Es necesario entonces quitarles el poder a
las minorías privilegiadas para dárselo a
las mayorías pobres[1].
El pasado 6 de junio, culminó el paro cívico en Buenaventura con la firma de un Acuerdo elaborado sobre el borrador del Acuerdo, logrado días atrás, en el paro cívico del Chocó. La misma comisión con plenos poderes otorgados por el Presidente de la República y la misma expresión de “su voluntad, intereses y compromiso de dar cumplimiento al contenido” de este nuevo acuerdo.
El gobierno nacional adquirió unos compromisos en salud: “accesibilidad, integralidad, resolutividad, suficiencia y calidad en la atención en los servicios de baja, mediana y alta complejidad, con énfasis en la red pública de Buenaventura”; cobertura al 100% en acceso a agua potable y saneamiento básico de la población de Buenaventura; 100% en cobertura, calidad y pertinencia de la educación de la población; reactivación de las actividades económicas ancestrales como la pesca, el aprovechamiento forestal sostenible, la manufactura y artesanía, la minería artesanal, el comercio local, la producción agropecuaria, la creación del clúster portuario y el transporte al interior del Pacífico que permitan el fortalecimiento de la autonomía alimentaria y productiva para buscar llevar el desempleo a un solo digito en 10 años; superación del déficit de vivienda como hábitat y entorno de las comunidades urbanas y rurales de Buenaventura en los próximos 10 años.
En materia de empleo, por ejemplo, resulta contradictorio que el puerto de Buenaventura genere tal riqueza (el presupuesto del año 2017 asciende a $562.109 millones) mientras que sus pobladores tengan la tasa más alta de desempleo y de necesidades básicas insatisfechas del país. En 2016, según el DANE[2], la tasa nacional de desempleo era de 8.2%, mientras que en Quibdó era de 15,4% y en Buenaventura alcanzaba el 18%, con una población ocupada de 143 mil personas y población desocupada de 31 mil personas, frente a una población total de 374 mil habitantes.
Para alcanzar las anteriores metas, el gobierno nacional construirá con 3 voceros del Comité del paro cívico, 1 vocero de las autoridades étnico-territoriales indígenas, 1 vocero de las autoridades étnico-territoriales afro-descendientes, la Gobernadora del Valle del Cauca y el Alcalde del Distrito de Buenaventura, un proyecto de ley que contendrá un plan de desarrollo social especial a 10 años para el distrito de Buenaventura “cuyos proyectos, programas e iniciativas serán financiadas a través de un patrimonio autónomo”; dicho proyecto será presentado el próximo 20 de julio.
Según el documento, la financiación inicial y un crédito externo por valor de 76 millones de dólares se destinarán a la construcción de una ciudadela hospitalaria, a la construcción de la primera fase del plan maestro de alcantarillado urbano, a acueductos rurales, a la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital Luis Ablanque de la Plata, el Tecnoparque industrial, Pesquero y Acuícola (Fase I) y muelle de cabotaje.
Lo llamativo del Acuerdo es que haya necesidad de acudir a la creación de “un patrimonio autónomo sujeto a un régimen de derecho privado”, lo cual implica aceptar que la estructura funcional del Estado colombiano es inadecuada e incapaz de resolver problemas elementales (agua, salud, educación, empleo) de la población de manera oportuna; pero también, que quienes gobiernan a nivel nacional, regional y local, son ineptos a la hora de generar las soluciones que las problemáticas demandan; que los dineros públicos están mejor en una fiducia privada que en las arcas oficiales; y, que Buenaventura es un territorio sin Estado, como ocurre con tantas otras regiones. ¿Y entonces para qué el Estado si no cumple con sus fines?
Los veintidós días que se mantuvo el paro, permitieron poner a prueba la fortaleza organizativa y sobre todo la decisión y coraje del pueblo bonaverense, a la hora de exigir sus justos y elementales reclamos y aguantar, como ya es común en esta clase de situaciones, la única y rápida respuesta gubernamental: la violenta arremetida del ESMAD contra quienes se atreven a levantar su voz de inconformidad, sin importar que haya niños y adultos mayores de por medio, como ocurrió en el puente de “El Piñal” y en “La Delfina” e inclusive en el centro médico del Barrio “La Independencia”, el cual fue ocupado por tropas del ESMAD, siendo víctimas de gases lacrimógenos y golpes por parte de los uniformados.
El paro cívico estaba organizado de manera que las comunidades hicieran presencia en diez “puntos de concentración” distribuidos en la ciudad. Y justamente al cuarto día de la pacífica protesta ciudadana, luego de que la comisión gubernamental pidiera un receso y se levantara de la mesa de negociaciones, escuadrones del ESMAD arremetieron contra los pobladores que se encontraban en el punto de concentración del sector de “La Delfina”.
Los desafueros se pueden evidenciar en el video publicado por el diario El País, de la ciudad de Cali[3], en donde a los indefensos cánticos de “El pueblo no se rinde carajo”, el gobierno nacional respondió con agresión y alevosía contra manifestantes en el sector “Sabrosuras”. (Ver video)
Se dirá que la protesta no fue totalmente pacífica y que la noche del viernes 19 de mayo, hubo vandalismo y saqueos. Sin embargo, no hay claridad sobre los orígenes y los autores de quienes iniciaron esos actos, con los cuales se buscaba deslegitimar y desviar el curso del movimiento, y que en cierto momento estuvieron a punto de lograrlo, en tanto la respuesta del gobierno, ahí si inmediata, fue militarizar la ciudad y asignar ocho fiscales para judicializar los presuntos responsables. Según el Arzobispo de Cali, Monseñor Darío Monsalve, “el Comité de Paro reclamó a los vándalos, que repusieron y devolvieron el 60% de lo robado. Fue un gesto único en el país y en el mundo entero”[4].
Pero más allá de las agresiones, de los incumplimientos y de los acuerdos sobre los acuerdos, lo que enseña el movimiento cívico de Buenaventura es que estamos frente a una expresión social que se viene gestando y creciendo desde hace varios años, de manera organizada y persistente, a la cual han confluido más de una centena de organizaciones movidas por un ideario común que a todos afecta, como son las necesidades por el agua, la salud, la educación y el territorio; en esta confluencia se destaca el apoyo decidido de Monseñor Héctor Epalza Quintero, arzobispo de Buenaventura, y Jhon Reina Ramírez, director de la Pastoral Social de Buenaventura.
Como eslabones que conforman la cadena del paro que termina, están la “Audiencia Social por la Vida” que se llevó a cabo el 1º de junio de 2007, en la cual las comunidades exigieron “Implementación de planes de contingencia que garanticen la vida y la permanencia de las comunidades en sus territorios y garantizar el acceso y la tenencia de la titulación del territorio colectivo de las comunidades”; la “Marcha para enterrar la violencia y vivir con dignidad” (Ver video), celebrada el 19 de marzo de 2014, la cual desbordó todas las expectativas; y la “Totumatón por el derecho al agua en Buenaventura”, adelantada el 19 de febrero de 2015.
José Hilario López Rincón
14 de junio de 2017
NOTAS
[1] Camilo Torres Restrepo. Mensaje a los cristianos.
[2] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_buenaventura/boletin_buenaventura_16.pdf
[3] http://www.elpais.com.co/valle/denuncian-agresion-del-esmad-contra-manifestantes-del-paro-en-buenaventura.html
[4] http://www.elpais.com.co/valle/cual-es-el-futuro-de-buenaventura-despues-del-paro-habla-monsenor-dario-monsalve.html