población indígena y afro-colombiana, quienes han informado la Alta Comisionada sobre la discriminación y el racismo del cual se consideran víctimas, la Alta Comisionada instó al gobierno colombiano a continuar sus esfuerzos por promover particularmente los derechos de estos dos grupos, señalando que: “Por mi experiencia personal como víctima del racismo institucionalizado en mi propio país durante la época del apartheid (Sudáfrica) tomo esa problemática muy a pecho”.
Más adelante, el Equipo Nizkor, una organización de derechos humanos, le reprochó a la Alta Comisionada haber celebrado la destitución de militares, pues ninguno de esos oficiales había sido investigado ni procesado, y la mayoría de los casos documentados seguía en la impunidad.
Pero dos años después de su primera visita, la relación con el uribismo se tensó luego de que se publicara un informe muy crítico, en plena polémica por las chuzadas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que denunciaba la inseguridad y la estigmatización de los defensores de derechos humanos, incluso por parte de miembros del gobierno Uribe.
Aunque la oficina de la Alta Comisionada reconoció que la seguridad general había mejorado con la política de seguridad democrática, el documento señaló que las interceptaciones ilegales, las detenciones arbitrarias y el robo de documentos eran obstáculos para su labor.
El choque más grande con el gobierno colombiano, sin embargo, vino más adelante con el expresidente Juan Manuel Santos. En abril de 2013, desde Ginebra, Pillay pidió eliminar la reforma al fuero penal militar, que ampliaba el alcance para juzgar a miembros de la fuerza pública, si el Gobierno realmente quería justicia para las víctimas y una paz duradera. El viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, respondió que sus apreciaciones desinformaban y las calificó de “subjetivas y desconsideradas”.
Tres meses después, Pillay volvió al país, del 16 al 19 de julio, con una agenda que incluía al presidente, a la Fiscalía y una visita a Santander de Quilichao, Cauca, para reunirse con indígenas, afrocolombianos y campesinos. Pero altos funcionarios acusaron a su oficina de excederse en su mandato días antes de su llegada, y el Gobierno anunció que evaluaba si renovarla.
Santos, según recogió Indepaz, dijo en su momento que “Colombia no necesita más a las Naciones Unidas para respetar los derechos humanos”. La oficina, finalmente, se quedó en el país y la relación superó el impasse. En esa misma visita, Gustavo Petro, entonces alcalde de Bogotá, la declaró huésped de honor de la capital y le entregó las llaves de la ciudad en el Centro de Memoria, ha analizado El Espectador.
Pillay: “Todas las personas con las que me reuní de las comunidades y las ONG hablaron de pobreza, desigualdades e inseguridad. Hay inequidades inmensas en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, que deben ser afrontadas con urgencia”
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos afirmó el día 19 de julio de 2023 que, tras 16 años de trabajo en Colombia, su oficina tiene el compromiso pleno de continuar contribuyendo a la promoción y protección de esas garantías en el país sudamericano.
Navi Pillay ofreció una rueda de prensa en Bogotá al concluir una visita oficial de cinco días al país sudamericano a solicitud de sus autoridades, en la que describió sus conversaciones como muy positivas.
Navi Pillay en su discurso ha enfatizado que “mantuve un diálogo fructífero con representantes de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, víctimas, la iglesia y representantes del sector privado.
La sociedad civil me ha compartido sus preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos y solicitaron nuestra asistencia continua. Todas las personas con quien hablé en las comunidades y con las ONG me hablaron de la pobreza, las inequidades y la inseguridad. Hay grandes disparidades en materia de derechos económicos, sociales y culturales que deben ser corregidas de forma urgente. Muchas mencionaron sentirse abandonadas por el Estado.
Hablamos sobre la importancia del diálogo y sobre sus esperanzas de un proceso de paz exitoso. Pero la palabra que más volvió a mis oídos fue participación. La sociedad civil y las víctimas llamaron a que su voz sea escuchada en las discusiones de paz sobre temas que les afectan directamente. En particular, visité Santander de Quilichao, Cauca, y me reuní con representantes de los pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y grupos de campesinos, así como con el Gobernador del Cauca y el Alcalde de Santander de Quilichao. Agradezco a las autoridades tradicionales indígenas, a los representantes de las organizaciones afrocolombianas, y consejos comunitarios, y a las organizaciones de campesinos, quienes viajaron a Santander de Quilichao. Aprecio mucho el franco intercambio que mantuvimos en las reuniones, y su confianza en mi Oficina como socio en la protección y defensa de los derechos humanos.
Mi Oficina ha seguido muy de cerca la difícil situación que se vive en el Cauca, y las propuestas que vienen de la región para superar los retos. Conocemos que hay tensiones entre las comunidades y mi mensaje a ellas fue que, aunque haya intereses diferentes, son más los intereses comunes que lo que las separa. Y por esa razón es importante que se mejore la comunicación para lograr un mayor respeto de los derechos humanos. Durante mi visita al Cauca traje conmigo unos puñados de tierras de estas comunidades y organizaciones, los cuales contribuirán a rendir un homenaje a las víctimas en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Espero que este homenaje a la memoria de las víctimas sirva para replicar sus voces y su reclamo por el respeto de sus derechos.
Nuestro rol es apoyar tanto a el Estado como a la sociedad civil con el fin de mejorar el disfrute de los derechos humanos de todas las personas incluyendo las mujeres, los niños y las niñas, los pueblos indígenas, afrocolombianos, los LGBTI, los campesinos, las personas con discapacidad y las personas que viven con VIH, entre otras.
En Colombia, mi mandato consiste en contribuir a mejorar la situación de derechos humanos a través del monitoreo, la cooperación, el cabildeo e información con el fin de asesorar al Estado y ayudarle a adaptar su legislación y su práctica para cumplir con los estándares y normas internacionales de derechos humanos. Hago esto reconociendo los avances, así como alzando una voz crítica y llamando al respeto por los estándares internacionales de derechos humanos.
Después de 16 años de trabajo en este país reitero mi pleno compromiso para continuar aportando al respeto de los derechos humanos. Considero que será una oportunidad maravillosa de trabajar juntos, y finalmente dar vuelta a la página del conflicto armado, y llegar a la paz y la reconciliación, para así alcanzar los objetivos generales de las Naciones Unidas la paz, el desarrollo y los derechos humanos.
El Proceso de Paz
Después de mi diálogo con el presidente Santos y con altos funcionarios está claro para mí que entienden que las obligaciones de derechos humanos son centrales en el proceso de paz. Los derechos de las víctimas deben estar en el centro de las negociaciones de paz con las FARC y espero pronto con el ELN.
El objetivo es alcanzar tanto la paz como la justicia para todos los colombianos. Sin importar quién sea el perpetrador, el Estado, la guerrilla, los grupos paramilitares, post-paramilitares, los crímenes relacionados con violaciones de los derechos humanos no pueden ser amnistiados ni quedar en impunidad. Esto no solo es una obligación internacional de Colombia, es lo que la población se merece.
Es importante recalcar que la justicia restaurativa y otros mecanismos de justicia transicional han logrado traer la paz a muchos países que pasaron por procesos similares al de Colombia. Esto significa que no debe haber repetición de las violaciones, que se deben hacer esfuerzos para restaurar los derechos de las víctimas-transformar sus vidas para mejor; que la verdad deber ser dicha, y que las víctimas deben ser reparadas.
No será fácil. Un acuerdo de paz es solo la primera fase. Lo que realmente importa es cómo los acuerdos de paz serán implementados, cómo van a cesar las violaciones y no repetirse; como la paz va a mejorar los derechos a la participación política, a la salud, a la educación; y cómo va a reducirse la pobreza y la extrema pobreza. Esta es la razón por la cual los derechos humanos deben estar en el centro del proceso de paz.
Los derechos humanos deben ser utilizados para comenzar a construir puentes entre las diferentes partes de la sociedad, quienes tradicionalmente han estado en conflicto, con el fin de vivir y trabajar juntos en este fantástico país.
Situación de derechos humanos
En mi última visita hace 5 años, nos encontramos en medio de lo que se llamó popularmente la crisis de los falsos positivos –reconocido por el comandante General del Ejército como una de las peores páginas de la historia de las fuerzas armadas. En ese momento, el ministro de Defensa Santos y el presidente Uribe destituyeron más de 20 oficiales de alto rango por una clara violación a los derechos humanos.
Hoy estoy visitando Colombia donde todavía persisten muchos desafíos, pero el país comienza a mirar hacia el futuro, con optimismo. No recibimos ningún nuevo reporte de falsos positivos y estoy confiada en que esas violaciones no quedarán impunes.
Felicito el proceso de paz y los programas lanzados por el presidente Santos que buscan reparar y restaurar los derechos de 5 millones de víctimas. Sé que se presentarán muchas dificultades en la implementación de este ambicioso plan, pero la reparación es fundamental para una paz duradera basada en el respeto por los derechos humanos.
Una parte de este programa es la restitución de tierras, la cual es crítica tomando en cuenta el número de personas que han sido expulsadas de sus tierras durante el conflicto armado. Nuestra Oficina trabaja a diario en varios lugares del país, de diferentes formas, para apoyar estas dos iniciativas importantes para reparar los derechos de las víctimas.
Destaco importantes avances en la situación de derechos humanos, con relación a la lucha contra la pobreza, la educación primaria gratuita, la protección universal de la salud. Es fundamental no sólo reconocer estos derechos sino hacerlo efectivos para todos los colombianos. Aún persisten muchas personas en el país que no tienen acceso a una educación y servicios de salud de calidad. En Colombia persisten inequidades estructurales que socavan la posibilidad de progreso de aquellas personas que viven en situación de pobreza. Esto debe ser seriamente atendido.
Defensores de derechos humanos
Estoy impresionada por el trabajo, el coraje y compromiso de los y las defensoras de derechos humanos, con quienes me reuní durante mi visita. Los defensores trabajan bajo muchos riesgos y presión, son un pilar fundamental de la democracia, replican la voz de las víctimas y le recuerdan al Estado sus obligaciones. He sido informada de que muchos defensores, incluyendo reclamantes de tierras, han sido asesinados en los últimos meses, por su lucha de derechos humanos.
Me han informado y felicito el trabajo de la Unidad Nacional de Protección, uno de los sistemas de protección más sofisticados de los cuales he escuchado. Sin embargo, no alcanzarán las medidas de protección para garantizar la seguridad de tantos activistas bajo amenazas y víctimas de ataques. El Estado debe enfocarse en la prevención de estos ataques abriendo espacios y creando legitimidad para las acciones de los defensores y asegurar que se lleven a cabo investigaciones prontas y efectivas sobre quienes están detrás de estos ataques.
En Cauca escuché las quejas de los pueblos indígenas, de los afrocolombianos y campesinos cansados de estar atrapados en el cruce del fuego. Estoy preocupada por los informes que dan cuenta de víctimas civiles, de las muertes y mutilaciones provocadas por minas antipersonales, por el desplazamiento generado por la violencia.
Me conmovió el testimonio de una madre de Soacha, en el contexto de los falsos positivos, mostrándome la foto de su hijo, y reclamando recuperar sus restos mortales. Mi Oficina trabaja alrededor del mundo para acabar situaciones como esta, para que las madres no tengan que clamar por justicia para sus hijos muertos.
Reconozco los esfuerzos de Colombia en la lucha contra la impunidad. Me reuní con la Oficina del Fiscal General y aprendí sobre los esfuerzos que realizan. Con relación a la justicia penal militar he expresado mi opinión en varias ocasiones. Durante esta visita, supe que la decisión está ahora en manos de los jueces de la Corte Constitucional y el Gobierno me ha asegurado que la reforma no creará impunidad. He indicado al ministro de Defensa que seguiré monitoreando de cerca la implementación de la ley estatutaria de la justicia penal militar, para asegurarnos que no habrá impunidad.
A lo largo de estos 16 años en Colombia, hemos establecido relaciones de trabajo con numerosas instituciones del Estado para fortalecer sus capacidades en responder y terminar con las violaciones de derechos humanos.
Ustedes, periodistas, son defensores de derechos humanos. Tienen derechos, pero también responsabilidades. Quiero recordarles que los medios de comunicación pueden contribuir en estos momentos difíciles para cambiar la cultura de conflicto y los invito a ustedes y a todos los colombianos a lograr una paz sostenible”, ha concluido la máxima autoridad de Ohchr, Madame Pillay (
https://www.ohchr.org/es/statements/2013/07/opening-remarks-un-high-commissioner-human-rights-navi-pillay-news-conference).
¿Porque Pillay recuerda a los periodistas sus responsabilidades frente al conflicto armado colombiano?
Al respecto Nubia Rojas ha recordado que “Navi Pillay, Premio Nobel de Paz 2026, presidió el Tribunal para Ruanda que, entre otras, juzgó y condenó a directivos y periodistas de la Radio Televisión Libre des Mille Collines y el periódico Kangura por crímenes de lesa humanidad, al incitar al genocidio contra los Tutsis”.
La senadora y lideresa indígena Aida Quilcué, ha evidenciado que “en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Pillay integró la sala que dictó la sentencia en el caso Akayesu, que reconoció por primera vez que la violencia sexual podía constituir genocidio. Su trayectoria nos recuerda que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y los demás crímenes atroces deben investigarse y juzgarse, sin importar quiénes sean los responsables. Defender los derechos humanos es defender la dignidad de la humanidad en el mundo”.
¿Cuál era el contexto político de la visita de Navi Pillay en Colombia en 2013?
El 10 de julio de 2013, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que hubo excesos de la Fuerza Pública en las protestas campesinas del Catatumbo (Norte de Santander) y pidió a la Fiscalía que investigar las cuatro muertes ocurridas durante el desarrollo del conflicto, al igual que solicitó se determinen “los responsables” de causar heridas a 42 policías; pues la Fuerza Pública ha “sido víctimas del uso indiscriminado de armas de fuego, explosivos y otras armas letales”.
Estas afirmaciones las hizo Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, como resultado de una valoración de la misión de observación de dicha oficina en el Catatumbo, durante la última semana de junio.
Allí se pudo constatar “que en las protestas campesinas hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente de dotación de la Fuerza Pública y, por lo tanto, indicaría uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes, lo que habría provocado la muerte de cuatro campesinos: Leonel Jácome, Édinson Franco, Diomar Humberto Angarita y Hermides Palacios”, se indicó el comunicado de prensa firmado por Howland.
Desafortunadamente, para la sociedad colombiana, las víctimas y el movimiento de derechos humanos, esta comunicación se responde en el primer momento con un rechazo profundo al comunicado tanto de parte del presidente, Juan Manuel Santos, como del ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón; del Congreso de la República y de las Fuerzas Armadas, considerando la solicitud de investigación como una intromisión irresponsable y temeraria.
El presidente del Congreso, Roy Barrera, afirmó que “El señor Howland ha golpeado con el garrote del prejuicio a toda la Fuerza Pública colombiana legítima, pero en cambio ha tratado con el guante blanco de la justificación social a los responsables de las vías de hecho que han generado bloqueos y otros actos violentos en la zona del Catatumbo”.
Pero quizá lo más grave es la respuesta, diríamos, estructural. El presidente Juan Manuel Santos el día 16 de julio de 2013 pide que cese la presencia de la oficina de la ONU para los derechos humanos afirmando que: “esas necesidades que tenía el país de tener una oficina de las Naciones Unidas para los derechos humanos han venido desapareciendo”.
“Grave solicitud del presidente en un momento en que el país atraviesa por fuertes procesos de movilización social, en los que ha primado el tratamiento militar y policial, la estigmatización de los movimientos y la criminalización de sus protestas” ha declarado María Soledad Betancur Betancur de IPC Medellín.
El académico Marco Alberto Velásquez ha señalado en Razón Publica que “El Gobierno envía un mensaje confuso a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos humanos y en la búsqueda de una paz duradera. Resulta difícil aceptar que en Colombia no es pertinente la presencia de una institución internacional que promueve el respeto de los derechos humanos. Si bien ya no se trata de un presidente diciendo que los defensores de derechos humanos son unos idiotas útiles al servicio del terrorismo –como sucedió durante los ocho años del gobierno Uribe en 2003-, se le está pagando de mala forma a muchas personas –nacionales y extranjeros– que han dedicado años a la causa de los derechos humanos en Colombia.
El actual Gobierno le ha apostado de forma decidida a las negociaciones de paz y a un proyecto de justicia transicional, por lo cual resulta polémica -por decir lo menos- la decisión o el intento de prorrogar sólo por un año el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
Camilo González Posso: “Muy áspero se mostró Juan Manuel Santos con la señora Pillay al decirle por micrófono que
“Colombia no necesita más a las Naciones Unidas para respetar los derechos humanos”
El director de la ONG Indepaz, Camilo González Posso, ha difundido un comunicado donde ha subrayado: “Muy áspero se mostró Juan Manuel Santos con la señora Pillay al decirle por micrófono que “Colombia no necesita más a las Naciones Unidas para respetar los derechos humanos”. Hace solo unas semanas, en Ginebra, el gobierno le había anunciado a la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas su intención de renovar por tres años, hasta octubre de 2016, el acuerdo de asistencia para superar la situación de graves violaciones a los derechos humanos. Con esa expectativa fue invitada esta señora, que es la máxima figura de la ONU para de la defensa de los derechos humanos, y sin mediar mayores explicaciones se le notificó que bien podía comenzar a cerrar su oficina en
Colombia. Pero, más allá de las indelicadezas diplomáticas, lo que se ha abierto es un espacio de evaluación sobre la situación humanitaria en Colombia y la necesidad de una observación cotidiana desde instancias internacionales. El presidente Santos y sus ministros argumentan que la mejoría en garantía de derechos humanos y en fortalecimiento de instituciones, ha creado un nuevo escenario en el cual ya no es necesaria una vigilancia internacional que nació en un momento en el cual el Estado colombiano estaba cuestionado por la comunidad de naciones por su incapacidad para superar la crisis humanitaria.
Esta administración quiere dar el mensaje al mundo de que se cuenta con un Estado listo para autorregularse, que los crímenes de guerra y de lesa humanidad son asunto del pasado o residuos de un pasado que se está cerrando, que no se necesitan condicionamientos en la cooperación internacional ni en los tratados de libre comercio y que se está en condiciones de integrarse al club del primer mundo, bien sea en la OCDC o en la antesala de la OTAN.
Con tantas ambiciones de certificación democrática, para el gobierno Santos es incómodo que una Oficina que tutela derechos de la población en situaciones de alto riesgo humanitario, siga teniendo presencia en Colombia. Y más incómodo que en sus informes y comunicados periódicos siga haciendo alusión a graves violaciones, aunque, al mismo tiempo, reconozca que la situación ha mejorado notablemente con respecto a la década anterior y al panorama que encontró Almudena Mazarrasa cuando llegó en 1997.
En los últimos años la piedra del escándalo han sido el destape de la práctica de reclutamientos y detenciones arbitrarias con fines homicidas como recurso frecuente en las fuerzas armadas, la utilización con fines criminales de los servicios de inteligencia del Estado, el ocultamiento de la gravedad del desplazamiento forzado y de otros crímenes de las llamadas BACRIM, la inoperancia de los procesos de justicia y paz (ley 975/2005).
Las preguntas de los organismos defensores de derechos humanos en la audiencia realizada en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación fueron, entre otras, si ya se superó el estado de cosas inconstitucional en cuanto a desplazamiento y desaparición forzados, si hay garantías de justicia y si reformas como la del fuero militar van en la dirección correcta; las comunidades indígenas y afrodescendientes reclaman por varios centenares de homicidios en medio del conflicto durante esta administración y los campesinos informan del asesinato de reclamantes de tierras y de la precariedad de la restitución y el retorno.
Por su parte, el alcalde de Bogotá Gustavo Petro le entregó las llaves de la ciudad a la ilustre visitante y la invitó a seguir con su ayuda para superar definitivamente la guerra y transitar a la paz.
Todos ellos encuentran eco en la Oficina de la Alta Comisionada que, sin abandonar el lenguaje diplomático, en su informe de visita entregado el pasado 19 de julio de 2013, sigue poniendo el dedo en la llaga de la impunidad, criticando esa reforma del fuero militar y advirtiendo que seguirá con celo las prácticas de la justicia castrense. La mención de la reciente masacre en el Catatumbo, en un comunicado de los delegados de la Señora Navi Pillay en Colombia, ha merecido el rechazo del gobierno que se ve desbordado por la protesta social. Al presidente Santos le preocupa que la percepción internacional sea que Colombia de un organismo con cáncer y SIDA en los noventa, haya pasado a otro con medio SIDA, que es menos grave, pero sigue siendo mortal; y se ha dado un plazo de un año para que, con el desenlace del proceso de paz que avanza en La Habana, se den todas las señales de paso a la madures democrática y en derechos humanos”, concluyo Posso (https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2013/07/adios-se%C3%B1ora-Pillay.pdf ).
Alta Comisionada de la ONU para los DDHH huésped ilustre de Bogotá con el respaldo del alcalde Petro
En un acto celebrado en el Centro de Memoria, el alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, mediante Decreto 321 de 2013, declaró huésped de honor de Bogotá y entregó las llaves de la ciudad a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay. En la ceremonia se destacó su labor y amplia trayectoria en la materia.
El alcalde Mayor manifestó que “Colombia ha vivido un genocidio con secuelas que aún subsisten, el conflicto armado permanece. Hay quienes quieren permanecer en el conflicto y perpetuar la violencia. Hay varios sectores muy oscuros de la sociedad que están esperando que la protesta campesina culmine en una masacre”, dijo Petro y añadió que la razón para ese deseo es que “ellos ganan políticamente con la guerra y la muerte”.
El mandatario propuso usar a Bogotá como sede para dialogar y concertar. “Esperamos que ustedes (ONU DD. HH) permanezcan aquí por ello les entregamos las llaves de la ciudad. Gracias a ustedes tenemos menos muertos; entre más vidas, mejor.” señaló el alcalde progresista Petro Urrego, que sucesivamente fue el primer presidente de izquierda de Colombia (2022-2026).
Pillay, se graduó en la Universidad de Natal en Sudáfrica, con dos licenciaturas (en artes y leyes). También obtuvo una maestría en derecho y un doctorado en ciencias jurídicas en la Universidad de Harvard. Fue la primera mujer en ejercer la práctica del derecho en Natal su provincia de origen en 1967. Durante los años siguientes se desempeñó como abogada defensora de activistas que luchaban contra el apartheid (segregación racial en Sudáfrica). La nueva huésped ilustre de Bogotá tuvo un papel pionero en el desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, en casos de violación y genocidio, así como temas relativos a la libertad de expresión y la propaganda del odio.
Al respecto CNN recuerda que “nacida el 23 de septiembre de 1941, Pillay creció en una familia de origen tamil indio en Durban, Sudáfrica, mientras el país aún estaba bajo el régimen del apartheid.
Las donaciones de su comunidad local le permitieron matricularse en clases para estudiantes no blancos en la Universidad de KwaZulu-Natal, y fue allí donde tuvo contacto por primera vez con las transcripciones de los Juicios de Núremberg. Aquello la cautivó profundamente, tanto por mostrar cómo los países podían unirse en pos de la justicia penal como por ofrecer un marco para comprender los crímenes de la era del apartheid.
Tras graduarse, defendió a activistas contra el apartheid, denunció las torturas a detenidos políticos y emprendió acciones legales con éxito para evitar que torturaran a su propio marido, quien se encontraba detenido.
“Logré que los presos políticos, incluido Nelson Mandela, tuvieran acceso a abogados”, escribió en un artículo de opinión para CNN en 2021. “El primer despacho judicial al que entré fue el mío propio, en 1995, al convertirme en la primera mujer no blanca en ejercer como magistrada del Tribunal Superior”.
Sin embargo, nunca completó su mandato en el Tribunal Superior de Sudáfrica, ya que fue elegida por la Asamblea General de la ONU como jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, organismo creado para procesar a los responsables del genocidio en ese país de 1994.
Pillay desempeñó un papel fundamental en dos precedentes jurídicos importantes establecidos por dicho tribunal: en primer lugar, que la violación y la violencia sexual podían constituir crímenes de lesa humanidad y genocidio; y en segundo lugar, que un acusado podía enfrentar “cargos de incitación a cometer genocidio basándose únicamente en la difusión de propaganda”, señaló el Comité Nobel.
Ejerció como jueza en la Corte Penal Internacional (CPI) entre 2003 y 2008, antes de ser nombrada Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Actualmente es jueza de la Corte Internacional de Justicia en un caso en el que Myanmar ha sido acusado de genocidio.
La relatora especial de la ONU para la protección de los defensores de derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas, ha comentado desde Bogotá que “Navi Pillay, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es reconocida por toda una vida de compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.
Su trabajo nos recuerda que defender los derechos humanos y la dignidad requiere coraje, independencia y la determinación de luchar por la justicia, incluso en las circunstancias más difíciles.
En un momento en que los defensores de los derechos humanos en todo el mundo siguen enfrentando amenazas y represalias, su trabajo y legado también nos recuerdan la importancia de proteger a quienes alzan la voz contra la injusticia”.
Conclusión
El presidente de Suráfrica, ex activista antiapartheid, Cyril Ramaphosa dijo: “La coronación de la Jueza Pillay como ganadora del Premio Nobel nos permite celebrar las contribuciones progresivas que ha realizado para fortalecer la paz, defender la dignidad humana y traer esperanza en Sudáfrica y a los pueblos del mundo entero. “Ella ha servido a la humanidad con principio y la creencia de que el mundo puede y debe ser un lugar mejor.” “El honor conferido sobre ella nos recuerda construir una sociedad donde cada persona, cualesquiera que sean sus circunstancias, pueda desarrollar sus habilidades y contribuir plenamente a nuestra nación y al mundo.
“Estamos orgullosos de que la Jueza Pillay se una a Albert Luthuli, el arzobispo Desmond Tutu, el presidente Mandela y el ex Presidente FW de Klerk en destacar el impacto de largo alcance de los sudafricanos en la paz, la justicia y el avance de la humanidad”.
Este artículo ofrece varios elementos interpretativos de las palabras de Juan Manuel Santos que ganó el Nobel de paz en 2016: “Felicito a Navi Pillay por haber recibido el Premio Nobel de Paz 2026. Su vida ha estado dedicada a la defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho, tanto en Sudáfrica como en el mundo. Espero que este reconocimiento fortalezca la determinación de los Estados, los líderes y los activistas de mantenerse fieles a sus principios y obligaciones, en un momento en que las instituciones y los valores del derecho internacional están cada vez más amenazados”.
Yo me he cruzado con Madame Pillay en junio de 2013, mientras salía del Palais de Nations de Ginebra, después de una importante audiencia con Sara Oviedo, Vice presidenta del Comité de Naciones unidas para los derechos de los niños/as. Recuerdo que ella estaba saliendo de un encuentro con el canciller de Venezuela que estaba haciendo una entrevista con la Tv Telesur. Recuerdo que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Pillay explico a una periodista su definición de ser defensor de derechos humanos, afirmando que “Human rights defenders come from all walks of life, ranging from princeses and politicians, to profesdionals such as journalists, teachers, and doctors, to people with little or no formal educations. There are no special qualifications. All it takesis commitmment and courage”.
En julio de 2025 he entrevistado aquí en Bogotá, a la Relatora Onu Francesca Albanese, si le interesaba ganar el Nobel de Paz y ella me ha contestado: “I need no Nobel Prize. Palestinian doctors and journalists do”.
Tiene razón el académico y secretario de derechos humanos de la presidencia de la Republica de Uruguay (2016-2020) Nelson Villarreal Durán, que considera “Un premio Nobel de la Paz orientado a visibilizar el sentido ético, político y humanista del valor de los derechos humanos”.
Concluyo este articulo con las palabras de Erika Guevara Rosas – coordinadora de Amnesty International en Latinoamérica: “Navi representa todo aquello a lo que aspiramos quienes defendemos derechos, un mundo justo e igualitario, donde la dignidad de todas las personas esté protegida por la fuerza de los principios y no por el poder de los más fuertes.
En un momento en que tantas personas sienten desesperanza y en el que el derecho internacional y las instituciones de justicia enfrentan ataques sin precedentes, este premio nos recuerda una verdad fundamental: sin justicia no puede haber paz duradera, y sin Estado de derecho no puede haber libertad ni protección para los derechos humanos.
El legado de Navi es una poderosa afirmación de que la valentía, la integridad y el compromiso con la justicia pueden cambiar el curso de la historia. Su reconocimiento es también un homenaje a quienes, en todos los rincones del mundo, siguen defendiendo los derechos humanos y luchando por la justicia frente a la adversidad, incluidas millones de víctimas”.
Cristiano Morsolin, investigador y trabajador social italiano radicado en Latinoamérica desde 2001, autor de 10 libros en 5 idiomas. Analiza las relaciones entre derechos humanos, movimientos sociales, políticas emancipadoras y la geopolítica de Papa Francisco. Fue recibido por el Papa Francisco en audiencia en Vaticano en octubre de 2017. Co-fundador del Observatorio sobre la Región Andina SELVAS (Milán, 2001), del Observatorio sobre las mafias “Liberande” (promovido por la red LIBERA, Roma, 2007). Ha coorganizado el encuentro internacional de los movimientos populares con Papa Francisco, “Arena di Pace” (Verona, mayo de 2024).
Es comentarista invitado por los mass-media internacionales: SIR-Servizio Informazioni Religiose (Vaticano), Religión Digital (Madrid), Cipsi (Roma), Vita (Milán), Corporación Latinoamericana Sur (Bogotá) y Rebelión (Madrid), Alai (Quito).
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