“El museo no debe glorificar el pasado, sin hacerlo más legible”
Beatriz González (1989-2026)
Lo sucedido recientemente en el Museo Nacional marca un punto de inflexión en la cruzada del gobierno de ADLE por borrar de la memoria histórica los hechos y simbolismo que no encajan en el estrecho marco ideológico de la “patria milagro”.
El pasado jueves 15 de octubre alrededor de 67 piezas fueron descolgadas del museo, luego que el presidente Abelardo de La Espriella, en una de sus delirantes alocuciones, ordenara a su ministra de Cultura, Paola Holguín, ponerse al frente de la “batalla cultural” para desaparecer de los lugares públicos toda referencia a lo que el gobierno considera una apología al terrorismo.
La ministra Holguín -que hoy está envuelta en un escándalo por falsear su hoja de vida con varios títulos de estudios que no fueron acreditados por los centros académicos-, a quién el presidente nombró como la “generala” capaz de comandar la “batalla cultural” contra lo que calificó como agentes del “terrorismo” y el “socialcomunismo” que “amenazan los fundamentos morales, culturales y sociales de Occidente, pervirtiendo los valores, la tradición familiar, y la identidad nacional”. Inaugurando así lo que llamó la “contrarrevolución cultural”.
El vaciamiento de la memoria histórica
Con estos hechos, el gobierno intenta vaciar de la memoria del país las piezas museológicas y los simbolismos que expresan la diversidad cultural y el carácter multicultural y pluriétnico de nuestra identidad cultural que fue consagrada en la Constitución del año 91 (artículos 7º y 10º).
Crisis de legitimidad
Las primeras víctimas, las salas Hacer Sociedad (11) y Memoria y Nación (10) dedicadas a evocar la tormentosa historia política del país, comenzaron a ser desmembradas. Se retiraron los afiches de candidatos a la presidencia Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, asesinados por paramilitares y agentes del Estado (1989).
También se descolgaron piezas claves de la historia reciente como el “Baligrafo” con que se firmó el Acuerdo de Paz con las FARC (2016), el Tarjetón electoral de la Séptima papeleta y el Brazalete del partido Alianza Democrática M-19, que formaron parte de la Constituyente del 91.
En total se retiró en 65% de los cuadros y piezas museográficas de estas salas. Dejando un inmenso vacío y la imagen de una burda, desordenada y bárbara censura.
La “contrarrevolución cultural”
La decisión del gobierno de desmantelar más del 89% de la sala 7ª, “Violencia y Conflicto”, tiene un propósito político-ideológico claro y contundente: impedir que los espacios culturales y los lugares públicos sigan siendo “captados” por las diversas expresiones de lo que denominan el “wokismo”, “socialcomunismo”, y la “ideología de género”, que consideran contrarias a los” valores fundacionales” de la nación.
Por ello, se ordenó retirar todas las obras vinculadas a la comunidad LGBTQ+, el feminismo, la violencia contra la mujer y las espiritualidades afro e indígenas.
La orden de censura tuvo efectos inmediatos y mediatos que van más allá del ámbito museográfico.
Se retiraron todas las piezas museísticas alusivas al movimiento LGBTQ+. La Bandera el Orgullo Gay. Los afiches promocionales de las Marchas LGBTQ+. Los archivos fotográficos de las marchas LGBT, donados al Museo por el fotógrafo Humberto Rincón (2004). El Plegable Informativo de la Corporación Triangulo Negro (2003). El facsímil del periódico Nuestras Mujeres, de la Asociación Democrática de Mujeres de Colombia. Las Cartas desde la Cárcel, de William Navarro Sanjuan (2011). Yembé, perteneciente a la Batucada Toque Lésbico (2009). La revista Ventana Gay N.º 2. El afiche promocional de la Jornada Internacional “No a la Violencia contra la Mujer” (1989). El Manifiesto Internacional de la Campaña Contracepción, Aborto y No a la esterilización forzada, del Encuentro Nacional de Mujeres de Cali (1978). El Calendario Mujer Fatal (2016), de Matilde Guerrero. El volante promocional del Ciclo Rosa (2001-2002). Y las obras Platea (Teatro Faenza), de Miguel Ángel Rojas (1978). El Gran Pisco N.º 2, de Luis Paz (1978).
Además de estas piezas, se descolgaron nueve obras de arte pertenecientes al período 1953-1978. Las icónicas pinturas de Carlos Correa, Vía crucis (1953) -donde una multitud de penitentes encorvados cargan a un obispo y un hombre con casco militar- y Libertinaje y desorden (1960) –donde el artista cambia el lema del escudo nacional y los cuernos de la abundancia están repletos de cadáveres y serpientes-. La Cosecha de los Violentos (1968), donde el pintor Alfonso Quijano evoca el escenario político del país de los años de la violencia política (1946-1966), mediante un conjunto de cuerpos sin vida regados por el piso, en medio de un paisaje árido y bajo un inmenso árbol sin hojas. Una buena parte de la obra de Lina María Patiño Góngora (2013-2020) -más conocida como Inty Maleywa- artista plástica, exmilitante de las FARC-EP y firmante de la paz, cuyo trabajo se enfoca en narrar la historia de la violencia armada, la memoria de las luchas campesinas y la transición hacia la paz, después del Acuerdo de paz (2016). Desenterrando Memorias, Arte Trashumante y Muralismo.
La ministra Holguín justificó la censura afirmando que los museos y lugares públicos no deben ser “instrumentos de adoctrinamiento político” ni espacios de “apología al delito”. Pero en realidad lo que pretende este gobierno es todo lo contrario: reescribir la historia desde una única y sesgada perspectiva ideológica, eliminando -por las vías legales o por la fuerza, como gusta repetirlo- los hechos y relatos que no encajan en su estrecha y oscura visión para imponer un orden moral retrogrado y unos valores tradicionales reaccionarios.
El impacto más profundo es el daño que se le causa a la memoria colectiva y a la posibilidad de construir un relato diverso, inclusivo y plural del pasado, para entender y tramitar las contradicciones y desacuerdos del presente. Evitando la prolongación de los enfrentamientos y la violencia como futuro del país.
El Museo vuelve a ser panóptico
El Museo Nacional de Colombia se transformó en el ejemplo más emblemático de cómo la “batalla cultural” que adelanta el gobierno contra una nación pluriétnica y multicultural se convierte en una verdadera “batalla contra la cultura”. Esto ocurre precisamente cuando el poder político autoritario se abroga ilegítimamente la potestad de decidir arbitrariamente qué partes de la memoria colectiva son legítimas y cuáles deben ser borrada.
Lo ocurrido no es un hecho aislado, sino la aplicación práctica de una agenda de la “contrarrevolución cultural”.
Movilización social y la resiliencia cultural:
La indignación social fue inmediata, espontánea y masiva, especialmente entre los jóvenes. Hubo declaraciones en contra de las decisiones de la ministra Holguín. La principal red de museos del país se pronunció condenando la censura. Diversas facultades de arte y centros culturales del país y del mundo se sumaron a esta condena y alertaron a la opinión pública sobre la amenaza a la autonomía cultural y la libertad de pensamiento. La JEP ordenó al gobierno responder por las piezas retiradas, evidenciando que la memoria histórica es también un asunto de justicia transicional.
Hubo plantones frente al museo y se multiplicaron las “clases abiertas” en las escaleras del edificio para reivindicar las historias borradas.
La exdirectora del Museo Nacional, María Victoria de Robayo, fue tajante al calificarlo como “censura” e “ignorancia” sobre el oficio museológico. La paradoja se profundiza cuando el discurso oficial habla de evitar la “revictimización”, pero el resultado es la invisibilización de las víctimas de la Unión Patriótica o de la violencia política contra las mujeres.
El precedente del “quién decide”: El acto instala una pregunta peligrosa: ¿quién tiene el poder de decidir qué partes de nuestro pasado merecen ser vistas? Al convertir el museo en una vitrina de valores morales, se despoja a la memoria de su carácter “vivo, comunitario y rebelde”.
La memoria, como señalan los analistas y expertos, puede ser frágil, pero es “resiliente”.
Luis Alfredo Muñoz Wilches, Economista y MSc en Análisis de problemas económicos, políticos e internacionales contemporáneos.
Foto tomada de: El Nacional
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