Así como lo han señalado muchas organizaciones sociales y populares, como también las organizaciones de víctimas, estos 20 meses de administración de Claudia López no han significado sino una decepción, por cuánto había muchas expectativas con lo que habían sido los anuncios de la alcaldesa, tanto en campaña, como en los primeros meses de su administración, sin embargo, es justo señalar que todos esos anuncios que parecían favorecieron los intereses de las víctimas, eran retórica muy conveniente para sintonizarse con un discurso de aceptación.
No obstante, siendo comprensible las dificultades que ha sido desarrollar una gobernanza en medio de la crisis desatada por la pandemia del Covid-19, es necesario señalar que, de lo anunciado, nada de ello ha podido traducirse en la materialización efectiva de derechos para las víctimas. Durante estos meses se ha evidenciado el favorecimiento a la continuidad de la política impulsada bajo la administración de Enrique Peñalosa, privilegiando los intereses de sectores financieros e inmobiliarios y en últimas de cuentas un gobierno qué no ha tendido a favorecer ni las políticas sociales, ni tampoco la defensa del medio ambiente, y en este sentido contrariando, el propio espíritu de la campaña y del programa que se promovió para ser electa.
En general hay que plantear que la percepción que tienen las víctimas del conflicto armado en la ciudad de Bogotá es de un retroceso, en el tema de la atención a las víctimas por parte de las responsabilidades, tanto de la Unidad para las Víctimas, pero también en relación a las responsabilidades qué le competen a la alcaldía de Bogotá, incluso si se compara con la ya precaria atención que había durante la administración de Enrique Peñalosa.
De manera particular hay que señalar que esta falta de compromiso con la especificidad de la problemática de las víctimas, se vio en un primer momento reflejada en la formulación del Plan Distrital de Desarrollo en el cual prácticamente el tema de víctimas, está diluido en el tema de población vulnerable, lo cual desconoce el espíritu planteado en la ley 1448 de la necesidad de la especificidad de políticas y programas para la atención a las víctimas y a pesar de distintas recomendaciones de las organizaciones y mesas de víctimas en la ciudad, el Plan de Desarrollo mantiene esa dificultad.
Igualmente, durante la primera crisis desatada por la pandemia del Covid-19, la atención a las necesidades básicas de las víctimas en relación con el derecho a la alimentación, no fue lo suficientemente adecuado y vulneró las órdenes establecidas en el Auto 149/20 de la Corte Constitucional del 27 de abril del 2020 en la que se reiteraba la mayor vulnerabilidad de las víctimas para afrontar las dificultades planteadas por la pandemia. En este sentido las ayudas económicas para las víctimas organizadas en las mesas y en distintas organizaciones, fue lenta insuficiente y llena de barreras de acceso y condicionamientos, como por ejemplo la exigencia del Sisbén, para el otorgamiento de la respectiva ayuda económica, que se requería para sortear las dificultades, de esta manera, ni los mercados, ni las ayudas económicas anunciadas, como tampoco, los auxilios para arriendo, llegaron para atender las necesidades que se requerían y requieren.
Lo mismo sucede con los Planes Desarrollo con Enfoque Territorial PDET anunciados ampliamente para ser impulsados en localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Sumapaz, sin embargo y transcurrido un año de este anuncio el ejercicio no ha logrado contar con los suficientes escenarios de participación, Y si ellos se ha hecho no has ido para escuchar las propuestas de las víctimas, porque hasta el momento esos PDET, sólo han servido para anunciar el desarrollo de una serie de planes de capacitación, que no son, necesariamente las peticiones de las víctimas, qué es tan urgidas de soluciones materiales a sus problemas de vivienda, infraestructura, empleo, e incentivos concretos para mejorar la capacidad organizativa y la participación de las víctimas en distintos escenarios democráticos.
No se trata solamente la percepción que tenemos las víctimas en materia de esta precarización de la atención, también así lo ha hecho saber tanto el procurador distrital y la coordinación del ministerio público donde se señala las dificultades que la política pública atención a víctimas presenta en relación con temas como la prevención a la violencia contra los líderes y las lideresas en el distrito capital, sí como las dificultades de los programas de atención a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y amenaza por parte de la alcaldía mayor de Bogotá; igualmente se señala en el informe que la oferta institucional no se corresponde con los requerimientos y necesidades y características planteadas por las víctimas. Así mismo, se reitera como lo han hecho las víctimas, la necesidad de que haya claridad tanto en las metas e indicadores de los planes que se formulan por las distintas entidades encargadas de la atención y en el mismo sentido, reiteró el llamado a que todos esos planes políticas y programas cuenten con la necesaria articulación y complementariedad interinstitucional que aún no se logra.
Persiste la desproporcionalidad, entre los presupuestos asignados a la población vulnerable y la población víctima, contrariando lo contemplado en el marco del plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. El principio de enfoque diferencial no está lo suficientemente potenciado en los programas, lo cual en todo caso desconoce las necesidades y los enfoques de mujer, género, discapacidad, etnia, entre otros.
Aún las víctimas, siguen esperando la formulación de planes específicos que permitan el acceso a mejores condiciones de mejoramiento de su estabilidad económica, tanto a mediano y largo plazo, en lo fundamental, la ayuda se está orientando atender desde un enfoque asistencialista, que no ayuda a superar las condiciones de vulnerabilidad.
La atención en salud sigue siendo precaria como se ha denunciado en reiteradas oportunidades, limitando el acceso de las víctimas a una adecuada salud preventiva, igualmente se tienen dificultades para la atención de médicos especialistas, tratamientos y medicamentos los son entregados de manera insuficiente e inoportuna para atender distintos quebrantos de salud, en este aspecto también cabe señalar, que no se superan las fallas denunciadas anteriormente,, materia de la formulación de políticas de salud mental que permitan atender múltiples dificultades que la población víctima en la ciudad de Bogotá tiene y que requieren programas sólidos de atención psicosocial lo cual aún no sucede.
No hay la suficiente claridad para establecer metas concretas y específicas para atender a los sujetos de reparación colectiva que se encuentran establecidos en la ciudad de Bogotá, para desarrollar la complementación de lo que se pueda obtener por parte de la Unidad de Víctimas, lo que al final, redunda en un retraso en el cumplimiento de las metas de reparación colectiva a estos sujetos.
Se reitera entonces, el llamado para que se establezcan canales adecuados donde a partir de un diálogo franco y suficiente se dé solución a estas problemáticas de las víctimas, a las cuales por supuesto hay que garantizar todos los elementos que permitan el ejercicio de un derecho a la participación, con las suficientes garantías, tanto materiales, como políticas, en el sentido de que esos diálogos se construyen sobre la base de ir dando soluciones a los planteamientos y peticiones de las víctimas.
La administración de la alcaldesa Claudia López, tiene entonces, la oportunidad de trascender su tránsito por la alcaldía de Bogotá haciendo una gestión que vaya más allá de los discursos incendiarios y se traduzca en la materialización de una política pública y que de manera cierta, signifique para las víctimas del conflicto armado que vive en la ciudad de Bogotá, una transformación real de su condición. Ahora es la oportunidad que la alcaldesa abandoné su estilo de gobierno, como si estuviera en campaña electoral, o empujando una estrategia de reposicionamiento dado su bajo nivel de popularidad, cazando peleas que polarizan la opinión pública. Es hora en cambio de serenarse y ajustar todo el equipo de trabajo, en función de desarrollar una adecuada concertación con las mesas locales de víctimas y las organizaciones de Derechos Humanos, para que el presupuesto asignado para este tema, sea ejecutado de manera eficaz en favor de los derechos de las víctimas de manera integral, ahora es cuando se debe hacer coherente lo que se dice, con lo que se hace. De lo contrario un gobierno que se vendió como progresista, resultaría muy parecido al gobierno de Iván Duque que como todos saben, claramente esta opuesto a la implementación del acuerdo de paz, y a la búsqueda una transformación a fondo de conflicto armado interno qué afecto al país por tantos años.
PD: Señora alcaldesa la situación de Derechos Humanos y paz en la ciudad de Bogotá es extraordinariamente grave, por eso, no es el momento ni de fortalecer o alentar el accionar desbordado y fuera de control de la policía. Es momento de ponerse del lado de quienes han planteado y reclamado la necesidad de una reforma estructural de la fuerza pública. No existe ninguna razón que justifique tantas concesiones a un proceder inadecuado, que, en últimas de cuentas, no está contribuyendo a disminuir los índices de criminalidad, delincuencia e inseguridad en la ciudad, por esta vía, la ciudad de Bogotá está lejos de ser el epicentro de La paz que la ciudadanía esperaba y que, por supuesto sigue haciendo falta, porque desde la capital de la república se marca una pauta en la construcción de la paz, en el país entero.
Alfonso Castillo, Defensor de los Derechos Humanos
Foto tomada de: https://www.elcolombiano.com/
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